Código Fiscal

Artículo 1.

Las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Sólo cuando así lo dispongan las leyes aplicables, podrá afectarse una contribución u otro ingreso a un gasto público específico u otro fin especial o específico.

El Estado de Sonora queda obligado a pagar contribuciones únicamente cuando las leyes lo señalen expresamente.

Las personas que de conformidad con las leyes fiscales no están obligadas a pagar contribuciones, únicamente tendrán las otras obligaciones que establezcan en forma expresa las propias leyes.



Artículo 2.

Las contribuciones se clasifican en impuestos, contribuciones especiales y derechos, las que se definen de la siguiente manera:

I.- Impuestos son las contribuciones establecidas en Ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II y III de este artículo;

II.- Contribuciones especiales son las establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras o servicios públicos; y,

III.- Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público del Estado de Sonora, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley;

Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el artículo 27 de este Código son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de éstas. Siempre que en este Código se haga referencia únicamente a contribuciones no se entenderán incluidos los accesorios, con excepción de lo dispuesto en el artículo 1º.



Artículo 3.

Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado que no pueden ser catalogados como impuestos, participaciones, contribuciones especiales, derechos o productos.

Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el artículo 27 de este Código, que se apliquen en relación con aprovechamientos, son accesorios de éstos y participan de su naturaleza.

Son productos los ingresos que percibe el Estado, derivados de la explotación, el arrendamiento o enajenación de bienes de su propiedad, así como los que provienen de las inversiones que el mismo realiza en actividades económicas o cuando actué como persona de derecho privado.



Artículo 4.

Los Impuestos, contribuciones especiales, derechos y aprovechamientos se regularán por las leyes fiscales, en su defecto por este Código y supletoriamente por el derecho común.

Las participaciones se regularan por lo que establezcan las leyes fiscales federales que las otorgan, en su defecto, por lo que establezcan los convenios de colaboración administrativa que se celebren con la Federación.

Las participaciones no pueden afectarse para fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo, con autorización del Congreso del Estado de Sonora, para el pago de obligaciones a cargo del Estado, sus entidades paraestatales, los municipios o sus entidades paramunicipales, incluyendo las afectaciones que cualquiera de ellos efectúe a favor de los fiduciarios de los fideicomisos de financiamiento establecidos en la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora.

Los productos se regularán por lo que prevengan los contratos o concesiones respectivos, por este Código y supletoriamente por el derecho común.



Artículo 5.

Son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado que provengan de contribuciones, de aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus servidores públicos o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. Las autoridades distintas de las fiscales que remitan créditos fiscales a la Secretaría de Hacienda para su cobro, deberán estar debidamente notificados en los términos de las leyes aplicables.

La recaudación, administración, determinación y cobranza provenientes de todos los ingresos que el Estado de Sonora tiene derecho a percibir, estarán a cargo del Ejecutivo del Estado quién ejercerá estas facultades por conducto de la Secretaría de Hacienda, a través de sus oficinas exactoras o autoridades fiscales coordinadas. También se podrán recaudar dichos ingresos en los cajeros automáticos de la Dependencia o en instituciones de crédito o tiendas comerciales, autorizadas para tal efecto.

… Se deroga.

Las autoridades fiscales del Estado de Sonora ejercerán su competencia en el territorio del Estado de Sonora, conforme lo precisa este Código, demás leyes, el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda que expida el Gobernador del Estado y demás disposiciones jurídicas aplicables.

La Administración Pública Estatal, centralizada y paraestatal, en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública, de conformidad con las disposiciones de este Código y las Leyes de Hacienda del Estado y Municipal. Igual obligación tendrán los Municipios del estado cuando realicen dichas contrataciones con cargo total o parcial a fondos estatales



Artículo 6.

Se encuentran exentos del pago de impuestos y contribuciones especiales:

I.- La Federación, así como los Estados y los Municipios en los casos de reciprocidad;

II.- Los organismos descentralizados de la Federación, del Estado de Sonora y de sus Municipios, cuando realicen actividades con fines no lucrativos. No quedan comprendidos dentro de esta excepción las empresas de participación estatal



Artículo 7.

No podrá exigirse el pago de tributo alguno que no se encuentre previstos en la Ley de Hacienda del Estado, en la Ley de Ingresos o en una Ley especial



Artículo 8.

Las leyes fiscales, sus reglamentos y las disposiciones administrativas de carácter general, entrarán en vigor en toda la Entidad el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, salvo que en ellas se establezca una fecha posterior.

En los plazos sobre vigencia y demás disposiciones a que este artículo se refiere, se computarán los días inhábiles



Artículo 9.

En los plazos fijados en días no se contarán los sábados, los domingos ni el 1o. de enero; el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; el 24 de febrero; el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; el 1o. y 5 de mayo; el 17 de julio; el 15 y 16 de septiembre; el 12 de octubre; el 2 y el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; el 1º. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, y el 25 de diciembre.

Tampoco se contarán en dichos plazos, los días en que tengan vacaciones generales las autoridades fiscales estatales, excepto cuando se trate de plazos para la presentación de declaraciones y pago de contribuciones, exclusivamente, en cuyos casos esos días se consideran hábiles. No son vacaciones generales las que se otorguen en forma escalonada.

En los plazos establecidos por períodos y aquellos en que se señale una fecha determinada para su extinción se computarán todos los días.

Cuando los plazos se fijen por mes o por año, sin especificar que sean de calendario, se entenderá que en el primer caso el plazo concluye el mismo día del mes de calendario posterior a aquél en que se inició y en el segundo, el término vencerá el mismo día del siguiente año de calendario a aquél en que se inició.

En los plazos que se fijen por mes o por año cuando no exista el mismo día en el mes de calendario correspondiente, el término será el primer día hábil del siguiente mes de calendario.

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, si el último día del plazo o en la fecha determinada, las oficinas ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen cerradas durante el horario normal de labores o se trate de un día inhábil, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil. Lo dispuesto en este artículo es aplicable, inclusive cuando se autorice a las instituciones de crédito para recibir declaraciones.

Las autoridades fiscales podrán habilitar los días inhábiles. Esta circunstancia deberá comunicarse a los particulares y no alterará el cálculo de plazos



Artículo 10.

La práctica de diligencias por las autoridades fiscales deberán efectuarse en días y horas hábiles, que son las comprendidas entre las 8:00 y las 18:00 horas. Una diligencia de notificación iniciada en horas hábiles podrá concluirse en hora inhábil sin afectar su validez. Tratándose de la verificación de bienes y de mercancías en transporte, se considerarán hábiles todos los días del año y las 24 horas del día.

Las autoridades fiscales para la práctica de visitas domiciliarias, de verificación, del procedimiento administrativo de ejecución, de notificaciones y de embargos precautorios, podrán habilitar los días y horas inhábiles, cuando la persona con quien se va a practicar la diligencia realice las actividades por las que deba pagar contribuciones en días u horas inhábiles. También se podrá continuar en días u horas inhábiles una diligencia iniciada en días y horas hábiles, cuando la continuación tenga por objeto el aseguramiento de contabilidad o de bienes del particular



Artículo 11.

Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.

Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho estatal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal



Artículo 12.

Se entiende por escisión de sociedades y por asociación en participación, lo que para efectos fiscales establece el Código Fiscal de la Federación



Artículo 13.

Son responsables solidarios con los contribuyentes:

I.- Los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes, hasta por el monto de dichas contribuciones;

II.- Las personas que estén obligadas a efectuar pagos por cuenta del contribuyente, hasta por el monto de estos pagos;

III.- Los liquidadores y síndicos por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación o quiebra, así como de aquellas que se causaron durante su gestión;

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la sociedad en liquidación cumpla con las obligaciones de presentar avisos y de proporcionar informes a que se refiere este Código.

IV.- La persona o personas cualquiera que sea el nombre con que se les designe, que tengan conferida la dirección general, la gerencia general, o la administración única de las sociedades mercantiles, serán responsables solidarios por las contribuciones causadas o no retenidas por dichas sociedades durante su gestión, así como por las que debieron pagarse o enterarse durante la misma, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la sociedad que dirigen, cuando dicha sociedad incurra en cualquiera de los siguientes supuestos:

a).- No solicite su inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes;

b).- Cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en los términos de este Código, siempre que dicho cambio se efectúe después de que se le hubiera notificado el inicio de una visita y antes de que se haya notificado la resolución que se dicte respecto de la misma, o cuando el cambio se realice después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya cubierto o hubiere quedado sin efectos;

c).- No lleve contabilidad, la oculte o la destruya;

d) Desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio de domicilio en los términos de este Código; y

e) Se hubieren efectuado requerimientos de pago del crédito de que se trate y éste no hubiera sido pagado o garantizado durante su gestión.

V.- Los adquirientes de negociaciones, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas en la negociación, cuando pertenecía a otra persona, sin que la responsabilidad exceda del valor de la misma;

VI.- Los representantes, sea cual fuere el nombre con que se les designe, de personas no residentes en el país, con cuya intervención éstas efectúen actividades por las que deban pagarse contribuciones, hasta por el monto de dichas contribuciones;

VII.- Quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, por las contribuciones a cargo de su representado;

VIII.- Los legatarios y los donatarios a título particular respecto de las obligaciones fiscales que se hubieran causado en relación con los bienes legados o donados, hasta por el monto de éstos;

IX.- Quienes manifiesten su voluntad de asumir responsabilidad solidaria;

X.- Los terceros que para garantizar el interés fiscal constituyan depósito, prenda o hipoteca o permitan el secuestro de bienes, hasta por el valor de los dados en garantía, sin que en ningún caso su responsabilidad exceda del monto del interés garantizado;

XI.- Los socios, accionistas o asociados, respecto de las contribuciones que se hubieran causado por la sociedad o asociación cuando tenía tal calidad, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizado con los bienes de la misma, siempre que dicha sociedad incurra en cualquiera de los supuestos a que se refieren los incisos a), b), c), d) y e) de la fracción IV de este artículo;

XII.- Los que se encuentren en posesión de un bien que se encuentre afecto al pago de un crédito fiscal insoluto;

XIII.- Las personas, sea cual fuere el nombre con que se les designe, con cuya intervención los sujetos pasivos no domiciliados en el Estado de Sonora realicen actividades de las que deriven créditos fiscales;

XIV.- Los asociantes y los asociados de una asociación en participación, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas mediante la asociación en participación, cuando tenían tal calidad, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada por los bienes de la misma, siempre que la asociación en participación incurra en cualquiera de los supuestos a que se refieren los incisos a), b), c),d) y e) de la fracción IV de este artículo, sin que la responsabilidad exceda de la aportación hecha a la asociación en participación durante el período o a la fecha de que se trate.

Para los efectos de esta fracción, se entenderá por asociación en participación al conjunto de personas que realicen actividades empresariales con motivo de la celebración de un convenio y siempre que las mismas, por disposición legal o del convenio, participen de las utilidades o de las pérdidas derivadas de dicha actividad. La asociación en participación tendrá personalidad jurídica para los efectos del derecho fiscal cuando en el Estado realice actividades empresariales o, cuando tengan su domicilio en el territorio del propio Estado. Para estos efectos la asociación en participación se considera persona moral; y

XV.- Los contadores públicos registrados para emitir los dictámenes previstos en el artículo 41 BIS de éste Código, respecto de las diferencias determinadas por las autoridades fiscales, cuando las mismas no hayan sido consignadas en el dictamen correspondiente y constituyan un crédito firme en favor del fisco estatal.

La responsabilidad solidaria comprenderá, además de las contribuciones omitidas actualizadas, los accesorios, con excepción de las multas. Lo dispuesto en este párrafo no impide que los responsables solidarios puedan ser sancionados por los actos u omisiones propios.



Artículo 14.

Se entenderá por actividades empresariales las siguientes:

I.- Las comerciales que son las que de conformidad con las leyes federales tienen ese carácter y no están comprendidas en las fracciones siguientes;

II.- Las industriales entendidas como la extracción, conservación o transformación de materias primas, acabado de productos y la elaboración de satisfactores;

III.- Las agrícolas que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la primera enajenación de los productos obtenidos, que no hayan sido objeto de transformación industrial;

IV.- Las ganaderas que son las consistentes en la cría y engorda de ganado, aves de corral y animales, así como la primera enajenación de sus productos, que no hayan sido objeto de transformación industrial;

V.- Las de pesca que incluyen la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de toda clase de especies marinas y de agua dulce, incluida la acuacultura, así como la captura y extracción de las mismas y la primera enajenación de esos productos, que no hayan sido objeto de transformación industrial; y,

VI.- Las silvícolas que son las de cultivo de los bosques o montes, así como la cría, conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos y la primera enajenación de sus productos, que no hayan sido objeto de transformación industrial.

Se considerará empresa la persona física o moral que realice las actividades a que se refiere este artículo y por establecimiento se entenderá cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen, parcial o totalmente, las citadas actividades empresariales



Artículo 15.

Se considera domicilio fiscal:

I.- Tratándose de personas físicas:

a).- Cuando realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios.

b).- Cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior y presten servicios personales independientes, el local que utilicen como base fija para el desempeño de sus actividades.

c).- En los demás casos, el lugar donde tengan el asiento principal de sus actividades.

d).- A falta de los anteriores, su casa habitación.

Siempre que los contribuyentes no hayan manifestado alguno de los domicilios citados en los incisos anteriores o no hayan sido localizados en los mismos, se considerará como domicilio el que hayan manifestado a las entidades financieras o a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, cuando sean usuarios de los servicios que presten éstas.

II.- En el caso de personas morales:

a).- Cuando sean residentes en el Estado, el local en donde se encuentre la administración principal del negocio.

b).- En defecto del mencionado con antelación, el lugar en que se encuentre el principal establecimiento.

c).- A falta de los dos anteriores, el lugar en que se hubiere realizado el hecho generador del crédito fiscal.

Tratándose de personas físicas y morales, residentes o establecidas fuera de la entidad que realicen actividades gravadas en el Estado de Sonora a través de terceros, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, se considerará como su domicilio el de esas terceras personas.

Cuando los contribuyentes no hayan designado un domicilio fiscal estando obligado a ello, o hubieran designado como domicilio fiscal un lugar distinto al que les corresponda de acuerdo con lo dispuesto en este mismo precepto o cuando hayan manifestado un domicilio ficticio, las autoridades fiscales podrán practicar diligencias en cualquier lugar en el que se realicen sus actividades o en el lugar que conforme a este artículo se considere su domicilio fiscal, indistintamente. Lo establecido en este párrafo no es aplicable a las notificaciones que deban hacerse en el domicilio a que se refiere la fracción IV del artículo 22 de este Código.

 



Artículo 16.

Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran, o en caso, los contratos o concesiones.

Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad.

Corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los contribuyentes les proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su causación



Artículo 17.

Las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas. A falta de disposición expresa el pago deberá hacerse mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas, dentro de los treinta días siguientes:

I.- A la fecha de la notificación de la liquidación, si corresponde a la autoridad el formularla;

II.- Al nacimiento de la prestación, si corresponde a los sujetos pasivos o responsables solidarios llevar a cabo su determinación en cantidad liquida;

III.- A la fecha de la celebración u otorgamiento de contratos o concesiones que no señalen la época de pago de las obligaciones que de ellos se deriven;

En el caso de contribuciones que se deben pagar mediante retención, aún cuando quien deba efectuarla no retenga o no haga pago de la contraprestación relativa, el retenedor estará obligado a enterar una cantidad equivalente a la que debió haber retenido.

Quien haga pago de créditos fiscales deberá obtener de la oficina recaudadora, la forma oficial, el recibo oficial o la forma valorada, expedidos y controlados exclusivamente por la Secretaría de Hacienda o la documentación que en las disposiciones respectivas se establezca en la que conste la impresión original de la maquina registradora. Tratándose de pagos realizados con cheques de cuentas personales de los contribuyentes dichos documentos se expedirán una vez que se haga efectivo el cheque.

Cuándo los pagos se efectúen en las oficinas de las instituciones de crédito, tiendas comerciales o cajeros automáticos, deberá recabarse previamente en la oficina recaudadora o en los medios electrónicos, el pase de caja que deberá contener la línea de captura para la receptora del pago. El comprobante, constancia o acuse de recibo, emitido por la receptora autorizada, deberá contener la impresión de la ráfaga electrónica del sistema y en su caso, sello y firma del cajero. Juntos ambos documentos tendrán validez de recibo oficial de pago.

La autoridad fiscal podrá enviar estados de cuenta de las contribuciones a cargo de los contribuyentes a su domicilio fiscal, los cuales tendrán el carácter de pase de caja para los efectos señalados en el párrafo anterior.

Tratándose de pagos efectuados en medios electrónicos, el comprobante de pago que el propio sistema emita conjuntamente con la impresión del pase de caja correspondiente, tendrá validez de recibo oficial de pago.

Cuando las disposiciones fiscales establezcan opciones a los contribuyentes para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, la elegida por el contribuyente no podrá variarla respecto al mismo ejercicio



Artículo 18.

Para determinar las contribuciones se considerarán inclusive, las fracciones del peso; no obstante lo anterior, para efectuar su pago, el monto se ajustará para que las que contengan cantidades que incluyan de 1 a 50 centavos se ajusten a la unidad del peso inmediata anterior y las que contengan cantidades de 51 a 99 centavos, se ajusten a la unidad del peso inmediata superior



Artículo 18 bis.

El monto de las contribuciones y aprovechamientos a cargo de los contribuyentes, así como de las devoluciones a cargo del fisco estatal por dichos conceptos, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización obtenido de acuerdo con el siguiente párrafo a las cantidades que se deban actualizar. Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización.

El factor de actualización se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. El Índice Nacional de Precios al Consumidor, será el publicado en el Diario Oficial de la Federación, mismo que se calculará de conformidad con lo establecido en el artículo 20 Bis del Código Fiscal de la Federación.

Para la determinación del factor de actualización, el cálculo deberá realizarse hasta el diezmilésimo.

Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones, no se actualizarán por fracciones de mes.

En los casos en los que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período no haya sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado



Artículo 19.

Los pagos que se hagan se aplicarán a los créditos más antiguos siempre que se trate de la misma contribución y antes del adeudo principal, a los accesorios en el siguiente orden:

I.- Gastos de ejecución;

II.- Recargos;

III.- Multas; y,

IV.- La indemnización a que se refiere el artículo 27 de este Código.

Cuando el contribuyente interponga algún medio de defensa legal impugnando alguno de los conceptos señalados en el párrafo anterior, el orden señalado en el mismo no será aplicable respecto del concepto impugnado y garantizado



Artículo 20.

Cuando en atención a la naturaleza y características de las operaciones que realizan los sujetos pasivos del impuesto de que se trate no sea posible, dentro de los procedimientos ordinarios, precisar con exactitud el monto del impuesto a pagar, la Secretaría de Hacienda podrá emitir bases especiales para la determinación de la prestación fiscal a cargo de ellos



Artículo 21.

Cuando se perciba el ingreso en bienes o servicios, se considerará el valor de éstos en moneda nacional en la fecha de la percepción según las cotizaciones o valores en el mercado, o en defecto de ambos el de avalúo. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable tratándose de moneda extranjera.

Cuando con motivo de la prestación de un servicio se proporcionen bienes o se otorgue su uso o goce temporal al prestatario, se considerará como ingreso por el servicio o como valor de éste, el importe total de la contraprestación a cargo del prestatario, siempre que sean bienes que normalmente se proporcionen o se conceda su uso o goce con el servicio de que se trate.



Artículo 22.

Toda promoción que se presente ante las autoridades fiscales, deberá estar firmada por el interesado o por quien esté legalmente autorizado para ello, a menos que el promovente no sepa o no pueda firmar, caso en el que imprimirá su huella digital.

Las promociones deberán presentarse en las formas que al efecto apruebe la Secretaría de Hacienda, en el número de ejemplares que establezca la forma oficial y acompañar los anexos que en su caso ésta requiera. Cuando no existan formas aprobadas, el documento que se formule deberá presentarse cumpliendo por lo menos los siguientes requisitos:

I.- Constar por escrito;

II.- El nombre, la denominación o razón social y el domicilio fiscal manifestado al Registro Estatal de Contribuyentes, para el efecto de fijar la competencia de la autoridad, y la clave que le correspondió en dicho Registro;

III.- Señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción; y,

IV.- En su caso, el domicilio para oír y recibir notificaciones y el nombre de la persona autorizada para recibirlas.

Cuando no se cumplan los requisitos a que se refiere este artículo, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo de 10 días cumpla con el requisito omitido. En caso de no subsanarse la omisión en dicho plazo, la promoción se tendrá por no presentada; si la omisión consiste en no haber usado la forma oficial aprobada, las autoridades fiscales deberán acompañar al requerimiento la forma respectiva en el número de ejemplares que sea necesario.

Lo dispuesto en este artículo no es aplicable a las declaraciones, solicitudes de inscripción o avisos al Registro Estatal de Contribuyentes a que se refiere el artículo 33 de este Código



Artículo 23.

En ningún trámite administrativo se admitirá la gestión de negocios. La representación de las personas físicas o morales ante las autoridades fiscales, se hará mediante escritura pública, mediante carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante las autoridades fiscales, notario o fedatario público.

Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a personas que a su nombre reciban notificaciones. La persona así autorizada podrá ofrecer y rendir pruebas y presentar promociones relacionadas con estos propósitos.

Quien promueva a nombre de otro deberá acreditar que la representación le fue otorgada a más tardar en la fecha en que se presenta la promoción



Artículo 24.

Se considera sujeto pasivo de un crédito fiscal a la persona física o moral, mexicana o extranjera que de conformidad con las disposiciones fiscales, se encuentra obligada al pago de una prestación determinada al Fisco Estatal



Artículo 24 bis.

Los Poderes del Estado, incluidas en el Poder Ejecutivo las entidades paraestatales, en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública, con las personas físicas o morales que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, salvo que celebren convenio con las autoridades fiscales en los términos que este Código establece para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su cargo con los recursos que obtengan por enajenación, arrendamiento, servicios u obra pública que se pretendan contratar.



Artículo 25.

El pago de los créditos fiscales deberá hacerse en efectivo, mediante transferencias electrónicas, cheque certificado, tarjeta de crédito o débito, salvo que las disposiciones aplicables establezcan que se haga en especie.

Se aceptarán como medio de pago de las contribuciones y aprovechamientos en lugar del efectivo, los cheques del contribuyente del mismo Banco en que se efectúe el pago, cheques certificados, la transferencia electrónica a favor del Gobierno del Estado, las tarjetas de crédito y débito, los cheques de cuentas personales de los contribuyentes, los cuales se presumirán recibidos bajo la condición “salvo buen cobro” para los efectos de acreditar que se ha efectuado el pago, en éste caso, la forma oficial, el recibo oficial o la forma valorada, expedidos y controlados exclusivamente por la Secretaría de Hacienda o la documentación que en las disposiciones respectivas se establezca en la que conste la impresión original del sello de pagado y firma de cajero autorizado tendrán validez y una vez que se haya hecho efectivo en cheque personal en la cámara de compensación, momento en el que se entenderán como pagadas las contribuciones.

Se entiende por transferencia electrónica de fondos, el pago de las contribuciones que por instrucción de los contribuyentes, a través de la afectación de fondos de su cuenta bancaria a favor del Gobierno del Estado, se realiza por las instituciones de crédito, en forma electrónica.

Tratándose de pago de contribuciones y aprovechamientos por cheque, el importe del mismo debe ser por la cantidad exacta a pagar



Artículo 26.

Cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe en los términos del artículo 18 BIS de este Código. Además, los contribuyentes que paguen fuera de los plazos fijados por las disposiciones fiscales deberán pagar recargos en concepto de indemnización al fisco estatal; dichos recargos se calcularán aplicando al monto de las contribuciones o los aprovechamientos, actualizados por el periodo a que se refiere este párrafo, la tasa que será del 50% mayor de la tasa que fije anualmente la Ley de Ingresos del Estado.

Los recargos se causarán hasta por cinco años, y se calcularán sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, la indemnización a que se refiere el artículo 27 de este Código, los gastos de ejecución y las sanciones por infracción a disposiciones fiscales.

En los casos de garantía de obligaciones fiscales a cargo de terceros, los recargos se causarán sobre el monto de lo requerido y hasta el límite de lo garantizado, cuando no se pague dentro del plazo legal.

Cuando el pago hubiera sido menor al que corresponda, los recargos se computarán sobre la diferencia.

Los recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir del día en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe.

Cuando los recargos determinados por el contribuyente sean inferiores a los que calcule la oficina recaudadora, ésta deberá aceptar el pago y procederá a exigir el remanente aplicando la prelación establecida en el artículo 19 de este Código.

Se deroga.

