Constitución

Artículo 1.

Quintana Roo constituye un Estado libre en tanto sus miembros determinan la organización, funcionamiento y fines de la comunidad que integran, y soberano porque todos los poderes que en ella se ejercen emanan de su voluntad colectiva, de manera exclusiva en su orden interno y con participación en el orden nacional.



Artículo 2.

De conformidad al pacto federal estipulado en la Constitución General de la República, Quintana Roo es parte integrante de la Federación que forman los Estados Unidos Mexicanos.



Artículo 3.

El Estado de Quintana Roo se reserva el ejercicio soberano de todas las facultades que no están expresamente concedidas a los funcionarios federales o a los Gobiernos Municipales.



Artículo 4.

La soberanía del Estado reside esencial y originariamente en el pueblo quintanarroense, quien la ejerce por medio de los poderes constituidos en los términos de esta Ley Fundamental.



Artículo 5.

El Estado de Quintana Roo adopta la forma de gobierno republicano, representativo y popular. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio.



Artículo 6.

Quintana Roo es un Estado democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el permanente mejoramiento integral de su población. El Estado, por tanto, persigue la democracia en sus dimensiones, social, económica, política y cultural.



Artículo 7.

Son Ley Suprema en el Estado de Quintana Roo, las disposiciones que establezcan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y esta Constitución. Los ordenamientos que de ellas emanen forman la estructura jurídica de Quintana Roo.

Todos los habitantes del Estado de Quintana Roo tienen derecho, en la forma y términos establecidos por esta Constitución y la ley, a resolver sus controversias de carácter jurídico, mediante la conciliación, la que podrá tener lugar antes de iniciarse un juicio o durante su tramitación. Cuando los interesados así lo determinen, habrá lugar a la conciliación en la fase de ejecución.



Artículo 8.

Es función del Estado proveer el desenvolvimiento de todas las facultades de sus habitantes y promover en todo a que disfruten sin excepción de igualdad de oportunidades.

Respecto de los habitantes de las Islas de Quintana Roo, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con la finalidad de promover la mencionada igualdad de oportunidades, considerarán en el ejercicio de sus funciones, las condiciones especiales de desventaja geográfica que tiene los territorios insulares y, de esta manera, en su caso tomaran las medidas específicas a favor de dichas regiones con miras a integrarlas equitativamente al desarrollo del resto del Estado de Quintana Roo.



Artículo 9.

Es finalidad del Estado procurar y promover la participación de todos los ciudadanos en los procesos que regulan la vida de la comunidad por medio de las formas que establezcan las Leyes respectivas; así como fomentar entre los habitantes de Quintana Roo la conciencia de solidaridad y pertenencia al Estado y a la Nación, la cultura democrática y el sentido de responsabilidad hacia la humanidad en su conjunto.

A fin de lograr este objeto, el Estado organizará un sistema de planeación democrática en lo político, social y cultural, para el desarrollo estatal integral y sustentable, que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento económico, estableciendo para tal efecto los convenios adecuados con la Federación.



Artículo 10.

AI Estado corresponde impulsar el desarrollo económico en equilibrio con el medio ambiente y con perspectiva de género, procurar el progreso compartido y la distribución equitativa de la riqueza para garantizar la justicia social, a cuyo efecto planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica, en la esfera de su competencia, regulando y fomentando las actividades de interés general a la cual concurrirán los diversos sectores de población de conformidad a las leyes de la materia, con irrestricto apego a las libertades consagradas en la Constitución Federal y la del Estado.

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. Los planes estatal y municipales deberán observar dicho principio.



Artículo 11.

Esta Constitución no perderá su fuerza y vigencia, aun cuando por cualquier causa se interrumpa su observancia. En caso de que por trastornos públicos se establezca un gobierno contrario a sus principios o a los de la Constitución Federal, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia.



Artículo 12.

La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamento del orden político y la paz social.

En el Estado de Quintana Roo, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y esta Constitución, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esos mismos ordenamientos establezcan.

Todas las autoridades estatales, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el estado de Quintana Roo, deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.



Artículo 13.

El Estado de Quintana Roo reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la ley y se le reputa como sujeto de derechos para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte. Salvo las excepciones que establezca la ley.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, la condición sexual, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas que habitan en este Estado. El Estado diseñará, promoverá y llevará a cabo las acciones y medidas necesarias para garantizar el derecho a la no discriminación.

El Estado garantiza la igualdad jurídica respecto de sus habitantes sin distinción de origen, sexo, condición o actividad social.

Todo varón y mujer serán sujetos de iguales derechos y obligaciones ante la Ley. Toda referencia de esta Constitución y de las leyes del Estado al género masculino, lo es también para el género femenino, cuando de su texto y contexto no se establezca que es expresamente para uno u otro género.

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo, en concordancia y coordinación con las leyes federales sobre la materia. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. En materia de salubridad general se estará a las disposiciones que dicte la Federación de conformidad al contenido de la fracción XVI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Estado de Quintana Roo, como parte de la nación mexicana, tiene una composición pluricultural, sustentada originariamente en sus comunidades y pueblos indígenas mayas, que se encuentran asentados y conviven en su territorio.

La conciencia de la identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentada en el territorio del Estado y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

La ley establecerá los mecanismos y criterios para la identificación y delimitación de los pueblos y comunidades indígenas establecidos en el territorio del Estado, tomando en cuenta además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

A. Se reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas establecidos en el territorio del Estado a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I.- Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

II.- Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de esta Constitución, respetando sus derechos fundamentales, los derechos humanos y la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los Jueces o Tribunales correspondientes.

III.- Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía del Estado.

IV.- Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

V.- Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución.

VI.- Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas. Para estos efectos, las comunidades podrán asociarse en términos de ley.

VII.- Elegir en cada pueblo o comunidad indígena de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a un ciudadano indígena que los represente ante el Ayuntamiento, mismo que tendrá derecho a voz en las sesiones del Cabildo en que se traten asuntos relacionados con la población correspondiente, así como las demás facultades y obligaciones que las leyes secundarias le confieran.

VIII.- Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Los miembros de las etnias que habitan en las comunidades indígenas, podrán resolver sus controversias de carácter jurídico de acuerdo a sus usos, costumbres y tradiciones; la Ley instituirá un sistema de justicia indígena para las comunidades de la Zona Maya del Estado, a cargo de jueces tradicionales y, en su caso, de Magistrados de Asuntos Indígenas que funcionen en Sala, en Tribunales Unitarios, o en las instituciones que de acuerdo con las comunidades indígenas, determine el Tribunal Superior de Justicia.

IX.- Establecer y operar sus propios medios de comunicación, de acuerdo a las formalidades establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes relativas a la materia.

Las comunidades y pueblos indígenas, así como sus integrantes tendrán derecho a acceder a procedimientos equitativos y justos, conforme lo determine la ley, para el arreglo de controversias con el Estado, Municipios u otras autoridades públicas, y a una pronta resolución sobre esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. En tales resoluciones se tendrán debidamente en consideración las costumbres, tradiciones, normas y sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos acordes con la Constitución General y Estatal.

B. Los Gobiernos Estatal y Municipales, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades tienen la obligación de:

I.- Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de Gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.

II.- Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior.

Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.

III.- Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así coma apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.

IV.- Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.

V.- Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

VI.- Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación.

VII.- Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

VIII.- Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas en el territorio del Estado, mediante acciones para garantizar los derechos laborales; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.

IX.- Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y de los municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Legislatura del Estado y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

Sin perjuicio de los derechos establecidos en este artículo a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley. Asimismo, la ley reconocerá y protegerá a los indígenas pertenecientes a otras comunidades o pueblos, o que procedentes de otra entidad federativa residan temporal o permanentemente dentro del territorio del Estado.

Para asegurar que las comunidades y pueblos indígenas, así como sus integrantes puedan comunicarse de manera efectiva en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, el Estado proporcionará, cuando sea necesario, servicios de intérprete u otros medios adecuados.

Es responsabilidad del Poder Ejecutivo vigilar que todas las leyes o decretos de observancia obligatoria, sean publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo en lengua maya.



Artículo 14.

El disfrute de la libertad jurídica es prerrogativa de todos los habitantes de Quintana Roo. Ni la Ley, ni la autoridad, reconocerán efecto alguno al pacto o contrato que la comprometa o limite. Tampoco en relación a convenios que impliquen renuncia o alteración a las garantías y derechos establecidos en esta Constitución.



Artículo 15.

El individuo sometido a régimen de servidumbre que entrañe menoscabo de su libertad, por sólo entrar en el Estado, alcanzará la protección dispuesta en sus Leyes para los habitantes.

En Quintana Roo no se conferirán títulos ni honores privativos o especiales con base al estado social o económico de las personas. Tampoco serán reconocidas distinciones semejantes sin importar quien las otorgue.



Artículo 16.

Toda persona tiene derecho a realizar por propio consentimiento su trabajo en cualquier actividad, siempre que sea lícita, y a percibir por ello, una justa retribución, de la que sólo será privado por resolución judicial.

La Legislatura local, determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio, y los requerimientos de su expedición.



Artículo 17.

Los servidores y empleados públicos, estatales o municipales, acatarán el derecho de petición, cuando se ejercite por escrito, respetuosa y pacíficamente. En materia política sólo los Ciudadanos Mexicanos usarán de esta prerrogativa. A toda petición recaerá en breve término contestación al interesado.



Artículo 18.

El derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con objeto lícito, no está sujeto a restricciones.

La disposición de esta facultad es exclusiva del ciudadano mexicano en asuntos políticos. Ninguna reunión armada puede deliberar.

No se reputará ilegal ni podrá ser disuelta una asamblea o reunión cuyo objeto sea formular peticiones o presentar protestas por actos de autoridad, a condición de no proferir injurias contra ésta, ni de acudir a violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en determinado sentido.



Artículo 19.

Los derechos de tránsito por el Estado, y mudar de residencia dentro del mismo, no requerirán de documento alguno, pero estarán supeditados a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad civil o criminal, y a la autoridad administrativa por cuanto a las limitaciones que impongan las leyes sobre migración, y las que se establezcan con arreglo a disposiciones federales y locales en materia de salubridad.

Se reconoce el derecho de toda persona y colectividad, a la movilidad bajo los principios de igualdad, accesibilidad, sostenibilidad y equilibrio con el medio ambiente. Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se facilite su movilidad y a la supresión de todas las barreras arquitectónicas para su desplazamiento.



Artículo 20.

Toda persona disfrutará en Quintana Roo de la libertad de creencias, en términos de los Artículos 24 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de sus leyes reglamentarias.



Artículo 21.

La correspondencia que bajo cualquier forma circule en el Estado, estará exenta de toda revisión y su violación constituye delito.

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

El derecho de acceso a la información y la protección de datos personales será garantizado por un órgano público autónomo, especializado, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, independencia funcional y financiera, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, denominado Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. Este Instituto contará con un órgano interno de control, cuyo titular será designado por la Legislatura del Estado o la Diputación Permanente, en su caso; durará cuatro años en su encargo sin posibilidad de reelección, y no podrá durante el ejercicio de su cargo, formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en las asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia. El presupuesto de egresos del Instituto no podrá ser menor al cero punto diez por ciento del presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal de que se trate y en ningún caso, será menor al presupuesto otorgado en el año inmediato anterior, para tal efecto, el proyecto de presupuesto de egresos del Instituto será remitido a la Legislatura para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado, a más tardar el 15 de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal que corresponda. En todo caso, el proyecto de presupuesto de egresos deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban sus servidores públicos, sujetándose a lo dispuesto en el Artículo 165 de esta Constitución.

Este órgano garante estará integrado por tres comisionados que durarán en su encargo siete años, serán nombrados en los términos que prevea la ley, procurando la equidad de género y cumpliendo como mínimo con los requisitos previstos en las fracciones I, II, IV, V, VI y VII del Artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. No podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y serán sujetos de juicio político.

El Comisionado Presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por un período de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un período igual; estará obligado a rendir un informe anual ante la Legislatura del Estado, en la fecha y en los términos que disponga la Ley.

El órgano garante se regirá por la ley de la materia, en apego a los términos que establezca la ley general y su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

Las resoluciones del órgano garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.

La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.

El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo, integrado por cuatro consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura del Estado. La ley determinará los procedimientos de designación.

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, regirán los principios y bases siguientes:

I.- Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Municipios, órganos públicos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, estatal o municipal, en términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.

Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

II.- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en lostérminos y con las excepciones que fijen las leyes.

III.- Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.

IV.- Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante el órgano garante, que además estará obligado a realizar tareas de investigación, promoción y difusión acerca de temas relacionados con el derecho a la información y la protección de datos personales, así como el ejercicio de las atribuciones que determine la ley; asimismo deberá contar con sistemas electrónicos para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información pública del propio órgano y de los procedimientos de revisión.

V.- Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.

Los sujetos obligados deberán contar con sistemas electrónicos para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información.

VI.- La ley determinará la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.

VII.- La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el órgano garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones.



Artículo 22.

Nadie será juzgado con Leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación pueden detentar fuero, ni gozar más emolumentos que los de compensación de servicios públicos y estén determinados por la ley.



Artículo 23.

Las leyes no surtirán efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna.

Sólo podrá privarse a las personas de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, mediante juicio en que se observen las leyes expedidas con antelación, seguido ante los tribunales previamente establecidos, y en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

En los juicios del orden criminal nunca se impondrá por simple analogía ni aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

En los juicios de orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y en su deficiencia, ésta se fundará en los principios generales de derecho.

No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considera confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos de esta Constitución, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causenabandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas:

I.- Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal.

II.- Procederá en los casos de delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, respecto de los bienes siguientes:

a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aún cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.

b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior.

c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.

d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.

III.- Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes.



Artículo 24.

A nadie se afectará en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino por mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.

No podrá librarse orden de aprehensión o detención excepto por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito sancionado cuando menos con pena privativa de libertad, y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado.

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionado por la Ley penal.

En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.

Sólo en casos urgentes y cuando se trate de delito grave así calificado por la Ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.

En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de Ley.

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial. Este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la Ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto, será sancionado por la Ley penal.

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, y por escrito, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos buscados, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado, o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía, y exigir la exhibición de libros y papeles indispensables para comprobar que han sido acatadas las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y las formalidades prescritas para los cateos.



Artículo 25.

Nadie puede ser reducido a prisión por deudas de carácter meramente civil. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Los tribunales estarán expeditos para administrar justicia en los plazos y términos que fije la ley. Su servicio será gratuito sin que se admitan en consecuencia las costas judiciales.



Artículo 26.

El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

A. De los principios generales:

I.- El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.

II.- Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica.

III.- Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo.

IV.- El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral.

V.- La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente.

VI.- Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución o la ley.

VII.- Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad.

VIII.- El juez sólo condenará cuando exista convicción más allá de la duda razonable sobre la culpabilidad del procesado. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública, previa citación de las partes.

IX.- Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y

X.- Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio.

B. De los derechos de toda persona imputada:

I.- A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

II.- A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor o ante autoridad distinta a la judicial, carecerá de todo valor probatorio.

III.- A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el Juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten.

IV.- Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley.

V.- Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo.

VI.- Le serán facilitados todos los datos, en cualquier tiempo que solicite para su defensa y que consten en el proceso.

El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa.

VII.- Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa.

VIII.- Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, el cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que sudefensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera; y

IX.- En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.

La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.

Toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención.

C. De la víctima o del ofendido:

I.- Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución; y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal.

II.- Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa.

III.- Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia.

IV.- Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.

La Ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño.

V.- Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación o secuestro; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;

VI.- Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos; y

VII.- Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.

El Estado organizará el sistema penal sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los varones para tal efecto.

El Estado establecerá un Sistema Integral de Justicia para Adolescentes que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos.

La operación de este sistema de justicia integral estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializadas en la procuración e impartición de justicia para adolescentes, y se regirá por lo dispuesto en esta Constitución y su ley reglamentaria, misma que establecerá las bases del proceso especializado para adolescentes, la ejecución de las medidas y los lineamientos para el establecimiento del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, así como su integración, organización y funcionamiento.

Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente. Estas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades.

El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves.

Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, sólo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.

Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas.

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes.



Artículo 27.

Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación al proceso en el que se expresará: el delito que se le impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

Salvo los casos que señale la ley para la prisión preventiva de oficio, el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso.

El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la Ley.

La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso o del que decrete prisión preventiva o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad.

Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciera que se ha cometido un delito distinto al que se persigue, deberá ser objeto de consignación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente.



Artículo 28.

En todo proceso de orden penal, tendrá el inculpado las siguientes garantías:

I.- Inmediatamente que lo solicite, el juez o tribunal deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando se garantice el monto estimado de la reparación del daño y de las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponerse al inculpado y no se trate de delitos en que por su gravedad la Ley expresamente prohíba conceder este beneficio.

El monto y la forma de caución que se fije deberán ser asequibles para el inculpado. En circunstancias que la Ley determine, la autoridad judicial podrá disminuir el monto de la caución inicial.

El juez podrá revocar la libertad provisional cuando el procesado incumpla en forma grave con cualquiera de las obligaciones que en términos de Ley se deriven a su cargo en razón del proceso.

II.- No podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y será sancionada por la Ley penal toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del ministerio público o del juez, o ante éstos sin la asistencia de su defensor, carecerá de todo valor probatorio.

III.- Se le hará saber en audiencia pública y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su consignación a la justicia, el nombre de su acusador y la naturaleza y causa de la acusación, a efecto de que conozca con amplitud el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar al cargo, rindiendo en este acto su declaración preparatoria.

IV.- Siempre que lo solicite, será careado en presencia del juez con quienes depongan en su contra.

V.- Se le recibirán los testigos y demás pruebas que ofrezca, concediéndosele para esto el tiempo que la ley determine necesario y se le auxiliará para lograr la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, siempre que se encuentren en el lugar del proceso.

VI.- Será juzgado en audiencia pública por un juez o jurado de ciudadanos que sepan leer y escribir, vecinos del lugar y partido judicial en que se cometiere el delito, siempre que éste pueda ser castigado con una pena mayor de un año de prisión. En todo caso serán juzgados por un jurado los delitos cometidos por medio de la prensa contra el orden público o la seguridad exterior o interior de la Nación.

VII.- Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso.

VIII.- Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediera de ese término, salvo que solicite mayor plazo para su defensa.

IX.- Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado con cédula profesional debidamente registrada ante autoridad competente al efecto, que lo acredite como Licenciado en Derecho, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez o tribunal le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá la obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera; y

X.- En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.

Tampoco podrá prolongarse la prisión preventiva por más tiempo del máximo fijado en la ley para el delito que origine el proceso.

En toda pena de prisión impuesta por una sentencia, se computará el tiempo de la detención. Las garantías previstas en las fracciones V, VII y IX también serán observadas durante la averiguación previa, en los términos y con los requisitos y límites que las Leyes establezcan; lo previsto en las fracciones I y II no estará sujeto a condición alguna.

En todo proceso penal, la víctima o el ofendido por algún delito tendrá derecho a recibir asesoría jurídica, a que se le satisfaga la reparación del daño cuando proceda, a coadyuvar con el ministerio público, a que se le preste atención médica de urgencia cuando lo requiera y los demás que señalen las Leyes.



Artículo 29.

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la Autoridad Judicial. La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía Judicial del Estado, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquél. Compete a la autoridad administrativa el castigo de las infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, que consistirá únicamente en multa o arresto hasta por 36 horas. Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador no podrá ser sancionado con multa mayor del importe del valor diario de la unidad de medida y actualización. La multa impuesta a los trabajadores no asalariados no excederá del equivalente al valor diario de un día de su ingreso.



Artículo 30.

Quedan prohibidas la pena de muerte, las de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de toda especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.



Artículo 31.

La organización y desenvolvimiento de la familia revisten un objeto particular de tutela, para el orden jurídico del Estado.

Es derecho correlativo a la calidad de padres, la determinación libre, informada y responsable, acerca del número y espaciamiento de los hijos. Constituirá su especial incumbencia el deber de procurarles los cuidados y educación adecuados. El poder público dispondrá, según el caso, los auxilios pertinentes para suplir las deficiencias en la asistencia de sus progenitores, tanto como para ofrecer orientación conveniente a los menores desprotegidos.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo su participación y la de los Municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Toda persona tiene derecho a gozar individual y colectivamente de un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como el deber de conservarlo en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente sano. El Estado y los Municipios dictarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las medidas que deberán llevar a cabo las autoridades para garantizar su protección, preservación, restauración y mejoramiento.

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley respectiva establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

Para quienes violen lo dispuesto en el presente artículo en los términos que fije la Ley, se establecerán sanciones penales, o en su caso administrativas, así como la obligación de reparar el daño.



Artículo 32.

La educación es un derecho fundamental del ser humano y de la sociedad. Todo individuo tiene derecho a la educación en los términos de la legislación aplicable.

El Estado garantizará el ejercicio del derecho a la educación para todos y la universalización de la educación básica.

La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

La educación cumple un eminente valor social de interés general. Su orientación descansa en el desenvolvimiento integral de la persona como miembro de una colectividad, y propicia el acceso generalizado a la instrucción pública.

El Estado de Quintana Roo, participará en la función educacional, con arreglo a la distribución dispuesta en la legislación federal de la materia, entre la Federación, Estados y Municipios, para su adecuada unificación y coordinación y para la determinación de las aportaciones económicas que deban corresponder a este servicio público.

La educación en el Estado de Quintana Roo, será laica, científica, democrática y nacionalista. Procurará el constante mejoramiento cultural, social, político y económico del pueblo. Se sustentará en los valores de la Cultura de la Legalidad, el respeto a los Derechos Humanos y la conciencia de la solidaridad nacional e internacional. Luchará contra los privilegios, la exclusión y las rupturas del tejido social. Combatirá la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Así mismo, atenderá a la comprensión de la problemática estatal y contribuirá al aprovechamiento y conservación de los recursos del Estado, y a la defensa de la independencia política, científica, tecnológica y económica de la nación, para garantizar la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura.

El Estado, además de lo señalado con antelación, deberá:

a)Promover y atender todos los tipos, niveles y modalidades educativas incluyendo la educación inicial, la educación superior y demás necesarios para el desarrollo del Estado y la Nación.

b)Acentuar la formación y capacitación para el trabajo orientada hacia la productividad; y

c)Promover y apoyar la investigación científica y tecnológica y alentar el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura, la educación física y la práctica del deporte.

Todos los servicios de educación obligatoria que el Estado ofrece serán gratuitos de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los beneficiarios del servicio podrán contribuir solidariamente a su mantenimiento, conservación, ampliación y cobertura.

Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos, niveles y modalidades, en estos casos los particulares deberán cumplir con los planes y programas que la autoridad competente determine y obtendrán previamente la autorización expresa del Poder Público, sujetándose a las disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley de Educación del Estado, de sus respectivos reglamentos y de los acuerdos secretariales que incidan en la materia.

En los términos que establezca la Ley, el Estado otorgará y retirará la autorización o el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares.

Las inversiones que en materia educativa realizan los gobiernos estatal y municipales, y sus organismos descentralizados, así como los particulares, son de interés público, por lo tanto, quedan sujetas a la normatividad que salvaguarda este interés.

El Gobierno Estatal asumirá el ejercicio de todas las demás atribuciones que le confieran el Artículo 3º de la Constitución General y sus disposiciones reglamentarias.



Artículo 33.

El Estado de Quintana Roo, reconoce a la propiedad una función social de la jerarquía más elevada.