Si se obtiene autorización para pagar a plazos, ya sea en forma diferida o en parcialidades, se causarán además los recargos que establece la Ley de Ingresos del Estado, por la parte diferida. No causarán recargos las multas no fiscales



Artículo 27.

El cheque recibido por las autoridades fiscales que sea presentado en tiempo y no sea pagado, dará lugar al cobro del monto del cheque y a una indemnización que será siempre del 20% del valor de éste, y se exigirá independientemente de los demás conceptos a que se refiere este artículo. Para tal efecto, la autoridad requerirá al librador del cheque para que, dentro de un plazo de tres días, efectúe el pago junto con la mencionada indemnización del 20%, o bien, acredite fehacientemente, con las pruebas documentales procedentes, que se realizó el pago o que dicho pago no se realizó por causas exclusivamente imputables a la institución de crédito. Transcurrido el plazo señalado sin que se obtenga el pago o se demuestre cualquiera de los extremos antes señalados, la autoridad fiscal requerirá y cobrará el monto del cheque, la indemnización mencionada y los demás accesorios que correspondan, mediante el procedimiento administrativo de ejecución, sin perjuicio de la responsabilidad que en su caso procediere



Artículo 28.

Las autoridades fiscales estatales están obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con las leyes fiscales, siempre y cuando el particular satisfaga los siguientes requisitos:

I.- Que el pago de lo indebido haya tenido su origen en una autodeterminación del sujeto pasivo;

II.- Que la reclamación del pago de lo indebido la efectúe el sujeto pasivo;

III.- Que el sujeto pasivo no haya repercutido, trasladado o retenido en forma expresa o incluido en el precio, el monto del crédito fiscal reclamado como pago de lo indebido;

Los retenedores podrán solicitar la devolución siempre que ésta se haga directamente a los contribuyentes.

Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en cumplimiento de acto de autoridad, el derecho a la devolución nace cuando dicho acto queda insubsistente.

Cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse dentro del plazo de cincuenta días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente con todos los datos, informes y documentos que comprueben la procedencia de la petición.

Las autoridades fiscales para verificar la procedencia de la devolución, podrán requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de veinte días posteriores a la presentación de la solicitud de devolución, los datos, informes o documentos adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con la misma. Para tal efecto, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo máximo de veinte días cumpla con lo solicitado, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. Cuando la autoridad requiera al contribuyente los datos, informes o documentos antes señalados, el periodo transcurrido entre la fecha en que se hubiera notificado el requerimiento de los mismos y la fecha en que éstos sean proporcionados en su totalidad por el contribuyente, no se computará en la determinación del plazo que las autoridades fiscales tienen obligación de resolver las solicitudes de devolución de contribuciones. Las autoridades fiscales podrán devolver la cantidad que corresponda a la solicitada por los contribuyentes con motivo de la revisión efectuada a la documentación aportada. En este caso, la solicitud se considerará negada por la parte que no sea devuelta. En el caso de que las autoridades fiscales rechacen la solicitud de devolución a los contribuyentes, se considerará que ésta fue negada en su totalidad.

Para tales efectos, las autoridades fiscales deberán fundar y motivar las causas que sustentan la negativa parcial o total de la devolución respectiva.

No se considerará que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando soliciten los datos, informes y documentos a que se refiere el párrafo anterior, pudiendo ejercerlas en cualquier momento.

Si la devolución no se efectuare dentro del plazo indicado en este artículo, las autoridades fiscales pagarán intereses que se calcularán a partir del día siguiente al del vencimiento de dicho plazo, conforme a una tasa que será igual a la prevista para los recargos por mora, en los términos del artículo 26 de este Código que se aplicará sobre el total del importe solicitado como devolución. Cuando el Fisco Estatal deba pagar intereses a los contribuyentes sobre las cantidades que les deba devolver, pagará dichos intereses conjuntamente con la cantidad principal objeto de la devolución.

El contribuyente que habiendo efectuado el pago de una contribución determinada por él mismo o por la autoridad, interponga oportunamente los medios de defensa que las leyes establezcan y obtenga resolución firme que le sea favorable total o parcialmente, tendrá derecho a obtener del fisco estatal la devolución de dichas cantidades. En lugar de solicitar la devolución a que se refiere este párrafo, el contribuyente podrá compensar las cantidades a su favor, contra cualquier contribución, ya sea a su cargo o que deba enterar en su carácter de retenedor. Tratándose de contribuciones que tengan un fin específico sólo podrán compensarse contra la misma contribución.

Cuando el contribuyente presente una solicitud de devolución que sea negada y posteriormente sea concedida por la autoridad en cumplimiento de una resolución dictada en un recurso administrativo o de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, el cálculo de los intereses se efectuará a partir de:

a) Tratándose de saldos a favor o cuando el pago de lo indebido se hubiese determinado por el propio contribuyente, a partir de que se negó la autorización o de que venció el plazo de cuarenta o veinticinco días, para efectuar la devolución, según sea el caso.

b) Cuando el pago de lo indebido se hubiese determinado por la autoridad, a partir de que se pagó dicho crédito.

En ningún caso los intereses a cargo del Gobierno del Estado excederán de los que se causen en los últimos cinco años



Artículo 29.

La obligación de devolver contribuciones pagadas en forma indebida prescribe en el término de cinco años, contados a partir de la fecha en que se realizó el pago. Dicho plazo se interrumpe por cualquier gestión del particular ante la autoridad fiscal tendiente a la determinación o cobro de dichas cantidades, o por cualquier acto de la autoridad en que se reconozca la existencia de las cantidades que se reclamen



Artículo 30.

Para que proceda la devolución de cantidades pagadas indebidamente, será necesario:

I.- Que se dicte acuerdo de la Secretaría de Hacienda;

II.- Que el derecho a reclamar la devolución no se haya extinguido;

 



Artículo 31.

Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración, podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor, contra las que estén obligadas a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas deriven de una misma contribución. Al efecto bastará que efectúen la compensación de dichas cantidades, debiendo presentar aviso de compensación dentro de los cinco días siguientes a aquel en que la misma se haya efectuado, acompañado de la documentación que al efecto se solicite en la forma oficial correspondiente.

Si las cantidades que tengan a su favor los contribu¬yentes no derivan de la misma contribución, gravamen, contrato o por la cual están obligados a efectuar el pago, la Secretaría de Hacienda, apreciara discrecionalmente la conveniencia de autorizar la compensación.

Las autoridades fiscales podrán compensar de oficio las cantidades que los contribuyentes tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales por cualquier concepto, en los términos de lo dispuesto en el artículo 28 de este Código, aún en el caso de que la devolución hubiera sido o no solicitada, contra las cantidades que los contribuyentes estén obligados a pagar por adeudos propios o por retención a terceros cuando éstos hayan quedado firmes por cualquier causa. La compensación también se podrá aplicar contra créditos fiscales cuyo pago se haya autorizado a plazos; en este último caso, la compensación deberá realizarse sobre el saldo insoluto al momento de efectuarse dicha compensación. Las autoridades fiscales notificarán personalmente al contribuyente la resolución que determine la compensación.

Si la compensación se hubiera efectuado y no procediera, se causarán recargos en los términos del artículo 26 de este Código sobre las cantidades compensadas indebidamente y con su respectiva actualización, por el período transcurrido desde el mes en que se efectuó la compensación indebida hasta aquél en que se haga el pago del monto de la compensación indebidamente efectuada.

No se podrán compensar las cantidades cuya devolución se haya solicitado o cuando haya prescrito la obligación para devolverlas.

Se entenderá que es una misma contribución si se trata del mismo impuesto, contrato, concesión, contribución especial o derecho.

Los contribuyentes que hayan ejercido la opción a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, que tuvieran remanente una vez efectuada la compensación, podrán continuar compensando el remanente del saldo a favor en pagos futuros o solicitar su devolución. 



Artículo 32.

Se podrán compensar los créditos y deudas entre el Estado por una parte y la Federación y Municipios, por la otra. Tratándose de la compensación con Federación y Municipios se requerirá acuerdo previo con éstos



Artículo 33.

Las personas morales, así como las personas físicas que deban presentar declaraciones periódicas o tengan la obligación de pagar, retener o de recaudar impuestos, así como, todas aquellas personas físicas o morales cuyas actividades sean reguladas por leyes administrativas en el Estado, deberán solicitar su inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda, proporcionar la información relacionada con su identidad, su domicilio y en general sobre su situación fiscal, mediante los avisos respectivos, dentro de los treinta días siguientes al inicio de sus actividades, salvo que las leyes fiscales señalen otro plazo. Las personas obligadas a presentar su inscripción y demás avisos, lo harán en las oficinas exactoras de su jurisdicción, las que deberán proporcionarles su cédula de registro expedida por la Secretaría de Hacienda, la cual deberá constar en lugar visible del establecimiento y a falta de este conservarse en el domicilio del interesado. Asimismo, las personas a que se refiere este párrafo estarán obligadas a manifestar al Registro Estatal de Contribuyentes su domicilio fiscal; en el caso de cambio de domicilio fiscal, deberán presentar el aviso correspondiente, dentro del mes siguiente al día en que tenga lugar dicho cambio salvo que al contribuyente se le hayan iniciado facultades de comprobación y no se le haya notificado la resolución a que se refiere el artículo 62 Bis de este Código, en cuyo caso deberá presentar el aviso previo a dicho cambio con cinco días de anticipación. La autoridad fiscal podrá considerar como domicilio fiscal del contribuyente aquel en que se verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 de este Código, cuando el manifestado en las solicitudes y avisos a que se refiere este artículo no corresponda a alguno de los supuestos de dicho precepto.

Quedan exceptuados de la obligación de inscribirse los sujetos a que alude el artículo 6 de este Código, sin menoscabo de la obligación de retener o de recaudar contribuciones en los casos que lo dispongan las leyes.

La solicitud o los avisos a que se refiere el primer párrafo de este artículo que se presenten en forma extemporánea, surtirán sus efectos a partir de la fecha en que sean presentados. Las autoridades fiscales podrán verificar la existencia y localización del domicilio fiscal manifestado por el contribuyente en el aviso respectivo.

Los avisos, declaraciones o manifestaciones se harán en las formas oficiales que al efecto se publiquen en el portal electrónico de la Secretaría de Hacienda, pudiendo reproducirse por cualquier interesado, salvo tratándose de formas valoradas, las cuales serán proporcionadas en las oficinas recaudadoras de acuerdo a las disposiciones administrativas de carácter general que establezca dicha Secretaría. A falta de forma publicada, se podrá utilizar formato libre.

Tratándose de personas físicas o morales cuyas actividades reguladas por leyes administrativas en el Estado y tengan la obligación de efectuar un pago anual, bianual o trianual por conceptos de Derechos en los términos de la Ley de Hacienda del Estado, deberán de solicitar su inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes en los 45 días siguientes al pago efectuado o presentar un aumento de obligaciones fiscales si ya están inscritos; cumplido el plazo la Secretaría de Hacienda podrá realizar su registro de contribuyente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de este Código



Artículo 33 bis.

Las personas físicas o morales que contraten la prestación de servicios con empresas para que éstas les proporcionen a los trabajadores, deberán presentar el aviso correspondiente, dentro de los diez días siguientes a la fecha de contratación, ante la oficina recaudadora que corresponda a su domicilio fiscal, debiendo acompañar copia del contrato de prestación de servicios, e informar sobre el número de trabajadores que presten el trabajo, así como el nombre, registro estatal de contribuyentes y domicilio de la prestadora de servicios de que se trate, así como los avisos que esta última debe presentar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Las autoridades fiscales podrán requerir a las personas físicas o morales a que se refiere este artículo, la presentación de documentos o información adicional, a fin de que en un plazo máximo de diez días cumplan con lo solicitado. En este caso, no se considera que se inicie el ejercicio de facultades de comprobación



Artículo 33 ter.

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, Centralizada y Paraestatal, en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con los particulares que:

I.- Tengan a su cargo créditos fiscales firmes.

II.- Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por este Código.

III.- No se encuentren inscritos en el Registro Estatal de Contribuyentes.

IV.- Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración u aviso y, con independencia de que en la misma resulte o no cantidad a pagar, ésta no haya sido presentada.

La prohibición establecida en este artículo no será aplicable a los particulares que se encuentren en los supuestos de las fracciones I y II de este artículo, siempre que celebren convenio con las autoridades fiscales en los términos que este Código establece para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su cargo con los recursos que obtengan por enajenación, arrendamiento, servicios u obra pública que se pretendan contratar y siempre que no se ubiquen en algún otro de los supuestos contenidos en este artículo.

Las personas morales o como se le denomine en los términos de la Ley que las regula entre otros: sus socios, accionistas, asociados, la administración única de las sociedades mercantiles, los asociantes y los asociados de una asociación en participación podrán ser sujeto de este precepto a excepción de la fracción III cuando no sean objeto de alguna contribución estatal. 



Artículo 33 quater.

Los subsidios o estímulos previstos en los ordenamientos aplicables solo podrán ser aplicados por los contribuyentes que se encuentren inscritos en el Registro Estatal de Contribuyentes y siempre que estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Las entidades y dependencias que tengan a su cargo la aplicación de subsidios o estímulos deberán abstenerse de aplicarlos a las personas que se ubiquen en los supuestos previstos en las fracciones I a IV del artículo 33 TER, salvo que tratándose de la fracción III, no tengan obligación de inscribirse en el Registro Estatal de Contribuyentes.

Los particulares que tengan derecho al otorgamiento de subsidio o estímulos y que se ubiquen en los supuestos de las fracciones I y II del artículo 33 TER, no se consideran comprendidos en dichos supuestos cuando previo a la aplicación del estímulo celebren convenio con las autoridades fiscales en los términos que este Código establece para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su cargo.



Artículo 34.

La Secretaría de Hacienda, llevará el Registro Estatal de Contribuyentes basándose en los datos que las personas le proporcionen de conformidad con el artículo anterior y en los que la propia Secretaría obtenga por cualquier otro medio; asimismo asignará la clave que corresponda a cada persona inscrita, quien deberá citarla en todo documento que presente ante las autoridades fiscales y jurisdiccionales, cuando en este último caso se trate de asuntos en que la Secretaría de Hacienda sea parte



Artículo 35.

Los fedatarios públicos exigirán a los otorgantes de las escrituras públicas en que se haga constar actas constitutivas, de fusión, escisión o de liquidación de personas morales, que comprueben dentro del mes siguiente a la firma, que han presentado solicitud de inscripción, o aviso de liquidación o de cancelación, según sea el caso, en el Registro Estatal de Contribuyentes, de la persona moral de que se trate, debiendo asentar en su protocolo la fecha de su presentación; en caso contrario, el fedatario deberá informar de dicha omisión a la Secretaría de Hacienda, por conducto de sus oficinas exactoras dentro del mes siguiente a la autorización de la escritura. Asimismo, los fedatarios públicos deberán informar en el formato que al efecto expida la Secretaría de Hacienda, el nombre de los socios o accionistas de la sociedad o asociados de una asociación, el domicilio y el Registro Estatal de Contribuyentes de cada uno de ellos.

El Administrador Único o Director General deberá informar a la Secretaría de Hacienda los cambios de socios o accionistas que se inscriban en el libro de socios o accionistas, mediante formato que al efecto expida la Secretaría de Hacienda



Artículo 36.

Los sujetos pasivos y los responsables solidarios darán aviso a la Secretaría de Hacienda, por conducto de las oficinas exactoras de su jurisdicción, dentro de los treinta días siguientes a aquel en que ocurran los siguientes cambios:

I.- Del domicilio, excepción hecha de quienes solo causen impuestos que deban ser retenidos o recaudados;

II.- De razón o denominación social, al que acompañarán copia de la escritura correspondiente;

III.- De aumento o disminución de obligaciones, suspensión o reanudación de actividades;

IV.- De traspaso de la negociación, clausura definitiva, liquidación o apertura de sucesión;

V.- De apertura o cierre de establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos, lugares en donde se almacenen mercancías y en general cualquier local o establecimiento que se utilice para el desempeño de las actividades del contribuyente; y

VI.- Cancelación en el Registro Estatal de Contribuyentes



Artículo 37.

Tratándose del aviso a que aluden las fracciones IV y VI del artículo anterior, se deberá informar sobre el lugar donde la contabilidad y demás documentación comprobatoria de sus operaciones, quedara a disposición de las autoridades fiscales, debiendo presentar aviso en el supuesto de que dicho domicilio con posterioridad sea cambiado.



Artículo 38.

Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, deberán observar las siguientes reglas:

I.- Llevarán los sistemas y registros contables que señale este Código;

 

II.- Los asientos en la contabilidad serán analíticos y deberán efectuarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se realicen las actividades respectivas;

III.- Llevarán la contabilidad en su domicilio fiscal. Los registros y documentación comprobatoria de los asientos respectivos y los comprobantes de haber cumplido con los pagos o enteros de los créditos fiscales, deberán conservarse en el domicilio fiscal del contribuyente por un plazo de cinco años; en el entendido de que la contabilidad podrá llevarse en lugar distinto al anterior, cuando obtengan autorización y siempre que dicho lugar se encuentre ubicado en la misma población en la que se encuentra su domicilio fiscal, además los contribuyentes podrán procesar a través de medios electrónicos, datos e información de su contabilidad en lugar distinto a su domicilio fiscal, sin que por ello se considere que se lleva la contabilidad fuera del domicilio mencionado.

En caso de clausura, traspaso o liquidación, el plazo antes mencionado se contara a partir de la fecha de las mismas; y,

IV.- Llevar los sistemas y registros contables en los términos de las leyes y reglamentos fiscales federales.

 

Cuando las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades de comprobación mantengan en su poder la contabilidad de la persona por un plazo mayor de un mes, ésta deberá continuar llevando su contabilidad cumpliendo con los requisitos que establezca este Código y las disposiciones fiscales federales.

Quedan incluidos en la contabilidad los registros y cuentas especiales a que obliguen las disposiciones fiscales, los que lleven los contribuyentes aun cuando no sean obligatorios y los libros y registros sociales a que obliguen otras leyes.

En los casos en que las demás disposiciones de este Código hagan referencia a la contabilidad, se entenderá que la misma se integra por los sistemas y registros contables a que se refiere la fracción I de este artículo, por los papeles de trabajo, por los registros, cuentas especiales, libros y registros sociales señalados en el párrafo precedente, por los equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal y sus registros, así como por la documentación comprobatoria de los asientos respectivos y los comprobantes de haber cumplido con las disposiciones fiscales



Artículo 39.

Las personas obligadas a llevar contabilidad deberán conservarla en el lugar a que se refiere la fracción III del artículo 38 de este Código a disposición de las autoridades fiscales.

Las personas que no estén obligadas a llevar contabilidad de conformidad con los diversos regímenes tributarios previstos en las diversas disposiciones fiscales federales, deberán conservar en su domicilio a disposición de las autoridades, toda documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales.

La documentación a que se refiere el párrafo anterior de este artículo y la contabilidad, deberán conservarse durante un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha en que se presentaron o debieron haberse presentado las declaraciones con ellas relacionadas. Tratándose de contabilidad y documentación correspondiente a actos cuyos efectos fiscales se prolonguen en el tiempo, el plazo de referencia comenzará a computarse a partir del día en que se presente la declaración fiscal del último periodo en que se hayan producido dichos efectos. Cuando se trate de la documentación correspondiente a aquellos conceptos respecto de los cuales se hubiera promovido algún recurso o juicio, el plazo para conservarla se computará a partir de la fecha en que quede firme la resolución que les ponga fin.



Artículo 40.

Cuando al inicio de una visita domiciliaria los contribuyentes hubieran omitido asentar registros en su contabilidad dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales, dichos registros sólo podrán efectuarse después de que la omisión correspondiente haya sido asentada en acta parcial; esta obligación subsiste inclusive cuando las autoridades hubieran designado un depositario distinto del contribuyente, siempre que la contabilidad permanezca en alguno de sus establecimientos. El contribuyente deberá seguir llevando su contabilidad independientemente de lo dispuesto en este párrafo.



Artículo 41.

Las declaraciones que presenten los contribuyentes serán definitivas y sólo se podrán modificar por el propio contribuyente hasta en tres ocasiones, siempre que no se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación. En los siguientes casos no operará la anterior limitación:

I.- Cuando sólo incrementen sus ingresos o el valor de sus actos o actividades;

II.- Cuando sólo disminuyan las cantidades que hubieran compensado;

III.- Cuando el contribuyente haga dictaminar por contador público autorizado sus estados financieros, podrá corregir, en su caso, la declaración original como consecuencia de los resultados obtenidos en el dictamen respectivo; y,

IV.- Cuando la presentación de la declaración que modifica a la original se establezca como obligación por disposición expresa de autoridad judicial o administrativa o por disposición expresa de la Ley.

Lo dispuesto en este precepto no limita las facultades de comprobación de las autoridades fiscales.

La modificación de las declaraciones a que se refiere este artículo, se efectuará mediante la presentación de declaración complementaria que modifique los datos de la original.

Si en la declaración complementaria se determina que el pago efectuado fue menor al que correspondía, los recargos se computarán sobre la diferencia, en los términos del artículo 26 de este Código, a partir de la fecha en que se debió hacer el pago.

Se deroga.



Artículo 41 bis.

Podrán optar por dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, las personas físicas y morales que tengan su domicilio fiscal o realicen operaciones en el Estado y que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Que hayan tenido en el ejercicio inmediato anterior ingresos acumulables para los efectos del impuesto sobre la renta superiores a cuatro millones de pesos.

b) Que tengan más de veinte trabajadores a su servicio.

c) Que presten servicios profesionales de personal a contribuyentes dentro del Estado de Sonora.

d) Que presten habitualmente servicios de juegos con apuestas y concursos.

e) Sean establecimientos con licencia para venta de bebidas alcohólicas, cuyos ingresos para efectos del impuesto sobre la renta en el ejercicio inmediato anterior sean superiores a dos millones de pesos y que tengan más de diez empleados.

Los contribuyentes que opten por dictaminar sus obligaciones fiscales, deberán presentar aviso informando a las autoridades fiscales tal situación a más tardar en el mes de marzo del año siguiente al ejercicio fiscal que se va a dictaminar



Artículo 41 ter.

Quienes opten por dictaminar sus obligaciones fiscales conforme a este Código, lo deberán hacer respecto de las siguientes contribuciones:

1.- Impuesto sobre Remuneración al Trabajo Personal.

2.- Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje.

3.- Impuesto Estatal por la Prestación de Servicios de Juegos con Apuestas y Concursos.

4.- Impuesto Predial.



Artículo 41 quater.

Los contribuyentes que opten por presentar el dictamen, deberán hacerlo ante las autoridades fiscales a más tardar en el último día hábil del mes de julio del ejercicio siguiente del que se dictamina, en los términos y con los datos e informes que al respecto se señale en las disposiciones administrativas que al efecto publique la Secretaría de Hacienda.



Artículo 41 quinquies.

En el caso de que en el dictamen se determinen diferencias de impuestos a pagar, éstas deberán enterarse mediante declaración complementaria por dictamen dentro de los diez días posteriores a la presentación del dictamen; no se aplicarán multas cuando en el plazo citado el contribuyente entere las cantidades a su cargo, actualizadas y con los recargos correspondientes, para cuyo cálculo se aplicará una tasa de recargos equivalente al 60% de la que se establezca en la Ley de Ingresos del Estado de Sonora para el caso de mora en el ejercicio de que se trate.

Cuando el contribuyente no entere las diferencias en el plazo citado en este artículo, se procederá a notificar el crédito para que éste sea cubierto o garantizado en un plazo máximo de diez días; transcurrido dicho plazo sin que el contribuyente pague o garantice se iniciará el procedimiento administrativo de ejecución



Artículo 41 sexies.

La Secretaría de Hacienda contará con un registro único de contadores públicos autorizados para dictaminar impuestos estatales.

La inscripción ante el registro único de contadores públicos de la Secretaría de Hacienda la podrán obtener las siguientes personas:

a) Las personas de nacionalidad mexicana que tengan título de contador público registrado ante la Secretaría de Educación Pública y que sean miembros de un colegio profesional reconocido por la misma Secretaría, cuando menos en los tres años previos a la presentación de la solicitud de registro correspondiente.

Las personas a que se refiere el párrafo anterior, adicionalmente deberán contar con certificación expedida por los colegios profesionales o asociaciones de contadores públicos, registrados y autorizados por la Secretaría de Educación Pública, y sólo serán válidas las certificaciones que le sean expedidas a los contadores públicos por los organismos certificadores que obtengan el Reconocimiento de Idoneidad que otorgue la Secretaría de Educación Pública; además, deberán contar con experiencia mínima de tres años participando en la elaboración de dictámenes fiscales.

b) Las personas que cuenten con registro para dictaminar estados financieros para efectos fiscales, emitido por las autoridades fiscales federales, siempre que el mismo se encuentre vigente

Para obtener el registro, los solicitantes deberán encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, para lo cual deberán exhibir documento vigente expedido por la Secretaría de Hacienda, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.



Artículo 41 septies.

El dictamen del cumplimiento de obligaciones fiscales deberá contener la documentación siguiente:

a) Carta de presentación del dictamen;

b) Cuestionario de autoevaluación fiscal:

c) La verificación documental realizada;

d) La revisión de bases, cálculo y entero de los impuestos correspondientes.

e) La declaración, bajo protesta de decir verdad, del apego del dictamen a lo ordenado en las disposiciones fiscales, así como la opinión acerca del cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, indicando, en su caso, las omisiones observadas, independientemente de su importancia relativa.

f) La demás información y documentación que se establezca en las reglas generales administrativas que emita la Secretaría de Hacienda.

Para los efectos del contenido del dictamen, su elaboración y presentación, se estará a lo dispuesto en las reglas generales administrativas que establezca la Secretaría de Hacienda



Artículo 41 octies.

Cuando al emitir el dictamen de obligaciones fiscales el contador público registrado no dé cumplimiento a las disposiciones referidas en este Código o en las demás leyes aplicables, la autoridad fiscal, previa audiencia, podrá amonestar al contador público registrado, o suspender hasta por dos años los efectos de su registro o cancelarlo, según proceda en los términos de éste Código. Si hubiera reincidencia o el contador hubiere participado en la comisión de un delito de carácter fiscal, la autoridad fiscal procederá a la cancelación definitiva de dicho registro.

En estos casos se dará aviso por escrito, inmediatamente, al colegio profesional a que pertenezca el contador público en cuestión.

I.- Procede la amonestación cuando el contador público registrado:

a) No proporcione o presente incompleta la información a que se refieren las leyes aplicables.

La amonestación se aplicará por cada dictamen formulado en contravención a las disposiciones jurídicas aplicables, independientemente del ejercicio fiscal de que se trate y las sanciones correspondientes se acumularán;

b) No hubiera integrado en el dictamen la información que para efectos del proceso de envío se determine en las reglas generales administrativas que emita la Secretaría de Hacienda.

En este caso, la amonestación se aplicará por cada dictamen en el que no se hubiera integrado la información que corresponda, independientemente del ejercicio fiscal de que se trate y las sanciones correspondientes se acumularán, y

II.- Procede la suspensión de la inscripción:

a) De un año a tres años cuando el contador público inscrito:

1.- Formule el dictamen en contravención a las disposiciones legales aplicables;

2.- No aplique las normas de auditoría;

3.- Formule dictamen estando impedido para hacerlo;

4.- No exhiba, a requerimiento de la autoridad fiscal, los papeles de trabajo que le sean solicitados;

5.- No informe el cambio de su domicilio fiscal;

6.- No presente o lo haga de manera incompleta, la evidencia que demuestre la aplicación de los procedimientos de revisión de la situación fiscal del contribuyente;

La sanción a que se refiere este inciso se aplicará por cada dictamen formulado en contravención a las disposiciones aplicables cuando no se hubiera presentado la información que corresponda, independientemente del ejercicio fiscal de que se trate y las sanciones correspondientes se acumularán;

b) De tres meses a un año, cuando el contador público inscrito acumule tres amonestaciones de las previstas en la fracción I de este artículo. En este caso la suspensión se aplicará una vez notificada la tercera amonestación;

c) Durante el tiempo en que el contador público se encuentre sujeto a proceso penal, cuando se dicte en su contra auto de sujeción a proceso por la comisión de delitos de carácter fiscal. En este caso la suspensión no podrá exceder del término de tres años;

d) No cumpla con el refrendo o recertificación de su registro para dictaminar, o no cubran los derechos que al efecto se establezcan en la Ley de Hacienda del Estado de Sonora. En este caso, la suspensión durará hasta que el contador cumpla con el refrendo, recertificación o cubra los derechos correspodientes; y

e) De seis meses a tres años, cuando el contador público no cumpla con el acreditamiento de la norma de educación continua o de actualización académica expedida por un colegio profesional o por una asociación de contadores públicos reconocida por la Secretaría de Educación Pública o la autoridad educativa del Estado de Sonora.

Cuando la formulación de un dictamen se efectúe sin que se cumplan los requisitos de independencia por parte del contador público registrado, se procederá a la cancelación del registro del contador público, previa audiencia, conforme al procedimiento de este Código



Artículo 41 novies.

Procederá la cancelación definitiva de la inscripción a que se refiere el artículo 41 Octies, previa audiencia, en los siguientes supuestos:

I.- Cuando el contador público acumule tres suspensiones de las previstas en la fracción II del artículo 41 Octies. La cancelación se aplicará una vez notificada la tercera suspensión, y

II.- Cuando cause ejecutoria la sentencia definitiva que declare culpable al contador público que haya cometido un delito de carácter fiscal.



Artículo 42.

Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente:

I.- Proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y para ello procurarán:

a).- Explicar las disposiciones fiscales utilizando en lo posible un lenguaje llano alejado de tecnicismos y en los casos en que sean de naturaleza compleja, elaborar y distribuir folletos a los contribuyentes;

b).- Mantener oficinas en diversos lugares del Estado que se ocuparán de orientar y auxiliar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones;

c).- Elaborar los formularios de declaración en forma que puedan ser llenados fácilmente por los contribuyentes y distribuirlos con oportunidad, e informar de las fechas y lugares de presentación de los que se consideren de mayor importancia;

d).- Señalar en forma precisa en los requerimientos mediante los cuales se exija a los contribuyentes la presentación de declaraciones, avisos y demás documentos a que estén obligados, cuál es el documento cuya presentación se exige;

e).- Difundir entre los contribuyentes los derechos y medios de defensa que se pueden hacer valer contra las resoluciones de las autoridades fiscales;

f).- Efectuar en distintas partes del Estado reuniones de información con los contribuyentes, especialmente cuando se modifiquen las disposiciones fiscales y durante los principales periodos de presentación de declaraciones; y,

g).- Mandar publicar las resoluciones administrativas dictadas por las autoridades fiscales que establezcan disposiciones de carácter general, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes.

II.- Establecerán programas de prevención y resolución de problemas del contribuyente, a fin de que los contribuyentes designen síndicos que los representen ante las autoridades fiscales;

Los representantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a).- Ser licenciado en derecho, contador público o carrera afín.

b).- Contar con reconocida experiencia y solvencia moral, así como con el tiempo necesario para participar con las autoridades fiscales en las acciones que contribuyan a prevenir y resolver los problemas de sus representados.

c).- Prestar sus servicios en forma gratuita.

III.- Realizar recorridos, invitaciones y censos para informar y asesorar a los contribuyentes acerca del exacto cumplimiento de sus obligaciones fiscales y promover su incorporación voluntaria o actualización de sus datos en el Registro Estatal de Contribuyentes.

No se considera que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando derivado de lo señalado en el párrafo que antecede, soliciten a los particulares los datos, informes y documentos necesarios para corregir o actualizar el Registro Estatal de Contribuyentes.

Asimismo, las autoridades fiscales darán a conocer a los contribuyentes, a través de los medios de difusión, los criterios de carácter interno que emitan para el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales, salvo aquellos que, a juicio de la propia autoridad, tengan el carácter de confidenciales, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y únicamente derivarán derechos de los mismos cuando se publiquen en el Boletín Oficial del Estado de Sonora.



Artículo 43.

Las autoridades fiscales sólo están obligadas a contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas les hagan los interesados individualmente; de su resolución favorable se derivan derechos para el particular, en los casos en que la consulta se haya referido a circunstancias reales y concretas y la resolución se haya emitido por escrito por autoridad competente para ello



Artículo 44.

Las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un particular sólo podrán ser modificadas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, mediante juicio iniciado por las autoridades fiscales.

Cuando la Secretaría de Hacienda modifique las resoluciones administrativas de carácter general, estas modificaciones no comprenderán los efectos producidos con anterioridad a la nueva resolución.

Las autoridades fiscales podrán, discrecionalmente, revisar las resoluciones administrativas de carácter individual no favorables a un particular emitidas por sus subordinados jerárquicamente y, en el supuesto de que se demuestre fehacientemente que las mismas se hubieran emitido en contravención a las disposiciones fiscales, podrán, por una sola vez, modificarlas o revocarlas en beneficio del contribuyente, siempre y cuando los contribuyentes no hubieren interpuesto medios de defensa y hubieren transcurrido los plazos para presentarlos, y sin que haya prescrito el crédito fiscal.

Lo señalado en el párrafo anterior, no constituirá instancia y las resoluciones que dicten autoridades fiscales al respecto no podrán ser impugnadas por los contribuyentes.



Artículo 45.

Los particulares podrán acudir ante las autoridades fiscales dentro de un plazo de seis días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de las resoluciones a que se refieren los artículos 51, 89, 90 fracciones I, II, VI, X, XVII y XXIV y 91 fracciones I, II, VI, y X de este Código, a efecto de hacer las aclaraciones que consideren pertinentes, debiendo la autoridad, resolver en un plazo de seis días contados a partir de que quede debidamente integrado el expediente.

Lo previsto en este artículo no constituye instancia, ni interrumpe, ni suspende los plazos para que los particulares puedan interponer los medios de defensa. Las resoluciones que se emitan por la autoridad fiscal no podrán ser impugnadas por los particulares



Artículo 46.

Las resoluciones administrativas de carácter individual o dirigidas a agrupaciones, dictadas en materia de impuestos que otorguen una autorización, surtirán sus efectos en el ejercicio en el que se otorguen o en el ejercicio inmediato anterior, cuando se hubiera solicitado la resolución, y ésta se otorgue en los tres meses siguientes al cierre del mismo.

Al concluir el ejercicio para el que se hubiere emitido una resolución de las que señala el párrafo anterior, los interesados podrán someter las circunstancias del caso a la autoridad fiscal competente para que dicte la resolución que proceda.

Este precepto no será aplicable a las autorizaciones relativas a prórrogas para el pago en parcialidades y de aceptación de garantías del interés fiscal



Artículo 47.

Las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de tres meses; transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, mientras no se dicte la resolución, o bien, esperar a que ésta se dicte.

Cuando se requiera al promovente que cumpla los requisitos omitidos o proporcione los elementos necesarios para resolver, el término comenzará a correr desde que el requerimiento haya sido cumplido.



Artículo 48.

Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener por lo menos los siguientes requisitos:

I.- Constar por escrito en documento impreso y con sello oficial.

Tratándose de actos administrativos que consten en documentos digitales la notificación personal se hará por medios electrónicos y con la firma digital del funcionario competente.

II.- Señalar lugar y fecha de emisión.

III.- Señalar la autoridad que lo emite.

IV.- Estar fundado y motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate.

V.- Ostentar la firma del funcionario competente y, en su caso, el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, se señalarán los datos suficientes que permitan su identificación;

Para la emisión y regulación de los documentos digitales, de la firma electrónica avanzada de los funcionarios pertenecientes a la Secretaría de Hacienda y, para la notificación por medios electrónicos serán aplicables las disposiciones previstas en las leyes de la materia.

Si se trata de resoluciones administrativas que determinen la responsabilidad solidaria se señalará, además, la causa legal de la responsabilidad.



Artículo 49.

Procederá la condonación total o parcial de créditos fiscales cuando se haya afectado o trate de impedirse se afecte la situación de alguna región de la entidad, o de alguna rama de las actividades económicas.

El Gobernador del Estado, mediante disposiciones de carácter general determinará el monto de los créditos que se condonen, los sujetos que gozarán del beneficio; la región o las ramas favorecidas, así como los requisitos que deban satisfacerse y el período de vigencia de los beneficios.



Artículo 50.

Cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, se opongan, impidan u obstaculicen físicamente el inicio o desarrollo del ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, estas podrán aplicar como medidas de apremio, las siguientes:

I.- Solicitar el auxilio de la fuerza pública;

II.- Imponer la multa que corresponda en los términos de este Código; y,

III.- Solicitar a la autoridad competente se proceda por desobediencia a un mandato legítimo de autoridad competente.

Para efectos de este artículo, las autoridades judiciales estatales y los cuerpos de seguridad o policiales deberán prestar en forma expedita el apoyo que solicite la autoridad fiscal.

El apoyo a que se refiere el párrafo anterior consistirá en efectuar las acciones necesarias para que las autoridades fiscales ingresen al domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos, lugares en donde se almacenen mercancías y en general cualquier local o establecimiento que se utilice para el desempeño de las actividades de los contribuyentes, para estar en posibilidad de iniciar el acto de fiscalización o continuar el mismo; así como en brindar la seguridad necesaria a los visitadores.

En los casos que se requiera de cuerpos de seguridad pública del Estado o de los municipios, el apoyo se solicitará en los términos de los ordenamientos que regulan la seguridad pública.



Artículo 51.

Cuando las personas obligadas a presentar avisos y demás documentos no lo hagan dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales exigirán la presentación del documento respectivo ante las oficinas correspondientes, procediendo de la siguiente manera:

I. Imponer la multa que corresponda en los términos de este Código y requerir la presentación del documento omitido, para que sea exhibido en un plazo de quince días para el primero y de seis días para los subsecuentes requerimientos. Si no se atiende el requerimiento se impondrá la multa correspondiente, que tratándose de declaraciones será una multa por cada obligación omitida. La autoridad en ningún caso formulará más de tres requerimientos por una misma omisión, pudiendo en este caso, si resulta procedente, formular querella en los términos del artículo 94 de este Código.

II. Tratándose de la omisión en la presentación de una declaración periódica que implique omisión en el pago de algunas contribuciones, una vez realizadas las acciones previstas en la fracción anterior, la autoridad fiscal podrá hacer efectiva al contribuyente que haya incurrido en la omisión o a los responsables solidarios, una cantidad igual al monto mayor que hubiera determinado a su cargo en cualquiera de las seis últimas declaraciones de la contribución de que se trate. Esta cantidad a pagar no libera a los obligados de presentar la declaración omitida.

Cuando la omisión sea de una declaración de las que se conozca de manera fehaciente la cantidad a la que le es aplicable la tasa o cuota respectiva, la autoridad fiscal podrá hacer efectiva al contribuyente, una cantidad igual a la contribución que a éste corresponda determinar, sin que el pago lo libere de presentar la declaración omitida.

Si la declaración se presenta después de haberse notificado al contribuyente la cantidad determinada por la autoridad conforme a esta fracción, dicha cantidad se disminuirá del importe que se tenga que pagar con la declaración que se presente, debiendo cubrirse, en su caso, la diferencia que resulte entre la cantidad determinada por la autoridad y el importe a pagar en la declaración. En caso de que en la declaración resulte una cantidad menor a la determinada por la autoridad fiscal, la diferencia pagada por el contribuyente únicamente podrá ser compensada en declaraciones subsecuentes.

La determinación del crédito fiscal que realice la autoridad con motivo del incumplimiento en la presentación de declaraciones en los términos del presente artículo, podrá hacerse efectiva a través del procedimiento administrativo de ejecución a partir del tercer día siguiente a aquél en el que sea notificado el adeudo respectivo.

En caso del incumplimiento a tres o más requerimientos respecto de la misma obligación, se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad competente, para que se proceda por desobediencia a mandato legítimo de autoridad competente.

En el caso de la fracción I de este artículo y agotados los actos señalados en el mismo, se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad competente, para que se proceda por desobediencia a mandato legítimo de autoridad competente.

Lo anterior, sin perjuicio de que las autoridades fiscales ejerzan sus facultades de comprobación.



Artículo 52.

Las autoridades fiscales podrán solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, datos, informes o documentos adicionales, que consideren necesarios para aclarar la información asentada en sus declaraciones normales o complementarias, siempre que se soliciten en un plazo no mayor de treinta días siguientes a la presentación de las citadas declaraciones. Las personas antes mencionadas deberán proporcionar la información solicitada dentro de los quince días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la solicitud correspondiente.

Asimismo, aquellas personas que tengan o hayan tenido relaciones de negocios con sujetos pasivos o responsables solidarios, están obligados a exhibir ante las autoridades fiscales los asientos de su contabilidad, la documentación y la correspondencia que se refiera a las operaciones realizadas con aquellos, así como a proporcionar toda información que en relación con dichas personas se les solicite.

No se considerará que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando únicamente soliciten los datos, informes y documentos a que se refiere este artículo, pudiendo ejercerlas en cualquier momento



Artículo 53.

Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:

I.- Rectificar los errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones, solicitudes o avisos, para lo cual las autoridades fiscales podrán requerir al contribuyente la presentación de la documentación que proceda, para la rectificación del error u omisión de que se trate;

II.- Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran;

Para los efectos del párrafo anterior, se considera como parte de la documentación o información que pueden solicitar las autoridades fiscales, la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente.

III.- Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías;

IV.- Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes y cualquier otro dictamen que tenga repercusión para efectos fiscales formulado por contador público y su relación con el cumplimiento de disposiciones fiscales.

V.- Proceder a la verificación física de toda clase de bienes, incluso durante su transporte u ordenar se practique avalúo sobre los mismos;

VI.- Recabar de los funcionarios y empleados públicos y de los fedatarios, los informes y datos que posean con motivo de sus funciones;

VII.- Allegarse las pruebas necesarias para formular la querella al ministerio público para que ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. Las actuaciones que practiquen las autoridades fiscales tendrán el mismo valor probatorio que la Ley relativa concede a las actas de la policía judicial; y la Secretaría de Hacienda, a través de los abogados hacendarios que designe, será coadyuvante del ministerio público del fuero común, en los términos del Código Estatal de Procedimientos Penales;

VIII.- Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de la presentación de solicitudes o avisos del Registro Estatal de Contribuyentes.

Las autoridades fiscales podrán solicitar a los contribuyentes la información necesaria para su inscripción y actualización de sus datos en el citado registro e inscribir a quienes de conformidad con las disposiciones fiscales deban estarlo y no cumplan con este requisito.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción anterior, las visitas domiciliarias se realizarán conforme a lo siguiente:

a).- Se llevará a cabo en el domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos y semifijos en la vía pública, de los contribuyentes, siempre que se encuentren abiertos al público en general, donde se realicen enajenaciones, presten servicios o contraten el uso o goce temporal de bienes, así como en los lugares donde se almacenen mercancías.

b).- Al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, entregarán la orden de verificación al visitado, a si representante legal, al encargado o a quien se encuentre al frente del lugar visitado, indistintamente, y con dicha persona se entenderá la visita de inspección.

c).- Los visitadores se deberán identificar mediante el documento oficial que los acredite como tales.

d).- En toda visita domiciliaria se levantará acta en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones conocidos por los visitadores, en los términos de este Código, o en su caso, las irregularidades detectadas durante la inspección.

e).- Si al cierre del acta de visita domiciliaria, el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos se niegan a firmar el acta, o el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia se niegan a aceptar copia del acta, dicha circunstancia se asentará en la propia acta , sin que esto afecte la validez y valor probatorio de la misma, dándose por concluida la visita domiciliaria.

f).- Si con motivo de la visita domiciliaria a que se refiere este artículo, las autoridades conocieron incumplimiento a las disposiciones fiscales, se procederá a la formulación de la resolución correspondiente. Si se observa que el visitado no se encuentra inscrito en dicho registro, la autoridad requerirá los datos necesarios para su inscripción, sin perjuicio de las sanciones y demás consecuencias legales derivadas de dicha omisión.

IX.- Practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, basándose en el análisis de la información y documentación que obre en poder de la autoridad o que sea obtenida a través de cualquier autoridad ya sea de carácter federal, estatal o municipal, sobre uno o más rubros o conceptos específicos de una o varias contribuciones.

Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente.



Artículo 54.

Las autoridades fiscales podrán solicitar de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, datos, informes o documentos, para planear y programar actos de fiscalización, sin que se cumpla con lo dispuesto por las fracciones IV a VIII del artículo 61 de este Código.

Así mismo, las autoridades que tengan o hayan tenido relaciones con alguno o algunos de los sujetos pasivos o responsables solidarios, deberán auxiliar a la Secretaría de Hacienda suministrándole los informes y datos que solicite para la aplicación de las leyes fiscales.

No se considerará que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando únicamente soliciten los datos, informes y documentos a que se refiere este artículo, pudiendo ejercerlas en cualquier momento.



Artículo 54 bis.

Las autoridades fiscales podrán llevar a cabo verificaciones para constatar los datos proporcionado al Registro Estatal de Contribuyentes, relacionados con la identidad, domicilio y demás datos que se hayan manifestado para los efectos de dicho registro, sin que por ello se considere que las autoridades fiscales inician sus facultades de comprobación.



Artículo 55.

En la orden de visita, además de los requisitos a que se refiere el artículo 48 de este Código, se deberá indicar:

I.- El lugar o lugares donde debe efectuarse la visita. El aumento de lugares a visitar deberá notificarse al visitado;

II.- El nombre de la persona o personas que deban efectuar la visita las cuales podrán ser sustituidas, aumentadas o reducidas en su número, en cualquier tiempo por la autoridad competente. La sustitución o aumento de las personas que deban efectuar la visita se notificará al visitado;

III.- Las contribuciones de cuya verificación se trate y, en su caso, el periodo al que deberá limitarse la visita; y

IV.- Tratándose de las visitas domiciliarias a que se refiere el artículo 56 de este Código, las órdenes de visita deberán contener impreso el nombre del visitado.

Las personas designadas para efectuar la visita la podrán hacer conjunta o separadamente



Artículo 56.

En los casos de visita en el domicilio fiscal, las autoridades fiscales, los visitados, responsables solidarios y los terceros estarán a lo siguiente:

I.- La visita se realizará en el lugar o lugares señalados en la orden de visita;

II.- Si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, no estuviere el visitado o su representante, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar para que el mencionado visitado o su representante los esperen a la hora determinada del día siguiente para recibir la orden de visita; si no lo hicieren, la visita se iniciará con quien se encuentre en el lugar visitado;

Si el contribuyente presenta aviso de cambio de domicilio, después de recibido el citatorio, la visita podrá llevarse a cabo en el nuevo domicilio y en el anterior, cuando el visitado conserve el local de éste, sin que para ello se requiera nueva orden o ampliación de la orden de visita, haciendo constar tales hechos en el acta que se levante, salvo que en el domicilio anterior se verifique alguno de los supuestos establecidos en el Artículo 15 de este Código, caso en el cual la visita se continuará en el domicilio anterior.

Cuando exista peligro de que el visitado se ausente o pueda realizar maniobras para impedir el inicio o desarrollo de la diligencia, los visitadores podrán proceder al aseguramiento de la contabilidad.

III.- Al iniciarse la visita en el domicilio fiscal los visitadores que en ella intervengan se deberán identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que designe dos testigos, si éstos no son designados o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán, haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que esta circunstancia invalide los resultados de la visita;

Los testigos pueden ser sustituidos en cualquier tiempo por no comparecer al lugar donde se esté llevando a cabo la visita, por ausentarse de él antes de que concluya la diligencia o por manifestar su voluntad de dejar de ser testigo, en tales circunstancias la persona con la que se entienda la visita deberá designar de inmediato otros y ante su negativa o impedimento de los designados, los visitadores podrán designar a quienes deban sustituirlos. La sustitución de los testigos no invalida los resultados de la visita.

IV.- Las autoridades fiscales podrán solicitar el auxilio de otras autoridades fiscales que sean competentes para solicitarles practiquen otras visitas para comprobar hechos relacionados con las que estén practicando



Artículo 57.

Los visitados, sus representantes o la persona con quien se entienda la visita en el domicilio fiscal, están obligados a permitir a los visitadores designados por las autoridades fiscales el acceso al lugar o lugares objeto de la misma, así como mantener a su disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales de los que los visitadores podrán sacar copias para que previo cotejo con sus originales se certifiquen por éstos y sean anexados a las actas finales o parciales que levanten con motivo de la visita. También deberán permitir la verificación de bienes y mercancías, así como de los documentos, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que tenga el contribuyente en los lugares visitados.

Cuando los visitados lleven su contabilidad o parte de ella con el sistema de registro electrónico, o microfilmen o graben en discos ópticos o en cualquier otro medio que autoricen las disposiciones fiscales federales, deberán poner a disposición de los visitadores estatales el equipo de cómputo y sus operadores, para que los auxilien en el desarrollo de la visita.