Los preceptos que disponen su regulación conforme a las asignaciones de su ámbito local, buscan el aprovechamiento racional de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para propugnar la distribución equitativa de la riqueza pública y preservar su conservación.

Las Autoridades Estatales conducirán, en los términos de las Leyes reglamentarias del Artículo 27 de la Constitución de la República, las tramitaciones relacionadas con dotaciones, restituciones de tierras y aguas y sus ampliaciones en favor de núcleos de población interesados, así como las demás que estos ordenamientos le reserven.

El Estado, otorgará asesoría legal a los campesinos, a fin de impulsar el desarrollo rural integral con el propósito de generar empleos y el fomento de la agricultura y la ganadería y la explotación racional forestal, para el uso óptimo de la tierra, la organización de productores agropecuarios, su industrialización y comercialización, considerándolos de interés público.



Artículo 34.

El Estado de Quintana Roo protegerá en beneficio de sus trabajadores, el cumplimiento de los derechos y prerrogativas establecidos en el Artículo 123 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y en sus leyes reglamentarias.



Artículo 35.

Son habitantes del Estado todas las personas que se encuentran radicadas dentro de su circunscripción territorial.



Artículo 36.

Son obligaciones de los habitantes del Estado:

I.- Cumplir con los preceptos de esta Constitución, los de las leyes, reglamentos y disposiciones que de ella emanen, y

II.- Contribuir a los gastos públicos del Estado y del Municipio en que residan en la forma proporcional y equitativa dispuesta en las leyes.



Artículo 37.

Son quintanarroenses:

I.- Los que nazcan en el Estado.

II.- Los mexicanos hijos de padre o madre quintanarroense, cualquiera que sea el lugar de su nacimiento.

III.- Los mexicanos que tengan domicilio establecido y una residencia efectiva de dos años por lo menos, dentro de la circunscripción territorial del Estado y estén dedicados al desempeño de actividad lícita, y

IV.- Los mexicanos que habiendo contraído matrimonio con quintanarroense, residan cuando menos un año en el Estado y manifiesten su deseo de adquirir esta calidad, ante el Ayuntamiento de su residencia.



Artículo 38.

La calidad de quintanarroense a que se refieren las fracciones III y IV del artículo anterior, se pierde por ausentarse de la Entidad durante más de dos años consecutivos.

En ningún caso se pierde la residencia o la vecindad cuando la causa sea:

I.- El desempeño de un cargo público o de elección popular, o

II.- La realización de estudios fuera de la Entidad por el tiempo que lo requieran.



Artículo 39.

La calidad de quintanarroense se pierde por la adquisición expresa de otra.



Artículo 40.

Son ciudadanos del Estado de Quintana Roo los quintanarroenses que hayan cumplido 18 años y tengan modo honesto de vivir.

Adquieren el derecho de voto activo y el de asociación política y deberán cumplir con los deberes contenidos en las fracciones I, II, III, IV y VI del Artículo 42, los ciudadanos mexicanos que habiendo cumplido 18 años y tengan modo honesto de vivir, hayan residido en el Estado durante 6 meses efectivos.



Artículo 41.

Son prerrogativas de los ciudadanos del Estado de Quintana Roo:

I.- Votar en las elecciones populares estatales y municipales.

II.- Poder ser votado para todo cargo de elección popular teniendo las calidades que establezca la ley.

El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.

III.- Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos de la entidad, y.

IV.- Las demás que le confieran esta Constitución y las leyes que de ella emanen.



Artículo 42.

Son deberes de los ciudadanos del Estado de Quintana Roo:

I.- Inscribirse en el catastro de la municipalidad manifestando sus propiedades, industria, profesión u ocupación.

II.- Inscribirse en los padrones electorales, en los términos que determinen las leyes.

III.- Alistarse en la Guardia Nacional.

IV.- Votar en las elecciones populares en los términos que señale la Ley.

V.- Ejercer los cargos de elección popular para los que fuere electo, y

VI.- Desempeñar las funciones electorales, censales, las de jurado y demás contenidas en esta Constitución y disposiciones emanadas de ella.



Artículo 43.

Las prerrogativas de los ciudadanos quintanarroenses se suspenden por incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior. Dicha suspensión durará un año y se impondrá sin menoscabo de las demás sanciones que correspondan.



Artículo 44.

Las prerrogativas del ciudadano se recobran:

I.- Por haber cesado la causa que originó la suspensión.

II.- Por rehabilitación, y

III.- Por haber transcurrido el término de la suspensión.



Artículo 45.

La calidad de ciudadano quintanarroense se pierde por sentencia ejecutoria, dictada por autoridad competente, que imponga esa pena.



Artículo 46.

El territorio del Estado de Quintana Roo comprende:

I.- La porción oriental de la Península de Yucatán, limitada por una línea divisoria que partiendo de la costa norte del Canal de Yucatán, sigue el meridiano 87 grados, 32 minutos, longitud oeste de Greenwich, hasta cortar el paralelo 21 grados, y de allí continúa hasta encontrar el paralelo que pasa por la torre sur de Chemax, veinte kilómetros al oriente de este punto, llega después al vértice del

ángulo formado por las líneas que dividen los Estados de Yucatán y Campeche -cerca de Put- que se localiza en el meridiano 19 grados, 39 minutos, 07 segundos de latitud norte y 89 grados, 24 minutos, 52 segundos de longitud oeste de Greenwich y desciende al sur hasta el paralelo límite de las Repúblicas de México y Guatemala, y

II.- Las islas de: Cozumel, Cancún, Mujeres, Blanca y Contoy, situadas en el Mar Caribe y la de Holbox en el Golfo de México, así como las islas, islotes, cayos y arrecifes adyacentes a su litoral.



Artículo 47.

La base de la división territorial y organización política y administrativa del Estado es el Municipio Libre. La Ley de los Municipios determinará la estructura del régimen municipal conforme a las bases establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ésta Constitución.



Artículo 48.

La Ciudad de Chetumal es la Capital del Estado y la residencia oficial de los Poderes Estatales.



Artículo 49.

El Supremo Poder del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado se depositan en ciudadanos electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, conforme a las leyes correspondientes. La jornada electoral tendrá lugar el primer domingo de julio del año que corresponda.

La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, en las que podrán participar los partidos políticos nacionales y estatales, por sí mismos o en coaliciones, así como candidatos independientes. La Ley reglamentará estas participaciones.

I.- El sufragio constituye la expresión soberana de la voluntad popular. Los ciudadanos, los partidos políticos y las autoridades velarán por su respeto y cuidarán que los procesos electorales sean preparados, organizados, desarrollados, vigilados y calificados por órganos profesionales conforme a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. La Ley establecerá las sanciones por violaciones al sufragio.

II.- La preparación, organización, desarrollo y vigilancia de los procesos para las elecciones de Gobernador, Diputados a la Legislatura del Estado y Ayuntamientos, así como la instrumentación de las formas de participación ciudadana que señale la Ley, son una función estatal que se realizará a través del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral de Quintana Roo, cuya integración será designada por el Instituto Nacional Electoral en los términos que disponga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El Instituto Electoral de Quintana Roo es un órgano público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, independencia funcional y financiera, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, con el carácter de permanente y profesional en su desempeño.

El Instituto Electoral de Quintana Roo, tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que determine la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, esta Constitución y la Ley, las actividades relativas a derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos, educación cívica, preparación de la jornada electoral, impresión de documentos y la producción de materiales electorales, escrutinios y cómputos de las elecciones locales, declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales, cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo, resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral y conteos rápidos conforme a los lineamientos establecidos en la Constitución Federal, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana, en su caso, así como ejercer las atribuciones a que se refiere el inciso a) del Apartado B de la fracción III del Artículo 41 de la Constitución Federal, cuando sean delegadas por el Instituto Nacional Electoral, sin perjuicio de aquellas facultades que no estén reservadas a dicho órgano. El Instituto Electoral de Quintana Roo podrá suscribir convenios con autoridades municipales, estatales y federales, que tengan el propósito de coadyuvar con éste en la función estatal encomendada.

De igual forma, el Instituto Electoral de Quintana Roo, podrá coadyuvar en la organización de las elecciones para elegir a los integrantes de las Alcaldías, Delegaciones y Subdelegaciones Municipales, en los términos que señale la ley de los Municipios, así también, el Instituto deberá regular y vigilar los debates públicos que se celebren durante los procesos electorales y que no sean organizados por éste, de conformidad con lo dispuesto en la Ley.

El Instituto Electoral de Quintana Roo, contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos y técnicos. El Consejo General será su órgano máximo de dirección y responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar por que las actividades del Instituto se guíen por los principios rectores de la función estatal electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad se integrará con siete Consejeros Electorales con voz y voto, uno de los cuales fungirá como Presidente y concurrirán, con voz pero sin voto, un representante de cada partido político y un Secretario General. La Ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de sus órganos, así como las relaciones de mando entre estos con base a las disposiciones establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. (Porción normativa declarada inválida por la sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad y publicada PO 12-02-2016.)

Los Consejeros Electorales tendrán un período de desempeño de siete años y no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus funciones y podrán ser removidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por las causas graves que establezca la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Las disposiciones de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Estatuto del Servicio Profesional Nacional Electoral, regirán las relaciones de trabajo de los servidores del organismo público. Los órganos ejecutivos y técnicos, dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral.

Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas, en los términos que señale la Ley.

El Tribunal Electoral de Quintana Roo es un órgano público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, independencia en sus decisiones, con plena autonomía técnica, de gestión, independencia funcional y financiera, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, y será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con el carácter de permanente; tendrá competencia y organización para funcionar en pleno y sus sesiones serán públicas. Las resoluciones del Tribunal serán emitidas con plenitud de jurisdicción en una sola instancia y sus fallos serán definitivos. Estará integrado por tres Magistrados, unos de los cuales fungirá como Presidente, quienes serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, y serán renovados cada siete años, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El Tribunal Electoral de Quintana Roo y el Instituto Electoral de Quintana Roo contarán cada uno con un órgano interno de control, cuyos titulares serán designados por la Legislatura del Estado o la Diputación Permanente, en su caso; durarán cuatro años en su encargo sin posibilidad de reelección y no podrán durante el ejercicio de su cargo, formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en las asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia. Los órganos internos de control son órganos adscritos administrativamente al Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo y al Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo respectivamente.

El Secretario General del Instituto Electoral de Quintana Roo, será electo por las dos terceras partes del Consejo General, a propuesta de su Consejero Presidente y durará en su encargo el tiempo que determine la ley.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece los requisitos que deben reunir los Consejeros Electorales, así como los Magistrados Electorales. La ley establecerá los requisitos y el procedimiento para la designación y remoción de los titulares de los órganos internos de control y Secretarios Generales del Instituto Electoral de Quintana Roo y del Tribunal Electoral de Quintana Roo, respectivamente, los que estarán sujetos al régimen de responsabilidades previsto por esta Constitución para los servidores públicos del Estado.

Derogado

La retribución que perciban los Consejeros Electorales, así como los Magistrados Electorales, será la prevista en el presupuesto de egresos del Instituto Electoral de Quintana Roo y del Tribunal Electoral de Quintana Roo, respectivamente. Durante los intervalos entre los procesos electorales estarán obligados a realizar tareas de investigación y difusión acerca de temas electorales. La retribución de los titulares de los órganos internos de control será la misma que se señale para los Consejeros y Magistrados Electorales, según corresponda. En todo caso, el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, deberá incluir el tabulador desglosado de las remuneraciones que perciban los servidores públicos del Instituto Electoral de Quintana Roo, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución. El Instituto Electoral de Quintana Roo, presentará su presupuesto de egresos ante la instancia correspondiente para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado, del año que corresponda. El presupuesto de egresos del Tribunal Electoral de Quintana Roo no podrá ser menor al cero punto doce por ciento del presupuesto de Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal de que se trate y en ningún caso, será menor al presupuesto otorgado en el año inmediato anterior, para tal efecto, el proyecto de presupuesto de egresos del Tribunal, será remitido a la Legislatura, para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado, a más tardar el 15 de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal que corresponda. En todo caso, el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, deberá incluir el tabulador desglosado de las remuneraciones que perciban los servidores públicos del Tribunal Electoral de Quintana Roo, sujetándose a lo dispuesto en el Artículo 165 de esta Constitución.

El Instituto Electoral de Quintana Roo contará con servidores públicos investidos de fe pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la Ley.

III.- Los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la vida democrática, contribuir a la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan; su participación en los procesos electorales, estará garantizada y determinada por ley. Sólo podrán ser constituidos por ciudadanos, sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. La ley reconocerá y regulará otras formas de organización política. Los partidos políticos para poder conservar su registro deberán haber obtenido al menos el dos por ciento de la votación total emitida en la elección de Diputados según el principio de mayoría relativa inmediata anterior.

La Ley determinará los fines, derechos, prerrogativas, obligaciones y responsabilidades que con tal carácter les correspondan a los partidos políticos como entidades de interés público, así como las formas específicas de su intervención en los procesos electorales estatales. Las autoridades electorales solo intervendrán en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que expresamente se señalen en la Ley.

Los partidos políticos nacionales derivado de su participación en las elecciones locales gozarán de los mismos derechos y prerrogativas y tendrán las mismas obligaciones y responsabilidades dispuestos en la Ley para los partidos políticos estatales.

Los partidos políticos promoverán y garantizarán en los términos que señale la Ley, la igualdad de oportunidades y la equidad entre mujeres y hombres en la vida política del Estado, a través de postulaciones a cargo de elección popular, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. Corresponde a los partidos políticos el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular por ambos principios. Los ciudadanos tendrán el derecho de solicitar su registro como candidatos independientes a cargos de elección popular únicamente por el principio de mayoría relativa.

En todo caso, será obligación de los partidos políticos postular candidatos de ambos géneros, cuidando que ninguno de éstos sea mayor al cincuenta por ciento en las candidaturas a legisladores locales, así como en las candidaturas a miembros que conformen las planillas de ayuntamientos.

La Ley garantizará que los partidos políticos cuenten de manera equitativa y gratuita con elementos para llevar a cabo sus actividades, por lo tanto, tendrán derecho al uso de los medios de comunicación propiedad del Estado permanentemente y, accederán a la radio y la televisión, de acuerdo a las normas establecidas por el apartado B de la base III del Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, la ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, así como las reglas para el acceso de los candidatos independientes a dichas prerrogativas, a efecto de que se encuentren en aptitud de participar en la elección en la cual hayan sido registrados como tales.

El financiamiento público para los partidos políticos se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y se otorgará conforme a las siguientes bases:

1. El financiamiento público ordinario para el sostenimiento de sus actividades permanentes, se fijará cada año por el Instituto Electoral de Quintana Roo al elaborar su presupuesto. El monto total se determinará multiplicando el sesenta por ciento del valor diario de la unidad de medida y actualización por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la Entidad, con corte al mes de octubre del año anterior. La cantidad que resulte se otorgará conforme a las siguientes disposiciones:

a) El treinta por ciento del monto total del financiamiento público estatal se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria, y

b) El setenta por ciento restante se distribuirá según el porcentaje de la votación estatal que hubiese obtenido cada uno de los partidos políticos, en la elección de diputados inmediata anterior.

2. El financiamiento público extraordinario para las actividades tendientes a la obtención del voto se otorgará al inicio de las campañas electorales y durante el año en que se elijan Gobernador y Diputados equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que les corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan Diputados o Ayuntamientos equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias.

3. El financiamiento público ordinario y extraordinario, se otorgará entre los partidos que hubiesen obtenido al menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en la elección de Diputados inmediata anterior, salvo lo dispuesto en la base siguiente.

4. Los partidos políticos nacionales y estatales que hubiesen obtenido su registro ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, con fecha posterior a la última elección, recibirán financiamiento público, otorgándose a cada uno de ellos, a partir del mes de enero del año siguiente al que hayan obtenido su registro, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, el dos por ciento del monto total que en forma igualitaria corresponda distribuir al conjunto de los partidos políticos, así como una cantidad igual adicional para gastos de campaña durante los procesos electorales.

5. Se reintegrará hasta el setenta y cinco por ciento de los gastos anuales que eroguen los partidos políticos por concepto de actividades relativas a educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a tareas editoriales, con base en lo que disponga la Ley.

6. El financiamiento público prevalecerá sobre el privado. Las aportaciones que realicen los simpatizantes, en conjunto, no podrá exceder del diez por ciento del tope de gastos de campaña que se determine para la elección de gobernador.

La ley fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos.

La Ley también establecerá las reglas y limites a que se sujetara el financiamiento de las actividades de los ciudadanos que obtengan su registro como candidatos independientes dentro de un proceso electoral, así como los procedimientos para el control y vigilancia de todos los recursos con los que se cuenten, incluyendo aquellos que hubieren utilizado para financiar las actividades tendentes a obtener dicho registro.

Los partidos políticos y los candidatos independientes observarán las disposiciones que se establezcan para las precampañas y campañas electorales; en todo caso la duración de las campañas será de sesenta a noventa días para la elección de Gobernador y de treinta a sesenta días cuando sólo se elijan Diputados a la Legislatura o miembros de los Ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas.

La Ley establecerá las sanciones en caso de incumplimiento de los supuestos previstos en la presente base.

La ley establecerá los procedimientos para la liquidación de los partidos políticos que pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes.

IV.- Las agrupaciones políticas estatales son formas de asociación ciudadana que coadyuvarán al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política; su constitución, financiamiento y funcionamiento quedarán regulados en la Ley.

V.- La ley establecerá un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Asimismo, en la Ley se establecerán los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos parciales o totales de la votación.

Dicho sistema fijará los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos de esta Constitución. De las impugnaciones conocerán el Instituto Electoral de Quintana Roo y el Tribunal Electoral de Quintana Roo. En materia electoral la interposición de los medios de impugnación legales no producirán efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.

La Ley deberá estipular las causales de nulidad de las elecciones de Gobernador, diputados a la Legislatura y miembros de los Ayuntamientos.

Formarán parte del sistema de nulidades de las elecciones locales por violaciones graves, dolosas y determinantes cuando se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en ley; se reciba o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva, material, sistemática y generalizada. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.

VI.- La Ley respectiva tipificará los delitos y determinará las faltas y responsabilidades en materia electoral, así como las sanciones que por ellos deban imponerse.

VII.- Derogada.

Fracción derogada y publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 03 de julio de 2017

VIII.- La propaganda impresa deberá ser reciclable y deberá elaborarse con materiales reciclados o biodegradables que no contengan sustancias tóxicas ni materiales que produzcan riesgos a la salud de las personas. Los partidos políticos y coaliciones, así como candidatos independientes, estarán obligados a retirar su propaganda y llevarla a un centro de reciclaje.



Artículo 50.

La colaboración de poderes, a través del ejercicio de las atribuciones otorgadas por esta Constitución a cada uno de ellos, es fundamento del equilibrio del poder público.



Artículo 51.

No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

La Legislatura del Estado o en los recesos de ésta, la Diputación Permanente, el Gobernador del Estado y el Tribunal Superior de Justicia, como titulares de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, respectivamente, representarán legalmente, en conjunto, al Estado, en los casos previstos en la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en el supuesto previsto en el artículo 46, será representado por el Gobernador del Estado, en cuyo caso, los convenios que éste celebre deberán ser aprobados por la Legislatura.

En Los demás casos, el Estado estará representado en la forma que prevea la Ley.



Artículo 51 bis.

Esta constitución reconoce que los órganos públicos autónomos, tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, de gestión, independencia funcional y financiera, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna. Los titulares de los órganos públicos autónomos, así como los servidores públicos que en ellos presten sus servicios, se sujetarán a las disposiciones contenidas en esta Constitución y demás leyes que de ella emanen.



Artículo 52.

La Legislatura del Estado de Quintana Roo, se integra con quince diputados electos en igual número de distritos electorales según el principio de votación mayoritaria relativa y con diez diputados electos según el principio de representación proporcional. Los diputados serán electos cada tres años por sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible de los ciudadanos quintanarroenses en ejercicio de sus derechos. La Legislatura se instalará el 3 de Septiembre del año que corresponda.

Por cada diputado propietario se elegirá un suplente.

Los diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa y los de representación proporcional, son representantes del pueblo quintanarroense, y tienen la misma calidad e igualdad de derechos y obligaciones.

El Instituto Electoral de Quintana Roo, de acuerdo con lo que disponga la Ley de la materia, declarará la validez de las elecciones de diputados en cada uno de los distritos electorales y otorgará las constancias respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos.

Asimismo, hará la declaración de validez y asignación de diputados según el principio de representación proporcional de conformidad con el Artículo 54 de esta Constitución.

Las determinaciones sobre la declaración de validez, el otorgamiento de las constancias y la asignación de diputados podrán ser impugnadas ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo. Los fallos del Tribunal serán definitivos e inatacables en el ámbito local. La Ley de la materia establecerá los presupuestos, requisitos de procedencia y el trámite para este medio de impugnación.

Los Diputados electos en elecciones extraordinarias concluirán el período de la legislatura respectiva.



Artículo 52 bis.

Derogado



Artículo 53.

Derogado



Artículo 53 bis.

Derogado



Artículo 54.

La elección de los diez diputados según el principio de representación proporcional, se sujetará a las bases siguientes y a lo que en particular disponga la Ley de la materia.

I.- Para obtener el registro de sus listas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, el partido político que lo solicite deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en cuando menos ocho de los distritos electorales.

II.- Tendrá derecho a participar en la asignación de Diputados electos según el principio de representación proporcional, todo aquel partido que haya alcanzado por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en el territorio del Estado, y

III.- Ningún partido político podrá contar con un número de Diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida, Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la Legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.

La ley de la materia reglamentará las fórmulas electorales y los procedimientos que se observarán en la asignación de diputados electos según el principio de representación proporcional. En todo caso, en la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes, y en respeto a la voluntad soberana de la ciudadanía, las mismas no pueden ser modificadas por ninguna autoridad durante el procedimiento de asignación, derivado de que dicho orden de prelación se construye bajo parámetros partidistas previos y objetivos, que resulta fundamental para el ejercicio de la función parlamentaria.



Artículo 55.

Para ser diputado de la Legislatura, se requiere:

I.- Ser ciudadano quintanarroense, en ejercicio de sus derechos políticos, con 6 años de residencia en el Estado, y

II.- Tener 18 años cumplidos el día de la elección.



Artículo 56.

No podrá ser diputado:

I.- El Gobernador en ejercicio, aún cuando se separe definitivamente de su puesto, cualesquiera sea su calidad, el origen y la forma de designación.

II.- Los Secretarios de Despacho dependientes del Ejecutivo, el Fiscal General del Estado, el Titular de la Auditoría Superior del Estado, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, los Jueces y cualquier otro servidor público que desempeñe cargo público estatal, a menos que se separe definitivamente de su cargo noventa días antes de la fecha de la elección.

III.- Los presidentes municipales o quienes ocupen cualquier cargo municipal, a menos que se separen del mismo 90 días antes de la elección.

IV.- Los servidores públicos federales que realicen sus funciones en el Estado, a menos que se separen de ellas 90 días antes de la fecha de la elección.

V.- Los militares en servicio activo y los ciudadanos que tengan mando en los cuerpos de seguridad pública en el distrito electoral respectivo, sino se separan de sus cargos a más tardar 90 días anteriores a la elección, y

VI.- Los que sean o hayan sido ministros de cualquier culto religioso a menos que se hayan separado de su ministerio cinco años antes de la fecha de la elección.

VII.- Los Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo, el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales, los Secretarios y Funcionarios del Instituto Electoral de Quintana Roo, así como sus similares de los Órganos Electorales Federales, a menos que se separen de su cargo tres años antes de la fecha de la elección.