Cuando se dé alguno de los supuestos que a continuación se enumeran, los visitadores podrán obtener copias de la contabilidad y demás papeles relacionados con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, para que, previo cotejo con los originales, se certifiquen por los visitadores:

I.- El visitado, su representante o quien se encuentre en el lugar de la visita se niegue a recibir la orden;

II.- Existan sistemas de contabilidad, registros o libros sociales, que no estén sellados, cuando deban estarlo conforme a las disposiciones fiscales;

III.- Existan dos o más sistemas de contabilidad con distinto contenido, sin que se puedan conciliar con los datos que requieren los avisos o declaraciones presentados;

IV.- Se lleven dos o más libros sociales similares con distinto contenido;

V.- No se hayan presentado todas las declaraciones periódicas a que obligan las disposiciones fiscales, por el período al que se refiere la visita;

VI.- Los datos anotados en la contabilidad no coincidan o no se puedan conciliar con los asentados en las declaraciones o avisos presentados o cuando los documentos que amparen los actos o actividades del visitado no aparezcan asentados en dicha contabilidad, dentro del plazo que señalen las disposiciones fiscales o cuando sean falsos o amparen operaciones inexistentes;

VII.- Se desprendan, alteren o destruyan parcial o totalmente, sin autorización legal, los sellos o marcas oficiales colocados por los visitadores o se impida por medio de cualquier maniobra que se logre el propósito para el que fueron colocados;

VIII.- Cuando el visitado sea emplazado a huelga o suspensión de labores, en cuyo caso la contabilidad sólo podrá recogerse dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la fecha señalada para el inicio de la huelga o suspensión de labores; y,

IX.- Si el visitado, su representante o la persona con quien se entienda la visita se niega a permitir a los visitadores el acceso a los lugares donde se realiza la visita; así como a mantener a su disposición la contabilidad, correspondencia o contenido de cajas de valores.

En los supuestos a que se refieren las fracciones anteriores, se entenderá que la contabilidad incluye, entre otros, los papeles, discos y cintas, así como cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos.

En el caso de que los visitadores obtengan copias certificadas de la contabilidad por encontrarse el visitado en cualquiera de los supuestos previstos por el tercer párrafo de este artículo, deberán levantar acta parcial al respecto, la cual deberá reunir los requisitos que establece el artículo 58 de este Código, con la que podrá terminar la visita domiciliaria en el domicilio o establecimientos del visitado, pudiéndose continuar el ejercicio de las facultades de comprobación en el domicilio del visitado o en las oficinas de las autoridades fiscales, donde se levantará el acta final, con las formalidades a que se refiere el citado artículo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable cuando los visitadores obtengan copias de sólo parte de la contabilidad. En este caso, se levantará el acta parcial señalando los documentos de los que se obtuvieron copias, pudiéndose continuar la visita en el domicilio o establecimientos del visitado. En ningún caso las autoridades fiscales podrán recoger la contabilidad del visitado, salvo lo dispuesto en la fracción VIII de este artículo



Artículo 58.

La visita en el domicilio fiscal se desarrollará conforme a las siguientes reglas:

I.- De toda visita en el domicilio fiscal se levantará acta en la que se hará constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido por los visitadores. Los hechos u omisiones consignados por los visitadores en las actas hacen prueba de la existencia de tales hechos o de las omisiones encontradas, para efectos de cualquiera de las contribuciones a cargo del visitado en el período revisado;

II.- Si la visita se realiza simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno de ellos se deberán levantar actas parciales, mismas que se agregarán al acta final que de la visita se haga, la cual puede ser levantada en cualquiera de dichos lugares. En los casos a que se refiere esta fracción, se requerirá la presencia de dos testigos en cada establecimiento visitado en donde se levante acta parcial cumpliendo al respecto con lo previsto en la fracción III del artículo 56 de este Código;

III.- Durante el desarrollo de la visita los visitadores a fin de asegurar la contabilidad, correspondencia o bienes que no estén registrados en la contabilidad, podrán, indistintamente, sellar o colocar marcas en dichos documentos, bienes o en muebles, archiveros u oficinas donde se encuentren, así como dejarlos en calidad de depósito al visitado o a la persona con quien se entienda la diligencia, previo inventario que al efecto formulen, siempre que dicho aseguramiento no impida la realización de las actividades del visitado. Para efectos de esta fracción, se considera que no se impide la realización de actividades cuando se asegure contabilidad o correspondencia no relacionada con las actividades del mes en curso y los dos anteriores. En el caso de que algún documento que se encuentre en los muebles, archiveros u oficinas que se sellen, sea necesario al visitado para realizar sus actividades, se le permitirá extraerlo ante la presencia de los visitadores, quienes podrán sacar copia del mismo;

IV.- Con las mismas formalidades a que se refieren las fracciones anteriores, se podrán levantar actas parciales o complementarias en las que se hagan constar hechos, omisiones o circunstancias de carácter concreto, de los que se tenga conocimiento en el desarrollo de una visita. Una vez levantada el acta final, no se podrán levantar actas complementarias sin que exista una nueva orden de visita;

Cuando en el desarrollo de una visita las autoridades fiscales conozcan hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, los consignarán en forma circunstanciada en actas parciales. También se consignarán en dichas actas los hechos u omisiones que se conozcan de terceros. En la última acta parcial que al efecto se levante se hará mención expresa de tal circunstancia y entre ésta y el acta final, deberán transcurrir cuando menos veinte días, durante los cuales el contribuyente podrá presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones, así como optar por corregir su situación fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o fracción de éste, se ampliará el plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de veinte días.

Se tendrán por consentidos los hechos consignados en las actas a que se refiere el párrafo anterior, si antes del cierre del acta final el contribuyente no presenta los documentos, libros o registros de referencia o no señale el lugar en que se encuentren, siempre que éste sea el domicilio fiscal o el lugar autorizado para llevar su contabilidad o no prueba que éstos se encuentran en poder de una autoridad.

V.- Cuando resulte imposible continuar o concluir el ejercicio de las facultades de comprobación en los establecimientos del visitado, las actas en las que se haga constar el desarrollo de una visita en el domicilio fiscal podrán levantarse en las oficinas de las autoridades fiscales. En este caso se deberá notificar previamente esta circunstancia a la persona con quien se entiende la diligencia, excepto en el supuesto de que el visitado hubiere desaparecido del domicilio fiscal durante el desarrollo de la visita;

VI.- Si en el cierre del acta final de la visita no estuviere presente el visitado o su representante, se le dejará citatorio para que este presente a una hora determinada del día siguiente, si no se presentare, el acta final se levantará ante quien estuviere presente en el lugar visitado; en ese momento cualquiera de los visitadores que haya intervenido en la visita, el visitado o la persona con quien se entiende la diligencia y los testigos firmarán el acta de la que se dejará copia al visitado. Si el visitado, la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos no comparecen a firmar el acta, se niegan a firmarla, o el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia se niegan a aceptar copia del acta, dicha circunstancia se asentará en la propia acta sin que esto afecte la validez y valor probatorio de la misma;

VII.- Se entenderá que las actas parciales forman parte integrante del acta final de la visita aunque no se señale así expresamente;

VIII.- Una vez notificada el acta final, sin que el contribuyente hubiere corregido su situación fiscal, la autoridad emitirá la resolución que determine los créditos fiscales correspondientes y la notificará al contribuyente conforme al articulo 127 de este Código.

IX.- Cuando de la revisión de las actas de visita y demás documentación vinculada a éstas, se observe que el procedimiento no se ajustó a las normas aplicables que pudieran afectar la legalidad de la determinación del crédito fiscal, la autoridad podrá de oficio, por una sola vez, reponer el procedimiento a partir de la violación formal cometida.

Lo señalado en el párrafo anterior, será sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrir el servidor público que motivó la violación.

Concluida la visita en el domicilio fiscal, para iniciar otra a la misma persona, se requerirá nueva orden. En el caso de que las facultades de comprobación se refieran a las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos, solo se podrá efectuar la nueva revisión cuando se comprueben hechos diferentes a los ya revisados. La comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada en información, datos o documentos de terceros, en la revisión de conceptos específicos que no se hayan revisado con anterioridad, en los datos aportados por los particulares en las declaraciones complementarias que se presenten o en la documentación aportada por los contribuyentes en los medios de defensa que promuevan y que no hubiera sido exhibida ante las autoridades fiscales durante el ejercicio de las facultades de comprobación, previstas en las disposiciones fiscales; a menos que en este último supuesto, la autoridad no haya objetado de falso el documento en el medio de defensa correspondiente pudiendo haberlo hecho o bien, cuando habiéndolo objetado el incidente respectivo haya sido declarado improcedente



Artículo 59.

Las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de doce meses contado a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación.

El plazo para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete a que se refiere el párrafo anterior, se suspenderá en los siguientes casos:

I.- Huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que termine la huelga;

II.- Fallecimiento del contribuyente, hasta en tanto se designe al representante legal de la sucesión;

III.- Cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando no se localice en el que haya señalado, hasta en tanto se localice;

IV.- Cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, informes o documentos solicitados por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, durante el periodo que transcurra entre el día del vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento y hasta el día en que conteste o atienda el requerimiento, sin que la suspensión pueda exceder de seis meses. En el caso de dos o más solicitudes de información, se sumarán los distintos periodos de suspensión y en ningún caso el periodo de suspensión podrá exceder de un año.

V.- Tratándose de la fracción IX del artículo anterior, el plazo se suspenderá a partir de que la autoridad informe al contribuyente la reposición del procedimiento.

Dicha suspensión no podrá exceder de un plazo de dos meses contados a partir de que la autoridad notifique al contribuyente la reposición del procedimiento; y

VI.- Cuando la autoridad se vea impedida para continuar el ejercicio de sus facultades de comprobación por caso fortuito o fuerza mayor, hasta que la causa desaparezca, lo cual se deberá publicar en el Boletín Oficial del Estado y en la página de internet de la Secretaría de Hacienda.

Si durante el plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de la contabilidad del contribuyente en las oficinas de las propias autoridades, los contribuyentes interponen algún medio de defensa en contra de los actos o actividades que deriven del ejercicio de sus facultades de comprobación, dicho plazo se suspenderá desde la fecha en que se interpongan los citados medios de defensa hasta que se dicte resolución definitiva de los mismos.

Cuando las autoridades no levanten el acta final de visita o no notifiquen el oficio de observaciones, o en su caso, el de conclusión de la revisión dentro del plazo mencionado, ésta se entenderá concluida en esa fecha, quedando sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron durante dicha visita o revisión.



Artículo 60.

Las visitas en los domicilios fiscales ordenadas por las autoridades fiscales podrán concluirse anticipadamente cuando el visitado se encuentre obligado a dictaminar sus estados financieros por contador público autorizado o cuando el contribuyente haya ofrecido la opción a que se refiere el párrafo quinto del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable cuando a juicio de las autoridades fiscales la información proporcionada en los términos del artículo 67 de este Código por el contador público que haya dictaminado, no sea suficiente para conocer la situación fiscal del contribuyente, cuando no se presente dentro de los plazos que establece el artículo 67-Bis de este ordenamiento, la información o documentación solicitada, ni cuando en el dictamen exista abstención de opinión negativa o salvedades, que tengan implicaciones fiscales.

En el caso de conclusión anticipada a que se refiere el párrafo anterior se deberá levantar acta en la que se señale la razón de tal hecho



Artículo 61.

Cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria, se estará a lo siguiente:

I.- La solicitud se notificará de conformidad con lo establecido en el artículo 127 de este Código, tratándose de personas físicas, también podrá notificarse en su casa habitación o lugar donde estas se encuentren. Si al presentarse el notificador en el lugar donde deba de practicarse la diligencia, no estuviere la persona a quien va dirigida la solicitud o su representante legal, se dejará citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar, para que el contribuyente, responsable solidario, tercero o representante legal, lo esperen a hora determinada del día hábil siguiente para recibir la solicitud; si no lo hicieren, la solicitud se notificará con quien se encuentre en el domicilio señalado en la misma;

II.- En la solicitud se indicará el lugar y el plazo en el cual se debe proporcionar los informes o documentos;

III.- Los informes, libros o documentos requeridos deberán ser proporcionados por la persona a quien se dirigió la solicitud o por su representante;

IV.- Como consecuencia de la revisión de los informes, datos, documentos o contabilidad requeridos a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, las autoridades fiscales formularán oficio de observaciones, en el cual harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen conocido y entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales del contribuyente o responsable solidario;

V.- Cuando no hubiera observaciones, la autoridad fiscalizadora comunicará al contribuyente o responsable solidario, mediante oficio, la conclusión de la revisión de gabinete de los documentos presentados;

VI.- El oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV, se notificará cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este artículo y en el lugar especificado en esta última fracción. El contribuyente o responsable solidario contará con un plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del oficio de observaciones, para presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o fracción de éste, se ampliará el plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de veinte días;

Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el oficio de observaciones, si en el plazo probatorio el contribuyente no presenta documentación comprobatoria que los desvirtúe.

El plazo que se señala en el primer párrafo de esta fracción es independiente del que se establece en el artículo 59 de este Código.

VII.- Dentro del plazo para desvirtuar los hechos u omisiones asentados en el oficio de observaciones, a que se refiere la fracción VI, el contribuyente podrá optar por corregir su situación fiscal en las distintas contribuciones objeto de la revisión, mediante la presentación de declaraciones normales o complementarias que corrijan su situación fiscal, de la que proporcionará copia a la autoridad revisora; y,

VIII.- Cuando el contribuyente no corrija totalmente su situación fiscal conforme al oficio de observaciones o no desvirtúe los hechos u omisiones consignados en dicho documento, se emitirá la resolución que determine las contribuciones omitidas, la cual se notificará al contribuyente cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este artículo y en el lugar especificado en dicha fracción.

Para los efectos del primer párrafo de este artículo, se considera como parte de la documentación o información que pueden solicitar las autoridades fiscales, la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente



Artículo 62.

Las autoridades fiscales que al ejercer las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 61, conozcan de hechos u omisiones que entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales, determinarán las contribuciones omitidas mediante resolución.

Cuando las autoridades fiscales conozcan de terceros, hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las obligaciones fiscales de un contribuyente o responsable solidario sujeto a las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 61, le darán a conocer a éste el resultado de aquella actuación mediante oficio de observaciones, para que pueda presentar documentación a fin de desvirtuar los hechos consignados en el mismo, dentro de los plazos a que se refiere la fracción VI del citado artículo 61



Artículo 62 bis.

Las autoridades fiscales que al practicar visitas a los contribuyentes o al ejercer las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 61 de este Código, conozcan de hechos u omisiones que entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales, determinarán las contribuciones omitidas mediante resolución que se notificará personalmente al contribuyente, dentro de un plazo máximo de seis meses contado a partir de la fecha en que se levante el acta final de la visita o, tratándose de la revisión de la contabilidad de los contribuyentes que se efectúe en las oficinas de las autoridades fiscales, a partir de la fecha en que se concluya el plazo a que se refiere la fracción VI del artículo 61 de este Código.

El plazo para emitir la resolución a que se refiere este artículo se suspenderá en los casos previstos en las fracciones I, II y III del artículo 59 de este Código.

Si durante el plazo para emitir la resolución de que se trate, los contribuyentes interponen algún medio de defensa en el país o en el extranjero, contra el acta final de visita o del oficio de observaciones de que se trate, dicho plazo se suspenderá hasta la fecha en que se interpongan los citados medios de defensa y hasta que se dicte resolución definitiva de los mismos.

Cuando las autoridades no emitan la resolución correspondiente dentro del plazo mencionado, quedará sin efectos la orden y las actuaciones que se derivaron durante la visita o revisión de que se trate.

En dicha resolución deberán señalarse los plazos en que la misma puede ser impugnada en el recurso administrativo y en el juicio contencioso administrativo. Cuando en la resolución se omita el señalamiento de referencia, el contribuyente contará con el doble del plazo que establecen las disposiciones legales para interponer el recurso administrativo o el juicio contencioso administrativo.

Siempre se podrá volver a determinar contribuciones o aprovechamientos omitidos correspondientes al mismo ejercicio, cuando se comprueben hechos diferentes. La comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada en información, datos o documentos de terceros, en la revisión de conceptos específicos que no se hayan revisado con anterioridad, en los datos aportados por los particulares en las declaraciones complementarias que se presenten o en la documentación aportada por los contribuyentes en los medios de defensa que promuevan y que no hubiera sido exhibida ante las autoridades fiscales durante el ejercicio de las facultades de comprobación previstas en las disposiciones fiscales, de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 58 de este Código.



Artículo 63.

En el caso de que con motivo de sus facultades de comprobación, las autoridades fiscales soliciten datos, informes o documentos del contribuyente responsable solidario o tercero, se estará a lo siguiente:

I.- Se tendrán los siguientes plazos para su presentación:

a).- Los libros y registros que formen parte de su contabilidad, solicitados en el curso de una visita, deberán presentarse de inmediato, así como los diagramas y el diseño del sistema de registro electrónico, en su caso.

b).- Seis días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva, cuando los documentos sean de los que deba tener en su poder el contribuyente y se los soliciten durante el desarrollo de una visita.

c).- Quince días contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva, en los demás casos.

Los plazos a que se refiere este inciso, se podrán ampliar por las autoridades fiscales por diez días más, cuando se trate de informes cuyo contenido sea difícil de proporcionar o de difícil obtención.



Artículo 63 bis.

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 53, fracción IX de este Código, las revisiones electrónicas se realizarán conforme a lo siguiente:

I.- Con base en la información obtenida en coordinación con otras autoridades federales, estatales o municipales, que obre en su poder, las autoridades fiscales darán a conocer los hechos que pudieran derivar en la omisión de contribuciones y aprovechamientos o en la comisión de otras irregularidades, a través de una resolución provisional cuando los hechos consignados sugieran el pago de algún crédito fiscal.

En caso de que el contribuyente acepte los hechos e irregularidades contenidos en la resolución provisional, podrá optar por corregir su situación fiscal dentro del plazo de quince días señalado en el párrafo que antecede, mediante el pago total de las contribuciones y aprovechamientos omitidos, junto con sus accesorios, en los términos contenidos en la resolución, en cuyo caso, gozará del beneficio de pagar una multa equivalente al 20% de las contribuciones omitidas.

La resolución provisional se considerará definitiva cuando el contribuyente acepte voluntariamente los hechos e irregularidades contenidos en la misma y entere el crédito fiscal propuesto, o bien, cuando ejerza el derecho a que se refiere la fracción II de este artículo o cuando ejerciéndolo, no logre desvirtuar los hechos o irregularidades contenidos en la resolución provisional. En todo momento la autoridad fiscal podrá ejercer sus facultades de comprobación y estar a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 BIS de este Código;

II.- En la resolución provisional se le requerirá al contribuyente, responsable solidario o tercero, para que en un plazo de quince días siguientes a la notificación de la citada resolución, manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione las pruebas, tendiente a desvirtuar las irregularidades o acreditar el pago de las contribuciones o aprovechamientos consignados en la resolución provisional; y

III.- Una vez recibidas y analizadas las pruebas aportadas por el contribuyente, si la autoridad fiscal identifica elementos adicionales que deban ser verificados, podrá actuar indistintamente conforme a cualquiera de los siguientes procedimientos:

a) Efectuará un segundo requerimiento al contribuyente, dentro del plazo de los diez días siguientes a aquél en que la autoridad fiscal reciba las pruebas, el cual deberá ser atendido por el contribuyente dentro del plazo de diez días siguientes contados a partir de la notificación del segundo requerimiento

b) Solicitará información y documentación de un tercero.

Una vez obtenida la información solicitada, la autoridad fiscal contará con un plazo máximo de treinta días para la emisión y notificación de la resolución, salvo tratándose de pruebas periciales, caso en el cual el plazo se computará a partir de su desahogo.

Concluidos los plazos otorgados a los contribuyentes para hacer valer lo que a su derecho convenga respecto de los hechos u omisiones dados a conocer durante el desarrollo de las facultades de comprobación a que se refiere la fracción IX del artículo 53 de este Código, se tendrá por perdido el derecho para realizarlo.

Los actos y resoluciones administrativos, así como las promociones de los contribuyentes a que se refiere este artículo, se notificarán y presentarán de conformidad con las formalidades establecidas en este Código.



Artículo 64.

Se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos afirmados en los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes; en cualquier otro dictamen que tenga repercusión fiscal formulado por contador público o relación con el cumplimiento de las disposiciones fiscales; o bien en las aclaraciones que dichos contadores formulen respecto de sus dictámenes, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

I.- Que el contador público que dictamine cuente para tal efecto con registro actualizado ante las autoridades fiscales federales o estatales, según corresponda; y,

II.- Que el dictamen se formule de acuerdo con las disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de éste Código y demás disposiciones legales aplicables.

Las opiniones o interpretaciones contenidas en los dictámenes, no obligan a las autoridades fiscales. La revisión de los dictámenes y demás documentos relativos a los mismos se podrá efectuar en forma previa o simultánea al ejercicio de las otras facultades de comprobación respecto de los contribuyentes o responsables solidarios



Artículo 65.

Los contribuyentes que se encuentren obligados legalmente a dictaminar sus estados financieros o que hubieren optado por hacerlo, de conformidad con lo dispuesto por las disposiciones fiscales federales, deberán cumplir con las siguientes obligaciones ante la Dirección General de Auditoria Fiscal de la Secretaría de Hacienda:

I.- Presentar copia del dictamen fiscal enviado vía internet ante el Servicio de Administración Tributaria, dentro de los seis días siguientes al haberse exhibido ante dicha autoridad federal;

II.- Anexar a la copia del dictamen fiscal a que hace referencia la fracción anterior, los documentos mediante los cuales se determine la base y tasa del Impuesto Sobre Remuneración al Trabajo Personal, causados en el periodo que el citado dictamen comprende; y

III.- Cualquier otra documentación o información que requiera la Secretaría de Hacienda personalmente o a través de las disposiciones administrativas de carácter general



Artículo 66.

La copia del dictamen y los demás documentos a que hace referencia el artículo anterior, presentados fuera de los plazos previstos, no surtirán efecto alguno, salvo que la Dirección General de Auditoria Fiscal de la Secretaría de Hacienda considere que existen razones para admitir tales documentos caso en el cual deberá comunicar tal hecho al contribuyente con copia al contador público, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su presentación.



Artículo 67.

Cuando las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades de comprobación procedan a revisar el dictamen fiscal y demás información relacionada con las contribuciones estatales que fiscalizan, podrán requerir indistintamente:

I.- Al contador público que haya formulado el dictamen, lo siguiente:

a).- Cualquier información que conforme a lo establecido en la fracción II del artículo 65 de este Código debiera estar incluida en los estados financieros dictaminados para efectos fiscales;

b).- La exhibición de los papeles de trabajo elaborados con motivo de la auditoria practicada, los cuales, en todo caso, se entiende que son propiedad del contador público;

c).- La información que se considere pertinente para cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente;

d).- La exhibición de los sistemas y registros contables y documentación original, en aquellos casos en que así se considere necesario;

Para estos efectos, si la información que proporciona el contador público conforme a lo que establecen los incisos a), b) y c) es suficiente, no se requerirá de la información a que se refiere el inciso d).

II.- Al contribuyente, la información y documentación a que se refieren los incisos c) y d) de la fracción anterior, dicho requerimiento se hará por escrito; y

III.- A terceros relacionados con los contribuyentes o responsables solidarios, la información y documentación que consideren necesaria para verificar si son ciertos los datos consignados en el dictamen y demás documentos y anexos.

Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de que al Contador Público que dictamina se le haya suspendido o cancelado su registro, o en su defecto, hubiese renunciado de conformidad con las disposiciones fiscales federales



Artículo 67 bis.

Cuando las autoridades fiscales revisen el dictamen y demás información a que se refiere el artículo 67 de este Código, y solicite al contador público registrado que lo hubiera formulado información o documentación, la misma se deberá presentar en los siguientes plazos:

I.- Seis días, tratándose de papeles de trabajo elaborados con motivo del dictamen realizado. Cuando el contador público registrado tenga su domicilio fuera de la localidad en que se ubica la autoridad solicitante, el plazo será de quince días; y

II.- Quince días, tratándose de otra documentación o información relacionada con el dictamen, que esté en poder del contribuyente



Artículo 68.

Se considera que se inicia el ejercicio de las facultades de comprobación en relación con los contribuyentes que hayan presentado estados financieros dictaminados, cuando la autoridad fiscal competente lleva a cabo alguno de los actos señalados en las fracciones II y III del artículo anterior



Artículo 69.

Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente los ingresos las remuneraciones a que se refiere el artículo 213 de la Ley de Hacienda del Estado y las contribuciones omitidas, por los que deban pagar contribuciones, cuando:

I.- Se opongan u obstaculicen la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales; u omitan presentar declaraciones de cualquier contribución hasta el momento en que se inicie el ejercicio de dichas facultades y siempre que haya transcurrido más de un mes desde el día en que venció el plazo para la presentación de la declaración de que se trate;

II.- No presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación comprobatoria de más del 3% de alguno de los conceptos de las declaraciones, o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones fiscales;

III.- Se dé alguna de las siguientes irregularidades:

a).- Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración del costo, por más de 3% sobre los declarados en el período objeto de revisión;

b).- Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos; y

c).- Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los inventarios, o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo, siempre que en ambos casos, el importe exceda del 3% del costo de los inventarios.

IV.- Se adviertan otras irregularidades en su contabilidad que imposibiliten el conocimiento de sus operaciones;

V. Se detecten por las autoridades fiscales diferencias entre lo declarado por los contribuyentes respecto del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal y lo declarado ante cualquier otra entidad de la administración pública federal, estatal o municipal

La determinación presuntiva a que se refiere este artículo, procederá independientemente de las sanciones a que haya lugar.



Artículo 70.

Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos, las remuneraciones a que se refiere el artículo 213 de la Ley de Hacienda del Estado y las contribuciones omitidas, para el período sujeto de revisión, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos:

I.- Utilizando los datos de la contabilidad del contribuyente;

II.- Tomando como base los datos contenidos en las declaraciones del período objeto de revisión correspondiente a cualquier contribución, con las modificaciones que, en su caso, hubieran tenido con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación;

III.- A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales, cuando tengan relación de negocios con el contribuyente;

IV.- Con otra información obtenida por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación; y,

V.- Utilizando medios indirectos de la investigación económica o de cualquier otra clase



Artículo 71.

Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente las contribuciones que se debieron haber retenido, cuando aparezca omisión en la retención y entero, por más del 3% sobre las retenciones enteradas.

Para efectos de la determinación presuntiva a que se refiere este artículo, las autoridades fiscales podrán utilizar indistintamente cualquiera de los procedimientos previstos en las fracciones I a V del artículo 70 de este Código



Artículo 72.

Se deroga



Artículo 73.

Para la comprobación de los ingresos, así como de las contribuciones omitidas, las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario:

I.- Que la información contenida en la contabilidad, documentación comprobatoria y correspondencia que se encuentren en poder del contribuyente, corresponde a operaciones celebradas por él, aún cuando aparezcan sin su nombre o a nombre de otra persona, siempre que se logre demostrar que al menos una de las operaciones o actividades contenidas en tales elementos, fue realizada por el contribuyente;

II.- Que la información contenida en los sistemas de contabilidad, a nombre del contribuyente, localizados en poder de personas a su servicio, o de accionistas o propietarios de la empresa, corresponde a operaciones del contribuyente;

III.- Que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad que esté obligado a llevar, son ingresos y valor de actos o actividades por los que se deben pagar contribuciones;

IV.- Que son ingresos y valor de actos o actividades de la empresa por los que deben pagar contribuciones, los depósitos hechos en cuenta de cheques personal de los gerentes, administradores o terceros, cuando efectúen pagos de deudas de la empresa con cheques de dicha cuenta o depositen en la misma, cantidades que correspondan a la empresa y ésta no los registre en contabilidad;

Para los efectos de esta fracción, se considera que el contribuyente no registró en su contabilidad los depósitos en su cuenta bancaria cuando, estando obligado a llevarla, no la presente a la autoridad cuando ésta ejerza sus facultades de comprobación.

Se presumirá que los depósitos efectuados por el empleador en cuentas de las personas físicas que le prestan servicios personales subordinados, son pagos que causan impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal.

V.- Que las diferencias entre los activos registrados en contabilidad y las existencias reales corresponden a ingresos y valor de actos o actividades del último ejercicio que se revisa por los que se deban pagar contribuciones;

VI.- Que los cheques librados contra las cuentas del contribuyente a proveedores o prestadores de servicios al mismo, que no correspondan a operaciones registradas en su contabilidad son pagos por mercancías adquiridas o por servicios por los que el contribuyente obtuvo ingresos; y

VII.- Que los inventarios de materias primas, productos semiterminados y terminados, los activos fijos, gastos y cargos diferidos que obren en poder del contribuyente, así como los terrenos donde desarrolle su actividad son de su propiedad. Los bienes a que se refiere este párrafo se valuarán a sus precios de mercado y en su defecto al de avalúo



Artículo 74.

Cuando el contribuyente omita registrar adquisiciones en su contabilidad y éstas fueran determinadas por las autoridades fiscales, se presumirá que los bienes adquiridos y no registrados, fueron enajenados y que el importe de la enajenación fue el que resulta de las siguientes operaciones:

I.- El importe determinado de adquisición, incluyendo el precio pactado y las contribuciones, intereses normales o moratorios, penas convencionales y cualquier otro concepto que se hubiera pagado con motivo de la adquisición, se multiplica por el por ciento de utilidad bruta con que opera el contribuyente;

II.- La cantidad resultante se sumará al importe determinado de adquisición y la suma será el valor de la enajenación;

El porciento de utilidad bruta se obtendrá de los datos contenidos en la contabilidad del contribuyente en el ejercicio de que se trate y se determinará dividiendo dicha utilidad bruta entre el costo que determine o se le determine al contribuyente. Para los efectos de lo previsto por esta fracción, el costo de determinará según los principios de contabilidad generalmente aceptados. En el caso de que el costo no se pueda determinar se entenderá que la utilidad bruta es de 50%.

La presunción establecida en este artículo no se aplicará cuando el contribuyente demuestre que la falta de registro de las adquisiciones fue motivada por caso fortuito o fuerza mayor.

Igual procedimiento se seguirá para determinar el valor por enajenación de bienes faltantes en inventarios. En este caso, si no pudiera determinarse el monto de la adquisición se considerará el que corresponda a bienes de la misma especie adquiridos por el contribuyente en el ejercicio de que se trate y en su defecto, el de mercado o el de avalúo



Artículo 75.

Para comprobar las contribuciones omitidas, así como los ingresos o el valor de los actos o actividades de los contribuyentes, las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario, que la información o documentos de terceros relacionados con el contribuyente, corresponden a operaciones realizadas por éste, cuando:

I.- Se refieran al contribuyente designado por su nombre, denominación o razón social;

II.- Señalen como lugar para la entrega o recibo de bienes o prestación de servicios, relacionados con las actividades del contribuyente, cualquiera de sus establecimientos, aún cuando exprese el nombre, denominación o razón social de un tercero, real o ficticio;

III.- Señalen el nombre o domicilio de un tercero, real o ficticio, si se comprueba que el contribuyente entrega o recibe bienes o servicios a ese nombre o en ese domicilio; y,

IV.- Se refieran a cobros o pagos efectuados por el contribuyente o por su cuenta, por persona interpósita o ficticia



Artículo 76.

Los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en este Código o en las leyes fiscales, o bien que consten en los expedientes, documentos o bases de datos que lleven, tengan acceso o en su poder las autoridades fiscales, así como aquellos proporcionados por otras autoridades, podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda o de cualquier otra autoridad competente en materia de contribuciones estatales y federales.

Cuando otras autoridades proporcionen expedientes o documentos a las autoridades fiscales conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, estas últimas deberán conceder a los contribuyentes un plazo de quince días, contado a partir de la fecha en la que les den a conocer tales expedientes o documentos, para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga, lo cual formará parte del expediente administrativo correspondiente.

Las mencionadas autoridades estarán a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, sin perjuicio de su obligación de mantener la confidencialidad de la información proporcionada por terceros independientes que afecte su posición competitiva, a que se refiere el artículo 80 de este Código.

Las copias o reproducciones que deriven del microfilm, disco óptico, medios magnéticos, digitales, electrónicos o magneto ópticos de documentos que tengan en su poder las autoridades fiscales, tienen el mismo valor probatorio que tendrían los originales, siempre que dichas copias o reproducciones sean certificadas por funcionario competente para ello, sin necesidad de cotejo con los originales.

Las autoridades fiscales presumirán como cierta la información contenida en los comprobantes fiscales digitales por Internet y en las bases de datos que lleven o tengan en su poder o a las que tengan acceso.



Artículo 76 bis.

Las contribuciones omitidas que las autoridades fiscales determinen como consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación, así como los demás créditos fiscales, deberán pagarse o garantizarse, junto con sus accesorios, dentro de los treinta días siguientes a aquél en que haya surtido efectos su notificación.



Artículo 77.

Los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales. Sin embargo, dichas autoridades deberán probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos, que la negativa implique la afirmación de otro hecho



Artículo 78.

Las autoridades fiscales, a petición de los contribuyentes, podrán autorizar el pago a plazos, ya sea en parcialidades o diferido, de las contribuciones omitidas y de sus accesorios así como de aquellos conceptos que las demás leyes administrativas definan como créditos fiscales, sin que dicho plazo exceda de treinta y seis meses, siempre y cuando los contribuyentes:

I.- Paguen el 30% del monto total del crédito fiscal al momento de la autorización del pago a plazos. El monto total del adeudo se integrará por la suma de los siguientes conceptos:

a) El monto de las contribuciones omitidas actualizado desde el mes en que se debieron pagar y hasta aquél en que se concluya la autorización.

b) Las multas actualizadas que correspondan desde el mes en que se debieron pagar y hasta aquél en que se concluya la autorización.

c).- Los accesorios distintos de las multas que tenga a su cargo el contribuyente a la fecha en que se conceda la autorización.

 La actualización que corresponda al periodo mencionado se efectuará de conformidad a lo previsto por el artículo 18 Bis de este Código.

La modalidad del pago a plazos elegida por el contribuyente podrá modificarse para el crédito de que se trate por una sola ocasión, siempre y cuando el plazo en su conjunto no exceda del plazo máximo establecido en el presente artículo.



Artículo 78 bis.

Para los efectos de la autorización a que se refiere el artículo anterior se estará a lo siguiente:

I.- Tratándose de la autorización del pago a plazos en parcialidades, el saldo que se utilizará para el cálculo de las parcialidades será el resultado de disminuir el pago correspondiente al 30% señalado en la fracción I del artículo anterior, del monto total del adeudo a que hace referencia dicha fracción.

El monto de cada una de las parcialidades deberá ser igual, expresadas en pesos y pagadas en forma mensual y sucesiva, para lo cual se tomará como base el saldo del párrafo anterior, el plazo elegido por el contribuyente y la tasa mensual de recargos por prórroga de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado vigente en la fecha de la autorización de pago a plazos en parcialidades. Los recargos por prórroga deberán aplicarse sobre saldos insolutos para cada una de las parcialidades.

Cuando no se paguen oportunamente los montos de los pagos en parcialidades autorizados, el contribuyente estará obligado a pagar recargos por los pagos extemporáneos sobre el monto total de las parcialidades no cubiertas, por el número de meses o fracción de mes desde la fecha en que se debió realizar el pago y hasta que éste se efectúe.

II.- Tratándose de la autorización del pago a plazos de forma diferida, el monto que se diferirá será el resultado de restar el pago correspondiente al 30% señalado en la fracción I del artículo anterior, del monto total del adeudo a que hace referencia dicha fracción.

El monto a liquidar por el contribuyente, se calculará adicionando al monto referido en el párrafo anterior, la cantidad que resulte de multiplicar la tasa de recargos por prórroga de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado, vigente en la fecha de la autorización de pago a plazos de forma diferida, por el número de meses, o fracción de mes transcurridos desde la fecha señalada por el contribuyente para liquidar su adeudo y por el monto que se diferirá.

El monto para liquidar el adeudo a que se hace referencia en el párrafo anterior, deberá cubrirse en una sola exhibición a más tardar en la fecha de pago especificada por el contribuyente en la autorización de pago a plazos.

III.- Simultáneamente a la autorización de pago a plazos, ya sea en parcialidades o diferido, de las contribuciones omitidas y de sus accesorios, la autoridad exigirá la garantía del interés fiscal en alguna de las formas previstas en el artículo 130 de este Código.

IV.- Se revocará la autorización para pagar a plazos en parcialidades o en forma diferida, cuando:

a).- Desaparezca o resulte insuficiente la garantía del interés fiscal, sin que el contribuyente dé nueva garantía o amplíe la que resulte insuficiente.

b).- El contribuyente se encuentre sometido a un procedimiento de concurso mercantil o sea declarado en quiebra.

c) Tratándose del pago en parcialidades el contribuyente no cumpla en tiempo y monto con tres parcialidades sucesivas o, en su caso, con la última.

d).- Tratándose del pago diferido, se venza el plazo para realizar el pago y éste no se efectúe.

En los supuestos señalados en los incisos anteriores las autoridades fiscales requerirán y harán exigible el saldo mediante el procedimiento administrativo de ejecución.

El saldo no cubierto en el pago a plazos causará recargos, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de este Código, desde la fecha en que se haya efectuado el último pago o desde aquella en que debió haberse efectuado, conforme a la autorización respectiva.

V.- Los pagos efectuados durante la vigencia de la autorización se deberán aplicar al periodo más antiguo, en el siguiente orden:

a) Recargos por prórroga.

b) Recargos por mora.

c) Accesorios en el siguiente orden:

1.- Multas.

2.- Gastos extraordinarios.

3.- Gastos de ejecución.

4.- Recargos.

d) Monto de las contribuciones omitidas.

El pago a plazos sólo procederá para el caso de que el contribuyente no tenga otros adeudos con la Secretaría de Hacienda y, en caso de tenerlos, deberá pagarlos o adicionarlos al monto respecto del cual solicita la autorización del pago a plazos.



Artículo 79.

Las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, señalar las bases de su liquidación o fijarlas en cantidad liquida, así como para imponer sanciones por infracciones a dichas disposiciones, se extinguen en el plazo de cinco años contados a partir del día siguiente a aquel en que:

I.- Se presentó la declaración o aviso, cuando se tenga obligación de hacerlo. En estos casos las facultades se extinguirán por ejercicios completos. No obstante lo anterior, cuando se presenten declaraciones complementarias el plazo empezará a computarse a partir del día siguiente a aquél en que se presentan, por lo que hace a los conceptos modificados en relación con la última declaración de esa misma contribución en el ejercicio;

II.- Se produjo el hecho generador del crédito fiscal, si no existiera obligación de presentar declaraciones, manifestaciones o avisos;

III.- Se hubiere cometido la infracción a las disposiciones fiscales; pero si la infracción fuese de carácter continuo o continuado, el término correrá a partir del día siguiente al en que hubiese cesado la consumación o se hubiese realizado la última conducta o hecho, respectivamente;

IV.- Se levante el acta de incumplimiento de la obligación garantizada, tratándose de la exigibilidad de fianzas a favor de la Secretaría de Hacienda constituidas para garantizar el interés fiscal, la cual será notificada a la afianzadora; y,

El plazo a que se refiere este artículo será de diez años, cuando el contribuyente no haya presentado su solicitud en el Registro Estatal de Contribuyentes, no lleve contabilidad o no la conserve durante el plazo que establece este Código o no presente alguna declaración, avisos o informes, estando obligado a presentarlos; en este último caso, el plazo de diez años se computará a partir del día siguiente a aquél en el que se debió haber presentado la declaración, aviso o informe señalados.

En los casos de responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 13 fracción III de este Código, el plazo será de tres años a partir de que la garantía del interés fiscal resulte insuficiente.

El plazo señalado en este artículo no está sujeto a interrupción y sólo se suspenderá cuando se ejerzan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales a que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 53 de este Código o cuando se interponga algún recurso administrativo o juicio, o cuando las autoridades fiscales no puedan iniciar el ejercicio de sus facultades de comprobación en virtud de que el contribuyente hubiere desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando hubiere señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal. En estos dos últimos casos se reiniciará el computo del plazo de caducidad a partir de la fecha en que se localice al contribuyente.

El plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación antes mencionadas inicia con la notificación de su ejercicio y concluye cuando se notifique la resolución definitiva por parte de la autoridad fiscal o cuando concluya el plazo que establece el artículo 62 Bis de este Código para emitirla. De no emitirse la resolución, se entenderá que no hubo suspensión.

En todo caso, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, adicionado con el plazo por el que no se suspende dicha caducidad, no podrá exceder de diez años. Tratándose de visitas domiciliarias o de revisión de la contabilidad en las oficinas de las propias autoridades, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, adicionado con el plazo por el que no se suspende dicha caducidad, no podrá exceder de seis años con seis meses.

Las facultades de las autoridades fiscales para investigar hechos constitutivos de delitos en materia fiscal, no se extinguirán conforme a este artículo.

Los contribuyentes, transcurridos los plazos a que se refiere este artículo, podrán solicitar se declare que se han extinguido o caducado las facultades de las autoridades fiscales



Artículo 80.

El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación. Dicha reserva no comprenderá los casos que señalen las leyes fiscales y aquellos en que deban suministrarse datos a los funcionarios encargados de la administración y de la defensa de los intereses fiscales estatales, a las autoridades judiciales en procesos del orden penal o a los Tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias, o en el supuesto previsto en el artículo 76 de este Código.

Solo por acuerdo expreso del Secretario de Hacienda, se podrán publicar los siguientes datos por grupos de contribuyentes: nombre, domicilio, actividad, ingreso total, utilidad fiscal o valor de sus actos o actividades y contribuciones pagadas.

La reserva referida en el párrafo primero de este artículo tampoco comprenderá la información relativa a los créditos fiscales firmes de los contribuyentes que las autoridades fiscales proporcionen a las sociedades de información crediticia que obtengan autorización de las autoridades federales, de conformidad con la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia



Artículo 81.

La imposición de las sanciones administrativas por infracción a las disposiciones fiscales compete a la Secretaría de Hacienda.

Cuando las multas no se paguen en la fecha establecida en las disposiciones fiscales, el monto de las mismas se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, en los términos del artículo 18 BIS de este Código.

La aplicación de las multas, por infracciones a las disposiciones fiscales, se hará independientemente de que se exija el pago de las contribuciones respectivas y sus demás accesorios, así como de las penas que impongan las autoridades judiciales cuando se incurra en responsabilidad penal.

Para efectuar el pago de las cantidades que resulten en los términos de este artículo, las mismas se ajustarán de conformidad con el artículo 18 de este Código.

Cuando la multa aplicable a una misma conducta infraccionada, sea modificada posteriormente mediante reforma al precepto legal que la contenga, las autoridades fiscales aplicarán la multa que resulte menor entre la existente en el momento en que se cometió la infracción y la multa vigente en el momento de su imposición



Artículo 82.

Son responsables en la comisión de las infracciones previstas en este Código las personas que realicen los supuestos que en este Capítulo se consideran como tales así como las que omitan el cumplimiento de obligaciones previstas por las disposiciones fiscales, incluyendo a aquellas que lo hagan fuera de los plazos establecidos.

Cuando sean varios los responsables, cada uno deberá pagar el total de la multa que se imponga.



Artículo 83.

Los funcionarios y empleados públicos que en ejercicio de sus funciones conozcan de hechos u omisiones que entrañen o puedan entrañar infracción a las disposiciones fiscales, lo comunicarán a la autoridad fiscal competente para no incurrir en responsabilidad, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de tales hechos u omisiones.

Tratándose de funcionarios y empleados fiscales, la comunicación a que se refiere el párrafo anterior la harán en los plazos y forma establecidos en los procedimientos a que estén sujetas sus actuaciones.

Se libera de la obligación establecida en este artículo a los siguientes funcionarios y empleados públicos:

I.- Aquellos que de conformidad con otras leyes tengan obligaciones de guardar reserva acerca de los datos o información que conozcan con motivo de sus funciones; y,

II.- Los que participen en las tareas de asistencia al contribuyente previstas por las disposiciones fiscales.



Artículo 84.

No se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales o cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o de caso fortuito. Se considerará que el cumplimiento no es espontáneo en el caso de que:

I.- La omisión sea descubierta por las autoridades fiscales;

II.- La omisión haya sido corregida por el contribuyente después de que las autoridades fiscales hubieren notificado una orden de visita domiciliaria, o haya mediado requerimiento o cualquier otra gestión notificada por las mismas contemplada en este Ordenamiento, tendientes a la comprobación del cumplimiento de disposiciones fiscales;

Siempre que se omita el pago de una contribución cuya determinación corresponda a los funcionarios o empleados públicos o a los notarios o corredores titulados, los accesorios serán, a cargo exclusivamente de ellos, y los contribuyentes sólo quedarán obligados a pagar las contribuciones omitidas. Si la infracción se cometiere por inexactitud o falsedad de los datos proporcionados por los contribuyentes a quien determinó las contribuciones, los accesorios serán a cargo de los contribuyentes



Artículo 85.

La Secretaría de Hacienda podrá condonar total o parcialmente las multas por infracción a las disposiciones fiscales, inclusive las determinadas por el propio contribuyente, para lo cual apreciará discrecionalmente las circunstancias del caso, así como los motivos que tuvo la autoridad que impuso la sanción.

La solicitud de condonación de multas en los términos de este artículo, no constituirá instancia y las resoluciones que dicte la Secretaría de Hacienda al respecto no podrán ser impugnadas por los medios de defensa que establece este Código.

La solicitud dará lugar a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, si así se pide y se garantiza el interés fiscal.

Sólo procederá la condonación de multas que hayan quedado firmes y siempre que un acto administrativo conexo no sea materia de impugnación



Artículo 86.

Dentro de los límites fijados por este Código, las autoridades fiscales al imponer multas por la comisión de las infracciones señaladas en las leyes fiscales, deberán fundar y motivar su resolución y tener en cuenta lo siguiente:

I.- Se considerará como agravante el hecho de que el infractor sea reincidente. Se da la reincidencia cuando:

a).- Tratándose de infracciones que tengan como consecuencia la omisión en el pago de contribuciones, incluyendo las retenidas, la segunda o posteriores veces que se sancione al infractor por la comisión de una infracción que tenga esa consecuencia;

b).- Tratándose de infracciones que no impliquen omisión en el pago de contribuciones, la segunda o posteriores veces que se sancione al infractor por la comisión de una infracción establecida en el mismo artículo y fracción de este Código;

Para determinar la reincidencia, se considerarán únicamente las infracciones cometidas dentro de los últimos cinco años.

II.- También será agravante en la comisión de una infracción, cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos:

a).- Que se haga uso de documentos falsos o en los que hagan constar operaciones inexistentes;

b).- Que se lleven dos o más sistemas de contabilidad con distinto contenido;

c).- Se lleven dos o más libros sociales similares con distinto contenido; y,

d).- Que se destruya, ordene o permita la destrucción total o parcial de la contabilidad.

III.- Se considera también agravante, la omisión en el entero de contribuciones que se hayan retenido de los contribuyentes;

IV.- Igualmente es agravante, el que la comisión de la infracción sea en forma continuada;

V.- Cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales a las que correspondan varias multas, sólo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa sea mayor;

Tratándose de la presentación de las declaraciones o avisos cuando por diferentes contribuciones se deba presentar una misma forma oficial y se omita hacerlo por alguna de ellas, se aplicará una multa por cada contribución no declarada u obligación no cumplida.

 

VI.- En el caso de que la multa se pague dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se le notifique al infractor la resolución por la cual se le imponga la sanción, la multa se reducirá en un 30% de su monto, sin necesidad de que la autoridad que la impuso dicte nueva resolución. Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable cuando se den los supuestos previstos en el artículo 88 fracción II, inciso a) y 89 de este Código;

VII. En caso de infracciones continuas y de que no sea posible determinar el monto de la prestación evadida, se impondrá según la gravedad, multa hasta del triple del máximo de la sanción que corresponda;

VIII. Cuando la infracción no haya tenido ni pueda haber tenido como consecuencia la evasión del pago de créditos fiscales, se impondrá el mínimo de la sanción, salvo el caso de reincidencia;

 

IX. Cuando las infracciones consistan en hechos, omisiones o falta de requisitos semejantes en documentos o libros, y siempre que no haya tenido como consecuencia la evasión del pago de créditos fiscales, se considerará el conjunto como una sola infracción y se impondrá solamente una multa que no excederá del máximo que fija este código para sancionar cada hecho, omisión o falta de requisitos;

X. Cuando se omita una prestación fiscal que corresponda a los actos y contratos que se hagan constar en escrituras publicas o minutas extendidas ante notario publico o corredor publico, la sanción se impondrá exclusivamente a los notarios y corredores, y los interesados solo quedarán obligados a pagar los créditos fiscales omitidos. Si la infracción se cometiere por inexactitud o falsedad de los datos proporcionados por los interesados al notario o corredor, la sanción se aplicará entonces solamente a los mismos interesados;

XI. Cuando la liquidación de alguna prestación fiscal este encomendada a funcionarios o empleados del estado o sus municipios, estos serán responsables de las infracciones que se cometan y se les aplicaran las sanciones que correspondan, quedando únicamente obligados los sujetos pasivos a pagar la prestación fiscal omitida, excepto en los casos en que este código o alguna ley fiscal disponga que no se podrá exigir al sujeto pasivo dicho pago; y,

XII. La Secretaría de Hacienda se abstendrá de imponer sanciones cuando se haya incurrido en infracción por caso fortuito o fuerza mayor



Artículo 87.