Artículo 57.

Los Diputados a la Legislatura, podrán ser reelectos por un período adicional. Los suplentes podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de propietarios en una formula diversa siempre que no hubieren estado en ejercicio. Los Diputados Propietarios que hayan sido reelectos para un período adicional, no podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de suplentes.

La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.



Artículo 58.

Los diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.



Artículo 59.

Los diputados en ejercicio, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo público por el que se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Legislatura o de la Diputación Permanente, pero entonces cesarán en su función representativa mientras dure su nuevo cargo. No quedan comprendidas en esta disposición las actividades docentes.



Artículo 60.

Son obligaciones de los Diputados:

I.- Asistir regularmente a las sesiones.

II.- Desempeñar las comisiones que les sean conferidas.

III.- Visitar los distritos en los que fueren electos e informar a los habitantes de sus labores legislativas, y

IV.- Al reanudarse el período de sesiones ordinarias, presentar a la Legislatura un informe de las actividades desarrolladas dentro y fuera de sus distritos correspondientes.

Los diputados que incumplan con las obligaciones contenidas en las fracciones III y IV no tendrán derecho al pago de las dietas correspondientes al período de receso respectivo.



Artículo 61.

La Legislatura tendrá durante el año dos periodos ordinarios de sesiones que comenzarán, el primero, el 5 de septiembre y el segundo, el 15 de febrero. El primero no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre y el segundo hasta el 31 de mayo.

La Legislatura se reunirá en la Capital del Estado, pero podrá cambiar provisionalmente su sede, si así lo acuerdan las dos terceras partes de la totalidad de los Diputados.



Artículo 62.

La Legislatura, a convocatoria de la Diputación Permanente, por sí o a solicitud del Gobernador del Estado, celebrará sesiones extraordinarias en períodos cuya duración será el tiempo que requiera la atención del asunto o asuntos que las motivaren. En la convocatoria, o en la solicitud que presente el Gobernador, se señalarán el motivo y la finalidad de las sesiones extraordinarias.



Artículo 63.

No podrá celebrarse ninguna sesión sin la concurrencia de más de la mitad del número total de Diputados.



Artículo 64.

Los diputados que no concurran a una sesión, sin causa justificada o sin permiso del Presidente de la Legislatura, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que faltaren.

Cuando algún diputado deje de asistir a más de cinco sesiones consecutivas de la legislatura, sin causa justificada, se entenderá que renuncia a concurrir al período respectivo. En este caso, se llamará a su suplente para que lo reemplace.



Artículo 65.

Incurrirán en responsabilidad y se harán acreedores a las sanciones que la ley señale, quienes habiendo sido electos diputados no se presenten sin causa justificada, a juicio de la Legislatura, a desempeñar el cargo.

También incurrirán en responsabilidad, sancionada por la misma ley, los partidos políticos que habiendo postulado candidatos en una elección, acuerden que sus miembros electos no se presenten a desempeñar sus funciones.



Artículo 66.

Entre el 5 y el 10 de septiembre de cada año, el Gobernador del Estado de Quintana Roo, presentará ante la Legislatura del Estado, un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del Estado.

La Legislatura realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Gobernador del Estado de Quintana Roo ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los titulares de las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública del Estado, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad.

La Legislatura podrá convocar a los titulares de las dependencias y entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos públicos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

La Legislatura podrá requerir información o documentación al Gobernador del Estado de Quintana Roo, y a los titulares de las dependencias y entidades paraestatales, mediante pregunta o solicitud por escrito, la cual deberá ser respondida o entregada en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.

La Ley Orgánica del Poder Legislativo de Quintana Roo, regulará el ejercicio de estas facultades.



Artículo 67.

El Poder Legislativo del Estado administrará con autonomía su presupuesto, el cual no podrá ser menor al uno punto sesenta y cinco por ciento del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal de que se trate, y en ningún caso, será menor al presupuesto otorgado en el año inmediato anterior.

Si durante el ejercicio fiscal que corresponda se modifica el Presupuesto de Egresos del Estado, no se podrán afectar los presupuestos del Poder Judicial, del Poder Legislativo y de los órganos constitucionales autónomos.



Artículo 68.

El derecho de iniciar leyes y decretos compete:

I.- Al Gobernador del Estado.

II.- A los diputados de la Legislatura.

III.- A los Ayuntamientos.

IV.- A los ciudadanos quintanarroenses, en los términos que señale la Ley respectiva.

V.- Al Tribunal Superior de Justicia del Estado, en materia de legislación civil, penal, familiar, procesal de estas materias y en la legislación relativa a la organización y administración de justicia.



Artículo 69.

Las iniciativas se sujetarán al trámite señalado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y en el Reglamento Interior de la Legislatura. Una vez aprobadas, pasarán al Ejecutivo para que en un plazo no mayor de 10 días formule, si las hubiere, las observaciones pertinentes, o proceda a su publicación. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decreto se observarán los mismos trámites establecidos para su formación.



Artículo 70.

Se considera aprobado todo proyecto de ley o decreto no devuelto por el Ejecutivo en ese plazo, a no ser que durante ese término la Legislatura hubiese entrado en receso, en cuyo caso la devolución deberá hacerla el primer día de sesiones del período siguiente.



Artículo 71.

La facultad de veto del Ejecutivo se sujetará a las siguientes reglas:

I.- Todo proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo será devuelto con sus observaciones a la Legislatura, quien lo discutirá nuevamente en la parte conducente.

II.- De ser confirmado el proyecto original, por las dos terceras partes de los miembros de la Legislatura, esta será ley o decreto y devuelto al Ejecutivo para su publicación, y

III.- Si la Legislatura aprobase, por la misma mayoría calificada, en parte o todas las observaciones hechas por el Ejecutivo, se le devolverá para los efectos de la fracción anterior.



Artículo 72.

El Ejecutivo no podrá hacer observaciones sobre los acuerdos económicos, las resoluciones que dicte la Legislatura erigida en Gran Jurado o Colegio Electoral, las referentes a la responsabilidad de los funcionarios por delitos oficiales, ni al decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias expedido por la Diputación Permanente.



Artículo 73.

Las iniciativas de ley o decreto que fueren desechadas por la Legislatura, no podrán volver a ser presentadas en el mismo período de sesiones.

Si presentada la iniciativa de ley o decreto no ha sido aprobada por la Legislatura del Estado en los plazos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y el Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, se considerará por ese hecho desechada, excepto cuando la o las comisiones competentes o sus promoventes soliciten a la Legislatura prórroga en los términos establecidos en los mismos ordenamientos.



Artículo 74.

Toda resolución de la Legislatura que tenga carácter de ley o decreto se comunicará al Ejecutivo por el Presidente y el Secretario de la misma, observándose la siguiente formalidad: la Legislatura del Estado de Quintana Roo decreta: (texto de la ley o decreto).



Artículo 75.

Son facultades de la Legislatura del Estado:

I.- Legislar en su orden interno en todo cuanto no esté reservado por la Constitución General de la República a los funcionarios federales.

II.- Expedir leyes reglamentarias y ejercer las facultades explícitas otorgadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos principalmente en materia educativa de conformidad con la Ley General de Educación.

III.- Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión.

IV.- Expedir su Ley Orgánica y su Reglamento Interior, así como para expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior del Estado y su Reglamento Interno y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes del Estado y de los entes públicos estatales; así como para expedir la ley que establezca la integración, atribuciones y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción a que se refiere el Artículo 161 de esta Constitución.

La Legislatura del Estado coordinará y evaluará, a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las funciones de la Auditoría Superior del Estado, en los términos que disponga la Ley.

V.- Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en todo el Estado la Declaratoria de Gobernador Electo, una vez que ésta se dé por parte de la autoridad correspondiente.

VI.- Legislar sobre la protección, conservación y restauración del patrimonio histórico, cultural y artístico del Estado.

VII.- Convocar a elecciones extraordinarias para Gobernador, en caso de falta absoluta de éste ocurrida dentro de los primeros dos años del período constitucional, conforme al Artículo 83 de esta Constitución.

VIII.- Convocar a elecciones extraordinarias de Diputados y Ayuntamientos, los cuales deberán entrar en funciones en un plazo no mayor a seis meses a partir de la fecha en que se produzca la vacante.

IX.- Erigirse en Colegio Electoral para elegir Gobernador sustituto para que concluya el período constitucional, en caso de falta absoluta de éste ocurrida dentro de los cuatro últimos años de dicho período, de conformidad al Artículo 83 de esta Constitución.

X.- Conceder a los diputados y magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, licencia temporal para separarse de sus cargos.

XI.- Decidir sobre las solicitudes de renuncia que formulen los Diputados y Gobernador del Estado para separarse definitivamente de sus cargos.

XII.- Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de los órganos públicos autónomos reconocidos en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado. La Ley que los rija determinará los requisitos y el procedimiento para su designación y remoción;

XIII.- Cambiar la sede de los Poderes del Estado.

XIV.- Ejercer las facultades que le otorga la Constitución Federal en relación a la Guardia Nacional.

XV.- Determinar las características y el uso del Escudo Estatal.

XVI.- Solicitar la comparecencia de servidores públicos para que informen, cuando se discuta o estudie un negocio relativo a su dependencia.

XVII.- Erigirse en Gran Jurado para calificar las causas de responsabilidad de sus miembros por delitos cometidos en el desempeño de sus funciones.

XVIII.- Declarar si ha lugar o no a formación de causa de que habla el Artículo 173 de esta Constitución.

XIX.- Elegir la Diputación Permanente.

XX.- Designar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, así como a los Consejeros Ciudadanos del Consejo de la Judicatura; y a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, así como aprobar o rechazar, en su caso, las renuncias o destituciones de éstos, en los términos de esta Constitución.

XXI.- Legislar con perspectiva de género en todo lo relativo a la administración pública, planeación y desarrollo económico y social, así como para la programación y ejecución de acciones de orden económico, en la esfera de la competencia estatal y otras cuya finalidad sea la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y estatalmente necesarios.

XXII.- Autorizar la participación del Ejecutivo en comisiones interestatales de desarrollo regional.

XXIII.- Ratificar o rechazar los convenios que celebren el Ejecutivo con el Gobierno Federal.

XXIV.- Otorgar reconocimiento a los ciudadanos que hayan prestado eminentes servicios a la Entidad o a la humanidad.

XXV.- Autorizar al Ejecutivo y a los Ayuntamientos para contratar Empréstitos a nombre del Estado y de los Municipios, Órganos autónomos, Organismos Descentralizados y Empresas Públicas y Fideicomisos, siempre que se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura de deuda, las que deberán realizarse bajo las mejores condiciones de mercado; así como aprobar los montos de endeudamiento, los cuales deberán incluirse en la Ley de Ingresos, conforme a las bases de la Ley correspondiente. El Ejecutivo y los Ayuntamientos en su caso, informarán anualmente sobre el ejercicio de dicha deuda, al momento de rendir la cuenta pública.

XXVI.- Legislar a cerca de la administración, conservación y enajenación de los bienes del Estado.

XXVII.- Aprobar o rechazar las concesiones otorgadas por el Ejecutivo.

XXVIII.- Nombrar y remover, conforme al procedimiento previsto en esta Constitución y en la Ley de la materia, al Titular de la Auditoría Superior del Estado; así como ratificar con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes el nombramiento de los auditores especiales.

XXIX.- Aprobar o rechazar los Informes de Resultados que presente la auditoría Superior del Estado de conformidad con lo establecido en el Artículo 77 de esta Constitución.

Así como revisar y fiscalizar la Cuenta Pública del año anterior que deberán presentar las entidades fiscalizables ante la Auditoría Superior del Estado, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

Para la revisión de la cuenta pública, la legislatura se apoyará en la Auditoría Superior del Estado. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y a las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, la Auditoría Superior del Estado podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la ley.

La Legislatura del Estado evaluará el desempeño de la Auditoría Superior del Estado y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización.

XXX.- Aprobar las Leyes de Ingresos Municipal y Estatal y el Presupuesto de Egresos del Estado, determinando en cada caso, las partidas correspondientes para cubrirlas. Asimismo, podrá autorizar en dicho presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos del Estado.

La Legislatura del Estado, al aprobar el Presupuesto de Egresos del Estado, no podrá dejar de señalar los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos estatales; en caso de que por cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo.

En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el artículo 165 de esta Constitución y las disposiciones de las leyes que en la materia expida la Legislatura.

Sólo se podrán ampliar los plazos previstos en los Artículos 91 y 118, para la presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Legislatura, debiendo comparecer en todo caso el Secretario del Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven.

XXXI.- Crear y suprimir empleos públicos y fijar sus emolumentos.

XXXII.- Facultar al Ejecutivo a tomar medidas de emergencia en caso de calamidad y desastre.

XXXIII.- Decretar las Leyes de Hacienda de los Municipios, así como revisar y fiscalizar sus cuentas públicas.

XXXIV.- Decretar la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo.

XXXV.- Crear o suprimir Municipios y reformar la división política del Estado, mediante el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los Diputados y la mayoría de los Ayuntamientos en los términos del Artículo 132 de esta Constitución.

XXXVI.- Resolver los conflictos que surjan entre los Ayuntamientos entre sí y entre éstos y el Ejecutivo Estatal, salvo cuando tengan carácter contencioso.

XXXVII.- Definir los límites de los Municipios en caso de duda surgida entre ellos, salvo cuando tengan carácter contencioso.

XXXVIII.- Decidir sobre la desaparición de poderes municipales, sólo en casos de causa grave, calificada por la Legislatura mediante el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los diputados siempre y cuando los miembros del Ayuntamiento hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicioconvengan.

XXXIX.- Designar por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, a los miembros de los Concejos Municipales, en los casos previstos por esta Constitución y por la Ley de los Municipios.

XL.- Expedir la Ley de Expropiación por causa de utilidad pública.

XLI.- Expedir leyes para fijar la extensión máxima de la propiedad rural, en los términosdel Artículo 27, fracción XVII, de la Constitución General de la República.

XLII.- Determinar el patrimonio familiar señalando los bienes que lo integran, sobre la base de su naturaleza inalienable e ingravable.

XLIII.- Legislaren materia de seguridad social, teniendo como objetivola permanente superación del nivel de vida de la población, el mejoramiento de su salud y la conservación del medio ambiente.

XLIV.- Integrar la lista de candidatos a Fiscal General del Estado; designar y remover a dicho servidor público de conformidad con esta Constitución y la ley en la materia, así como tomarle protesta. Así como designar al titular de la fiscalía especializada en combate a la corrupción en los términos que establezca esta constitución y la Ley

XLV.- Designar, mediante el procedimiento que la ley determine, al Presidente y a los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, así como recibirles la protesta de ley.

XLVI.- Solicitar, a petición de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, la comparecencia de las autoridades o servidores públicos responsables cuando éstos se hayan negado a aceptar o cumplir una recomendación del mencionado Órgano de protección de los derechos humanos.

La solicitud de comparecencia a que se refiere el párrafo anterior deberá ingresar a la Legislatura por conducto de su Comisión Ordinaria de Derechos Humanos.

XLVII.- Solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la investigación de hechos que constituyan violaciones graves de Derechos Humanos.

XLVIII.- Expedir leyes encaminadas a combatir el alcoholismo.

XLIX.- Nombrara los Comisionados del Órgano Garante previsto en el Artículo 21 de ésta Constitución, en los términos establecidos en la ley de la materia.

L.- Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, para establecer su organización, funcionamiento y procedimientos.

LI.- Ratificar al Titular de la Secretaría encargada del Control Interno del Poder Ejecutivo Estatal.

LII.- Autorizar la celebración de los convenios del Estado o sus Municipios, en caso de adherirse al mecanismo de contratación de Deuda Estatal Garantizada de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

LIII.- Expedir las leyes que señale el Título Octavo de esta Constitución, y

LIV.- Expedir todas las leyes y decretos que sean necesarios para hacer efectivas las facultades anteriores.



Artículo 76.

El día de clausura del Período de Sesiones Ordinarias, la Legislatura elegirá por mayoría de votos, una Diputación Permanente compuesta de siete miembros que durarán en su encargo el período de receso para el que fueron designados. El primero de los nombrados será el Presidente, y el segundo y tercero serán Secretarios de la Mesa Directiva.

Son facultades y obligaciones de la Diputación Permanente:

I.- Acordar por si o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria a sesiones extraordinarias.

II.- Instalar y presidir la primera Junta Preparatoria de la Nueva Legislatura.

III.- Nombrar y remover, conforme al procedimiento previsto en esta Constitución y en la ley de la materia, al Titular de la Auditoría Superior del Estado; así como ratificar con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes el nombramiento de los auditores especiales.

IV.- Resolver los asuntos de su competencia y recibir durante los recesos de la Legislatura las Iniciativas de Ley y Proposiciones que le dirijan turnándolas para dictamen, a fin de que se despachen en el período inmediato de sesiones.

V.- Conceder licencias temporales a los Diputados, a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa;

VI.- Nombrar Gobernador Provisional en los casos previstos en esta Constitución.

VII.- Designar por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes a los miembros de los Consejos Municipales en los casos previstos por esta Constitución y por la Ley de los Municipios.

VIII.- Designar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, a los Consejeros Ciudadanos del Consejo de la Judicatura y a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Así como aprobar o rechazar, en su caso, las renuncias o destituciones de éstos, en los términos de esta Constitución.

IX.- Recibir la protesta de Ley al Gobernador Interino, Provisional, Sustituto o quien haga sus veces.

X.- Convocar a Período Extraordinario para llevar a cabo la designación o remoción del Fiscal General del Estado.

XI.- Designar mediante el procedimiento que la Ley determine, al Presidente y a los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, así como recibirles la Protesta de Ley.

XII.- Designar y remover a los titulares de los Órganos Internos de Control de los órganos públicos autónomos reconocidos en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado. La Ley que los rija determinará los requisitos y el procedimiento para su designación y remoción; así como ratificar al Titular de la Secretaría encargada del Control Interno del Poder Ejecutivo Estatal.

XIII.- Nombrar a los Comisionados del Órgano Garante previsto en el Artículo 21 de esta Constitución, en los términos establecidos en la ley de la materia.

XIV.- Derogada.

XV.- Las demás que le confiera expresamente esta Constitución.



Artículo 77.

La Auditoría Superior del Estado, de la Legislatura, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones en los términos que disponga la ley. Asimismo, contará con personalidad jurídica y patrimonio propio. El presupuesto de egresos de la Auditoría Superior del Estado no podrá ser menor al cero punto cuarenta y uno por ciento del presupuesto de Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal de que se trate y en ningún caso, será menor al presupuesto otorgado en el año inmediato anterior.

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

El Titular de la Auditoría Superior del Estado será electo por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura del Estado. Los auditores especiales serán nombrados por el Titular de la Auditoría Superior del Estado, y ratificados por la Legislatura o en su caso, por la Diputación Permanente. Los auditores especiales auxiliarán al Titular en sus funciones. El titular durará en su encargo siete años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Los auditores especiales, durarán en su encargo siete años, con la posibilidad de ser nombrados por un periodo adicional de tres años. El titular de la Auditoría Superior del Estado podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por causas y conforme a los procedimientos previstos en el título octavo de esta Constitución. El titular y los auditores especiales no podrán, durante el ejercicio de su cargo, formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en las asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.

Para ser Titular de la Auditoría Superior del Estado, se requiere cumplir los requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV y V del artículo 101 de esta Constitución y los que señale la Ley de la materia. En todo caso, deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades. Para ser auditor especial, se deberán cubrir los mismos requisitos que para ser titular. La ley determinará el procedimiento para la designación y remoción del titular y los auditores especiales.

La Auditoría Superior del Estado podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en la Cuenta Pública.

Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, la Auditoría Superior del Estado podrá solicitar información del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos.

La Auditoría Superior del Estado tendrá a su cargo:

I. Revisar y fiscalizar en forma posterior la cuenta pública que los gobiernos, estatal y municipales le presenten sobre su gestión financiera, incluyendo las acciones en materia de fondos, recursos locales y deuda pública, a efecto de comprobar que la recaudación, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos durante un ejercicio fiscal, se ejercieron con apego a los criterios y disposiciones legales aplicables y determinar el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas aprobados conforme a la ley. La fiscalización también procederá respecto a la recaudación, administración, manejo o ejercicio de los recursos públicos que realice cualquier persona física o moral, pública o privada.

También fiscalizará los recursos estatales y municipales que administre o ejerza el Estado y los municipios, en términos que establezcan las leyes. Y en términos que establezca la ley fiscalizará en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación las participaciones federales.

Asimismo, fiscalizará los recursos que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

Las entidades fiscalizadas a que se refieren los párrafos anteriores deberán llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos estatales y municipales que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con los criterios que establezcan las leyes.

La Cuenta Pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura, a través de la Auditoría Superior del Estado, a más tardar el 30 de abril. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación cuando medie solicitud por escrito suficientemente justificada, a juicio de la Legislatura, para lo cual deberá comparecer el titular del ente fiscalizable respectivo, según se trate de cuenta pública estatal o municipal, a informar de las razones que motiven la solicitud. Tratándose de la Cuenta Pública de los Poderes Ejecutivo y Judicial, podrán comparecer los titulares de las Dependencias o quien se designe para tal efecto.

En caso de ampliación del plazo de presentación de la cuenta pública del ejercicio fiscal correspondiente; la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la Auditoría Superior del Estado contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del Informe General Ejecutivo del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública.

La Auditoria Superior del Estado podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas estatales y municipales. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que determine la Ley, derivado de denuncias, la Auditoria Superior del Estado, previa autorización de su Titular, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores.

Las entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los plazos y términos señalados por la Ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma. La Auditoria Superior del Estado rendirá un informe específico a la Legislatura del Estado y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado o las autoridades competentes;

II. Entregar a la Legislatura del Estado, el último día hábil de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, los informes individuales de auditoría que concluya durante el periodo respectivo. Asimismo, en esta última fecha, entregar el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, el cual se someterá a la consideración del Pleno de la Legislatura del Estado. El Informe General Ejecutivo y los informes individuales serán de carácter público y tendrán el contenido que determine la ley; estos últimos incluirán como mínimo el dictamen de su revisión, un apartado específico con las observaciones de la Auditoria Superior del Estado, así como las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas.

Para tal efecto, de manera previa a la presentación del Informe General Ejecutivo y de los informes individuales de auditoría, se darán a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la Auditoria Superior del Estado para la elaboración de los informes individuales de auditoría.

El Titular de la Auditoria Superior del Estado, enviará a las entidades fiscalizadas los informes individuales de auditoría que les corresponda, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que haya sido entregado el informe individual de auditoría respectivo a la Legislatura del Estado, mismos que contendrán las recomendaciones y acciones que correspondan para que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes; en caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará a las promociones de responsabilidades ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la Ley.

La Auditoria Superior del Estado deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las recomendaciones y acciones promovidas.

En el caso de las recomendaciones, las entidades fiscalizadas deberán precisar ante la Auditoria Superior del Estado las mejoras realizadas, las acciones emprendidas o, en su caso, justificar su improcedencia.

La Auditoria Superior del Estado deberá entregar a la Legislatura del Estado, los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes a cada uno de los informes individuales de auditoría que haya presentado en los términos de esta fracción. En dicho informe, el cual tendrá carácter público, la Auditoría incluirá los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública Estatal o municipal, al patrimonio de los entes públicos estatales y municipales, como consecuencia de sus acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los procedimientos iniciados ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

La Auditoría Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes individuales de auditoría y el Informe General Ejecutivo a la Legislatura del Estado a que se refiere esta fracción; la ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición.

III. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos estatales y municipales y efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles y archivos indispensables para realizar sus investigaciones, sujetándose a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.

IV. Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado, para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos estatales y, en el caso de los párrafos segundo y tercero de la fracción I de este artículo, a los servidores públicos estatales, municipales, y a los particulares.

Los Poderes del Estado, los municipios y las demás entidades fiscalizadas facilitarán los auxilios que requiera la Auditoria Superior del Estado para el ejercicio de sus funciones y, en caso de no hacerlo, se harán acreedores a las sanciones que establezca la Ley. Asimismo, los servidores públicos estatales y municipales, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos estatales y municipales, deberán proporcionar la información y documentación que solicite la Auditoria Superior del Estado, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. En caso de no proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los términos que establezca la Ley.

La Legislatura del Estado concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado, sigan su curso en términos de lo dispuesto en este artículo.

V.- Las demás facultades y atribuciones que le otorguen las leyes respectivas.



Artículo 77 bis.

El Estado y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos y, en el caso del Estado, adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los Municipios. Lo anterior, conforme a las bases que establezcan la legislatura en la ley correspondiente, en el marco de lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben. El ejecutivo y los ayuntamientos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente.

La Legislatura por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, deberá autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar dichos empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago.

Sin perjuicio de lo anterior, el Estado y los Municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses.



Artículo 78.

El Poder Ejecutivo se ejerce por una sola persona denominado: Gobernador del Estado de Quintana Roo.



Artículo 79.

La elección del Gobernador será universal, libre, secreta, directa, uninominal y por mayoría relativa en todo el territorio del Estado, en los términos que señale la ley.



Artículo 80.

Para ser Gobernador del Estado se requiere:

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, nativo de la Entidad o hijo de padre o madre nacido en la Entidad, y con residencia efectiva y vecindad de cuando menos diez años inmediatamente anteriores al día de la elección.

A falta de los requisitos antes señalados, ser ciudadano mexicano por nacimiento y con residencia efectiva y vecindad en el Estado no menor de veinte años inmediatamente anteriores al día de la elección.

II.- Tener 25 años cumplidos al día de la elección, y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos.

III.- No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso.

IV.- No ser militar en servicio activo o ciudadano con mando en los cuerpos de seguridad pública, dentro de los noventa días anteriores a la fecha de la elección.

V.- No ser Secretario de Estado, Diputado o Senador, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fiscal General de la República, Fiscal Federal Especializado en Combate a la Corrupción, en funciones, a menos que se separe del cargo noventa días anteriores a la fecha de la elección.

VI.- No ser Secretario o Subsecretario del despacho, Director de Organismos Descentralizados o Empresas de Participación Estatal, Oficial Mayor, Fiscal General del Estado, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado, Titular de la Auditoría Superior del Estado, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia o Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, a menos que se separe del cargo noventa días antes de la fecha de la elección.

VII.- No estar comprendido en alguna de las prohibiciones establecidas por el Artículo 89 de esta Constitución.

VIII.- No ser Consejero Presidente, Consejero Electoral, Secretario General o Funcionario del Instituto Electoral de Quintana Roo o Magistrado Electoral, a menos que se separe de su cargo tres años antes de la fecha de la elección.



Artículo 81.

El Gobernador del Estado durará en su cargo 6 años, e iniciará el ejercicio de sus funciones el día 25 de septiembre del año que corresponda.



Artículo 82.

Al tomar posesión de su cargo el Gobernador del Estado deberá rendir protesta ante la Legislatura o la Diputación Permanente, en su caso, en los términos siguientes:

«Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Quintana Roo y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Gobernador del Estado que el pueblo me ha conferido, mirando en to do por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado de Quintana Roo. Si así no lo hiciere que el pueblo me lo demande».



Artículo 83.

En caso de falta absoluta del Gobernador del Estado ocurrido en los dos primeros años del período respectivo, si la Legislatura estuviere en sesiones, se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral, y designará, por votación secreta y calificada de las dos terceras partes del número total de sus miembros, un Gobernador interino, expidiendo la propia Legislatura, dentro de los 10 días siguientes a la designación, la convocatoria para la elección del Gobernador que habrá de concluir el período correspondiente. Entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la verificación de las elecciones deberá haber un plazo no menor de 6 meses ni mayor de 12.

Si la Legislatura no estuviere en sesiones, la Diputación Permanente nombrará desde luego un Gobernador Provisional y, simultáneamente, convocará a sesiones extraordinarias a la Legislatura para que ésta a su vez designe al Gobernador interino y expida la convocatoria a elecciones de Gobernador en los términos del párrafo anterior.

Cuando la falta absoluta de Gobernador ocurriese en los cuatro últimos años del período respectivo, si la Legislatura se encontrase en sesiones, designará al Gobernador sustituto que habrá de concluir el período. Si la Legislatura no estuviese reunida, la Diputación Permanente nombrará un Gobernador provisional y, simultáneamente, convocará a la Legislatura a sesiones extraordinarias para que erigida en Colegio Electoral haga la elección del Gobernador sustituto.



Artículo 84.

Si al inicio de un período constitucional no se presentase el Gobernador electo, o la elección no estuviere hecha y declarada, cesará sin embargo el Gobernador cuyo período haya concluido y se encargará desde luego del Poder Ejecutivo, en calidad de Gobernador interino, el que designe la Legislatura, o en su falta, con el carácter de provisional, el que designe la Diputación Permanente, procediéndose conforme a lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo anterior.



Artículo 85.

En las ausencias o faltas temporales del Gobernador del Estado se observarán las siguientes disposiciones:

I.- Las ausencias hasta por 30 días, serán suplidas por el Secretario de Gobierno.

II.- Si la ausencia excede de 30 días y no pasa de 90, el Gobernador dará aviso a la Legislatura o a la Diputación Permanente, en su caso, quedando encargado del Despacho el Secretario de Gobierno, y

III.- Si la falta temporalexcedede90 días la Legislatura ola Diputación Permanente designará, según el caso, un Gobernador interino o provisional, para que le supla durante el tiempo de su ausencia.



Artículo 86.

Para ser Gobernador sustituto, interino o provisional se requieren los mismos requisitos señalados en el Artículo 80.



Artículo 87.

El ciudadano designado para suplir las faltas absolutas o temporales del Gobernador, rendirá la protesta constitucional ante la Legislatura o la Diputación Permanente, en su caso.



Artículo 88.

El cargo de Gobernador del Estado solamente es renunciable por causa grave calificada por la Legislatura, ante la que se presentará la renuncia.



Artículo 89.

El Gobernador del Estado, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni aún con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho.

Nunca podrá ser electo para el período inmediato:

I.- El Gobernador sustituto constitucional, o el designado para concluir el período en caso de falta absoluta del constitucional, aun cuando tengan distinta denominación, y

II.- El Gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquiera denominación, supla las faltas temporales del Gobernador, siempre que desempeñe el cargo en los dos últimos años del período.



Artículo 90.

Son facultades del Gobernador:

I.- Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Despacho de la Administración Pública Estatal, y a los demás empleados y servidores públicos del Estado, cuyo nombramiento o remoción no este determinado de otro modo en esta Constitución o en las Leyes del Estado.

II.- Derogada.

III.- Expedir los reglamentos, acuerdos y decretos en el ámbito de su competencia dentro de la administración pública centralizada y descentralizada, empresas de participación estatal, fideicomisos y demás órganos que se creen en la forma en que determinen las leyes;

IV.- Derogada.

V.- Derogada.

VI.- Conceder indulto a reos sentenciados por delitos del orden común.

VII.- Conceder amnistías, siempre que se trate de delitos dela competencia de los Tribunales del Estado.

VIII.- Solicitar la protección de los Poderes de la Unión, de conformidad con el Artículo 122 de la Constitución General de la República.

IX.- Ejercer el derecho de veto en los términos de la Constitución.

X.- Tener bajo su mando la fuerza de Seguridad Pública del Estado, así como el de la Policía Preventiva, esta última en aquellos casos en que juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.

XI.- Ejercer las facultades que le otorgue la Constitución Federal en relación a la Guardia Nacional.

XII.- Dictar las medidas urgentes que estime necesarias para la defensa de la Salubridad y Salud Pública del Estado, y ejercer las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Salud le otorguen al Gobierno del Estado.

XIII.- Representar al Estado en las comisiones federales y en las comisiones interestatales regionales.

XIV.- Ejercer actos de dominio del patrimonio del Estado en los términos de esta Constitución.

XV.- Ejercer el Presupuesto de Egresos.

XVI.- Contratar empréstitos y garantizar obligaciones con aprobación de la Legislatura.

XVII.- Formular y remitir a la Legislatura del Estado, la terna de candidatos a Fiscal General del Estado con base en la lista que para tal efecto reciba de aquélla. Así como instar el procedimiento de remoción del Fiscal General del Estado, por las causas graves que establezca la Ley para tal efecto.

XVIII.- Solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la investigación de hechos que constituyan violaciones graves de Derechos Humanos.

XIX.- Derogada.

XX.- Las demás que le confiera esta Constitución y sus Leyes.



Artículo 91.

Son obligaciones del Gobernador:

I.- Publicar, cumplir y hacer cumplir las leyes federales

II.- Publicar, cumplir y hacer cumplir las leyes decretadas por la Legislatura, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.

III.- Rendir a la Legislatura un informe anual del estado que guarda la administración pública de la Entidad.

IV.- Presentar a la Legislatura al término de su período constitucional, una memoria sobre el estado que guarden los asuntos públicos.

V.- Facilitar al Poder Judicial el auxilio que requiera para el ejercicio de sus funciones.

VI.- Mantener la administración pública en constante perfeccionamiento, adecuándola a las necesidades técnicas y humanas de la Entidad.

VII.- Presentar a la Legislatura antes del 16 de noviembre de cada año las iniciativas de Ley de Ingresos del Estado, que deberán regir en el año inmediato siguiente.

VIII.- Gestionar ante las dependencias federales la aplicación de las medidas conducentes, a efecto de que se cumplan cabalmente en el Estado las leyes que emanen de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IX.- Promover el desarrollo económico del Estado, buscando siempre que sea compartido y equilibrado entre los centros urbanos y los rurales.

X.- Fomentar la creación de industrias y empresas rurales, y promover la armónica participación de los diversos sectores de la producción para tal fin.

XI.- Planificar el crecimiento de los centros urbanos dotándolos de los servicios necesarios a fin de propiciar el espíritu de solidaridad en la convivencia social y el desarrollo pleno y armónico de la población.

XII.- Mejorar las condiciones económicas sociales de vida de los campesinos fomentando en ellos el arraigo en sus lugares de origen.

XIII.- Las demás que señalen esta Constitución y sus leyes.



Artículo 92.

Para el despacho de los negocios del orden administrativo, habrá el número de Secretarios que se determina en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y los demás servidores públicos que determine la propia Ley, así como los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal, Fideicomisos y demás órganos creados o que se creen en la forma que determinen las Leyes.



Artículo 93.

Todos los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Gobernador del Estado deberán estar firmados por el Secretario al que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos.

Tratándose de los decretos promulgatorios de las leyes o decretos expedidos por el Congreso del Estado, sólo se requerirá el refrendo del Titular de la Secretaría de Gobierno.



Artículo 94.

La Legislatura Estatal, mediante la ley o decreto que al efecto expida, establecerá un Organismo de Protección de los Derechos Humanos, en el marco que otorga el orden jurídico vigente, el cual conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de cualquier autoridad o servidor público, del Estado o de los Ayuntamientos que violen estos derechos.

El Organismo que establezca la legislatura se denominará Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, el cual será órgano público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, independencia funcional y financiera, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna. Esta Comisión contará con un órgano interno de control, cuyo titular será designado por la Legislatura o la Diputación Permanente, en su caso; durará cuatro años sin posibilidad de reelección, y no podrá durante el ejercicio de su cargo, formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en las asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia. La Ley establecerá los requisitos y el procedimiento para la designación del titular del órgano interno de control. El presupuesto de egresos de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo no podrá ser menor al cero punto quince por ciento del presupuesto de Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal de que se trate y en ningún caso, será menor al presupuesto otorgado en el año inmediato anterior, para tal efecto, el proyecto de presupuesto de egresos de la Comisión, será remitido a la Legislatura, para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado, a más tardar el 15 de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal que corresponda. El proyecto de presupuesto de egresos deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos de la Comisión, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución.

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, tendrá un Consejo Consultivo integrado por un Presidente y seis Consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura o, en sus recesos, por la Diputación Permanente, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas, la duración del encargo y los requisitos para acceder a éste.

El Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, quien lo será también del Consejo Consultivo, será designado en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cuatro años y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Octavo de esta Constitución.

La elección del Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, se ajustará a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.

El titular del citado Organismo presentará anualmente a la Legislatura en funciones, un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante la Comisión correspondiente en los términos que disponga la ley de la materia.

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, formulará recomendaciones públicas autónomas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, y no será competente tratándose de asuntos electorales o jurisdiccionales.

Los del Estado de Quintana Roo, dará vista a la Legislatura del Estado por conducto de su Comisión Ordinaria de Derechos Humanos, cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos involucrados. La Legislatura, a su juicio, podrá citarles a comparecer con el objeto de que expliquen las razones de su conducta o justifiquen su omisión.



Artículo 95.

Para ser Secretario del Despacho y Director de Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal se requiere:

I.- Ser ciudadano quintanarroense por nacimiento y nativo de la Entidad o con residencia efectiva no menor de 5 años.

II.- Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos.

III.- Tener modo honesto de vivir.

Tratándose de lo dispuesto en la fracción I del presente artículo, podrá ser dispensable únicamente para el cargo de Secretario de Seguridad Pública.



Artículo 96.

El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General como un órgano público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, independencia funcional y financiera, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna

Para ser Fiscal General se requiere:

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento.

II.- Haber nacido en el Estado o tener una residencia efectiva en él no menor de 5 años anteriores a la designación.

III.- Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación.

IV.- Ser licenciado en derecho con título y cédula debidamente registrados, con antigüedad mínima de diez años anteriores a la designación.

V.- Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

VI.- Tener modo honesto de vivir, y

VII.- No haber sido condenado por delito doloso.

A. El Fiscal General del Estado durará en su encargo nueve años, y será designado y removido conforme a lo siguiente:

a) A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General del Estado, la Legislatura del Estado contará con veinte días naturales para integrar una lista de diez candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los miembros integrantes de la Legislatura, la cual se enviará al Ejecutivo Estatal.

La Presidencia de la Legislatura o de la Diputación Permanente, convocará a los Grupos Parlamentarios representados en la Legislatura, para que presenten hasta dos propuestas para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Legislatura, dictaminará sobre el cumplimiento de los requisitos de los candidatos para integrar la lista a que refiere el párrafo anterior.

Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo señalado en el primer párrafo del presente inciso, enviará libremente a la Legislatura del Estado una terna y designará provisionalmente al Fiscal General,quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo. En este caso, el Fiscal General designado podrá formar parte de la terna.

En el caso de ausencia definitiva del Fiscal General, el Gobernador del Estado designará a un Fiscal Interino en los términos previstos por este artículo, en tanto la Legislatura inicia el procedimiento de designación del Fiscal General en los términos establecidos en el primer párrafo de este inciso.

b) Recibida la lista a que se refiere el inciso anterior, dentro de los diez días naturales siguientes el Ejecutivo formulará la terna y la enviará a la consideración de la Legislatura del Estado.

c) La Legislatura del Estado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Fiscal General del Estado con el voto de las dos terceras partes de los miembros integrantes de la Legislatura, dentro del plazo de diez días naturales.

En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna a que se refiere el párrafo anterior, la Legislatura del Estado tendrá diez días naturales para designar al Fiscal General de entre los candidatos de la lista que señala el inciso a) del presente apartado.

Si la Legislatura del Estado no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos anteriores, el Ejecutivo designará al Fiscal General de entre los candidatos que integren la lista o, en su caso, la terna respectiva.

d) El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo del Estado por las causas graves que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Legislatura del Estado dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si la Legislatura no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción.

e) En los recesos de la Legislatura del Estado, la Diputación Permanente convocará de inmediato a Período Extraordinario para la designación o remoción del Fiscal General del Estado.

f) Las ausencias del Fiscal General del Estado serán suplidas en los términos que determiné la Ley.

B. Corresponde al Ministerio Público la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden común; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine.

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

El Fiscal General del Estado presentará anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo un informe de actividades. Comparecerá ante el Poder Legislativo cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión.

El Fiscal General del Estado y sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.

C. La Fiscalía General del Estado administrará con autonomía su presupuesto; el Fiscal General del Estado elaborará el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Fiscalía General.

En todo caso, el anteproyecto de presupuesto de egresos deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban sus servidores públicos, sujetándose a lo dispuesto en el Artículo 165 de esta Constitución. El Fiscal General del Estado remitirá dicho anteproyecto a la Legislatura del Estado para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado a más tardar el 15 de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal que corresponda.

El Presupuesto de Egresos para la Fiscalía General del Estado no podrá ser menor al dos punto cero cinco por ciento del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal de que se trate, y en ningún caso será menor al presupuesto otorgado en el año inmediato anterior.

La Cuenta Pública de la Fiscalía General del Estado se sujetará a lo dispuesto por esta

Constitución y las leyes aplicables en la materia.

D. La Fiscalía General contará, al menos, con una Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción.

El nombramiento del fiscal se sujetará a la remisión de una terna por parte del Fiscal General del Estado a la Legislatura o en su caso, a la Diputación Permanente, quien deberá designar de entre los candidatos al Titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, sujetándose al procedimiento que se establezca en la ley.

El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción deberá cubrir los mismos requisitos para ser Fiscal General y durará en su encargo siete años sin posibilidad de ser reelecto.

E. La Fiscalía General contará con un órgano interno de control, cuyo titular será designado por la Legislatura del Estado o la Diputación Permanente, en su caso; durará cuatro años en su cargo sin posibilidad de reelección, y no podrá durante el ejercicio de su cargo, formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en las asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia. La Ley establecerá los requisitos y el procedimiento para su designación.



Artículo 97.

Se deposita el ejercicio del Poder Judicial del Estado en el Tribunal Superior de Justicia, Tribunales y Juzgados, que lo ejercerán en el lugar, grado y términos asignados por esta Constitución y su ley reglamentaria correspondiente.

Con excepción de lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a los Tribunales y Juzgados del Estado conocer, en los términos de las leyes respectivas, de las controversias jurídicas que se susciten entre los poderes del Estado, respecto de materias de constitucionalidad y legalidad local; el Estado y los Municipios; el Estado y los particulares; entre los Municipios del Estado, los Municipios y los particulares; y los particulares entre sí.

La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial del Estado, con excepción de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura, en los términos que señala esta Constitución y la ley respectiva.

El Poder Judicial del Estado, tendrá la obligación de proporcionar a los particulares, los medios alternativos de solución a sus controversias jurídicas, tales como la conciliación o el arbitraje, de acuerdo a procedimientos de mediación, así como los procedimientos y eficacia de sus acuerdos y resoluciones. Además, tendrá la obligación de proporcionar los servicios de defensoría pública y de asistencia jurídica a los sectores sociales desprotegidos. Para tal efecto las leyes respectivas establecerán las facultades e integración de las instituciones que de acuerdo a su competencia brindarán estos servicios.

El Sistema de Justicia Indígena se ejercerá por las autoridades, de acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, en los términos que disponga la Ley de la materia.



Artículo 98.

El Tribunal Superior de Justicia se integra por doce Magistrados Numerarios y el número de Supernumerarios que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El Pleno del Tribunal se integrará solamente con los Magistrados Numerarios, con la excepción señalada en el párrafo tercero del Artículo 110 y la salvedad de lo establecido en el primer párrafo del Artículo 99 de esta Constitución.

Las Salas se integrarán por Magistrados Numerarios o Supernumerarios organizadas por materia o circuito, pudiendo ser unitarias o colegiadas con la conformación, integración, jurisdicción y competencia que determine el Pleno con sujeción a la ley. Las Salas Colegiadas se integrarán con tres magistrados. La Sala Constitucional se integrará con un Magistrado Numerario.

Las apelaciones en los juicios de oralidad serán resueltas de forma unitaria o colegiada, por los Magistrados en los casos previstos por la ley o determinación fundada del Pleno, con excepción del Magistrado Presidente, el Magistrado de la Sala Constitucional y el Magistrado Consejero.

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia de oficio o a petición fundada por parte de la Sala correspondiente podrá conocer de los asuntos que por su interés o trascendencia así lo ameriten.

Cuando las necesidades del servicio de administración de justicia lo amerite, en el Sistema Penal Acusatorio, excepcionalmente el Magistrado Presidente y/o el Magistrado Consejero, podrán integrar Sala, para la resolución de los recursos de su competencia, conforme a la legislación de la materia. En tales casos, el Magistrado Presidente y/o el Magistrado Consejero dirigirán petición al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, para que se apruebe su integración a Sala Colegiada o Unitaria, según corresponda.



Artículo 99.

El Tribunal Superior de Justicia será presidido por un Magistrado que no integrará Sala, exceptuando lo establecido en el último párrafo del artículo 98 de esta Constitución, designado por el Tribunal en Pleno en el mes de agosto de cada cinco años sin posibilidad de reelección. A la Sesión de Pleno para designar Presidente del Tribunal Superior de Justicia, se convocará también al Magistrado Consejero para que, con voz y voto, pueda ejercer su derecho de elegir. Cada Sala Colegiada elegirá a su propio Presidente en la primera sesión del año.

La Presidencia del Tribunal tendrá la representación legal del mismo, pero en todo caso requerirá del Acuerdo del Pleno.

En las ausencias temporales y en las definitivas del Magistrado Presidente será sustituido por el Magistrado Numerario que designe el Pleno; en el primer caso no podrán exceder de un mes.

En los casos de ausencia temporal menor a treinta días hábiles, de algún Magistrado diferente a la figura del Presidente dentro del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, éste último, elegirá dentro de los Magistrados supernumerarios quien supla al Magistrado numerario ausente.

Los Magistrados Supernumerarios, podrán ejercer funciones jurisdiccionales, integrando sala unitaria ocolegiada, conla adscripción, competencia, jurisdicción y tiempo que el Pleno determine, cuando se estime que las necesidades del servicio así lo requieran.



Artículo 100.

Esta Constitución garantiza la independencia de los Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado, quienes en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, actuarán sin más sujeción que a las leyes, la equidad y los principios generales del derecho.

La Ley, conforme a las bases de esta Constitución, establecerá las condiciones para el ingreso, formación, permanencia, capacitación y actualización de quienes sirvan al Poder Judicial del Estado.

Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en su encargo un período de seis años. Los Magistrados Numerarios podrán ser reelectos por una sola vez, para un período de seis años.

Los Magistrados Supernumerarios, podrán ser reelectos por una sola vez, para un periodo de tres años. Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia solo podrán ser separados en los términos que señala el Título Octavo de esta Constitución o en su caso, como consecuencia del retiro forzoso en términos de esta Constitución.

Las y los Jueces durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, podrán ser ratificados por períodos de igual duración, ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; podrán ser removidos en los casos y conforme al procedimiento que establezca la ley.

Los Magistrados, Jueces y Consejeros de la Judicatura del Estado, percibirán una remuneración digna, decorosa e irrenunciable, que no podrá ser disminuida durante el tiempo de su encargo.

Las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia rendirán protesta ante la Legislatura del Estado o la Diputación Permanente, en su caso; las y los jueces y demás servidores del Poder Judicial ante el Consejo de la Judicatura.

Ningún servidor público del Poder Judicial del Estado podrá tener, servir o desempeñar al mismo tiempo otro empleo, cargo o comisión diverso, con excepción de la docencia y los cargos honoríficos en instituciones públicas o privadas, asociaciones o sociedades científicas, literarias, culturales, educativas, deportivas, de investigación científica o de beneficencia, cuyo desempeño no perjudique las funciones o labores propias de su cargo.

Los Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia se retirarán de sus cargos en forma forzosa por alguna de las siguientes causas:

I.- Haber concluído, en su caso, los seis años del segundo período a que se refiere el párrafo tercero de este artículo.

II.- Haber cumplido sesenta y cinco años de edad.

III.- Padecer incapacidad física o mental declarada legalmente, incluso cuando ésta fuese parcial o transitoria, y siempre que impida el ejercicio de su función.

Los Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado tienen derecho al haber de retiro, siempre y cuando hayan sido reelectos en el cargo mediante Decreto de la Legislatura del Estado, y concluyan los períodos que establece esta Constitución, o haber

cumplido sesenta y cinco años de edad, de conformidad a las disposiciones que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.



Artículo 101.

Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se requiere:

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento y ciudadano quintanarroense, en ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

II.- No tener menos de treinta y cinco años de edad el día de la designación.

III.- Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, Título Profesional de Licenciado en Derecho y Cédula Profesional, expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello.

IV.- Gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado y cualquier otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

V.- Haber residido en el Estado durante los diez años anteriores al día de la designación.

VI.- No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso, a menos que se haya separado cinco años anteriores a la fecha de su designación, y

VII.- No haber sido Gobernador, Secretario de Despacho o su equivalente, Fiscal General del Estado, Senador, Diputado Federal o Local, ni Presidente Municipal, durante el año previo al día de su designación.

Los nombramientos de los Magistrados deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

PARRAFO SEGUNDO. - Derogado.



Artículo 102.

Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán designados conforme al siguiente procedimiento:

I.- El Gobernador del Estado someterá una terna a la consideración de la Legislatura del Estado, la cual previa comparecencia de las personas propuestas, hará la designación correspondiente mediante el voto de la mayoría de sus miembros, dentro del plazo de quince días naturales;

II.- Si la Legislatura del Estado no resolviere en el término señalado, rechaza la terna o no alcanza la votación requerida, el Gobernador dentro de los quince días posteriores, propondrá una nueva terna.

III.- Si presentada la segunda terna, a la Legislatura del Estado, ésta la rechaza, se abstiene de resolver, o no reúne la votación requerida dentro del plazo señalado en la fracción I del presente artículo, se llevará a cabo la aprobación mediante el voto de cuando menos la mitad más uno de los Diputados asistentes a la sesión; de no reunirse esta votación, el Gobernador, dentro de los quince días posteriores a la celebración de la sesión, realizará la designación de entre los integrantes de la segunda terna.

En los recesos de la Legislatura, la Diputación Permanente hará el nombramiento con carácter de provisional, en tanto aquélla se reúne y emite la aprobación definitiva.

Las licencias de los Magistrados para separarse temporalmente de sus funciones, por un lapso menor a un mes, podrán ser conferidas por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Las que excedan de este término requerirán de la autorización expresa de la Legislatura del Estado.



Artículo 103.

Corresponde al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I.- Iniciar Leyes o decretos inherentes a la impartición de justicia;

II.- Elegir al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado;

III.- Elegir al Magistrado que integrará el Consejo de la Judicatura del Estado;

IV.- Resolver sobre las contradicciones entre las tesis sostenidas en las resoluciones de las Salas o de los Juzgados, en los términos que disponga la ley respectiva;

V.- Conocer de las recusaciones con causa y de las excusas de los Magistrados;

VI.- Aprobar anualmente el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Poder Judicial, que le presente el Consejo de la Judicatura, que deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban sus servidores públicos, sujetándose a lo dispuesto en el Artículo 165 de esta Constitución

VII.- Asignar a las Salas los Magistrados Numerarios y Supernumerarios correspondientes.

VIII.- Resolver las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad local y las acciones por omisión legislativa, en términos de los Artículos 104 y 105 de esta Constitución y conforme al procedimiento que establezca la ley respectiva.

IX.- Las demás que le confieran esta Constitución y la Ley Reglamentaria.

En los términos que la ley disponga las sesiones del Pleno y de las Salas serán públicas y por excepción privada en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público.



Artículo 104.

El control constitucional se erige dentro del régimen interior del Estado, como un medio para mantener la eficacia y vigencia de esta Constitución; tiene por objeto dirimir de manera definitiva e inatacable en el orden jurídico estatal, los conflictos que por la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, surjan en el ámbito interior del Estado entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo o entre uno de ellos y los municipios que conforman el Estado, o entre dos o más municipios, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 76 fracción VII, 103, 105, 107 y último párrafo de la fracción II del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Artículo 105.

El Tribunal Superior de Justicia contará con una Sala Constitucional, integrada por un Magistrado numerario, que tendrá competencia para:

APARTADO A. En cumplimiento de las atribuciones señaladas en la fracción VIII del Artículo 103 de esta Constitución, deberá substanciar y formular, en los términos de la ley respectiva, los correspondientes proyectos de resolución definitiva que se someterán al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en los siguientes medios de control:

I.- De las controversias que, por la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, surjan entre:

a)El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

b)El Poder Ejecutivo y uno de los Municipios.

c)El Poder Legislativo y uno de los Municipios.

d)Dos o más Municipios del Estado.

Para que la controversia constitucional proceda, el actor deberá acreditar el interés jurídico.

La ley establecerá el plazo para la interposición de la demanda y los casos en que proceda la suspensión del acto que las motive. La suspensión no podrá otorgarse cuando se demande la invalidez de disposiciones generales.

La misma ley establecerá las condiciones para que tengan efectos generales, las resoluciones sobre controversias que impugnen la validez constitucional de disposiciones generales.

II.- De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, siempre que se ejerzan dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

a)Cuando menos la tercera parte de los miembros del Congreso del Estado.

b)El Gobernador del Estado, por conducto del Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, en contra de normas de carácter estatal.

c)El Fiscal General del Estado, respecto de leyes en materia penal, así como, las relacionadas en el ámbito de sus funciones, y

d)El Organismo Garante que establece el Artículo 21 de esta Constitución en contra de leyes de carácter local, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales.

La admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma impugnada.

Las resoluciones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia solo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por cuando menas las dos terceros partes del Pleno, y no tendrán efectos retroactivos, salvo en materia penal.

III. De las acciones por omisión legislativa, cuando se considere que la Legislatura del Estado no ha resuelto sobre la expedición de alguna Ley o Decreto, y que dicha omisión afecte el debido cumplimiento de esta Constitución, siempre y cuando sean interpuestas por:

a)El Gobernador del Estado, o

b)Un Ayuntamiento del Estado.

La resolución que emita el Pleno del Tribunal Superior de Justicia que decrete el reconocimiento de la inconstitucionalidad por omisión legislativa, surtirá sus efectos a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

En dicha resolución se determinará un plazo para que se expida la Ley o Decreto de que se trote la omisión, a más tardar en el período ordinario que curse o el inmediato siguiente de la Legislatura del Estado, pudiendo disminuir este plazo cuando el interés público lo amerite.

La Sala Constitucional, de oficio o a petición de parte, también conocerá de las contradicciones de tesis que se contengan en las resoluciones de las demás salas, debiendo presentar el proyecto al Pleno del Tribunal para los efectos de la fracción IX del Artículo 103 de esta Constitución. La ley establecerá los términos en los que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia emita jurisprudencia, sobre la interpretación de leyes, decretos y reglamentos locales, así como los requisitos para su interrupción y modificación.

APARTADO B. De oficio o a petición de parte, también conocerá de las contradicciones de tesis que se contengan en las resoluciones de las demás salas, debiendo presentar el proyecto al Pleno del Tribunal para los efectos de la fracción IV del Artículo 103 de esta Constitución.

La Ley establecerá los términos en los que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia emita jurisprudencia, sobre la interpretación de leyes, decretos y reglamentos locales, así como los requisitos para su interrupción y modificación.

APARTADO C. Derogado



Artículo 106.

El Consejo de la Judicatura será un órgano del Poder Judicial del Estado con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. De conformidad con la Ley, el Consejo estará facultado para expedir reglamentos y disposiciones de carácter general para el adecuado ejercicio de sus funciones.

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia podrá solicitar la expedición de aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional. El mismo Pleno también podrá revisar y, en su caso, revocar los que el Consejo apruebe, por mayoría de cuando menos siete votos.

En los demás casos, las determinaciones del Consejo de la Judicatura serán definitivas e inatacables.



Artículo 107.

El Consejo de la Judicatura del Estado funcionará en Pleno o en Comisiones, en los términos que señalen la Ley y el Reglamento que expida el propio Consejo.

Invariablemente en Pleno, conocerá sobre la designación, adscripción, ratificación, licencias, renuncias y remoción de jueces de primera instancia y de paz.

En comisiones ejercerá las funciones de administración, carrera judicial, disciplina y la de adscripción.

Contará en su estructura administrativa, con las unidades de apoyo que se determinen en la Ley Orgánica y en su Reglamento Interior.



Artículo 108.

El Consejo de la Judicatura, se integrará por cinco miembros de los cuales, uno será el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien lo presidirá; un Magistrado Numerario nombrado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia; un Juez de Primera Instancia nombrado por el Colegio de Jueces, de entre quienes tengan mayor antigüedad, y dos Consejeros Ciudadanos designados por la Legislatura. Los Consejeros no representan a quien los designa, por lo que ejercerán su función con independencia e imparcialidad.

Los Consejeros Ciudadanos del Consejo de la Judicatura del Estado deberán reunir los mismos requisitos exigidos para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia; serán designados conforme al procedimiento establecido en el Artículo 102 de esta Constitución.

El Magistrado designado para ocupar el cargo de miembro del Consejo de la Judicatura, distinto del Presidente, no integrará Pleno del Tribunal Superior de Justicia, a excepción de las sesiones de este órgano, que tengan por objeto la elección del Magistrado que presidirá el Tribunal Superior de Justicia, tal como se establece en el párrafo primero del Artículo 99 de esta Constitución.

El Magistrado distinto del Presidente, excepto en los casos previstos por esta Constitución, y el Juez que ocupen los cargos de Consejeros, no ejercerán funciones jurisdiccionales durante el ejercicio del mismo. En ambos casos ocuparán el cargo de consejeros durante dos años.

Los Consejeros Ciudadanos durarán en su encargo cinco años, podrán ser reelectos por la Legislatura del Estado o la Diputación Permanente, por una sola vez, para un periodo de igual duración, y solo podrán ser removidos en términos del Título Octavo de esta Constitución. El procedimiento de reelección se sujetará a los términos que establezca la ley.

Los integrantes del Consejo de la Judicatura, con excepción de su Presidente, rendirán la protesta como tales ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia.

El Consejo de la Judicatura del Estado propondrá al Pleno del Tribunal Superior de Justicia la división territorial del Estado en distritos y circuitos judiciales, con base en la agrupación de sus municipios.



Artículo 109.

El Poder Judicial del Estado administrará con autonomía su presupuesto; el Consejo de la Judicatura elaborará el anteproyecto y lo someterá a la aprobación del Pleno del Tribunal Superior de Justicia. En todo caso, el Presupuesto deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban sus servidores públicos, sujetándose a lo dispuesto en el Artículo 165 de esta Constitución; el Presupuesto de Egresos para el Poder Judicial no podrá ser menor al dos punto veintisiete por ciento del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal de que se trate, y en ningún caso será menor al presupuesto otorgado en el año inmediato anterior, para tal efecto, el Proyecto de Presupuesto de Egresos será remitido a la Legislatura para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado, a más tardar el 15 de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal que corresponda.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia lo remitirá para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto del Estado.

La Cuenta Pública del Poder Judicial del Estado será revisada por la Legislatura del Estado, en los términos de esta Constitución y las leyes aplicables y comprenderá los recursos del Poder Judicial considerados en el Fondo para el Mejoramiento en la Administración e Impartición de Justicia.

La Ley establecerá las bases para el manejo de dicho fondo.



Artículo 110.

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, es un órgano público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, independencia funcional y financiera, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna.

Las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado serán emitidas con plenitud de jurisdicción en una sola instancia y sus fallos serán definitivos.

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado se integrará por cinco magistrados, uno de los cuales fungirá como su Presidente. La Presidencia será rotativa en los términos que establezca la Ley.

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, funcionará de manera permanente en Pleno o en Salas.

El Tribunal contará cuando menos, con una Sala Especializada en materia anticorrupción y responsabilidades administrativas, con la integración y competencia que establezca la Ley.

Para ser Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, se deberán reunir los mismos requisitos exigidos para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia y los que determine la Ley.

Los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa serán designados por la Legislatura del Estado o la Diputación Permanente, en su caso, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, y durarán en su encargo ocho años, con posibilidad de ser nombrados por la Legislatura del Estado por cuatro años adicionales. Los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado rendirán protesta ante la Legislatura del Es tado o la Diputación Permanente.

El procedimiento para la designación de los Magistrados se deberá sujetar a los principios de paridad de género y máxima publicidad, y se llevará a cabo de conformidad con las siguientes disposiciones generales:

a) La Legislatura del Estado o en su caso, la Diputación Permanente, emitirá una convocatoria pública abierta, en la que se establecerán las bases para participar y conformar la lista de candidatos a Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Dicha convoc atoria deberá ser emitida y publicada en el Periódico Oficial del Estado, dos periódicos de mayor circulación y en la página web oficial del Poder Legislativo del Estado.

b) Una vez recibidas las solicitudes de las personas que deseen participar y que hay an cumplido con lo estipulado en las bases de la convocatoria, la Legislatura del Estado o en su caso, la Diputación Permanente, a través de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, determinará qué aspirantes cumplieron l os requisitos constitucionales y legales y los entrevistará a efecto de emitir el dictamen que corresponda.

c) Posteriormente, la Legislatura del Estado o en su caso, la Diputación Permanente, remitirá el dictamen de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos al Ejecutivo del Estado, para que conforme cinco binas, las cuales deberán ser remitidas a la Legislatura del Estado o la Diputación Permanente en su caso, dentro de los tres días posteriores.

d) La Legislatura o en su caso, la Diputación Permanente, una vez llevado a cabo lo dispuesto en el inciso anterior, designará por cada bina propuesta a un magistrado.

La Ley desarrollará de manera específica los términos del procedimiento de designación antes mencionado.

Los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado sólo podrán ser removidos de sus cargos por la Legislatura del Estado o en su caso, la Diputación Permanente, por las causas graves que señale la ley.

Los magistrados no podrán tener, servir o desempeñar al mismo tiempo otro empleo, cargo o comisión diverso, con excepción de la docencia y los cargos honoríficos en instituciones públicas o privadas, asociaciones o sociedades científicas, literarias, culturales, educativas, deportivas, de investigación científica o de beneficencia, cuyo desempeño no perjudique las funciones o labores propias de su cargo.

La retribución que perciban los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, será la equivalente a la de un Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

El proyecto de presupuesto de egresos del Tribunal, será remitido a la Legislatura, para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado, a más tardar el 15 de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal que corresponda. El presupuesto de egresos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban sus servidores públicos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución.

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado contará con un órgano interno de control, cuyo titular será designado por la Legislatura del Estado o la Diputación Permanente, en su caso; durará cuatro años en su cargo, sin posibilidad de reelección, y no podrá durante el ejercicio de su cargo, formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en las asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.



Artículo 111.

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, tendrá a su cargo:

I.- Dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y municipal y los particulares, derivados de:

a) Los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública del Estado o de los Ayuntamientos dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales.

b) Los juicios en contra de los actos administrativos de la Administración Pública Paraestatal del Estado o los Municipios, cuando actúen con el carácter de autoridades.

c) Los juicios en contra de las resoluciones definitivas dictadas por la Administración Pública del Estado o de los Ayuntamientos en las que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije ésta en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación, nieguen la devolución de un ingreso indebidamente percibido o cualesquiera otras que causen agravio en materia fiscal.

d) Los juicios en contra de la falta de contestación de las mismas autoridades, dentro de un término de treinta días naturales, a las promociones presentadas ante ellas por los particulares, a menos que las leyes y reglamentos fijen otros plazos o la naturaleza del asunto lo requiera.

e) Los juicios en contra de resoluciones de negativa ficta en materia fiscal, que se configurarán transcurridos cuatro meses a partir de la recepción por parte de las autoridades demandadas competentes de la última promoción presentada por el o los demandantes, a menos que las leyes fiscales fijen otros plazos.

f) Los juicios en que se demande la resolución de afirmativa ficta, cuando lo establezcan expresamente las disposiciones legales aplicables y en los plazos en que éstas lo determinen.

g) Los juicios en que se impugne la negativa de la autoridad a certificar la configuración de la afirmativa ficta, cuando así lo establezcan las leyes, y

h) Los juicios que promuevan las autoridades para que sean nulificadas las resoluciones fiscales favorables a las personas físicas o morales y que causen una lesión a la Hacienda Pública del Estado o de los Ayuntamientos.

II.- Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves.

III.- Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales.

IV.- Aprobar, modificar o dejar sin efectos la jurisprudencia y tesis relevantes que se deriven de las sentencias del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, y

V.- Las demás atribuciones que expresamente se señalen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución, su ley orgánica y demás disposiciones aplicables.



Artículo 112.

Los bienes que integran el patrimonio del Estado son:

I.- De dominio público, y

II.- De dominio privado.



Artículo 113.

Son bienes de dominio público:

I.- Los de uso común.

II.- Los de inmuebles destinados por el Gobierno del Estado, a un servicio público, y

III.- Los muebles que normalmente sean insustituibles, tales como los expedientes de las oficinas, archivos, libros raros, piezas históricas o arqueológicas, obras de arte y demás que no sean del dominio de la Federación o los Municipios.

Estos bienes son inalienables, imprescriptibles e inembargables y no están sujetos, mientras no varíe su situación jurídica, la cual sólo podrá autorizarse mediante decreto de la Legislatura del Estado, a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o interina.



Artículo 114.

Los bienes de dominio privado del Estado son los que le pertenecen en propiedad y los que en el futuro ingresen a su patrimonio, por cualesquiera formas de adquisición de la propiedad, no previstos en el artículo precedente.



Artículo 115.

La Hacienda Pública del Estado está constituida por:

I.- Los ingresos determinados en su Ley de Ingresos, y demás normas aplicables, y

II.- Los ingresos adquiridos por concepto de subsidios, participaciones, legados, donaciones o cualesquiera otras causas.



Artículo 116.

La Administración de la Hacienda Pública estará a cargo del Ejecutivo por conducto del Secretario del ramo respectivo, quien será responsable de su manejo.



Artículo 117.

La ley determinará la organización y funcionamiento de las oficinas de hacienda en elEstado.



Artículo 118.

Anualmente, a más tardar el 15 de noviembre, el Ejecutivo presentará a la Legislatura el proyecto de Presupuesto de Egresos, que deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos estatales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución.



Artículo 119.

El año fiscal comprenderá del primero de enero al treinta y uno de diciembre inclusive.



Artículo 120.

Si al iniciarse el año fiscal no se hubiera aprobado el Presupuesto de Egresos correspondiente, en tanto se expide éste, continuará vigente el del año inmediato anterior.



Artículo 121.

No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos o determinado por ley posterior.



Artículo 122.

Las cuentas de los caudales públicos deberán glosarse sin excepción por la Auditoría Superior del Estado.



Artículo 123.

Todo empleado de Hacienda que deba tener a su cargo manejo de fondos del Estado, otorgará previamente ante el Ejecutivo fianza suficiente para garantizar su manejo en los términos señalados por la ley.



Artículo 124.

El Ejecutivo cuidará que la Legislatura conozca de la fianza con la cual los empleados de hacienda caucionen su manejo.



Artículo 125.

El Secretario encargado de la Hacienda Pública del Estado remitirá anualmente al Ejecutivo, en la segunda quincena del mes de enero, un informe pormenorizado sobre el estado dela Hacienda Pública del ejercicio fiscal anterior.



Artículo 126.

El Municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Quintana Roo; es una institución de carácter público, constituida por una comunidad de personas, establecida en el territorio que le señala a cada uno de ellos la presente Constitución, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su gobierno interior y libre en la administración de su hacienda.

La autonomía del municipio libre se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las leyes que conforme a ellas se expiden.



Artículo 127.

El Estado de Quintana Roo, se integra con los siguientes Municipios: Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad, Tulum, Bacalar y Puerto Morelos.



Artículo 128.

La extensión, límites y cabeceras de los municipios del Estado son:

 

 

Coordenadas UTM

 

 

 

X

Y

1

245,656.09

2,088,249.08

2

265,182.61

2,088,249.08

3

267,503.65

2,088,507.14

4

273,652.46

2,088,625.42

5

274,694.72

2,088,749.16

6

282,343.50

2,089,656.58

7

282,559.20

2,087,984.76

 

I.- MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, con cabecera en la Ciudad de Chetumal, comprendiendo la siguiente extensión territorial:

 

 

Vértice

 

(en metros)

 

 

 

8

282,774.89

2,086,312.94

 

9

288,607.16

2,087,116.75

 

10

288,534.79

2,081,757.48

 

11

290,727.60

2,081,728.30

 

12

292,920.41

2,081,699.13

 

13

292,929.64

2,081,569.30

 

14

292,938.86

2,081,439.48

 

15

292,858.34

2,080,507.01

 

16

292,777.81

2,079,574.55

 

17

294,415.02

2,079,484.70

 

18

296,052.23

2,079,394.85

 

19

297,253.17

2,079,310.94

 

20

297,305.20

2,080,584.13

 

21

297,357.22

2,081,857.33

 

22

299,769.60

2,081,856.33

 

23

303,931.02

2,081,854.61

24

305,065.43

2,081,856.81

 

25

306,199.84

2,081,859.01

26

306,849.14

2,081,873.93

27

307,498.44

2,081,888.86

28

307,498.61

2,081,888.86

29

307,524.63

2,080,623.62

30

307,573.80

2,078,105.13

31

307,629.81

2,075,174.47

32

314,573.40

2,075,125.78

33

315,131.42

2,075,131.77

34

315,119.07

2,069,634.96

35

315,106.89

2,064,138.36

36

315,075.14

2,062,249.69

37

315,043.39

2,060,361.03

38

322,640.11

2,060,352.93

39

330,236.83

2,060,344.84

40

331,408.86

2,060,344.38

41

332,580.88

2,060,343.92

42

332,685.33

2,062,044.12

43

332,789.78

2,063,744.33

44

334,099.49

2,063,228.78

45

335,409.20

2,062,713.24

46

342,518.41

2,061,559.56

47

350,859.74

2,060,222.77

48

351,113.76

2,061,877.85

             

 

 

49

351,154.34

2,061,915.08

*50

351,276.24

2,061,913.46

51

377,816.64

2,090,297.76

52

379,517.69

2,090,180.48

53

380,077.69

2,093,202.58

54

380,454.63

2,093,298.78

55

385,757.08

2,093,187.79

56

385,748.26

2,095,989.29

57

385,748.26

2,095,989.29

58

385,541.79

2,098,646.01

59

385,542.05

2,098,645.88

60

386,053.52

2,098,725.45

61

386,651.75

2,098,689.25

62

387,249.98

2,098,653.06

63

387,951.67

2,098,619.27

64

388,005.27

2,099,002.49

 

 

65

388,155.58

2,099,002.44

66

388,199.79

2,098,996.52

67

388,243.99

2,098,990.61

68

388,243.99

2,098,812.17

69

388,248.91

2,098,633.73

70

389,012.15

2,098,837.89

71

389,605.04

2,098,996.35

72

389,605.09

2,098,996.36

73

389,605.23

2,098,996.35

74

431,760.07

2,098,348.74

75

434,959.48

2,096,799.81

**76

435,423.13

2,096,792.96

***77

272,048.30

1,984,896.46

78

272,040.30

1,984,135.45

79

272,030.30

1,983,186.45

80

272,037.30

1,981,594.44

81

272,005.30

1,981,107.44

82

272,014.30

1,980,778.44

83

272,013.30

1,980,673.44

****84

271,884.29

1,971,029.39

85

263,668.25

1,971,150.39

86

263,211.25

1,971,156.39

87

261,690.24

1,971,179.39

88

256,575.22

1,971,254.40

89

244,075.77

1,971,553.04

 

** Del vértice 76 se sigue, hacia el sur, la Costa del Mar Caribe, las aguas de la Bahía de Chetumal y el Río Hondo límite de la República de México con Honduras Británicas actualmente el País de Belice, hasta llegar al vértice 77.