Cuando la comisión de una o varias infracciones origine la omisión total o parcial en el pago de contribuciones incluyendo las retenidas o recaudadas, y sea descubierta por las autoridades fiscales mediante el ejercicio de sus facultades, se aplicará una multa del 55% al 75% de las contribuciones omitidas.

Cuando el infractor pague las contribuciones omitidas junto con sus accesorios después de que se inicie el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales y hasta antes de que se le notifique el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones a que se refiere la fracción VI del artículo 61 de este Código, según sea el caso, se aplicará una multa del 20%.

Si el infractor paga las contribuciones omitidas junto con sus accesorios, después de que se notifique el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones, según sea el caso, pero antes de la notificación de la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas, pagará una multa del 30%.

Si las autoridades fiscales determinan contribuciones omitidas mayores que las consideradas por el contribuyente para calcular la multa en los términos del segundo y tercer párrafos de este artículo, aplicarán el porcentaje que corresponda en los términos del primer párrafo de este artículo sobre el remanente no pagado de las contribuciones.

El pago de las multas en los términos del segundo y tercer párrafos de este artículo, se podrá efectuar en forma total o parcial por el infractor sin necesidad de que las autoridades dicten resolución al respecto, utilizando para ello las formas especiales que apruebe la Secretaría de Hacienda y en el supuesto de no existir formas aprobadas acudiendo a las oficinas exactoras respectivas.

También se aplicarán las multas a que se refiere este precepto, cuando las infracciones consistan en devoluciones o compensaciones, indebidos o en cantidad mayor de la que corresponda. En estos casos las multas se calcularán sobre el monto del beneficio indebido



Artículo 88.

En los casos a que se refiere el artículo 87 de este Código, las multas se aumentarán o disminuirán conforme a las siguientes reglas:

I.- Se aumentarán:

a).- De un 20% a un 30% del monto de las contribuciones omitidas o del beneficio indebido, cada vez que el infractor haya reincidido o cuando se trate del agravante señalado en la fracción IV del artículo 86;

b).- De un 60% a un 90% del monto de las contribuciones omitidas o del beneficio indebido, cuando en la comisión de la infracción se dé alguno de los agravantes señalados en la fracción II del artículo 86 de este Código; y,

c).- De un 50% a un 75% del importe de las contribuciones retenidas o recaudadas y no enteradas, cuando se incurra en la agravante a que se refiere la fracción III del artículo 86 de este Código.

Tratándose de los casos comprendidos en las fracciones I y II del artículo anterior, el aumento de multas, a que se refiere esta fracción, se determinará por la autoridad fiscal correspondiente, aun después de que el infractor hubiera pagado las multas en los términos del artículo precedente; y,

II.- Se disminuirán:

a).- De un 20% a un 30% el monto de las contribuciones omitidas o del beneficio indebido, en el caso de la fracción II del artículo 87 y siempre que el infractor pague o devuelva los mismos con sus accesorios, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución respectiva. Para aplicar la reducción contenida en este inciso no se requiere modificar la resolución que impuso la multa



Artículo 89.

Tratándose de la omisión de contribuciones por error aritmético en las declaraciones, se impondrá una multa del 20% al 25% de las contribuciones omitidas. En caso de que dichas contribuciones se paguen junto con sus accesorios, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación de la diferencia respectiva, la multa se reducirá a la mitad, sin que para ello se requiera resolución administrativa.



Artículo 89 bis.

Tratándose de la omisión de los derechos vehiculares que a continuación se indican, se impondrán las multas siguientes:

I.- Por no pagar total o parcialmente dentro de los plazos previstos en las leyes de la materia, los derechos de expedición o canje de placas, se impondrá una multa de 3.2685 a 6.0210 Unidades de Medida y Actualización si el pago correspondiente se efectúa dentro de los 1 a 90 días, posteriores al vencimiento de la obligación.

II.- Por no pagar total o parcialmente dentro de los plazos previstos en las leyes de la materia, los derechos de expedición o canje de placas, se impondrá una multa de 6.5371 a 8.6014 Unidades de Medida y Actualización se efectúa de los 91 días en adelante, posteriores al vencimiento de la obligación.

III.- Por no pagar total o parcialmente los derechos de revalidación de placas dentro de los plazos fijados en las leyes de la materia, se impondrá una multa de 2.4428 a 4.3007 Unidades de Medida y Actualización si el pago correspondiente se efectúa durante el período de julio a septiembre del año que corresponda.

IV.- Por no pagar total o parcialmente los derechos de revalidación de placas dentro de los plazos fijados en las leyes de la materia, se impondrá una multa de 4.9028 a 6.8811 Unidades de Medida y Actualización si el pago correspondiente se efectúa durante el período de octubre a diciembre del año que corresponda.

En los supuestos a que se refiere este artículo no se aplicará la multa contenida en el artículo 90 fracción XVI, de este Código aplicable a los derechos.



Artículo 90.

Son infracciones cuya responsabili¬dad recae sobre los sujetos pasivos:

I. No solicitar la inscripción cuando se este obligado a ello o hacerlo extemporáneamente salvo cuando la solicitud se presente de manera espontánea;

Se excluye de responsabilidad por la comisión de esta infracción a las personas cuya solicitud de inscripción debe ser legalmente efectuada por otra, inclusive cuando dichas personas queden subsidiariamente obligadas a solicitar su inscripción.

II. No citar la clave del registro o utilizar alguna no asignada por la autoridad fiscal, en las declaraciones, avisos, solicitudes, promociones y demás documentos que se presenten ante las autoridades fiscales y jurisdiccionales, cuando se esté obligado conforme a la ley;

III. Obtener o usar más de un número de registro o de empadronamiento para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo;

IV. Utilizar interpósita persona para manifestar negociaciones propias o para percibir ingresos gravables, dejando de pagar los impuestos correspondientes;

V. No obtener oportunamente los permisos, placas, boletos de registro o cualquier otro documento exigido por las leyes fiscales o no tenerlos en el lugar que señalan dichas disposiciones;

VI. Producir, fabricar, transformar, almacenar o expender artículos gravados sin cumplir con las obligaciones que establezcan las leyes fiscales;

VII. Permitir sacar o mandar sacar de las fábricas, almacenes, bodegas o de las zonas señaladas por las leyes fiscales, artículos o productos, sin haberse cumplido previamente las obligaciones fiscales relativas;

VIII. Transportar o almacenar productos o efectos gravados por las leyes fiscales, sin haber cumplido con las disposiciones que para esos casos establezcan esas leyes;

IX. No llevar los sistemas de contabilidad que requieran las disposiciones fiscales; llevarlos en forma distinta a como estas disponen; no hacer los asientos correspondientes a las operaciones efectuadas, hacerlos incompletos o inexactos, o fuera de los plazos respectivos;

X. Hacer, mandar hacer o permitir en su contabili¬dad anotaciones, asientos, cuentas, nombres o cantidades o datos falsos; alterar, raspar o tachar en perjuicio del fisco cualquie¬ra anotación, asiento o constancia hecha en la contabilidad; o mandar o consentir que se hagan esas alteraciones, raspaduras o tachaduras;

XI. No conservar la contabilidad a disposición de las autoridades por el plazo que establezcan las disposiciones fiscales;

XII. Llevar doble juego de libros con anotaciones distintas a los libros autorizados;

XIII. No conservar los libros, documentos o corres¬pondencia que le sean dejados en calidad de depositario, por los visitadores, al estarse practicando visitas domiciliarias;

XIV.- No presentar o no proporcionar, o hacerlo extemporáneamente los avisos, declaraciones, dictámenes, solicitudes, datos, informes, copias, libros o documentos que exijan las disposiciones fiscales. No comprobarlos o aclararlos cuando las autoridades fiscales lo soliciten;

XV.- Presentar los avisos, dictámenes, declaraciones, solicitudes, datos, informes, copias, libros y documentos a que se refiere la fracción anterior, falsificados, alterados, incompletos o con errores que traigan consigo la evasión de una prestación fiscal;

XVI.- No pagar total o parcialmente los impuestos, las diferencias determinadas en el dictamen fiscal estatal, las contribuciones especiales o derechos, dentro de los plazos señalados por las leyes fiscales;

XVII. Eludir el pago de las contribuciones y aprovechamientos como consecuencia de inexactitudes, simulaciones, falsificaciones y otras maniobras;

XVIII. Resistirse por cualquier medio a las visitas de inspección; no suministrar los datos e informes que legalmente puedan exigir los inspectores; no mostrar los sistemas de contabilidad, documentos, registros o impedir el acceso a los almacenes, depósitos, bodegas o cualquier otra dependencia, y en general, negarse a proporcionar los elementos que se requieran para comprobar la situación fiscal del visitado, en relación con el objeto de la visita;

XIX. Alterar o destruir los sellos o marcas oficiales colocados con fines fiscales o impedir que se logre el propósito para el cual fueron colocados;

 XX.- Señalar como domicilio fiscal para efectos del Registro Estatal de Contribuyentes, un lugar distinto del que corresponda conforme al artículo 15;

XXI.- No presentar copia del dictamen fiscal a que se refiere la fracción I del artículo 65 de este Código dentro del plazo establecido, así como los documentos a que alude la fracción II del citado precepto.

XXII.- No presentar el aviso por cambio de domicilio;

XXIII.- No expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales que señalen las disposiciones fiscales; y

XXIV.- No presentar el dictamen fiscal habiendo presentado el aviso a que se refiere el artículo 41 Bis del éste Código.



Artículo 91.

Son infracciones cuya responsabili¬dad recae sobre los responsables solidarios:

I. No solicitar la inscripción cuando se este obligado a ello o hacerlo extemporáneamente, salvo cuando la solicitud se presente de manera espontánea;

II.- No presentar, o hacerlo extemporáneamente, los avisos, declaraciones, los dictámenes, manifestaciones, solicitudes, datos, informes, copias, libros o documentos que exijan las disposiciones fiscales, no comprobarlos o aclararlos cuando las autoridades fiscales lo soliciten;

III.- Presentar los avisos, dictámenes, declaraciones, manifestaciones, solicitudes, datos, informes, copias, libros y documentos a que se refiere la fracción anterior, falsificados, alterados, incompletos o con errores que traigan consigo la evasión de una prestación fiscal;

IV. No enterar, total o parcialmente, dentro de los plazos que establezcan las disposiciones fiscales, el importe de prestaciones fiscales retenidas o que se debieron retener;

V. No cerciorarse, al transportar artículos regulados, del pago de los créditos fiscales que se hayan causado, cuando las disposiciones legales impongan esa obligación, o efectuar el transporte sin la documentación que exijan esas disposiciones;

VI. Tratándose de las personas que tengan fe pública, autorizar o asentar en el protocolo o en el libro de registro, escrituras, minutas, actos o contratos, sin cumplir o cerciorarse previamente de que se han cumplido las disposiciones fiscales o sin dar los avisos que prevengan las leyes;

VII. Extender a las personas a que se refiere la fracción anterior, constancia de haberse cumplido con las disposiciones fiscales en los actos en que intervengan, cuando no proceda su otorgamiento;

VIII. Oponerse o resistirse por cualquier medio a que se practique la visita en el domicilio fiscal o visitas de inspección. No suministrar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales; ni proporcionar la contabilidad o parte de ella, el contenido de las cajas de valores, así como impedir el acceso a los almacenes, depósitos, bodegas o cualquiera otra dependencia y en general, los elementos que se requieran para comprobar el cumplimiento de obligaciones propias o de terceros;

IX. Alterar o destruir los sellos o marcas oficiales colocados con fines fiscales o impedir que se logre el propósito para el cual fueron colocados; y,

X.- Señalar como domicilio fiscal para efectos del Registro Estatal de Contribuyentes, un lugar distinto del que corresponda conforme al artículo 15.



Artículo 92.

Son infracciones cuya responsabili¬dad recae sobre los terceros:

I. Consentir o tolerar que se inscriban a su nombre negociaciones ajenas;

 

II. Percibir a nombre propio ingresos gravables que correspondan a otra persona, cuando esto traiga como consecuencia omisión de créditos fiscales;

III. No presentar o no exhibir los avisos, informes, datos, declaraciones o documentos, o no hacerlo dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, o cuando las autoridades los exijan con apoyo en sus facultades legales. No aclararlos cuando las mismas autoridades lo soliciten;

IV. Presentar los informes, datos y documentos a que se refiere la fracción anterior, incompletos, inexactos, alterados o falsificados;

V. Asesorar o aconsejar a los sujetos pasivos para evadir el pago de una prestación fiscal o para infringir las disposiciones fiscales; contribuir a la alteración, inscripción de cuentas, asientos o datos falsos en los libros de contabilidad o en los documentos que se expidan, o expedir dictámenes de estados financieros para efectos fiscales que no reflejen la situación fiscal correcta del sujeto pasivo o responsable solidario;

VI. No prestar a las autoridades fiscales el auxilio necesario para la determinación y cobro de una prestación en los casos en que la ley les imponga esa obligación;

 

VII. Adquirir, ocultar, conservar o enajenar, productos, mercancías o artículos a sabiendas de que no se cubrieron los créditos fiscales que en relación con los mismos se hubieran debido pagar;

VIII. Destruir los sellos oficiales colocados por los empleados y funcionarios públicos con fines fiscales o impidan por cualquier maniobra que se logre el propósito para el que fueron colocados;

IX. Poseer, enajenar, poner en circulación, o en su caso, adherir en objetos, para el pago de una prestación fiscal, calcomanías, formas numeradas, placas o tarjetones, a sabiendas de que fueron impresas o grabadas sin autorización de la Secretaría de Hacienda, o bien de que fueron alteradas en su valor, año de emisión, leyenda o clase;

X. Recibir o poseer documentos en las que no se haya cumplido con las disposiciones fiscales;

XI. Tratándose de funcionarios o empleados públicos del Estado o los municipios, dar curso a documentos o libros que carezcan en todo o en parte de los requisitos exigidos por las disposiciones fiscales;

 

Esta responsabilidad será exigible aun cuando los funcionarios o empleados no hayan intervenido directamente en el trámite o resolución, si les correspondía hacerlo por razón de su cargo.

XII. Las personas a que se refiere la fracción anterior que asienten falsamente que se ha dado cumplimiento a las disposiciones fiscales o que se practicaron visitas de inspección, o asentar hechos falsos en las actas relativas; no practicar las visitas de inspección cuando tengan obligación de hacerlo, alterar documentos que estén en su poder por razón de su cargo;

XIII. Las mismas personas a que se alude en las dos fracciones precedentes, incurran en los siguientes hechos u omisiones:

a). Recibir el pago de una contribución y no enterar su importe dentro del plazo legal;

b). No exigir el pago total de las prestaciones fiscales cuando tengan la obligación de hacerlo;

c). Intervenir en la tramitación o resolución de algún asunto cuando tengan impedimento, de acuerdo con las disposiciones fiscales;

d). Faltar a la obligación de guardar secreto respecto de los asuntos que conozcan; revelar los datos declara¬dos por los contribuyentes o aprovecharse de ellos. Los representantes de contribuyentes que integren juntas calificadoras u órganos semejantes, se asimilan a los empleados o funcionarios públicos;

e). Exigir bajo el título de cooperación u otros semejantes cualquier prestación que no este expresamente prevista en la ley aun cuando se aplique a la realización de las funciones propias de su cargo;

f). Inscribir o registrar documentos, instrumen¬tos o libros en los que no se hayan cumplido las disposiciones fiscales;

g). Extender actas, expedir certificados, legalizar firmas o autorizar libros o documentos sin exigir de los interesados el cumplimiento de las obligaciones fiscales; y,

h).- Eliminen obligaciones fiscales registradas a cargo de los contribuyentes, o concedan descuentos sobre conceptos de los cuales no se tenga facultad expresa.

XIV. Negarse a proporcionar los elementos que se requieran para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ya sea por resistirse a las visitas domiciliarias, no suministrar los datos e informes que legalmente puedan exigir los visitadores, no mostrar los libros, documentos, registros, bodegas, depósitos, locales, o en cualquiera otra forma.

XV.- Oponerse o resistirse por cualquier medio a que se practique la visita en el domicilio fiscal o visitas de inspección. No suministrar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales; ni proporcionar la contabilidad o parte de ella, el contenido de las cajas de valores, así como impedir el acceso a los almacenes, depósitos, bodegas a cualquiera otra dependencia y en general, los elementos que se requieran para comprobar el cumplimiento de obligaciones propias o de terceros.



Artículo 93.

Se impondrá multa por cada infracción de las previstas en los artículos 90, 91 y 92, las cuales serán aplicadas en Unidades de Medida y Actualización, como sigue:

I.- De 8 a 20 Unidades de Medida y Actualización a las señaladas en el artículo 90 fracción XV y 91 fracción III;

II.- La mayor que resulte entre 8 Unidades de Medida y Actualización o el 15% de las contribuciones no pagadas, sin que este porcentaje pueda exceder de 500 Unidades de Medida y Actualización, para las señaladas en el artículo 90, fracciones IV y XVII.

III.- La mayor que resulte entre 5 Unidades de Medida y Actualización o el 20% de las contribuciones no pagadas, sin que este porcentaje pueda exceder de 1000 Unidades de Medida y Actualización, para las señaladas en los artículos 90 fracción XVI y 91 fracción IV;

IV.- De 22 a 32 Unidades de Medida y Actualización, a las señaladas en los Artículos 90 fracción I y 91 fracción I;

V.- De 25 a 35 Unidades de Medida y Actualización, a la señalada en el Artículo 90 fracción III;

VI.- De 2.2 A 44 Unidades de Medida y Actualización, a la señalada en el artículo 90 fracción II;

VII.- De 2.5 A 25 Unidades de Medida y Actualización, a las señaladas en los artículos 90 fracciones V, VI, VII, VIII, XI, XII, XX y XXI y 91 fracción V;

VIII.- De 2.5 A 63 Unidades de Medida y Actualización, a las señaladas en el artículo 90, fracciones IX, X y XVII;

IX.- De 12.5 A 125 Unidades de Medida y Actualización, a las señaladas en los artículos 91, fracción VII y 92 fracciones I, II, III, VI y VII;

X.- De 12.5 a 502 Unidades de Medida y Actualización, a las señaladas en los artículos 90 fracción XIII y 91 fracción VI.

XI.- De 25 a 1,000 Unidades de Medida y Actualización, a las señaladas en los artículos 90 fracción XIX, 91 fracción IX y 92 fracción VIII;

XII.- De 25 a 250 Unidades de Medida y Actualización, a las señaladas en los artículos 90 fracción XVIII y 92 fracciones IV, V, IX, X, XI, XII, XIII y XIV.

XIII.- De 150 a 300 Unidades de Medida y Actualización, a las señaladas en los artículos 90 fracción XIV, 91 fracciones II y VIII y 92 fracción XV

XIV.- De 34 a 100 Unidades de Medida y Actualización, a las señaladas en el artículo 90 fracciones XXII, y XXIII; y

XV.- De 400 a 700 Unidades de Medida y Actualización, a la señalada en el artículo 90, 



Artículo 94.

Para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en este Capítulo, será necesario que previamente la Secretaría de Hacienda formule la querella respectiva, independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento administrativo que en su caso se tenga iniciado.

Los procesos por los delitos fiscales se sobreseerán a petición de la Secretaría de Hacienda, cuando los procesados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos respectivos, o bien estos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de la propia Secretaría. La petición anterior se hará discrecionalmente, antes de que el Ministerio Público del Fuero Común formule conclusiones y surtirá efectos respecto de las personas a que la misma se refiera.

En los delitos fiscales en que el daño o el perjuicio sea cuantificable, la Secretaría de Hacienda hará la cuantificación correspondiente en la propia querella. La citada cuantificación sólo surtirá efectos en el procedimiento penal. Para conceder la libertad provisional, el monto de la caución que fije la autoridad judicial comprenderá, en su caso, la suma de la cuantificación antes mencionada y las contribuciones adeudadas, incluyendo recargos, que hubiera determinado la autoridad fiscal a la fecha en que se promueva la libertad provisional. La caución que se otorgue en los términos de este párrafo, no sustituye a la garantía del interés fiscal.

En caso de que el inculpado hubiera pagado o garantizado el interés fiscal a entera satisfacción de la Secretaría de Hacienda, la autoridad judicial, a solicitud del inculpado, podrá reducir hasta en un 50% el monto de la caución, siempre que existan motivos o razones que justifiquen dicha reducción.

El monto de las cantidades establecidas en este capítulo, se actualizarán en el mes de enero de cada año con el factor de ajuste que se obtenga de dividir el índice nacional de precios al consumidor, emitido por el Banco de México de conformidad con las disposiciones fiscales federales, del mes de noviembre del año inmediato anterior a aquél por el que se efectué el cálculo entre el citado índice correspondiente al mes de diciembre del segundo año inmediato anterior al de dicho cálculo.



Artículo 95.

Cuando en el ejercicio de sus facultades de comprobación la autoridad fiscal conozca de hechos presuntamente delictivos, procederá a la formulación de querella, sin perjuicio de que la propia autoridad fiscal pueda continuar ejerciendo dichas facultades, con base en las cuales podrán aportarse elementos adicionales



Artículo 96.

En los delitos fiscales la autoridad judicial no impondrá sanción pecuniaria; las autoridades administrativas, con arreglo a las leyes fiscales, harán efectivas las contribuciones omitidas, los recargos y las sanciones administrativas correspondientes, sin que ello afecte al procedimiento penal



Artículo 97.

Son responsables de los delitos fiscales, quienes:

I.- Concierten la realización del delito;

II.- Realicen la conducta o el hecho descrito en la Ley;

III.- Cometan conjuntamente el delito;

IV.- Ayuden dolosamente a otro para su comisión;

V.- Auxilien a otro después de su ejecución, cumpliendo una promesa anterior.

VI.- Se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutarlo;

VII.- Induzcan dolosamente a otro a cometerlo;

VIII.- Tengan la calidad de garante derivada de una disposición jurídica, de un contrato o de los estatutos sociales, en los delitos de omisión con resultado material por tener la obligación de evitar el resultado típico; y

IX.- Derivado de un contrato o convenio que implique desarrollo de la actividad independiente, propongan, establezcan o lleven a cabo por sí o por interpósita persona, actos, operaciones o prácticas, de cuya ejecución directamente derive la comisión de un delito fiscal.



Artículo 98.

Si un funcionario o empleado público comete o en cualquier forma participa en la comisión de un delito fiscal, la pena aplicable por el delito que resulte se aumentará de tres meses a tres años de prisión.



Artículo 99.

En el caso de delito continuado, la pena podrá aumentarse hasta por una mitad más de la que resulte aplicable.

Para los efectos de este Código, el delito es continuado cuando se ejecuta con pluralidad de conductas o hechos, con unidad de intención delictuosa e identidad de disposición legal, incluso de diversa gravedad.



Artículo 100.

La acción penal en los delitos fiscales a que se refiere este Código, prescribirá en tres años contados a partir del día en que la Secretaría de Hacienda tenga conocimiento del delito y del delincuente, y si no tiene conocimiento, en cinco años que se computarán a partir de la fecha de la comisión del delito. 



Artículo 101.

Para que proceda la condena condicional, la sustitución y conmutación de sanciones o cualquier otro beneficio a los sentenciados por delitos fiscales, además de los requisitos señalados en el Código Penal aplicable en Materia de Fuero Común, será necesario comprobar que los adeudos fiscales están cubiertos o garantizados a satisfacción de la Secretaría de Finanzas.



Artículo 102.

Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco estatal.

El delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes:

I.- Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de $600,000.00;

II.- Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defraudado exceda de $600,000.00, pero no de $900,000.00; y,

III.- Con prisión de tres años a ocho años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de $900,000.00.

Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena será de tres meses a seis años de prisión.

El delito de defraudación fiscal será calificado cuando ésta se origine por:

a).- Usar documentos falsos;

b).- Manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de contribuciones que no le correspondan; y,

c).- No llevar los sistemas o registros contables a que se esté obligado conforme a las disposiciones fiscales o asentar datos falsos en dichos sistemas o registros.

Cuando los delitos a que se refiere este artículo sean calificados, la pena que corresponda se aumentará en una mitad.

No se formulará querella si quien hubiere omitido el pago total o parcial de alguna contribución u obtenido el beneficio indebido, lo entera espontáneamente con sus recargos, antes de que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio, o medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales.

Para los fines de este artículo y del siguiente, se tomará en cuenta el monto de las contribuciones defraudadas en un mismo ejercicio fiscal, aun cuando se trate de contribuciones diferentes y de diversas acciones u omisiones.



Artículo 103.

Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien:

I.- Omita enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que la ley establezca, las cantidades que por concepto de contribuciones hubiere retenido;

II.- Se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal;

III.- Simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco estatal; y,

IV.- Sea responsable por omitir presentar, por más de doce meses, las declaraciones que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente.

No se formulará querella, si quien encontrándose en los supuestos anteriores, entera espontáneamente, con sus recargos, el monto de la contribución omitida o del beneficio indebido antes de que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio, o medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales



Artículo 104.

Se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión, a quien:

I.- Omita solicitar su inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes por más de un año contado a partir de la fecha en que debió hacerlo;

II.- No rinda los datos, informes o avisos a que se encuentra obligado conforme a este Código o lo haga con falsedad;

III.- Use intencionalmente más de una clave del Registro Estatal de Contribuyentes; y,

IV.- Desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio de domicilio al Registro Estatal de Contribuyentes, después de la notificación de la orden de visita o del ejercicio de las facultades de comprobación en el domicilio de la autoridad, incluyéndose la revisión de dictámenes o bien después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya garantizado, pagado o quedado sin efectos o tratándose de personas morales que hubieran realizado actividades por las que deban pagar contribuciones, haya transcurrido más de un año contado a partir de la fecha en que legalmente se tenga obligación de presentar dicho aviso.

No se formulará querella si, quien encontrándose en los supuestos anteriores, subsana la omisión o informa del hecho a la autoridad fiscal antes de que ésta lo descubra o medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales, o si el contribuyente conserva otros establecimientos en los lugares que tenga manifestados al Registro Estatal de Contribuyentes en el caso de la fracción IV.



Artículo 105.

Se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión, a quien:

I.- Registre sus operaciones contables, fiscales o sociales en dos o más libros o en dos o más sistemas de contabilidad con diferentes contenidos; y,

II.- Oculte, altere o destruya, total o parcialmente los sistemas y registros contables, así como la documentación relativa a los asientos respectivos, que conforme a las leyes fiscales esté obligado a llevar.

No se formulará querella, si quien encontrándose en los supuestos anteriores subsana la omisión o el ilícito antes de que la autoridad fiscal lo descubra o medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales.



Artículo 106.

Se impondrá sanción de dos meses a ocho años de prisión, al depositario o interventor designado por las autoridades fiscales que, con perjuicio del fisco estatal, disponga para sí o para otro del bien depositado, de sus productos o de las garantías que de cualquier crédito fiscal se hubieren constituido, si el valor de lo dispuesto no excede de $78,000.00; cuando exceda, la sanción será de tres a nueve años de prisión.

Igual sanción, de acuerdo al valor de dichos bienes, se aplicará al depositario que los oculte o no los ponga a disposición de la autoridad competente



Artículo 107.

Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión al que dolosamente:

I.- Altere o destruya los aparatos de control, sellos o marcas oficiales colocados con fines fiscales o impida que se logre el propósito para el que fueron colocados.

II.- Altere o destruya las máquinas registradoras de comprobación fiscal.

III.- Fabrique, falsifique, reproduzca, enajene gratuita u onerosamente, distribuya, comercialice, transfiera, transmita, obtenga, guarde, conserve, reciba en depósito, introduzca al territorio del Estado, sustraiga, use, oculte, destruya, modifique, altere, manipule o posea dispositivos de seguridad, sin haberlos adquirido legalmente



Artículo 108.

Se impondrá sanción de uno a seis años de prisión, a los servidores públicos que ordenen o practiquen visitas domiciliarias o embargos sin mandamiento escrito de autoridad fiscal competente



Artículo 109.

Se sancionará con prisión de uno a cinco años al servidor público que amenazare de cualquier modo a un contribuyente o a sus representantes o dependientes, con formular por sí o por medio de la dependencia de su adscripción, una denuncia, querella o declaratoria al ministerio público para que se ejercite acción penal por la posible comisión de delitos fiscales.



Artículo 110.

Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal estatal, se podrá interponer el recurso de revocación



Artículo 111.

El recurso de revocación procederá contra:

I.- Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales estatales que:

a).- Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos;

b).- Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la Ley; y,

c).- Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, salvo aquéllas a que se refieren los artículos 44 tercer párrafo, 45 y 85 de este Código;

II.- Los actos de autoridades fiscales estatales que:

a).- Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 27 de este Código;

b).- Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la Ley;

c).- Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el artículo 119 de este Código; y,

d).- Determinen el valor de los bienes embargados a que se refiere el artículo 167 de este Código.

Para efectos de lo dispuesto en la fracción I de este artículo, por resolución definitiva deberá entenderse aquella que resolvió sobre la cuestión de fondo planteada por el contribuyente y que por lo mismo no puede volver a conocer la autoridad resolutora, habiendo concluido la instancia correspondiente.

Así también deberá entenderse como resolución definitiva, aquella que sin resolver del fondo del asunto, exige al contribuyente requisitos cuyo incumplimiento resulta imposible



Artículo 112.

El interesado podrá optar por impugnar un acto a través del recurso de revocación o promover directamente contra dicho acto, juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; dicha opción solo procederá antes de que el interesado acuda al citado Tribunal. Deberá intentar la misma vía elegida si pretende impugnar un acto administrativo que sea antecedente o consecuente de otro, a excepción de resoluciones dictadas en cumplimiento de las emitidas en recursos administrativos.

Si la resolución dictada en el recurso de revocación se combate ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, la impugnación del acto conexo deberá hacerse valer ante el mismo Tribunal que conozca del juicio respectivo.

Cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal incompetente, ésta lo turnará a la que sea competente.



Artículo 113.

El escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante la autoridad competente en razón del domicilio del contribuyente o ante la que emitió o ejecutó el acto impugnado, dentro de los treinta días siguientes a aquél en que haya surtido efectos su notificación excepto lo dispuesto en los artículos 118 y 175 de este Código, en que el escrito del recurso deberá presentarse dentro del plazo que en los mismos se señala.

El escrito de interposición del recurso podrá enviarse a la autoridad competente en razón del domicilio o a la que emitió o ejecutó el acto, por correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se efectúe desde el lugar en que resida el recurrente. En estos casos, se tendrá como fecha de presentación del escrito respectivo, la del día en que se entregue a la oficina exactora o se deposite en la oficina de correos



Artículo 114.

El escrito de interposición del recurso deberá satisfacer los requisitos del artículo 22 de este Código y señalar además:

I.- La resolución o el acto que se impugna;

II.- Los agravios que le cause la resolución o el acto impugnado; y,

III.- Las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate;

Cuando no se expresen los agravios, no se señale la resolución o el acto que se impugna, los hechos controvertidos o no se ofrezcan las pruebas a que se refieren las fracciones I, II y III, la autoridad fiscal requerirá al promovente para que dentro del plazo de cinco días cumpla con dichos requisitos. Si dentro de dicho plazo no se expresan los agravios que le cause la resolución o acto impugnado, la autoridad fiscal desechará el recurso; si no se señala el acto que se impugna se tendrá por no presentado el recurso; si el requerimiento que se incumple se refiere al señalamiento de los hechos controvertidos o al ofrecimiento de pruebas, el promovente perderá el derecho a señalar los citados hechos o se tendrán por no ofrecidas las pruebas, respectivamente.

Cuando no se gestione en nombre propio, la representación de las personas físicas y morales, deberá acreditarse en términos del artículo 23 de este Código



Artículo 115.

El promovente deberá acompañar al escrito en que se interponga el recurso:

I.- Los documentos que acrediten su personalidad cuando actúe a nombre de otro o de personas morales, o en los que conste que ésta ya hubiera sido reconocida por la autoridad fiscal que emitió el acto o resolución impugnada o que se cumple con los requisitos a que se refiere el primer párrafo del artículo 23 de este Código;

II.- El documento en que conste el acto impugnado;

III.- Constancia de notificación del acto impugnado, excepto cuando el promovente declare bajo protesta de decir verdad que no recibió constancia o cuando la notificación se haya practicado por correo certificado con acuse de recibo o se trate de negativa ficta. Si la notificación fue por edictos, deberá señalar la fecha de la última publicación y el órgano en que ésta se hizo; y,

IV.- Las pruebas documentales que ofrezca y el dictamen pericial, en su caso.

Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores, podrán presentarse en fotocopia simple, siempre que obren en poder del recurrente los originales. En caso de que presentándolos en esta forma la autoridad tenga indicios de que no existen o son falsos, podrá exigir al contribuyente la presentación del original o copia certificada.

Cuando las pruebas documentales no obren en poder del recurrente, si éste no hubiere podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentren para que la autoridad fiscal requiera su remisión cuando ésta sea legalmente posible. Para este efecto deberá identificar con toda precisión los documentos y, tratándose de los que pueda tener a su disposición bastará con que acompañe la copia sellada de la solicitud de los mismos. Se entiende que el recurrente tiene a su disposición los documentos, cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las constancias de éstos.

La autoridad fiscal, a petición del recurrente, recabará las pruebas que obren en el expediente en que se haya originado el acto impugnado, siempre que el interesado no hubiere tenido oportunidad de obtenerlas.

Cuando no se acompañe alguno de los documentos a que se refieren las fracciones anteriores, la autoridad fiscal requerirá al promovente para que los presente dentro del término de cinco días. Si el promovente no los presentare dentro de dicho término y se trata de los documentos a que se refieren las fracciones I a III, se tendrá por no interpuesto el recurso; si se trata de las pruebas a que se refiere la fracción IV, las mismas se tendrán por no ofrecidas.



Artículo 116.

Es improcedente el recurso cuando se haga valer contra actos administrativos:

I.- Que no afecten el interés jurídico del recurrente;

II.- Que sean resoluciones dictadas en recurso administrativo o en cumplimiento de éstas o de sentencias;

III.- Que hayan sido impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado;

IV.- Que se hayan consentido, entendiéndose por consentimiento el de aquellos contra los que no se promovió el recurso en el plazo señalado al efecto;

V.- Que sean conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio de defensa diferente;

VI.- Se deroga.

VII.- Si son revocados los actos por la autoridad.



Artículo 117.

Procede el sobreseimiento en los casos siguientes:

I.- Cuando el promovente se desista expresamente de su recurso;

II.- Cuando durante el procedimiento en que se substancie el recurso administrativo sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 116 de este Código;

III.- Cuando de las constancias que obran en el expediente administrativo quede demostrado que no existe el acto o resolución impugnada; y,

IV.- Cuando hayan cesado los efectos del acto o resolución impugnada



Artículo 118.

Cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la Ley, las violacio¬nes cometidas antes del remate podrán hacerse valer en cualquier tiempo, antes de la publicación de la convocatoria en primera almoneda, salvo que se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembar¬gables, de actos de imposible reparación material, casos en que el plazo para interponer el recurso se computará a partir del día siguien¬te al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día siguiente al de la diligencia de embargo.

Si las violaciones tuvieren lugar con posterioridad a la mencionada convocatoria o se tratare de venta de bienes fuera de subasta, el recurso se hará valer contra la resolución que finque el remate o la que autorice la venta fuera de subasta



Artículo 119.

El tercero que afirme ser propietario de los bienes o negociaciones, o titular de los derechos embargados, podrá hacer valer el recurso de revocación en cualquier tiempo antes de que se finque el remate, se enajenen fuera de remate o se adjudiquen los bienes a favor del fisco estatal. El tercero que afirme tener derecho a que los créditos a su favor se cubran preferentemente a los fiscales estatales, lo hará valer en cualquier tiempo antes de que se haya aplicado el importe del remate a cubrir el crédito fiscal



Artículo 120.

Se deroga



Artículo 121.

En el recurso de revocación se admitirá toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones. No se considerará comprendida en esta prohibición la petición de informes a las autoridades fiscales, respecto de hechos que consten en sus expedientes o de documentos agregados a ellos.

Las pruebas supervinientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado la resolución del recurso.

Hará prueba plena la confesión expresa del recurrente, las presunciones legales que no admitan prueba en contrario, así como los hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos; pero si en estos últimos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado.

Las demás pruebas quedarán a la prudente apreciación de la autoridad.

Si por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, las autoridades adquieren convicción distinta acerca de los hechos materia del recurso, podrán valorar las pruebas sin sujetarse a lo dispuesto en este artículo, debiendo en ese caso fundar razonadamente esta parte de su resolución.

Para el trámite, desahogo y valoración de las pruebas ofrecidas y admitidas, será aplicable lo dispuesto en la Sección relativa a las pruebas establecida en el Título VI, relativo al Procedimiento Contencioso Administrativo previsto en este Código



Artículo 122.

La autoridad deberá dictar resolución y notificarla en un término que no excederá de tres meses contados a partir de la fecha de interposición del recurso. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, se considerará que la autoridad ha confirmado el acto impugnado, y el interesado podrá impugnarla ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en cualquier tiempo mientras no se notifique la resolución respectiva, o bien esperar a que esta se dicte



Artículo 123.

La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado bastará con el examen de dicho punto.

La autoridad podrá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. Igualmente podrá revocar los actos administrativos cuando advierta una ilegalidad manifiesta y los agravios sean insuficientes, pero deberá fundar cuidadosamente los motivos por los que consideró ilegal el acto y precisar el alcance de su resolución.

No se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada por el recurrente.

La resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen y si la modificación es parcial, se indicará el monto del crédito fiscal correspondiente.



Artículo 124.

La resolución que ponga fin al recurso podrá:

I.- Desecharlo por improcedente, tenerlo por no interpuesto o sobreseerlo, en su caso;

II.- Confirmar el acto impugnado;

III.- Mandar reponer el procedimiento administrativo o que se emita una nueva resolución;

IV.- Dejar sin efectos el acto impugnado; y,

V.- Modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente.

Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses, contados a partir de la fecha en que dicha resolución se encuentre firme, aun cuando hayan transcurrido los plazos que señalan los artículos 59 y 79 de este Código



Artículo 125.

Las notificaciones de los actos administrativos se harán:

I. Personalmente o por correo certificado o por medios electrónicos, con acuse de recibo cuando se trate de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos administrativos que puedan ser recurridos;

II.- Por correo ordinario o por telegrama, cuando se trate de actos distintos de los señalados en la fracción anterior;

III.- Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable el domicilio que haya señalado para efectos del Registro Estatal de Contribuyentes, se ignore su domicilio o el de su representante, desaparezca, se oponga a la diligencia de notificación o se coloque en el supuesto previsto en la fracción IV del artículo 104 y en los demás casos que señalen las disposiciones fiscales;

IV.- Por edictos, únicamente en el caso de que la persona a quien deba notificarse hubiera fallecido y no se conozca al representante de la sucesión;

V.- Por instructivo, solamente en los casos y con las formalidades a que se refiere el tercer párrafo de la fracción IV del artículo 127 de este Código



Artículo 126.

Las notificaciones surtirán sus efectos al día hábil siguiente en que fueron hechas y al practicarlas deberá proporcionarse al interesado copia del acto administrativo que se notifique. Cuando la notificación la hagan directamente las autoridades fiscales o por terceros habilitados, deberá señalarse la fecha en que ésta se efectúe, recabando el nombre y la firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a una u otra cosa, se hará constar en el acta de notificación.

 

La manifestación que haga el interesado o su representante legal de conocer el acto administrativo, surtirá efectos de notificación en forma desde la fecha en que se manifieste haber tenido tal conocimiento, si ésta es anterior a aquella en que debiera surtir efectos la notificación de acuerdo con el párrafo anterior



Artículo 127.

Las notificaciones personales se harán a quien se deba notificar:

I. En las oficinas fiscales, si comparece personalmente el interesado, su represente legal o la persona autorizada para recibirlas;

II. En su domicilio fiscal, determinado de conformidad con el artículo 15 de este Código, o en el ultimo domicilio que haya señalado para efectos del Registro Estatal de Contribuyentes, si no comparece a las oficinas fiscales;

III. En la casa habitación del interesado en caso de no estar la autoridad en posibilidades de realizar la notificación en el domicilio fiscal, o en su defecto, en el lugar en que se encuentre, tratándose de personas físicas;

IV. En el domicilio que hubiere señalado para oír o recibir notificaciones al iniciar alguna instancia o en el curso de un procedimiento administrativo, tratándose de las actuaciones relacionadas con el trámite o de la resolución de la instancia o del procedimiento respectivo. Bastará para considerar que se ha señalado domicilio para recibir notificaciones en instancias o procedimientos administrativos, el que la dirección del interesado aparezca impresa en la promoción respectiva;

V.- Por medios electrónicos, en el correo electrónico que señale el contribuyente para tales efectos.

En los casos a que se refieren las fracciones II, III y IV de este artículo, las notificaciones se harán a quien deba notificarse, a su representante o a la persona autorizada para ello; a falta de dichas personas, el notificador dejara citatorio con quien se encuentre en el domicilio de que se trate para que se le espere a una hora fija del día hábil siguiente o para que acuda a notificarse, dentro del plazo de seis días a las oficinas de las autoridades fiscales estatales. Se exceptúan las notificaciones ante las autoridades fiscales, tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución. Si la persona a quien haya de notificarse no atiende el citatorio, la notificación se le hará por conducto de cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia.

Tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución, el citatorio será siempre para la espera antes señalada y, si la persona citada o su representante legal no esperaren, se practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o en su defecto con un vecino. En caso de que estos últimos se negasen a recibir la notificación, ésta se hará por medio de instructivo que se fijará en lugar visible de dicho domicilio, debiendo el notificador asentar razón de tal circunstancia para dar cuenta al jefe de la oficina exactora.

En el momento de la notificación se entregará al notificado o a la persona con quien se entienda la diligencia, copia del documento a que se refiere la notificación.

De las diligencias en que conste la notificación o cita, el notificador tomara razón por escrito.

En los casos de sociedades en liquidación, cuando se hubieran nombrado varios liquidadores, las notificaciones o diligencias que deban efectuarse con las mismas podrán practicarse válidamente con cualquiera de ellos.

Si las notificaciones se refieren a requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos legales, se causará a cargo de quien incurrió en el incumplimiento la cantidad de $60.00 por concepto de honorarios de notificación, misma que la autoridad recaudadora determinará conjuntamente con la notificación y se pagará al cumplir con el requerimiento. Dicha cantidad se actualizará semestralmente de conformidad con el artículo 149 de este Ordenamiento.

Toda notificación personal, realizada con quien deba entenderse será legalmente válida aún cuando no se efectúe en el domicilio respectivo o en las oficinas de las autoridades fiscales



Artículo 128.

Las notificaciones por edictos se harán mediante publicaciones en los siguientes medios:

I.- Por un día en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

II.- Por un día en un diario de mayor circulación de la localidad, si lo hubiere, caso contrario, se fijará copia del acuerdo o resolución en los tableros de la oficina recaudadora.

III.- Durante quince días en la página electrónica que al efecto establezca la Secretaría de Hacienda.

Las publicaciones a que se refiere este artículo contendrán un extracto de los actos que se notifican.

Se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación



Artículo 129.

Las notificaciones por estrados se harán fijando durante quince días el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación o publicando el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezca la Secretaría de Hacienda; dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquél en que el documento fue fijado o publicado según corresponda; la autoridad dejará constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos, se tendrá como fecha de notificación la del décimo sexto día contado a partir del día siguiente a aquél en el que se hubiera fijado o publicado el documento.



Artículo 130.

Los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal en alguna de las formas siguientes:

I.- Depósito de dinero en las instituciones de crédito autorizadas para tal efecto;

II.- Prenda o hipoteca;

III.- Fianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará de los beneficios de orden y excusión;

IV.- Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia;

V.- Embargo en la vía administrativa;

La garantía deberá comprender, además de las contribuciones adeudadas actualizadas, los accesorios causados, así como de los que se causen en los doce meses siguientes a su otorgamiento. Al terminar este período y en tanto no se cubra el crédito, deberá actualizarse su importe cada año y ampliarse la garantía para que cubra el crédito actualizado y el importe de los recargos, incluso los correspondientes a los doce meses siguientes.

Las garantías se otorgarán a favor de la Secretaría de Hacienda, las cuales deberán reunir los requisitos que establece este Código. Asimismo dicha dependencia vigilará que sean suficientes tanto en el momento de su aceptación como con posterioridad y, si no lo fueren, exigirá su ampliación o procederá al secuestro o embargo de otros bienes.

En ningún caso las autoridades fiscales podrán dispensar el otorgamiento de la garantía.

Las garantías subsistirán hasta que proceda su cancelación en los términos de este Código.

Los gastos que se originen con motivo de la garantía serán por cuenta del interesado.

La garantía deberá constituirse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se hubiere notificado por la autoridad fiscal estatal la resolución sobre la cual se deba garantizar el interés fiscal, salvo en los casos a que se refiere el artículo 78 Bis de este Código.



Artículo 131.

Procede garantizar el interés fiscal, cuando:

I. Se solicite la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución;

II. Se solicite prórroga para el pago de los créditos fiscales o para que los mismos sean cubiertos en parcialidades;

III.- Se solicite la aplicación del producto, en los términos de este Código.

IV. En los demás casos que señalen las leyes



Artículo 132.

Las garantías constituidas para asegurar el interés fiscal a que se refieren las fracciones II, IV y V del artículo 130 de este Código, se harán efectivas a través del procedimiento administrativo de ejecución.

Si la garantía consiste en deposito de dinero en institución nacional de crédito autorizada, una vez que el crédito fiscal quede firme se ordenara su aplicación por la Secretaría de Hacienda.



Artículo 133.

No se ejecutarán los actos administrativos cuando se solicite la suspensión ante la autoridad ejecutora y se acompañen los documentos que acrediten que se ha garantizado el interés fiscal. Dentro de los quince días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del acto cuya ejecución se suspende, se deberá presentar copia sellada del escrito con el que se hubiere intentado recurso administrativo o juicio. En caso contrario, la autoridad estará facultada para hacer efectiva la garantía, aun cuando se trate de fianza otorgada por compañía autorizada.

Si al presentar el medio de defensa no se impugna la totalidad de los créditos que derivan del acto administrativo cuya ejecución fue suspendida, deberá pagarse la parte del crédito consentido con la actualización y los recargos correspondientes. El procedimiento administrativo quedara suspendido hasta que se haga saber la resolución definitiva que hubiera recaído en el recurso o juicio.

El procedimiento administrativo quedara suspendido hasta que se haga saber la resolución definitiva que hubiera recaído en el recurso o juicio.



Artículo 134.

No se exigirá garantía adicional si en el procedimiento administrativo de ejecución ya se hubieren embargado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal. En todo caso, se observara lo dispuesto en la fracción V, primer párrafo del artículo 130 de este Código.

En caso de negativa o violación a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, los interesados podrán ocurrir al superior jerárquico de la autoridad ejecutora si se esta tramitando recurso o ante el Tribunal de lo Contencio¬so Administrativo del Estado, acompañando los documentos en que conste el medio de defensa hecho valer y la garantía del interés fiscal. 



Artículo 135.

Para los efectos de la fracción I del artículo 130 de este Código, el certificado de deposito correspondiente deberá permanecer en poder y guarda de la Pagaduría General del Estado, mientras subsista la obligación de garantizar



Artículo 136.

Para los efectos de la fracción II del artículo 130 de este Código, la prenda o hipoteca se constituirá sobre los siguientes bienes:

I.- Bienes muebles por el 75% de su valor siempre que estén libres de gravámenes hasta por ese por ciento. La Secretaría de Hacienda, podrá autorizar a instituciones y a corredores públicos para valuar o mantener en depósito determinados bienes. Deberá inscribirse la prenda en el registro que corresponda cuando los bienes en que recaiga estén sujetos a esta formalidad;

No serán admisibles como garantía los bienes que se encuentren en dominio fiscal o en el de acreedores. Los de procedencia extranjera, solo se admitirán cuando se compruebe su legal estancia en el país.

II.- Bienes inmuebles por el 75% del valor de avalúo o catastral. Para estos efectos se deberá acompañar a la solicitud respectiva el certificado del Registro Público de la Propiedad en el que no aparezca anotado algún gravamen ni afectación urbanística o agraria, que hubiera sido expedido cuando menos con tres meses de anticipación. En el supuesto de que el inmueble reporte gravámenes, la suma del monto total de éstos y el interés fiscal a garantizar, no podrá exceder del 75% del valor;

En la hipoteca, el otorgamiento de la garantía se hará en escritura pública que deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y contener los datos relacionados con el crédito fiscal. El otorgante podrá garantizar con la misma hipoteca los recargos futuros o ampliar la garantía cada año en los términos del articulo142 de este Código



Artículo 137.