*** Del vértice 77 al vértice 84 el Municipio colinda con Honduras Británicas, actualmente el País de Belice.

**** Los vértices del 84 al 89 conforman el límite del Municipio con la República de Guatemala.

*** Del vértice 77 al vértice 84 el Municipio colinda con Honduras Británicas, actualmente el País de Belice.

**** Los vértices del 84 al 89 conforman el límite del Municipio con la República de Guatemala. Igualmente comprenderá el Banco de Chinchorro que integran los Cayos Lobos, Norte,

Centro y demás cayos e islotes adyacentes a su litoral.

II.- MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, con cabecera en la población del mismo nombre: Al Norte la línea colindante con el Estado de Yucatán que partiendo del Punto Put, con

 

coordenadas de 19 grados 39 minutos 07 segundos de latitud Norte y 89 grados 24 minutos 52 segundos delongitud Oestede Greenwich, corta el paralelo que pasa por la Torre Sur de Chemax,

20 kilómetros, al Oriente de este punto, en su intersección con el meridiano 88 grados de Greenwich desciende al Sureste hasta encontrar al vértice Noroeste de la ampliación del Ejido

Chuyaxché, siguepor el lindero Norte de la ampliación de este ejido con rumbo Este, desciende al Sur por el lindero Poniente y Sur del Ejido de Tulúm y sobre esta línea al interceptar el meridiano de 87 grados 30 minutos de Greenwich desciende al Sur hasta encontrar la Costa de la Bahía de la Ascención. Al Sur el Municipio de Othón P. Blanco. Al Este las Bahías de la Ascención, del Espíritu Santo y el Mar Caribe. Al Oeste partiendo del ángulo Suroeste del ejido Altamirano, con

rumbo Norte se recorre el lindero Poniente de los Ejidos de Altamirano y Presidente Juárez, el lindero

Sur y Poniente del Ejido Santa Lucía, los linderos Sur, Poniente y Norte de la Ampliación del Ejido Ramonal, el lindero Poniente del Ejido de Chunhuhub, los linderos Poniente y Norte de la ampliación del Ejido de Polyuc, el lindero Poniente y Norte de la ampliación del Ejido de X-Yatil, el lindero Poniente del Ejido de X- Pichil, el lindero Poniente del Ejido de Dzoyolá, el lindero Oriente del Ejido de X- Cabil, continuando por el lindero Norte de este ejido prolongándose hasta la línea divisoria con el Estado de Yucatán.

III.- MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, con cabecera en la población del mismo nombre: Al Norte, la línea que partiendo del vértice del ángulo formado por los límites de los Estados de Yucatán y Campeche, 200 metros al Oeste de Put, llega hasta la intersección con el paralelo que pasa por la Torre Sur de Chemax, 20 kilómetros al Oriente de este Punto y colindando con el Estado de Yucatán. Al Sur, el Municipio de Othón P. Blanco. Al Este, el Municipio de Felipe Carrillo Puerto. Al Oeste, la línea que partiendo del vértice del ángulo formado por los límites de los Estados de Yucatán y Campeche, 200 metros al Oeste de Put, desciende al Sur hasta elparalelo límite de las Repúblicas de México y Guatemala.

IV.- MUNICIPIO DE COZUMEL, con cabecera en la población del mismo nombre. Comprende la Isla de Cozumel, Islotes y Cayos adyacentes. Quedan dentro de su jurisdicción las superficies de la zona continental siguientes: Polígono con un área de 1,119.42 hectáreas, con las siguientes medidas, rumbos y colindancias: partiendo del vértice número 7 ubicado al Sureste del Polígono con rumbo Suroeste 22 grados 42 minutos y una distancia de 140 metros, se llega al vértice número 8, de este vértice con rumbo Suroeste 38 grados 47 minutos y una distancia de 137 metros, se llega al vértice número 9, de este vértice con rumbo Suroeste 37 grados 31 minutos y una distancia de 141 metros, se llega al vértice número 10, de este vértice con rumbo Suroeste 42 grados 01 minutos y una distancia de 191 metros, se llega al vértice número 11, de este vértice con rumbo Suroeste 24 grados 31 minutos y una distancia de 188 metros, se llega al vértice número 12, de este vértice con rumbo Suroeste 56 grados 16 minutos y una distancia de 132 metros, se llega al vértice número 13, de este vértice con rumbo Suroeste 41 grados 59 minutos y una distancia de 121 metros, se llega al vértice número 14, de este vértice con un rumbo Suroeste 19 grados 41 minutos y una distancia de 101 metros, se llega al vértice número 15, colindando del vértice número 7 al vértice número 15 con el Mar Caribe; del vértice número 15 con rumbo Noroeste 41 grados 16 minutos y una distancia de 1,916 metros, se llega al vértice número 16, colindando el vértice número 15 al vértice número 16 con el Rancho Punta Venado e Instituto Nacional de Antropología e Historia; del vértice número 16 con rumbo Noroeste 41 grados 16 minutos y una distancia de 40 metros, se llega al vértice número 17, colindando el vértice número 16 y el 17 con la Carretera Federal número 307 Reforma Agraria-Puerto Juárez; del vértice número 17 con rumbo Suroeste 51 grados 11 minutos y una distancia de 2,119 metros, se llega al vértice 18, colindando el vértice número 17 y el 18 con el derecho de vía de la Carretera Federal número 307 Reforma Agraria- PuertoJuárez; del vértice número18 con rumbo Noroeste 64 grados 38 minutos y una distancia de 4,020 metros, se llega al vértice número 19, colindando el vértice número 18 y el 19 con el Rancho La Adelita; del vértice número 19 con rumbo Noreste 44 grados 14 minutos y una distancia de 1,971 metros, se llega al vértice número 20, del vértice número 20 con rumbo Sureste 74 grados 33 minutos y una distancia de 3,720 metros se llega al vértice número 21, colindando el vértice número 19 al vértice número 21 con terrenos nacionales; del vértice número 21 con rumbo Noreste 88 grados 15 minutos y una distancia de 230 metros, se llega al vértice número 22, el vértice número 22 con rumbo Sureste

 

46 grados 26 minutos y una distancia de 84 metros, se llega al vértice número 23, del vértice número 23, con rumbo Noreste 77 grados 32 minutos y una distancia de 88 metros, se llega al vértice número 24, del vértice número 24 con rumbo Sureste 80 grados 16 minutos y una distancia de 249 metros, se llega al vértice número 25, del vértice número 25 con rumbo Sureste 53 grados 20 minutos y una distancia de 390 metros, se llega al vértice número 1, colindando delvértice número 21 alvértice número 1 conel Rancho Los Corchales. Del vértice número 1 con rumbo Sureste 39 grados 48 minutos y una distancia de 40 metros, se llega al vértice número 2, colindando del vértice número 1 al vértice número 2 con Carretera Federal número 307 Reforma Agraria-Puerto Juárez. Del vértice número 2 con rumbo Sureste 39 grados 48 minutos y una distancia de 117 metros, se llega al vértice número 3, colindando del vértice número 2 al vértice número 3 con el Rancho Los Corchales; del vértice número 3 con rumbo Sureste 50 grados 10 minutos y una distancia de 1, 328 metros, se llega al vértice número 4, del vértice número 4 con rumbo Noreste 48 grados 48 minutos y una distancia de 276 metros, se llega al vértice número 5, del vértice número 5 con rumbo Sureste 53 grados 56 minutos y una distancia de 228 metros, se llega al vértice número 6, del vértice número 6 con rumbo Sureste 37 grados 52 minutos y una distancia de 91 metros, sellegaal vértice número 7,que eselpunto de partida para cerrar el polígono, colindando del vértice número 3 al vértice número 7 con el Rancho

X-caret III. Polígono con unárea de 90hectáreas quecomprende el Parque Ecológicode Xel-Há, con las medidas, rumbos y colindancias siguientes: partiendo del vértice número 1, ubicado al Sureste del polígono, con rumbo Sureste 36 grados 35 minutos y una distancia de 206 metros, se llega al vértice número 2, del vértice número 2 con rumbo Suroeste 60 grados 56 minutos y una distancia de 206 metros, se llega al vértice número 3, del vértice número 3 con rumbo Suroeste 33 grados y una distancia de 187 metros, se llega al vértice número 4, del vértice número 4 con rumbo Sureste 23 grados 39 minutos y una distancia de 97 metros, se llega al vértice número 5, del vértice número 5 con rumbo Suroeste 27 grados 35 minutos y una distancia de 125 metros, se llega al vértice número 6, del vértice número 6 con rumbo Suroeste 10 grados 03 minutos y una distancia de 172 metros, se llega al vértice número 7, del vértice número 7 con rumbo Suroeste 27 grados 15 minutos y una distancia de 111 metros, se llega al vértice número 8, colindando del vértice número 1 al vértice número 8 con el Mar Caribe; del vértice número 8 con rumbo Noroeste 61 grados 36 minutos y una distancia de 126 metros, se llega al vértice número 9, del vértice número 9 con rumbo Noroeste 24 grados 12 minutos y una distancia de 120 metros, se llega al vértice número 10, del vértice número 10 con rumbo Noroeste 19 grados 52 minutos y una distancia de 138 metros, se llega al vértice número 11, del vértice número 11 con rumbo Noroeste 11 grados 49 minutos y una distancia de 132 metros, se llega al vértice número 12, del vértice número12 con rumbo Noroeste22 grados51 minutos yunadistanciade111metros, se llega al vértice número 13, del vértice número 13 con rumbo Noroeste 19 grados 49 minutos y una distancia de 65 metros, se llega al vértice número 14, del vértice número 14 con rumbo Suroeste 75 grados 27 minutos y una distancia de 112 metros, se llega al vértice número 15, del vértice número 15 con rumbo Suroeste 26 grados 33 minutos y una distancia de 85 metros, se llega al vértice número 16, del vértice número 16 con rumbo Suroeste 01 grados y una distancia de 113 metros, se llega al vértice número 17, del vértice número 17 con rumbo Suroeste 23 grados 42 minutos y una distancia de 117 metros, se llega al vértice número 18, del vértice número 18, con rumbo Sureste 48 grados y una distancia de 135 metros, se llega al vértice número 19, del vértice número 19 con rumbo Sureste 45 grados 14 minutos y una distancia de 173 metros, se llega al vértice número 20, del vértice número 20 con rumbo Sureste 71 grados 17 minutos y una distancia de 134 metros, se llega al vértice número 21, del vértice número 21 con rumbo Sureste 46 grados 52 minutos y una distancia de 108 metros, se llega al vértice número 22, colindando del vértice número 8 al vértice número 22 con el Mar Caribe. Del vértice número 22 con rumbo Sureste 09 grados 46 minutos y una distancia de 88 metros, se llega al vértice número 23, del vértice número 23 con rumbo Suroeste 10 grados 05 minutos y una distancia de 74 metros, se llega al vértice número 24, del vértice número 24 con rumbo Suroeste 32 grados 28 minutos y una distancia de 156 metros, se llega al vértice número 25, colindando del vértice número 22 al vértice número 25 con el Mar Caribe; del vértice número 25 con rumbo Noroeste 66 grados 03 minutos y una distancia de 791 metros, se llega al vértice número 26, colindando el vértice 25 y el 26 con terrenos de propiedad particular; del vértice número 26 con rumbo Noreste 26 grados 10 minutos y una distancia de 1,256 metros, se llega al vértice número 27, del vértice número 27 con rumbo

 

Sureste 66 grados 30 minutos y una distancia de 683 metros, se llega al vértice número 1, que es el punto de partida para cerrar el polígono.

V.- MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, con cabecera en Kantunilkín: Al norte el Canal de Yucatán. Al Sur el Municipio de Solidaridad. Al Este, partiendo de la esquina Norte del ejido de Playa del Carmen, se sigue con rumbo Norte sobre el Meridiano que pasa por este sitio hasta encontrar el lindero Sur del ejido Leona Vicario, se dobla al Oeste siguiendo el lindero Sur de este ejido, se continúa sobre el lindero Oeste y Norte hasta la intersección con el Meridiano 87 grados 05 minutos 50 segundos, de longitud Oeste de Greenwich, se sigue con rumbo Norte sobre este Meridiano hasta encontrar el lindero Poniente del ejido de Isla Mujeres, se continúa por el lindero de este ejido hasta la intersección con el Meridiano 87 grados 06 minutos 21 segundo de longitud Oeste de Greenwich se sigue sobre este Meridiano hasta llegar al faro de Cabo Catoche. Al Oeste, la línea que partiendo de la Costa Norte del Canal de Yucatán, sigue el arco del meridiano 87 grados 32 minutos, longitud Oeste de Greenwich, hasta cortar el paralelo 21 grados, y de allí continúa hasta encontrar el paralelo que pasa por la Torre Sur de Chemax, 20 kilómetros al Oriente de este punto, comprendiendo la Isla de Holbox.

VI.- MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, con cabecera en la ciudad de Cancún: Al Norte, partiendo de la costa del Mar Caribe, de acuerdo a la siguiente tabla:

MARCO DE REFERENCIA: ITRF2008, ÉPOCA 2010.0

LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS ESTÁN EXPRESADAS EN NOTACIÓN SEXAGESIMAL; LAS COORDENADAS MÉTRICAS ESTÁN CONFIGURADAS EN LA PROYECCIÓN UTM ZONA 16N.

 

 

VÉRTICE

 

LATITUD

 

LONGITUD

 

NORTE

 

ESTE

 

FUENTE

1

N 21 12 3.02825

W 87 05 49.77645

2345608.365

489916.584

Vértice sobre el

meridiano de 87

grados 05 minutos 50 segundos según la Constitución Política del Estado

2

N 21 12 3.02825

W 87 05 30.62537

2345608.036

490468.675

Vértice 309 del

municipio de Benito Juárez según Decreto 221 P.O. 9 de marzo

de 2010

3

N 21 12 3.02828

W 86 59 50.90547

2345605.275

500262.179

Vértice 308 del

municipio de Benito Juárez según Decreto 221 P.O. 9 de marzo

de 2010

 

 

4

N 211301.76238

W 86 59 51.00737

2346181.221

500259.232

Vértice 307 del

municipio de Benito Juárez según Decreto 221 P.O. 9 de marzo

de 2010

5

N 21 13 1.75728

W 86 58 41.20677

2346181.219

502271.385

Vértice 306 del

municipio de Benito Juárez según Decreto 221 P.O. 9 de marzo

de 2010

6

N 21 243.02828

W 86 58 41.09667

2345605.430

502274.638

Vértice 305 del

municipio de Benito Juárez según Decreto 221 P.O. 9 de marzo

de 2010

7

N 211243.02830

W 86 54 52.43157

2345607.665

508866.635

Vértice 304 del

municipio de Benito Juárez según Decreto 221 P.O. 9 de marzo

de 2010

8

N 211236.48910

W 86 54 52.20927

2345406.633

508873.152

Vértice 303 del

municipio de Benito Juárez según Decreto 221 P.O. 9 de marzo

de 2010

9

N 211236.22371

W 86 51 54.40067

2345402.040

513999.124

Vértice 302 del

municipio de Benito Juárez según Decreto 221 P.O. 9 de marzo

de 2010

10

N 211243.02831

W 86 51 57.61057

2345611.157

513906.410

Vértice 301 del

municipio de Benito Juárez según Decreto 221 P.O. 9 de marzo

de 2010

11

N 211243.02833

W 86 48 08.51367

2345618.074

520510.874

Vértice 300 del

municipio de Benito Juárez según Decreto 221 P.O. 9 de marzo

de 2010

12

N 205607.94535

W 86 50 16.79479

2315022.251

516843.853

Vértice ubicado en la

costa según imagen de satélite (Basemap de ArcGIS)

 

 

13

N 205608.20460

W 86 50 20.91527

2315030.101

516724.839

Vértice basado en

brechas observadas en la imagen de satélite (Basemap de ArcGIS)

14

N 205604.77890

W 86 51 33.39183

2314922.818

514631.696

Vértice basado en

brechas observadas en la imagen de satélite (Basemap de ArcGIS)

15

N 205555.42964

W 86 51 34.95515

2314635.362

514586.796

Vértice basado en

brechas observadas en la imagen de satélite (Basemap de ArcGIS)

16

N 205555.26041

W 86 51 55.90424

2314629.641

513981.744

Vértice     33 del ejido

Puerto Morelos

17

N 205555.27564

W 86 52 19.46758

2314629.552

513301.182

Vértice     10 del ejido

Puerto Morelos

18

N 205555.04759

W 86 52 44.68449

2314621.976

512572.867

Vértice 2 del ejido

Puerto Morelos

19

N 205553.43679

W 87 04 47.04973

2314569.778

491709.352

Vértice 1501 del ejido

Leona Vicario

20

N 205945.14028

W 87 04 45.62160

2321692.860

491754.129

Vértice 2008 del ejido

Leona Vicario

21

N 210107.90685

W 87 04 45.11125

2324237.302

491770.123

Vértice 2007 del ejido

Leona Vicario

22

N 210240.58058

W 87 04 44.53965

2327086.322

491788.033

Vértice     48            del

ejido Leona Vicario

23

N 210246.71931

W 87 04 44.43070

2327275.041

491791.271

Vértice     47            del

ejido Leona Vicario

24

N 210253.78634

W 87 04 43.94451

2327492.293

491805.410

Vértice 30001 del ejido

Leona Vicario

25

N 210254.05376

W 87 04 43.92611

2327500.514

491805.945

Vértice 2004 del ejido

Leona Vicario

 

 

26

N 210323.26215

W 87 04 44.12959

2328398.460

491800.517

Vértice

V. Bonfil

10            del

ejido Alfredo

27

N 2103 6.62942

W 87 04 44.54400

2329116.838

491788.914

Vértice

V. Bonfil

9             del

ejido Alfredo

28

N 210351.31635

W 87 04 45.10565

2329260.935

491772.778

Vértice

V. Bonfil

6             del

ejido Alfredo

29

N 210555.83384

W 87 04 43.20512

2333088.917

491829.512

Vértice ubicado sobre

el lindero de Alfredo V. Bonfil, esquina con Leona Vicario (entre

los vértices 2054 y 7

30

N 210555.46330

W 87 05 25.74147

2333078.178

490602.328

Vértice 2054 del ejido

Leona Vicario

31

N 210555.46181

W 87 05 25.91481

2333078.135

490597.327

Vértice 30000 del ejido

Leona Vicario

32

N 210555.24823

W 87 05 49.77641

2333071.975

489908.913

Vértice sobre el

meridiano de 87

grados 05 minutos 50 segundos según la Constitución Política del Estado

NOTA: ENTRE LOS VÉRTICES 11-12 SE SIGUE LA LÍNEA DE COSTA DEL MAR CARIBE

 

Al Sur, el Municipio de Puerto Morelos y el Mar Caribe. Al Este, el Mar Caribe y al Oeste, el Municipio de Lázaro Cárdenas. Quedan en su jurisdicción la Isla de Cancún y Cayos adyacentes.

Fracción reformada y publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 09 de Marzo de 2010

VII.- MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, con cabecera en la población del mismo nombre: Al Norte, el Canal de Yucatán. Al Sur, el Municipio Benito Juárez, de conformidad con la tabla que contiene la fracción VI de este artículo; Al Este, el Mar Caribe. Al Oeste, el Municipio Lázaro Cárdenas. Comprende las islas de Mujeres, Contoy y Blanca, Islotes y Cayos adyacentes a su litoral.

Fracción reformada y publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 09 de Marzo de 2010

VIII.- MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, con cabecera en la Ciudad de Playa del Carmen, con la siguiente extensión territorial:

 

LADOS

RUMBOS

DISTANCIAS

COORDENADAS

VERT

 

 

 

EST

 

P.V.

 

 

 

X

 

Y

 

1

2

N 02°26'03" E

806.048

508214.170

2300545.146

1

2

3

S 89°45'12" O

16536.808

508248.404

2301350.467

2

3

4

S 65°20'26" O

12865.144

491711.749

2301279.263

3

4

5

S 41°43'51" O

8435.226

480019.869

2295911.594

4

5

6

S 50°56'42" E

999.101

474405.106

2289616.558

5

6

7

S 41°59'15" O

4686.392

475180.950

2288987.059

6

7

8

S 55°01'35" E

2024.184

472045.900

2285503.709

7

8

9

N 89°45'49" O

13161.669

473704.546

2284343.445

8

9

10

N 89°01'27" O

5664.766

460542.990

2284397.722

9

10

11

N 87°03'55" O

939.170

454879.045

2284494.191

10

11

12

N 89°05'27" O

8504.052

453941.107

2284542.275

11

12

13

S 01°14'16" E

7507.943

445438.125

2284677.191

12

13

14

N 85°06'54" O

9572.217

445600.326

2277171.000

13

14

15

N 02°33'18" E

5847.704

436062.881

2277986.155

14

15

16

N 88°47'14" O

13964.238

436323.569

2283828.046

15

16

17

S 58°09'18" O

31460.658

422362.459

2284123.600

16

17

18

S 04°32'29" E

6038.673

395637.320

2267524.206

17

18

19

S 88°30'35" E

5552.274

396115.454

2261504.492

18

19

20

S 88°06'15" E

6532.642

401665.851

2261360.089

19

20

21

S 83°31'51" E

3453.484

408194.917

2261143.972

20

21

22

N 44°00'08" E

11448.321

411626.411

2260754.871

21

22

23

S 84°42'19" E

186.033

419579.408

2268989.790

22

23

24

S 89°41'55" E

13874.745

419764.647

2268972.623

23

24

25

S 42°47'43" E

7058.483

433639.200

2268899.645

24

25

26

S 16°04'28" E

3139.733

438434.603

2263720.235

25

26

27

S 37°34'18" E

9492.914

439303.946

2260703.255

26

27

28

N 74°47'36" E

8323.167

445092.270

2253179.245

27

28

29

S 60°27'8" E

6451.204

453124.005

2255362.441

28

29

30

S 61°11'00" E

1987.165

458736.202

2252181.045

29

30

31

N 26°40'02" E

3048.404

460477.290

2251223.217

30

31

32

N 60°05'41" O

3201.067

461845.437

2253947.358

31

32

33

N 61°06'32" O

1990.667

459070.591

2255543.309

32

33

34

N 30°47'51" E

5429.599

457327.682

2256505.089

33

34

35

S 63°31'41" E

2084.392

460107.661

2261169.021

34

35

36

N 30°47'45" E

1302.997

461973.510

2260239.882

35

36

37

S 52°45'00" E

1188.075

462640.619

2261359.152

36

37

38

S 30°28'43" E

1985.835

463586.330

2260640.018

37

38

39

S 30°32'19" E

1837.395

464593.578

2258928.588

38

39

40

N 59°13'49" E

954.710

465527.193

2257346.064

39

40

41

S 61°25'48" E

1148.025

466347.508

2257834.484

40

41

42

N 28°48'39" E

249.046

467355.744

2257285.464

41

42

43

S 65°14'53" E

957.671

467475.764

2257503.682

42

43

1

 

Sobre la línea de costa del Mar Caribe hacia el norte hasta llegar al vértice 1.

 

Se respeta el polígono de CALICA perteneciente al municipio de Cozumel

descrito en el Artículo 128 fracción IV párrafo tercero de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

 

Se excluyen de su jurisdicción, las áreas descritas en la fracción IV párrafo tercero de este artículo.

Fracción reformada y publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 19 de Mayo de 2008

IX.- MUNICIPIO DE TULÚM, con cabecera en la Ciudad de Tulúm, comprendiendo la siguiente extensión territorial:

 

LADOS EST

 

 

RUMBOS                    DISTANCIAS

 

COORDENADAS

 

 

VERT

 

.           P.V.                                                                         X                            Y

1          2         N 00°10'15" E              36235.544                        447633.514                 2190212.998             1

2          3         N 89°46'34" O              13373.848                        447741.518                 2226448.381             2

3          4         N 00°12'14" E              7956.296                          434367.771                 2226500.635             3

4          5         N 89°11'14" O              36106.051                        434396.093                 2234456.880             4

5          6         N 04°32'16" O              26411.175                        398293.675                 2234969.107             5

6          7         S 88°30'35" E              5552.274                          396204.166                 2261297.497             6

7          8         S 88°06'15" E              6532.642                          401754.563                 2261153.094             7

8          9          S 83°31'51" E              3453.484                          408283.629              2260936.977                8

9          10        N 44°00'08" E              11448.321                        411715.123              2260547.876                9

10        11        S 84°42'19" E              186.033                            419668.120              2268782.795               10

11        12        S 89°41'55" E              13874.745                        419853.359              2268765.628               11

12        13        S 42°47'43" E              7058.483                          433727.912              2268692.650               12

13        14        S 16°04'28" E              3139.733                          438523.315              2263513.240               13

14        15        S 37°34'18" E              9492.914                          439392.658              2260496.260               14

15        16        N 74°47'36" E              8323.167                          445180.982              2252972.250               15

16        17        S 60°38'07" E              8437.449                          453212.717              2255155.446               16

17        18        N 26°40'51" E              3046.781                          460566.088              2251017.999               17

18        19        N 60°18'15" O              1653.997                          461934.151              2253740.365               18

19        20        N 59°52'54" O              1635.003                          460497.378              2254559.749               19

20        21        N 61°09'25" O              1902.772                          459083.117              2255380.176               20

21        22        N 30°47'51" E              5429.505                          457416.394              2256298.095               21

22        23        S 63°31'50" E              2084.395                          460196.329              2260961.943               22

23        24        N 30°47'17" E              1302.881                          462062.222              2260032.887               23

24        25        S 52°45'07" E              1185.527                          462729.117              2261152.149               24

25        26        S 30°31'01" E              202.648                            463672.825              2260434.591               25

26        27        S 30°31'01" E              56.309                              463775.728              2260260.013               26

27        28        S 30°31'01" E              1078.489                          463804.321              2260211.504               27

28        29        S 30°31'01" E              108.036                            464351.971              2259282.408               28

29        30        S 30°31'01" E              1018.695                          464406.831              2259189.337               29

30        31        S 30°31'01" E              50.800                              464924.116              2258311.753               30

31        32        S 30°31'01" E              945.367                            464949.912              2258267.990               31

 

 

32

33

S 30°31'01" E

27.000

465429.963

2257453.576

32

33

34

S 30°31'01" E

292.182

465443.673

2257430.316

33

34

35

S 30°59'37" E

46.032

465592.041

2257178.607

34

35

36

N 59°14'18" E

954.934

465615.745

2257139.147

35

36

37

S 61°22'11" E

420.660

466436.323

2257627.565

36

37

38

S 61°22'11" E

109.485

466805.549

2257426.004

37

38

39

S 61°22'11" E

568.129

466901.647

2257373.544

38

39

40

S 60°50'38" E

49.798

467400.311

2257101.322

39

40

41

N 28°47'03" E

250.936

467443.800

2257077.061

40

41

42

S 63°50'39" E

123.720

467564.629

2257296.991

41

42

43

S 65°25'58" E

833.981

467675.680

2257242.454

42

 

 

Sobre la línea de costa del Mar Caribe hacia el sur hasta llegar al vértice 1. Se respeta el polígono

 

 

 

 

 

 

 

del

Xel-Ha

perteneciente al

 

 

 

43        1          Municipio de Cozumel descrito en                       468434.164              2256895.718               43

el Artículo 128 fracción IV párrafo

cuarto de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de

Quintana Roo.

               

 

Se excluyen de su jurisdicción, las áreas descritas en la fracción IV párrafo cuarto de este artículo.

Fracción adicionada y publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 19 de Mayo de 2008

X.- MUNICIPIO DE BACALAR, con cabecera en la Ciudad de Bacalar, comprendiendo la siguiente extensión territorial:

 

 

Vértice

 

Coordenadas UTM (en metros)

X

Y

1

245,656.09

2,088,249.08

2

246,184.82

2,127,292.41

3

286,918.12

2,127,292.41

4

308,988.21

2,127,292.41

5

310,306.19

2,127,288.42

6

313,626.19

2,127,277.53

7

314,624.22

2,127,269.26

8

319,470.29

2,127,287.09

9

319,450.69

2,125,866.01

10

324,441.94

2,125,741.53

11

331,972.63

2,125,747.48

12

332,860.75

2,125,083.76

13

332,841.34

2,122,554.56

14

336,478.36

2,122,525.01

15

336,463.60

2,123,869.87

 

 

16

338,322.70

2,123,838.97

17

339,090.82

2,123,780.70

18

343,895.07

2,123,896.11

19

344,131.55

2,123,165.13

20

345,053.69

2,122,934.80

21

346,933.66

2,123,039.40

22

351,263.87

2,123,352.71

23

354,365.65

2,123,335.62

24

353,430.83

2,121,541.54

25

352,904.62

2,120,531.67

26

351,923.25

2,117,381.20

27

350,464.33

2,112,849.26

28

350,243.63

2,112,157.08

29

353,997.41

2,111,808.40

30

359,296.75

2,110,154.24

31

360,231.50

2,109,873.49

32

361,152.64

2,109,573.15

33

365,517.50

2,108,200.53

34

369,264.34

2,107,022.25

35

369,608.75

2,107,981.26

36

369,696.73

2,108,221.23

37

370,837.58

2,111,412.82

38

370,840.05

2,111,488.83

39

371,191.87

2,112,470.06

40

371,665.64

2,113,131.29

41

371,712.76

2,113,822.80

42

371,712.76

2,113,863.63

43

371,598.90

2,114,080.54

44

371,830.98

2,114,850.05

45

372,113.14

2,115,791.66

46

372,925.48

2,118,595.12

47

374,495.00

2,118,216.65

48

375,137.68

2,118,106.98

49

375,427.20

2,118,057.57

50

375,616.82

2,118,026.58

51

376,644.08

2,117,858.49

52

376,511.64

2,116,834.58

53

376,632.82

2,116,829.02

54

376,646.59

2,116,769.52

55

377,007.37

2,116,765.49

56

377,155.14

2,116,994.20

 

 

57

377,965.33

2,116,922.16

58

377,965.33

2,116,922.16

59

377,965.33

2,116,922.16

60

377,965.33

2,116,922.16

61

379,618.04

2,116,753.64

62

379,635.58

2,116,841.75

63

380,320.63

2,116,601.16

64

383,750.58

2,115,808.42

65

384,634.21

2,115,604.19

66

386,491.92

2,115,159.48

67

390,944.49

2,114,313.78

68

391,348.42

2,114,257.04

69

393,026.59

2,114,040.94

70*

442,158.16

2,114,040.94

71

435,423.13

2,096,792.96

72

434,959.48

2,096,799.81

73

431,760.07

2,098,348.74

74

389,605.23

2,098,996.35

75

389,605.09

2,098,996.36

76

389,605.04

2,098,996.35

77

389,012.15

2,098,837.89

78

388,248.91

2,098,633.73

79

388,243.99

2,098,812.17

80

388,243.99

2,098,990.61

81

388,199.79

2,098,996.52

82

388,155.58

2,099,002.44

83

388,005.27

2,099,002.49

84

387,951.67

2,098,619.27

85

387,249.98

2,098,653.06

86

386,651.75

2,098,689.25

87

386,053.52

2,098,725.45

88

385,542.05

2,098,645.88

89

385,541.79

2,098,646.01

90

385,748.26

2,095,989.29

91

385,748.26

2,095,989.29

92

385,757.08

2,093,187.79

93

380,454.63

2,093,298.78

94

380,077.69

2,093,202.58

95

379,517.69

2,090,180.48

96**

377,816.64

2,090,297.76

97

351,276.24

2,061,913.46

 

 

98

351,154.34

2,061,915.08

99

351,113.76

2,061,877.85

100

350,859.74

2,060,222.77

101

342,518.41

2,061,559.56

102

335,409.20

2,062,713.24

103

334,099.49

2,063,228.78

104

332,789.78

2,063,744.33

105

332,685.33

2,062,044.12

106

332,580.88

2,060,343.92

107

331,408.86

2,060,344.38

108

330,236.83

2,060,344.84

109

322,640.11

2,060,352.93

110

315,043.39

2,060,361.03

111

315,075.14

2,062,249.69

112

315,106.89

2,064,138.36

113

315,119.07

2,069,634.96

114

315,131.42

2,075,131.77

115

314,573.40

2,075,125.78

116

307,629.81

2,075,174.47

117

307,573.80

2,078,105.13

118

307,524.63

2,080,623.62

119

307,498.61

2,081,888.86

120

307,498.44

2,081,888.86

121

306,849.14

2,081,873.93

122

306,199.84

2,081,859.01

123

305,065.43

2,081,856.81

124

303,931.02

2,081,854.61

125

299,769.60

2,081,856.33

126

297,357.22

2,081,857.33

127

297,305.20

2,080,584.13

128

297,253.17

2,079,310.94

129

296,052.23

2,079,394.85

130

294,415.02

2,079,484.70

131

292,777.81

2,079,574.55

132

292,858.34

2,080,507.01

133

292,938.86

2,081,439.48

134

292,929.64

2,081,569.30

135

292,920.41

2,081,699.13

136

290,727.60

2,081,728.30

137

288,534.79

2,081,757.48

138

288,607.16

2,087,116.75

 

 

139

282,774.89

2,086,312.94

140

282,559.20

2,087,984.76

141

282,343.50

2,089,656.58

142

274,694.72

2,088,749.16

143

273,652.46

2,088,625.42

144

267,503.65

2,088,507.14

145

265,182.61

2,088,249.08

 

** Del vértice 96 se continúa sobre la parte media de la Laguna de Bacalar hasta llegar al vértice 97.

Fracción adicionada y publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 17 de Febrero de 2011

XI.- MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS, con cabecera en la Ciudad de Puerto Morelos, comprendiendo la siguiente extensión territorial:

MARCO DE REFERENCIA: ITRF2008, ÉPOCA 2010.0

LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS ESTÁN EXPRESADAS EN NOTACIÓN SEXAGESIMAL; LAS COORDENADAS MÉTRICAS ESTÁN CONFIGURADAS EN LA PROYECCIÓN UTM ZONA 16N.

 

VÉRTICE

LATITUD

LONGITUD

NORTE

ESTE

FUENTE

1

N 21 06 04.20944

W 87 19 13.35754

2333377.879

466725.948

Vértice 1 del

ejido Leona Vicario

2

N 21 06 01.39777

W 87 14 43.61308

2333277.606

474507.910

Vértice 1500

del ejido Leona Vicario

3

N 21 05 58.59052

W 87 12 53.11943

2333186.694

477695.529

Vértice 7001

del ejido Leona Vicario

4

N 21 05 53.72363

W 87 09 30.03554

2333030.204

483554.357

Vértice 7002

del ejido Leona Vicario

5

N 21 05 53.32480

W 87 09 24.89916

2333017.797

483702.531

Vértice 6 del

ejido Leona Vicario

 

 

6

N 21 05 55.24823

W 87 05 49.77641

2333071.975

489908.913

Vértice    del meridiano

de 87

grados 05

minutos 50 segundos según la Constitución Política del Estado

7

N 21 05 55.46181

W 87 05 25.91481

2333078.135

490597.327

Vértice 30000

del ejido Leona Vicario

8

N 21 05 55.46330

W 87 05 25.74147

2333078.178

490602.328

Vértice 2054

del ejido Leona Vicario

9

N 21 05 55.83384

W 87 04 43.20512

2333088.917

491829.512

Vértice

ubicado sobre el lindero de Alfredo V. Bonfil, esquina con Leona Vicario (entre los vértices 2054 y 7 de Leona Vicario)

10

N 21 03 51.31635

W 87 04 45.10565

2329260.935

491772.778

Vértice 6 del

ejido Alfredo

V. Bonfil

11

N 21 03 46.62942

W 87 04 44.54400

2329116.838

491788.914

Vértice 9 del

ejido Alfredo

V. Bonfil

12

N 21 03 23.26215

W 87 04 44.12959

2328398.460

491800.517

Vértice 10 del ejido Alfredo

V. Bonfil

13

N 21 02 54.05376

W 87 04 43.92611

2327500.514

491805.945

Vértice

200

4 del ejido Leona Vicario

 

 

14

N 21 02 53.78634

W 87 04 43.94451

2327492.293

491805.410

Vértice 30001 del ejido

Leona Vicario

15

N 21 02 46.71931

W 87 04 44.43070

2327275.041

491791.271

Vértice 47 del ejido Leona

Vicario

16

N 21 02 40.58058

W 87 04 44.53965

2327086.322

491788.033

Vértice 48 del ejido Leona

Vicario

17

N 21 01 07.90685

W 87 04 45.11125

2324237.302

491770.123

Vértice 2007

del ejido Leona Vicario

18

N 20 59 45.14028

W 87 04 45.62160

2321692.860

491754.129

Vértice 2008

del ejido Leona Vicario

19

N 20 55 53.43679

W 87 04 47.04973

2314569.778

491709.352

Vértice

150

1 del ejido Leona Vicario

20

N 20 55 55.04759

W 86 52 44.68449

2314621.976

512572.867

Vértice 2 del

ejido Puerto Morelos

21

N 20 55 55.27564

W 86 52 19.46758

2314629.552

513301.182

Vértice 10 del

ejido Puerto Morelos

22

N 20 55 55.26041

W 86 51 55.90424

2314629.641

513981.744

Vértice 33 del

ejido Puerto Morelos

23

N 20 55 55.42964

W 86 51 34.95515

2314635.362

514586.796

Vértice basado en

brechas observadas

en la imagen

de satélite (Basemap de ArcGIS)

 

 

24

N 20 56 04.77890

W 86 51 33.39183

2314922.818

514631.696

Vértice basado en

brechas observadas

en la imagen de satélite

(Basemap de

ArcGIS)

25

N 20 56 08.20460

W 86 50 20.91527

2315030.101

516724.839

Vértice

basado en brechas observadas

en la imagen

de satélite (Basemap de ArcGIS)

26

N 20 56 07.94535

W 86 50 16.79479

2315022.251

516843.853

Vértice

ubicado en la costa según imagen de satélite Basemap de ArcGIS)

27

N 20 48 26.50740

W 86 55 15.41954

2300830.248

508226.083

Vértice

ubicado en la costa según imagen de satélite (Basemap de ArcGIS)

28

N 20 48 43.43085

W 86 55 14.64594

2301350.516

508248.189

Vértice    2

del Municipio de Solidaridad

29

N 20 48 41.11398

W 87 04 46.74627

2301279.311

491711.534

Vértice3 del

Municipio de Solidaridad

30

N 20 45 46.18891

W 87 11 31.01443

2295911.641

480019.654

Vértice    4 del

Municipio de Solidaridad

 

 

31

N 20 45 46.18660

W 87 11 31.01858

2295911.570

480019.534

Esquina norte del ejido de

Playa del Carmen,segú

n límite descrito para

el Mpio de

Lázaro Cárdenas

32

N 20 52 15.57704

W 87 11 31.02027

2307882.172

480033.737

Vértice del cruce del

meridiano de la esquina

norte del ejido Playa del

Carmen con

Leona Vicario

33

N 20 52 15.78112

W 87 13 01.40404

2307891.767

477422.199

Vértice 1506

del ejido Leona Vicario

34

N 20 52 16.29172

W 87 14 33.31591

2307911.259

474766.520

Vértice 1507

del ejido Leona Vicario

35

N 20 52 17.38523

W 87 16 26.64196

2307950.136

471492.130

Vértice 1508

del ejido Leona Vicario

36

N 20 52 19.35327

W 87 19 24.07060

2308020.160

466365.621

Vértice 14 del

ejido Leona Vicario

37

N 20 53 01.65641

W 87 19 23.91187

2309320.649

466372.822

Vértice 15 del

ejido Leona Vicario

38

N 20 56 08.06542

W 87 19 21.25703

2315051.168

466461.040

Vértice 16 del

ejido Leona Vicario

39

N 20 56 26.08260

W 87 19 20.99496

2315605.047

466469.723

Vértice 50 del

ejido Leona Vicario

 

 

40

N 20 56 26.60693

W 87 19 20.98733

2315621.166

466469.976

Vértice 51 del ejido Leona

Vicario

41

N 20 56 27.62239

W 87 19 20.97253

2315652.383

466470.466

Vértice 52 del ejido Leona

Vicario

42

N 20 56 28.05269

W 87 19 20.96629

2315665.611

466470.673

Vértice 17 del ejido Leona

Vicario

43

N 20 56 40.04043

W 87 19 20.74058

2316034.132

466477.933

Vértice

212

7 del ejido Leona Vicario

44

N 20 56 40.28837

W 87 19 20.73591

2316041.754

466478.083

Vértice 2113 del ejido

Leona Vicario

45

N 20 56 48.07094

W 87 19 20.58939

2316281.002

466482.796

Vértice 18 del

ejido Leona Vicario

46

N 20 57 13.46025

W 87 19 20.21608

2317061.514

466495.147

Vértice 19 del

ejido Leona Vicario

47

N 20 57 23.42220

W 87 19 20.18779

2317367.769

466496.580

Vértice 20 del

ejido Leona Vicario

48

N 20 57 33.68122

W 87 19 20.16717

2317683.157

466497.810

Vértice 21 del

ejido Leona Vicario

49

N 20 57 34.59268

W 87 19 20.15469

2317711.177

466498.227

Vértice 53 del

ejido Leona Vicario

50

N 20 59 38.28635

W 87 19 18.45979

2321513.757

466554.816

Vértice 22 del

ejido Leona Vicario

51

N 20 59 43.94351

W 87 19 18.18691

2321687.658

466563.045

Vértice 23 del

ejido Leona Vicario

 

 

52

N 20 59 47.48400

W 87 19 17.93873

2321796.488

466570.429

Vértice 24 del ejido Leona

Vicario

53

N 20 59 49.31568

W 87 19 18.18165

2321852.813

466563.529

Vértice 25 del

ejido Leona Vicario

54

N 20 59 52.59338

W 87 19 18.37666

2321953.590

466558.102

Vértice 26 del

ejido Leona Vicario

55

N 20 59 58.38090

W 87 19 18.05989

2322131.496

466567.605

Vértice 49 del

ejido Leona Vicario

56

N 21 00 00.44797

W 87 19 18.13502

2322195.048

466565.563

Vértice 1509

del ejido Leona Vicario

 

Las colindancias del municipio de Puerto Morelos, son:

Al Norte, los Municipios de Lázaro Cárdenas y Benito Juárez; al Este, el Municipio de Benito Juárez y el Mar Caribe; al Sur, los Municipios de Solidaridad y Lázaro Cárdenas y al Oeste, el Municipio de Lázaro Cárdenas.



Artículo 129.

Para la creación de Municipios en el Estado se requerirá la aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Legislatura y la de la mayoría de los Ayuntamientos, así como la concurrencia de los siguientes elementos:

I.- Que sea conveniente para satisfacer las necesidades de sus habitantes.

II.- Que la superficie del territorio del Estado en que se pretenda erigir, sea suficiente para cubrir sus necesidades y atender a sus posibilidades de desarrollo futuro.

III.- Que sus recursos de desarrollo potencial le garanticen posibilidades de autosuficiencia económica.

IV.- Que su población no sea inferior a treinta mil habitantes.

V.- Que la comunidad en que se establezca su cabecera cuente con más de diez mil habitantes.

VI.- Que la ciudad señalada en la fracción anterior, tenga los servicios públicos adecuados para su población, y

VII.- Que previamente se escuche la opinión de los Ayuntamientos de los municipios que puedan ser afectados en su territorio por la creación del nuevo.



Artículo 130.

La Legislatura del Estado, por Acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros y con la aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos, podrá declarar la supresión de un Municipio y la posterior fusión de sus elementos, cuando en él dejen de concurrir las condiciones requeridas para su creación.

En todo caso se deberá escuchar al Ayuntamiento del Municipio que se pretenda suprimir y al del que se pretenda fusionar, quienes deberán expresar lo que a su interés convenga, en un término no mayor a noventa días, contados a partir del momento en que al efecto hayan sido emplazados por la Legislatura.

La Legislatura por Acuerdo de sus integrantes, estará facultada para modificar la denominación de algún Municipio, cuando en su concepto, existan razones fundadas para ello, de Acuerdo a la Ley de la Materia.



Artículo 131.

Los conflictos de límites que se susciten entre los diversos Municipios del Estado, podrán resolverse mediante convenios que al efecto se celebren entre sus Ayuntamientos, con la aprobación de la Legislatura.

Cuando dichos conflictos tengan el carácter de contenciosos, conocerá de ellas el Tribunal Superior de Justicia y resolverá en última instancia y con fuerza de cosa juzgada, en forma definitiva e inatacable en el ámbito estatal.



Artículo 132.

Para el mejor Ejercicio de sus funciones y la prestación de los servicios públicos a su cargo, los Municipios podrán dividirse administrativamente en:

I.- Cabeceras.

II.- Alcaldías.

III.- Delegaciones, y

IV.- Subdelegaciones.

La extensión y límites de las cabeceras, alcaldías, delegaciones y subdelegaciones, así como las atribuciones y las formas de elección o designación y remoción de los titulares de los órganos auxiliares del Gobierno Municipal en cada una de ellas, serán determinados por cada Ayuntamiento, en términos de la Ley de la Materia.



Artículo 133.

Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, que se renovará cada tres años y residirá en la Cabecera Municipal.

La competencia que esta Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.

Los Ayuntamientos deberán tomar posesión el día 30 de septiembre del año que corresponda, mediante ceremonia pública y solemne.



Artículo 134.

Los Ayuntamientos se integran en la siguiente forma:

I.- En los Municipios de Othón P. Blanco, Benito Juárez y Solidaridad, con un Presidente, un Síndico, nueve Regidores electos según el principio de mayoría relativa y seis Regidores electos según el principio de representación proporcional.

II.- En los Municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Tulum, Bacalar y Puerto Morelos con un Presidente, un Síndico, seis Regidores electos según el principio de mayoría relativa y tres Regidores electos según el principio de representación proporcional.

Se elegirá un suplente para cada integrante del Ayuntamiento.



Artículo 135.

Los miembros del Ayuntamiento se elegirán por sufragio universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos quintanarroenses en ejercicio de sus derechos, en jornada electoral que tendrá lugar el primer domingo de junio del año que corresponda, mediante el sistema electoral mixto de mayoría relativa y de representación proporcional conforme a las bases siguientes:

I.- En los Municipios de Othón P. Blanco, Benito Juárez y Solidaridad, cada partido político postulará una lista de once personas para ocupar los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidores.

En los Municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Tulum, Bacalar y Puerto Morelos cada partido político postulará una lista de ocho personas para ocupar los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidores.

II.- El Partido Político que obtenga mayoría de votos acreditará a sus miembros en los cargos para los que fueron postulados.

III.- Los cargos de Regidores electos según el principio de representación proporcional, se asignarán a los Partidos Políticos que hayan obtenido por los menos el tres por ciento del total de votos válidos emitidos en los Municipios donde hubiere participado, excepto el Partido Político que haya obtenido mayoría de votos.

IV.- La Ley establecerá los términos y requisitos que deberán satisfacer los ciudadanos que pretendan ser registrados como candidatos independientes a los Ayuntamientos.



Artículo 136.

Para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere:

I.- Ser mexicano por nacimiento, ciudadano quintanarroense en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, con residencia y vecindad en el Municipio no menor a cinco años anteriores al inicio del proceso electoral.

II.- Ser de reconocida probidad y solvencia moral.

III.- No desempeñar, con excepción de los docentes, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal a menos que se separe con noventa días de anticipación al día de la elección. Esta disposición no será aplicable a quienes participen con el carácter de suplentes.

IV.- No ser Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, ni del Tribunal Electoral del Estado, ni Consejero, Secretario General o Director del Instituto Electoral del Estado, a menos que se separe dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral.

V.- No ser ministro de cualquier culto, a menos que se separe formal y definitivamente de su ministerio cuando menos cinco años antes del inicio del proceso electoral.

Para los efectos de este artículo, son residentes de un Municipio, los habitantes del mismo que por razones del desempeño de un cargo de elección popular, puesto público, comisión de carácter oficial, estudio o empleo, permanezcan dentro de su territorio, sin la intención de establecerse de manera definitiva en el mismo. Son vecinos de un municipio, los residentes establecidos de manera fija en su territorio y que mantengan casa en el mismo en la que habiten de manera ininterrumpida y permanente, y se encuentren inscritos en el padrón electoral correspondiente a ese propio municipio.



Artículo 137.

La Ley Reglamentaria, establecerá las fórmulas electorales y los procedimientos que se observarán en la asignación de Regidores electos según el principio de representación proporcional.



Artículo 138.

La Ley respectiva reglamentará el proceso de preparación, desarrollo y verificación del proceso electoral para la renovación de los Ayuntamientos.

El Instituto Electoral de Quintana Roo, de acuerdo con lo que disponga la Ley, declarará la validez de las elecciones de Ayuntamientos en cada uno de los Municipios del Estado y otorgará las constancias respectivas a las planillas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos. Así mismo, hará la declaración de validez y asignación de Regidores Electos según el principio de Representación Proporcional de conformidad con el Artículo 135 de esta Constitución.

Las determinaciones sobre la declaración de validez, el otorgamiento de las constancias y la asignación de regidores podrán ser impugnadas ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo. Los fallos del Tribunal serán definitivos e inatacables en el ámbito local. La Ley de la materia establecerá los presupuestos, requisitos de procedencia y el trámite para este medio de impugnación.



Artículo 139.

Los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos que hayan estado en ejercicio, podrán ser reelectos por un período adicional como propietarios o suplentes.

La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.



Artículo 140.

En las ausencias temporales del Presidente Municipal pasará a desempeñar sus funciones el Primer Regidor.

 



Artículo 141.

En caso de falta absoluta de algún miembro del Ayuntamiento, éste llamará a los suplentes respectivos, quienes rendirán la protesta y asumirán el desempeño del cargo.



Artículo 142.

Cuando el suplente respectivo no pueda entrar al desempeño del cargo, el Ayuntamiento por el voto de las dos terceras partes de sus miembros procederá a nombrar de entre los vecinos del Municipio a quien ocupará el cargo, quien en todo caso deberá satisfacer los requisitos exigidos para ser miembro del Ayuntamiento, con excepción de lo previsto en la fracción III del Artículo 136 de esta Constitución.

Si la vacante se genera respecto de algún miembro del Ayuntamiento de los que se eligieron por el principio de representación proporcional, deberá llamarse a quien siga con el carácter de propietario del mismo partido, conforme a la planilla que el partido registró.



Artículo 143.

Cuando no se hubiere verificado la elección en la fecha que debe renovarse el Ayuntamiento, o efectuada ésta, no se presentaren sus miembros a tomar posesión de su cargo, o se diera la renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus integrantes y conforme a la Ley no procediera que entraren en funciones los suplentes, la Legislatura del Estado o la Diputación Permanente, en su caso, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, nombrará un Concejo Municipal que asumirá las funciones del Ayuntamiento, y convocará a elecciones extraordinarias para elegir a los integrantes del Ayuntamiento que habrán de entrar en funciones en un plazo no mayor de seis meses a partir de la fecha en que se haya emitido la declaratoria respectiva. Las nuevas autoridades concluirán el período correspondiente.

El mismo procedimiento se seguirá cuando por cualquier causa desaparezca el Ayuntamiento dentro del primer año de su ejercicio o cuando la elección se declare nula. En este último caso, deberá de emitirse la convocatoria respectiva dentro de los tres días siguientes a los que se haya recibido la notificación que declare firme para todos los efectos legales la nulidad de la elección.

Cuando la desaparición del Ayuntamiento se dé en los dos últimos años del período del Gobierno Municipal, la Legislatura del Estado o la Diputación Permanente, en su caso, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros y a propuesta de los grupos parlamentarios, nombrará de entre los vecinos a un Concejo Municipal que concluirá el período respectivo.

En los demás supuestos no previstos en los párrafos anteriores de este artículo, la Legislatura del Estado o la Diputación Permanente, en su caso, nombrará de entre los vecinos a un Concejo Municipal que asumirá las funciones del Ayuntamiento hasta en tanto entran en el desempeño de su encargo los integrantes del Ayuntamiento electos mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos, conforme a las leyes correspondientes.

En todo caso, el Concejo Municipal se constituirá en una estructura igual a la que corresponda al Ayuntamiento de que se trate; los integrantes del mismo se designarán de entre las propuestas de vecinos del Municipio, que formulen los grupos parlamentarios representados en la Legislatura; debiendo satisfacer los requisitos exigidos para ser miembros del Ayuntamiento, con excepción de lo previsto en la fracción III del Artículo 136 de esta Constitución, y rendirán la protesta de ley.



Artículo 144.

La Legislatura del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrá suspender Ayuntamientos, declarar su desaparición y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves establecidas en la Ley, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan y se respete la garantía de legalidad.



Artículo 145.

Los Ayuntamientos, tendrán facultades para formular, aprobar y publicar, de Acuerdo con las leyes en materia municipal que expida la Legislatura del Estado, los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana yvecinal.



Artículo 146.

Conforme al Artículo anterior, la Ley establecerá las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; asimismo, las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.



Artículo 147.

Los Municipios del Estado tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

b) Alumbrado Público.

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

d) Mercados y centrales de abasto.

e) Panteones.

f) Rastros.

g) Seguridad Pública, en los términos del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Policía Preventiva Municipal y Tránsito.

h) Calles, parques y jardines y su equipamiento.

i) Aprobar la apertura o ampliación de las vías públicas y decretar la nomenclatura de calles, plazas y jardines públicos, así como el alineamiento y numeración oficial de avenidas y calles, conforme al reglamento respectivo, dando aviso a los organismos correspondientes.

j) Autorización para construcción, planificación y modificación ejecutada por particulares.

k) Estacionamientos públicos establecidos en las vías de circulación.

l) Instrumentar los mecanismos necesarios para ampliar la cobertura y mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos.

m) Crear, con arreglo a la Ley, los órganos descentralizados o las empresas de participación municipal necesarios para operar los servicios públicos a su cargo.

n) Aprobar, con arreglo a la Ley, las concesiones a los particulares para que éstos presten los servicios públicos municipales, y

o) Los demás que la Legislatura del Estado determine según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.



Artículo 148.

Cuando a juicio de un Ayuntamiento sea necesario, podrá celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguna de las funciones o servicios públicos previstos en el Artículo anterior, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio.



Artículo 149.

La Ley establecerá las normas generales para que el Gobierno del Estado asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la Legislatura del Estado considere que el Municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes.



Artículo 150.

Los Municipios, previo Acuerdo entre sus Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor Ejercicio de las funciones que les correspondan. En todo caso y tratándose de la asociación de Municipios del Estado y uno o más de otras Entidades Federativas, deberán contar con la aprobación de las legislaturasrespectivas.

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios públicos señalados en el Artículo 147 de la presente Constitución, los Municipios observarán lo dispuesto por las Leyes Federales y Estatales.



Artículo 151.

El Estado podrá transferir o delegar a los Municipios, mediante Ley o convenio, funciones o servicios que le son propios y que por su naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación, considerando las condiciones territoriales y socioeconómicas de los propios municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

En la Ley o en el convenio se preverá la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las reformas de control que se reserva el Estado.



Artículo 152.

La Legislatura del Estado emitirá las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales, la misma resolverá los conflictos que se presenten entre los Municipios y el Gobierno del Estado, o entre aquellos, con motivo de los actos derivados de los Artículos del 148 al 151 y Artículo 153 fracción III inciso a) párrafo segundo de la presente Constitución.



Artículo 153.

Los Municipios administrarán libremente su hacienda conforme a las siguientes bases:

I.- Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos o bien por quien ellos autoricen, conforme a la Ley.

II.- La Legislatura del Estado discutirá y aprobará, en su caso, las Leyes de Ingresos de cada Municipio, conforme a la Iniciativa que éstos presenten a más tardar el 15 de noviembre de cada año, en los términos de la presente Constitución y de la Ley Hacendaria que al efecto se expida.

Los Ayuntamientos, propondrán a la Legislatura del Estado, a más tardar en el mes de octubre de cada año, con arreglo a los principios de equidad, proporcionalidad, racionalidad y capacidad contributiva, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, en el Ejercicio Fiscal inmediato siguiente.

III.- En todo caso los municipios percibirán:

a) Las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezca la Legislatura del Estado sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.

b) Las participaciones federales serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por la Legislatura del Estado.

En la distribución de los recursos que se asigne a los municipios, serán consideradas de manera prioritaria, las comunidades indígenas y zonas marginadas. Esta distribución se realizará atendiendo a los estudios en materia de rezago social e infraestructura que previamente presenten los Municipios, y con un sentido de equidad, de Acuerdo con la disponibilidad presupuestal y las necesidades de dichas comunidades y zonas, considerando la incorporación de representantes de éstas a los órganos de planeación y participación ciudadana en los términos de la Ley.

c) Los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo, y

d) Los que adquieran por subsidios, legados, donaciones o cualquier causa lícita.

IV.- Las leyes no establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Solo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por Entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los que de su objeto público.

V.- Los Presupuestos de Egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, debiendo incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales y sujetándose a lo dispuesto en el Artículo 165 de esta Constitución. Asimismo, podrán autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de prestación de servicios que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos del Municipio.

VI.- La Deuda Pública Municipal se sujetará a lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a lo que disponga la Ley correspondiente e invariablemente requerirá de la aprobación de la Legislatura del Estado.

VII.- La Legislatura del Estado, revisará y fiscalizará la Cuenta Pública de cada uno de los Municipios, previa aprobación de los Ayuntamientos, en los términos de las disposiciones aplicables.

VIII.- Autorizar los convenios para adherirse al mecanismo de contratación de Deuda Estatal Garantizada, así como suscribir los convenios previa la autorización de la Legislatura, de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

La Legislatura, en coordinación con los Municipios garantizará la disposición de la información de la Cuenta Pública Municipal a la comunidad en general, con base a lo que establezca la Ley que reglamente el acceso a la información pública gubernamental, que al efecto expida la Legislatura.



Artículo 154.

El Ayuntamiento administrará responsablemente el patrimonio municipal conforme a la Ley.

La Ley establecerá los casos en que se requiera el Acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al período del Ayuntamiento.

Los bienes del dominio público municipal son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y no están sujetos a acción reivindicatoria o posesión definitiva o interina, mientras no varíe su situación jurídica, la cual solo podrá modificarse por Acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento en los términos y procedimientos que señale la Ley; la misma Ley determinará cuales tienen ese carácter.

 



Artículo 155.

Los Municipios, en los términos de las Leyes Federales y Estatales relativas , estarán facultados para:

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales.

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de lamateria.

Cuando el Estado elabore proyectos de desarrollo regional deberá asegurar la participación de los municipios.

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana.

f) Otorgarlicencias y permisos para construcciones.

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia.

h) Preservar, conservar, restaurar el medio ambiente.

i) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial.

j) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.

k) Participar conjuntamente con los organismos y Dependencias oficiales competentes, en la planeación y aplicación, en su caso, de inversiones públicas federales y estatales, y

l) Solicitar al Ejecutivo del Estado, la expropiación de bienes inmuebles por causa de utilidad pública. Los Municipios en el ámbito de su competencia, sujetándose a las leyes de la materia, federales

y estatales, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de los centros urbanos que por encontrarse situados en dos o más territorios municipales formen o tiendan a formar una continuidad geográfica y demográfica.



Artículo 156.

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios, para ser efectivas las atribuciones señaladas en el presente capítulo.



Artículo 157.

La Policía Preventiva Municipal estará al mando del Presidente Municipal, en los términos del reglamento correspondiente. Aquella acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.

El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o transitoriamente.



Artículo 158.

Los cuerpos de Seguridad Pública y Tránsito de los Municipios coordinarán sus actividades con los correspondientes organismos del Estado y la Federación, en el marco de los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública, conforme a los convenios que al efecto se suscriban.



Artículo 159.

Las relaciones laborales entre los Municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expida la Legislatura, con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias.



Artículo 160.

Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial del Estado, y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Poder Legislativo del Estado, el Poder Judicial o en la Administración Pública Estatal o Municipal, entidades paraestatales y paramunicipales y órganos públicos autónomos a los que esta Constitución les otorga dicha calidad, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones, y por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.

Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:

I. Se impondrá mediante juicio político:

a) A la o el Gobernador del Estado.

b) A las y los Diputados de la Legislatura del Estado.

c) A las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

d) A las y los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

e) A las y los Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial.

f) A la o el Titular de la Auditoría Superior del Estado.

g) A las o los comisionados del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.

h) A las o los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo.

i) A las o los Secretarios Generales del Instituto Electoral de Quintana Roo y del Tribunal Electoral de Quintana Roo, respectivamente.

j) A la o el Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado.

k) A las y los Secretarios y Subsecretarios del Despacho.

l) A la o el Fiscal General del Estado.

m) A las y los Directores Generales o sus equivalentes de los organismos descentralizados del Estado o de los Municipios, empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos del Estado o de los Municipios.

n) A las y los miembros de los Ayuntamientos, y

o) A los titulares de los órganos internos de control de los órganos públicos autónomos reconocidos en esta Constitución.

Las sanciones a los sujetos antes mencionados serán las consistentes en destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, cuando incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, en los términos que establezca la ley.

El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.

Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad y aportando los elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Legislatura, de las conductas a que se refiere esta fracción.

La Ley correspondiente establecerá el procedimiento del Juicio Político seguido ante la Legislatura, previniendo la forma de oír al acusado en su defensa.

No procede Juicio Político por la mera expresión de ideas.

La Legislatura del Estado conocerá con este procedimiento de los casos que le remita la Cámara de Senadores en los términos del Artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II.- El Gobernador del Estado, los Diputados a la Legislatura, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y los Presidentes Municipales, sólo podrán ser sujetos a Juicio Político por violaciones graves a esta Constitución, y a las leyes que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos del Estado.

III.- La Legislación Penal del Estado prevendrá como delito común el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo o por motivos del mismo, por sí por interpósita persona aumenten sustancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños no pudiera justificar legalmente. Asimismo, perseguirá y sancionará la comisión de delitos por parte de cualquier servidor público.

IV.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La investigación y sanción de dichos actos u omisiones se realizará en apego a las leyes aplicables en materia de Responsabilidades Administrativas.

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior del Estado y los órganos internos de control, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se observará lo previsto en la ley respectiva, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.

La Ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control.

La clasificación de las faltas administrativas que realicen los órganos internos de control podrá ser impugnada en términos que establezca la Ley.

Los entes públicos estatales y municipales, así como los órganos públicos autónomos, contarán con órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos estatales y municipales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución.

V.- El Tribunal de Justicia Administrativa impondrá a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos estatales y municipales.

Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella.

También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos estatales y municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones.

En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios; en términos que establezcan las leyes.

La Auditoría Superior del Estado y la Secretaría del Ejecutivo Estatal responsable del control interno, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de conformidad con lo previsto en el artículo 26, Apartado C, fracción VII en su primer párrafo de esta Constitución.

VI.- La Ley Orgánica Municipal determinará, en los términos del primer párrafo de este Artículo y para efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Ayuntamientos.

VII.- En los juicios de orden civil no existe fuero ni inmunidad de ningún servidor público.

VIII.- Las declaraciones y resoluciones que se dicten a quienes se sujeten a Juicio Político son inatacables.

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la Ley.

La responsabilidad por los delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los encargos a que hace referencia el primer párrafo de este artículo.

Para el caso de faltas administrativas no graves, las facultades de la Secretaría de la Gestión Pública o de los órganos internos de control para imponer las sanciones, prescribirán en tres años, contados a partir del día siguiente al que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado.

Cuando se trate de faltas administrativas graves o faltas de particulares, el plazo de prescripción será de siete años, contados en los mismos términos del párrafo anterior.

La prescripción se interrumpirá en los términos que establezca la legislación aplicable.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrá imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.



Artículo 161.

El Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de los órdenes de gobierno estatal y municipal competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, en apego a las bases, mecanismos y políticas del Sistema Nacional Anticorrupción. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:

I.- El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo responsable del control interno, el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el Presidente del organismo garante que establece el artículo 21 de esta Constitución, así como por un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y otro del Comité de Participación Ciudadana.

II.- El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados conforme al siguiente procedimiento:

a) La Legislatura del Estado constituirá una Comisión de Selección integrada por cinco mexicanos, residentes del Estado, por un periodo de tres años, de la siguiente manera:

1. Convocará a las instituciones de educación superior y de investigación del Estado, para proponer candidatos a fin de integrar la Comisión de selección, para lo cual deberán enviar los documentos que acrediten el perfil solicitado en la convocatoria, en un plazo no mayor a quince días, para seleccionar a tres miembros basándose en los elementos decisorios que se hayan plasmado en la convocatoria, tomando en cuenta que se hayan destacado por su contribución en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción.

2. Convocará a organizaciones de la sociedad civil que tengan experiencia comprobada en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, para seleccionar a dos miembros, en los mismos términos del inciso anterior.

3. El cargo de miembro de la Comisión de selección será honorario. Quienes funjan como miembros no podrán ser designados como integrantes del Comité de Participación Ciudadana por un periodo de seis años contados a partir de la disolución de la Comisión de selección.

b) La Comisión de selección deberá emitir una convocatoria, con el objeto de realizar una amplia consulta pública en el Estado, dirigida a toda la sociedad, para que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo. Para ello, definirá la metodología, plazos y criterios de selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana Estatal y deberá hacerlos públicos; en donde deberá considerar al menos las siguientes características:

1. El método de registro y evaluación de los aspirantes.

2. Hacer pública la lista de las y los aspirantes.

3. Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripción en versiones públicas.

4. Hacer público el cronograma de audiencias.

5. Podrán efectuarse audiencias públicas en las que se invitará a participar a investigadores, académicos y a organizaciones de la sociedad civil, especialistas en la materia, y

6. El plazo en que se deberá hacer la designación que al efecto se determine, y que se tomará, en sesión pública, por el voto de la mayoría de sus miembros.

En caso de que se generen vacantes imprevistas, el proceso de selección del nuevo integrante no podrá exceder el límite de noventa días y el ciudadano que resulte electo desempeñará el encargo por el tiempo restante de la vacante a ocupar.

III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley:

a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales de otras entidades federativas y con el sistema nacional;

b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan;

c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno estatal y municipal;

d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno estatal y municipal en materia de fiscalización y control de los recursos públicos, y

e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.

Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades estatales y municipales, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas.



Artículo 162.

El Gobernador del Estado, durante el período de su encargo, sólo podrá ser acusado por los delitos de traición a la patria y delitos graves del orden común.



Artículo 163.

Siempre que se trate de alguno de los servidores públicos especificados en la fracción XVII, del Artículo 75, y el delito fuere de orden común, la Legislatura, erigida en Gran Jurado, declarará si ha lugar o no a proceder contra el acusado. En caso afirmativo, por esa sola declaración quedará el acusado separado de su encargo y sujeto a la autoridad judicial correspondiente.



Artículo 164.

La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que la Legislatura del Estado, por el voto de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de los Ayuntamientos del Estado. La Legislatura o la Diputación Permanente, en su caso, hará el cómputo de los votos de los Ayuntamientos, y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.



Artículo 165.

Los servidores públicos del Estado y de los Municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:

I.- Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

II.- Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Gobernador del Estado en el presupuesto correspondiente.

III.- Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Gobernador del Estado en el presupuesto correspondiente

IV.- No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de

 

seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.

V.- Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie.

VI.- Las Legislatura del Estado expedirá las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo.

VII.- Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda serdisminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo dispuesto en el Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en este artículo y en la ley.

Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado de Quintana Roo, así como los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos, deberán incluir dentro de sus Proyectos de Presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del Presupuesto de Egresos, prevé el Artículo 75 fracción XXX de esta Constitución y demás disposiciones legales aplicables.



Artículo 166.

Ninguna autoridad impondrá préstamos forzosos, ni se hará gasto alguno que no esté determinado en los presupuestos de egresos o que no sea aprobado por la Legislatura. Incurrirán en responsabilidad los servidores públicos que así lo ordenen.

Los recursos económicos de que disponga el Estado y los Municipios se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que sean competentes, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior.



Artículo 166 bis.

Los servidores públicos del Estado y los Municipios, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.



Artículo 167.

Las adquisiciones, contratos de obra, enajenaciones y todo tipo de servicios de cualquier naturaleza que se realicen, se adjudicarán, o llevarán a cabo, a través de licitaciones públicas mediante convocatorias a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones de precio, calidad, funcionamiento, oportunidad y demás particularidades referentes, de conformidad a la Ley reglamentaria que establecerá los montos mínimos para la aplicación de este precepto, las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás circunstancias pertinentes.



Artículo 168.

Los cargos de elección popular son preferentes a los de nombramiento, y renunciables sólo por causa grave, que calificará la Entidad a quien corresponda conocer las renuncias.



Artículo 169.

Todo cargo, comisión o empleo público es incompatible con algún otro, federal o estatal, cuando por ambos se perciba un sueldo, salvo los docentes.