Para los efectos de la fracción III del artículo 130 de este Código, la póliza en que se haga constar la fianza deberá quedar en poder y guarda de la Pagaduría General del Estado.



Artículo 138.

Para los efectos de la fracción IV del artículo 130 de este Código, para que un tercero asuma la obligación de garantizar el interés fiscal, deberá sujetarse a lo siguiente:

I.- Manifestar su aceptación, mediante escrito firmado ante notario público o ante la autoridad recaudadora que tenga encomendado el cobro del crédito fiscal, requiriéndose en este caso la presencia de dos testigos;

II.- Cuando sea persona moral la que garantice el interés fiscal, el monto de la garantía deberá ser menor al 10% de su capital social, y siempre que dicha persona no haya tenido perdida fiscal para efectos del impuesto sobre la renta en los dos últimos ejercicios de doce meses o que aún teniéndola, esta no haya excedido de un 10% de su capital social; y,

III.- Cuando sea una persona física la que garantice el interés fiscal, el monto de la garantía deberá ser menor al 10% de los ingresos declarados en el último ejercicio, sin incluir el 75% de los ingresos declarados como actividades empresariales o del 10% del capital afecto a su actividad empresarial, en su caso



Artículo 139.

Para que un tercero asuma obligación de garantizar por cuenta de otro en alguna de las formas a que se refieren las fracciones II y V del artículo 130 de este Código, deberá cumplir con los requisitos que para cada una se establecen en este Ordenamiento



Artículo 140.

Para los efectos de la fracción V del artículo 130 de este Código, el embargo en la vía administrativa se sujetará a las siguientes reglas:

I.- Se practicará a solicitud del contribuyente, quien deberá acompañar los documentos que le señale la autoridad fiscal;

II.- EL contribuyente señalará los bienes en que deba trabarse, debiendo ser suficientes para garantizar el interés fiscal, siempre que en su caso se cumplan los requisitos que establece el artículo 136 de este Código;

III.- Tratándose de personas físicas el depositario de los bienes será el propietario y en el caso de personas morales el representante legal. Cuando a juicio de la autoridad recaudadora exista peligro de que el depositario se ausente, enajene u oculte sus bienes o realice maniobras tendientes a evadir el cumplimiento de sus obligaciones, podrá removerlo del cargo; en este supuesto los bienes se depositarán en almacén general de depósito y si no hubiera almacén en la localidad, con la persona que designe el jefe de la oficina;

IV.- Deberá inscribirse en el Registro Público que corresponda, el embargo de los bienes que estén sujetos a esta formalidad; y,

V.- Deberá cubrirse, con anticipación a la práctica de la diligencia de embargo en la vía administrativa, los gastos de ejecución señalados en la fracción II del artículo 149 de este Código. El pago así efectuado tendrá el carácter de definitivo y en ningún caso procederá su devolución una vez practicada la diligencia



Artículo 141.

La garantía del interés fiscal se ofrecerá por el interesado ante la autoridad fiscal competente, para que la califique, acepte si procede y le dé el trámite correspondiente.

La autoridad fiscal para calificar la garantía ofrecida deberá verificar que se cumplan los requisitos que se establecen en este Código en cuanto a la clase de la garantía ofrecida, el motivo por el cual se otorgó y que su importe cubre los conceptos que señala el artículo 130 de este Código; cuando no se cumplan, la autoridad requerirá al promovente, a fin de que en un plazo de cinco días contados a partir del día siguiente a aquél en que se le notifique dicho requerimiento, cumpla con el requisito omitido; en caso contrario no se aceptará la garantía.



Artículo 142.

Para garantizar el interés fiscal sobre un mismo crédito, podrán combinarse las diferentes formas que al efecto establece el artículo 130 de este Código, así como sustituirse entre sí, caso en el cual, antes de cancelarse la garantía original deberá constituirse la sustituta, cuando no sea exigible la que se pretende sustituir.

La garantía constituida podrá garantizar uno o varios créditos fiscales, siempre que la misma comprenda los conceptos previstos en el segundo párrafo del artículo 130 de este Código.

La garantía deberá ampliarse dentro del mes siguiente a aquél en que concluya el período a que se refiere el segundo párrafo del artículo 130 de este Código, por el importe de los recargos correspondientes a los doce meses siguientes. Lo dispuesto en este párrafo será aplicable a aquellos casos en que por cualquier circunstancia resulte insuficiente la garantía



Artículo 143.

La cancelación de la garantía procederá en los siguientes casos:

I.- Por sustitución de garantía;

II.- Por el pago del crédito fiscal;

III.- Cuando en definitiva quede sin efectos la resolución que dio origen al otorgamiento de la garantía;

IV.- En cualquier otro caso en que deba cancelarse de conformidad con las disposiciones fiscales;

La garantía podrá disminuirse o substituirse por una menor en la misma proporción en que se reduzca el crédito fiscal por pago de una parte del mismo.



Artículo 144.

Para los efectos del artículo anterior el contribuyente o el tercero que tenga interés jurídico, deberá presentar solicitud de cancelación de garantía ante la autoridad que la haya exigido o recibido, acompañando los documentos que en la misma se señalen.

La cancelación de las garantías en las que con motivo de su otorgamiento se hubiera efectuado inscripción en registro público, se hará mediante oficio de la autoridad al registro público que corresponda.



Artículo 145.

La falta de pago de un crédito fiscal en la fecha o plazo establecido en las disposiciones respectivas, determina que el crédito sea exigible.

Las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la Ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución.

Se podrá practicar embargo precautorio, sobre los bienes o la negociación del contribuyente, para asegurar el interés fiscal, cuando:

I.- El contribuyente se oponga u obstaculice la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales o no se pueda notificar su inicio por haber desaparecido o por ignorarse su domicilio;

II.- Después de iniciadas las facultades de comprobación, el contribuyente desaparezca o exista riesgo inminente de que oculte, enajene o dilapide sus bienes;

III.- El contribuyente se niegue a proporcionar la contabilidad en su domicilio, o en su defecto, exhibir copias de la misma tratándose de facultades de comprobación de las autoridades fiscales fuera de una visita domiciliaria que acredite en ambos casos el cumplimiento de las disposiciones fiscales, a que se está obligado;

IV.- El crédito fiscal no sea exigible pero haya sido determinado por el contribuyente o por la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando a juicio de ésta exista peligro inminente de que el obligado realice cualquier maniobra tendiente a evadir su cumplimiento. En este caso, la autoridad trabará el embargo precautorio hasta por un monto equivalente al de la contribución o contribuciones determinadas, incluyendo sus accesorios. Si el pago se hiciera dentro de los plazos legales, el contribuyente no estará obligado a cubrir los gastos que origine la diligencia y se levantará el embargo; y

V.- Tenga créditos fiscales que debieran estar garantizados y no lo estén o la garantía resulte insuficiente, excepto cuando haya declarado, bajo protesta de decir verdad, que son los únicos bienes que posee.

La autoridad que practique el embargo precautorio levantará acta circunstanciada en la que precise las razones del embargo.

La autoridad requerirá al obligado, en el caso de la fracción IV de este artículo para que dentro del término de 10 días desvirtúe el monto por el que se realizó el embargo. Transcurrido el plazo antes señalado, sin que el obligado hubiera desvirtuado el monto del embargo precautorio, éste quedará firme.

El embargo precautorio quedará sin efectos si la autoridad no emite, dentro de los plazos a que se refieren los artículos 59 y 61 de este Código en el caso de las fracciones II y III y de 18 meses en el de la fracción I, contados desde la fecha en que fue practicado, resolución en la que determine créditos fiscales. Si dentro de los plazos señalados la autoridad los determina, el embargo precautorio se convertirá en definitivo y se proseguirá el procedimiento administrativo de ejecución conforme a las disposiciones de este Capítulo, debiendo dejar constancia de la resolución y de la notificación de la misma en el expediente de ejecución. Si el particular garantiza el interés fiscal en los términos del artículo 130 se levantará el embargo.

El embargo precautorio practicado antes de la fecha en que el crédito fiscal sea exigible, se convertirá en definitivo al momento de la exigibilidad de dicho crédito fiscal y se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución.

Son aplicables al embargo precautorio a que se refiere este artículo las disposiciones establecidas para el embargo y para la intervención en el procedimiento administrativo de ejecución que, conforme a su naturaleza, le sean aplicables.

En ningún caso se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución para cobrar créditos derivados de productos



Artículo 146.

El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años.

El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos. El término para que se consuma la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor.

La declaratoria de prescripción de los créditos fiscales podrá realizarse de oficio por la autoridad fiscal o a petición de los contribuyentes.

Asimismo, se interrumpirá el plazo a que se refiere este artículo cuando el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando hubiere señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal.

El plazo para que se configure la prescripción, en ningún caso, incluyendo cuando este se haya interrumpido, podrá exceder de diez años contados a partir de que el crédito fiscal pudo ser legalmente exigido. En dicho plazo no se computarán los periodos en los que se encontraba suspendido por las causas previstas en este artículo.

Cuando se suspende el procedimiento administrativo de ejecución en los términos del artículo 133 de este Código, también se suspenderá el plazo de la prescripción.

Se deroga.



Artículo 146 bis.

La Secretaría de Hacienda podrá cancelar créditos fiscales por incosteabilidad en el cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios.

Se considerarán créditos de cobro incosteable, aquellos cuyo importe sea inferior o igual al equivalente en moneda nacional a 2,000 unidades de inversión, aquellos cuyo importe sea inferior o igual al equivalente en moneda nacional a 20,000 unidades de inversión y cuyo costo de recuperación rebase el 75% del importe del crédito, así como aquellos cuyo costo de recuperación sea igual o mayor a su importe.

Se consideran insolventes los deudores o los responsables solidarios cuando no tengan bienes embargables para cubrir el crédito o éstos ya se hubieran realizado, cuando no se puedan localizar o cuando hubieran fallecido sin dejar bienes que puedan ser objeto del procedimiento administrativo de ejecución.

Cuando el deudor tenga dos o más créditos a su cargo, todos ellos se sumarán para determinar si se cumplen los requisitos señalados. Los importes a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, se determinarán de conformidad con las disposiciones aplicables.

La Secretaría de Hacienda expedirá Reglas de Carácter General para la aplicación de este artículo. En tanto se emitan las citadas Reglas, se aplicará supletoriamente el Acuerdo por el que se establecen Reglas de Carácter General para la cancelación de créditos fiscales a favor de la Federación, conforme a lo previsto en el artículo 146-A del Código Fiscal de la Federación.

La cancelación de los créditos a que se refiere este artículo no libera de su pago



Artículo 146 ter.

La Secretaría de Hacienda podrá reducir total o parcialmente multas y recargos por infracciones a las disposiciones fiscales, a solicitud por escrito del sujeto obligado o su representante legal donde exprese las circunstancias que dificultan el regularizarse fiscalmente, para valoración y de proceder, la autorización que corresponda, siempre y cuando el importe de cada concepto a reducir, sean inferiores o iguales al equivalente en moneda nacional a 800 unidades de inversión.

Lo previsto en este artículo no constituye instancia, las autorizaciones que otorguen no podrán ser impugnadas por los particulares y deberán ser publicadas conforme a las reglas que al efecto emitan las autoridades correspondientes



Artículo 146 quater.

Tratándose de contribuyentes que se encuentren sujetos a un procedimiento de concurso mercantil, las autoridades fiscales podrán condonar parcialmente los créditos fiscales relativos a contribuciones que debieron pagarse con anterioridad a la fecha en que se inicie el procedimiento de concurso mercantil, siempre que el comerciante haya celebrado convenio con sus acreedores en los términos de la Ley respectiva y de acuerdo con lo siguiente:

I.- Cuando el monto de los créditos fiscales represente menos del 60% del total de los créditos reconocidos en el procedimiento concursal, la condonación no excederá del beneficio mínimo de entre los otorgados por los acreedores que, no siendo partes relacionadas, representen en conjunto cuando menos el 50% del monto reconocido a los acreedores no fiscales.

II.- Cuando el monto de los créditos fiscales represente más del 60% del total de los créditos reconocidos en el procedimiento concursal, la condonación, determinada en los términos del inciso anterior, no excederá del monto que corresponda a los accesorios de las contribuciones adeudadas.

La autorización de condonación deberá sujetarse a los requisitos y lineamientos que establezca el reglamento de este Código



Artículo 146 quinquies.

Tratándose de créditos fiscales a cargo de cualquier entidad paraestatal de la Administración que se encuentre en proceso de extinción o liquidación, así como a cargo de cualquier sociedad, asociación o fideicomiso en el que, sin tener el carácter de entidad paraestatal, el Gobierno Estatal o una o más entidades de la Administración Pública paraestatal, conjunta o separadamente, aporten la totalidad del patrimonio o sean propietarias de la totalidad de los títulos representativos del capital social, que se encuentre en proceso de liquidación o extinción, operará de pleno derecho la extinción de dichos créditos, sin necesidad de autorización alguna, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

I.- Que exista dictamen de auditor externo en el que se manifieste que la entidad no sea titular de activo alguno con el que sea posible ejecutar el cobro total o parcial de los créditos, excluyendo aquellos que se encuentren afectos mediante garantía real al pago de obligaciones que se encuentren firmes y que sean preferentes a las fiscales federales en términos de lo dispuesto por este Código.

II.- El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora deberá informar a las autoridades fiscales de la actualización de la hipótesis prevista en la fracción anterior.

Cumplido lo anterior los créditos fiscales quedarán cancelados de las cuentas públicas



Artículo 146 sexies.

Los créditos fiscales que se encuentren registrados por la autoridad como créditos incobrables, se extinguirán transcurridos cinco años contados a partir de que se haya realizado dicho registro, cuando exista imposibilidad práctica de cobro.

Para estos efectos, se considera que existe imposibilidad práctica de cobro, entre otras, cuando los deudores no tengan bienes embargables, el deudor hubiera fallecido o desaparecido sin dejar bienes a su nombre o cuando por sentencia firme hubiera sido declarado en quiebra por falta de activo y siempre que no existan responsables solidarios



Artículo 147.

Las controversias que surjan entre el fisco estatal y el fisco federal relativas al derecho de preferencia para recibir el pago de los créditos fiscales, se resolverán por los Tribunales Judiciales de la Federación; tratándose de controversias de derechos preferenciales que se susciten entre el Fisco Estatal y el Municipal, su conocimiento competerá a los Tribunales del Estado de Sonora, tomándose en cuenta en ambos casos las garantías constituidas y conforme a las siguientes reglas:

I.- La preferencia corresponderá al fisco que tenga a su favor créditos por impuestos sobre la propiedad raíz, tratándose de los frutos de los bienes inmuebles o del producto de la venta de éstos; y,

II.- En los demás casos, la preferencia corresponderá al fisco que tenga el carácter de primer embargante.



Artículo 148.

El fisco estatal tendrá preferencia para recibir el pago de créditos provenientes de ingresos que el Estado debió percibir, con excepción de adeudos garantizados con prenda o hipoteca, de alimentos, de salarios o sueldos devengados en el último año o de indemnizaciones a los trabajadores de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

Para que sea aplicable la excepción a que se refiere el párrafo anterior, será requisito indispensable que con anterioridad a la fecha en que surta efectos la notificación del crédito fiscal, las garantías se hayan inscrito en el registro público que corresponda y, respecto de los adeudos por alimentos, que se haya presentado la demanda ante las autoridades competentes.

La vigencia y exigibilidad del crédito cuya preferencia se invoque deberá comprobarse en forma fehaciente al hacerse valer el recurso administrativo.

En ningún caso el fisco estatal entrará en los juicios universales. Cuando se inicie juicio de quiebra, suspensión de pagos o de concurso, el Juez que conozca del asunto deberá dar aviso a las autoridades fiscales para que, en su caso, hagan exigibles los créditos fiscales a su favor a través del procedimiento administrativo de ejecución.



Artículo 149.

Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y las morales estarán obligadas a pagar el 2% del crédito fiscal por concepto de gastos de ejecución, por cada una de las diligencias que a continuación se indican:

I.- Por el requerimiento señalado en el primer párrafo del artículo 151 de este Código;

II.- Por la de embargo, incluyendo el señalado en el artículo 130, fracción V de este Código; y,

III.- Por la de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación al fisco estatal.

Cuándo en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a $380.00, se cobrará esa cantidad en vez del 2% del crédito.

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, excluyendo las erogaciones extraordinarias, podrán exceder de $30,000.00.

Las cantidades en pesos a que se refieren los párrafos segundo y tercero de este artículo, se actualizarán en el mes de enero de cada año, conforme al factor que se obtenga de acuerdo con el siguiente procedimiento:

El factor aplicable será el que resulte de dividir el índice nacional de precios al consumidor del mes de noviembre inmediato anterior entre el índice nacional de precios al consumidor del mes de diciembre inmediato anterior.

Asimismo, se pagarán por concepto de gastos de ejecución, los extraordinarios en que se incurra con motivo del procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de los embargos señalados en el artículo 130 fracción V de este Código, que únicamente comprenderán los de transporte de los bienes embargados, de avalúos, de impresión y publicación de convocatorias y edictos, de investigaciones, de inscripciones o cancelaciones en el registro público que corresponda, los erogados por la obtención del certificado de liberación de gravámenes, los honorarios de los depositarios y de los peritos, así como los honorarios de las personas que contraten los interventores, salvo cuando dichos depositarios renuncien expresamente al cobro de tales honorarios.

Cuando el requerimiento y el embargo a que se refiere este artículo se lleven a cabo en una misma diligencia se efectuará un solo cobro por concepto de gastos de ejecución.

Los gastos de ejecución se determinarán por la autoridad ejecutora, debiendo pagarse junto con los demás créditos fiscales, salvo que se interponga el recurso de revocación.

Cuando las autoridades fiscales ordenen la práctica de un avalúo, y éste resulte superior en más de un 10% del valor declarado por el contribuyente, éste deberá cubrir el costo de dicho avalúo.



Artículo 150.

Para determinar un crédito fiscal en los casos de falta de presentación de las declaraciones, dentro de los plazos establecidos en este Código u otras leyes fiscales, la Secretaría de Hacienda o sus oficinas recaudadoras requerirán al contribuyente moroso para que presente en un plazo de tres días la declaración o declaraciones omitidas; de lo contrario, la Secretaría de Hacienda o sus oficinas exactoras procederán a formular una liquidación provisional del impuesto correspondiente, tomando como base la contribución mas alta declarada durante los tres últimos pagos o a falta de estos datos con los que tengan a su alcance, y si en el término de quince días no presentare su declaración, la liquidación provisional se considerará como formulada por el contribuyente, para el efecto de seguir el procedimiento administrativo de ejecución, sin perjuicio de la facultad de revisión de la Secretaría de Hacienda.



Artículo 151.

Las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales o para garantizar el pago de dicho crédito, requerirán de pago al deudor y en caso de que éste no pruebe en el acto haberlo efectuado o haber garantizado, procederán a embargar de inmediato en el orden siguiente:

I.- Depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de vida que no formen parte de la prima que haya de erogarse para el pago de dicho seguro, o cualquier otro depósito, componente, producto o instrumento de ahorro o inversión en moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta o contrato que tenga a su nombre el contribuyente en alguna de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, salvo los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro hasta por el monto de las aportaciones que se hayan realizado de manera obligatoria conforme a la Ley de la materia y las aportaciones voluntarias y complementarias hasta por un monto de 20 Unidades de Medida y Actualización elevados al año, tal como establece la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

II.- Dinero, cuentas por cobrar, acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y, en general, créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de entidades o dependencias de la Federación, estados y municipios y de instituciones o empresas de reconocida solvencia.

III.- Bienes inmuebles o derechos reales, en este caso, el contribuyente o su representante legal deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, si dichos bienes reportan cualquier gravamen real, aseguramiento o embargo anterior; se encuentran en copropiedad, o pertenecen a sociedad conyugal alguna. Cuando la diligencia se entienda con un tercero, se deberá requerir a éste para que, bajo protesta de decir verdad, manifieste si tiene conocimiento de que el bien que pretende asegurarse es propiedad del contribuyente y, en su caso, proporcione la documentación con la que cuente para acreditar su dicho.

IV.- Derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas; patentes de invención y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales.

V.- Obras artísticas, colecciones científicas, joyas, medallas, armas, antigüedades, así como instrumentos de artes y oficios, indistintamente.

VI.- Metales preciosos.

VII.- Los bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores.

VIII.- La negociación del contribuyente.

El embargo de bienes inmuebles, de derechos reales o de negociaciones de cualquier género se inscribirá en el Registro Público, en atención a la naturaleza de los bienes o derechos de que se trate.

Cuando los bienes inmuebles, derechos reales o negociaciones queden comprendidos en la jurisdicción de dos o más oficinas del Registro Público que corresponda en todas ellas se inscribirá el embargo.



Artículo 151 bis.

Tratándose de créditos fiscales que se encuentren impugnados y no estén debidamente garantizados, la autoridad fiscal procederá a la inmovilización de depósitos bancarios, seguros o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se realice en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre el contribuyente en las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, o de inversiones y valores, a excepción de los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro, incluidas las aportaciones voluntarias que se hayan realizado hasta por el monto de las aportaciones efectuadas conforme a la Ley de la materia.

Sólo procederá la inmovilización hasta por el importe del crédito fiscal y sus accesorios o, en su caso, hasta por el importe en el que la garantía que haya ofrecido el contribuyente no alcance a cubrir los mismos a la fecha en que se lleve a cabo la inmovilización. Lo anterior, siempre y cuando, previo al embargo, la autoridad fiscal cuente con información de las cuentas y los saldos que existan en las mismas.

La autoridad fiscal ordenará mediante oficio dirigido a la unidad administrativa competente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según proceda, o bien a la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo a la que corresponda la cuenta, a efecto de que éstas últimas realicen la inmovilización y conserven los fondos depositados. Para efectos de lo anterior, la inmovilización deberán realizarla a más tardar al tercer día siguiente a aquel en que les fue notificado el oficio de la autoridad fiscal.

Las entidades financieras o sociedades de ahorro y préstamo o de inversiones y valores que hayan ejecutado la inmovilización de los depósitos o seguros en una o más cuentas del contribuyente, deberán informar del cumplimiento de dicha medida a la autoridad fiscal que la ordenó, a más tardar al tercer día siguiente a la fecha en que se ejecutó, señalando el número de las cuentas, así como el importe total que fue inmovilizado. La autoridad fiscal notificará al contribuyente sobre dicha inmovilización, a más tardar al tercer día siguiente a aquél en que le hubieren comunicado ésta.

En los casos en que el contribuyente, la entidad financiera, sociedades de ahorro y préstamo o de inversiones y valores, haga del conocimiento de la autoridad fiscal que la inmovilización se realizó en una o más cuentas del contribuyente por un importe mayor al señalado en el segundo párrafo de este artículo, ésta deberá ordenar a más tardar dentro de los tres días siguientes a aquél en que hubiere tenido conocimiento de la inmovilización en exceso, que se libere la cantidad correspondiente. Dichas entidades o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo o de inversiones y valores, deberán liberar los recursos inmovilizados en exceso, a más tardar al tercer día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del oficio de la autoridad fiscal.

En caso de que en las cuentas, no existan recursos suficientes para garantizar el crédito fiscal y sus accesorios, la entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate, deberá efectuar una búsqueda en su base de datos, a efecto de determinar si el contribuyente tiene otras cuentas con recursos suficientes para tal efecto. De ser el caso, la entidad o sociedad procederá a inmovilizar a más tardar dentro de los tres días siguientes a aquél en que se les ordene la inmovilización y conservar los recursos depositados hasta por el monto del crédito fiscal. En caso de que se actualice este supuesto, la entidad o sociedad correspondiente deberá notificarlo a la autoridad fiscal, dentro del plazo de tres días contados a partir de la fecha de inmovilización, a fin de que dicha autoridad realice la notificación que proceda conforme al párrafo anterior.

La entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo deberá informar a la autoridad fiscal a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el incremento de los depósitos por los intereses que se generen, en el mismo período y frecuencia con que lo haga al cuentahabiente.

Únicamente después de ser requerido el pago al contribuyente y que éste no lo realice dentro de un plazo de diez días, podrán transferirse los fondos de la cuenta del contribuyente cuando el crédito fiscal relacionado, incluyendo sus accesorios quede firme, y hasta por el importe que resulte suficiente para cubrirlo a la fecha en que se realice la transferencia.

En los casos en que el crédito fiscal incluyendo sus accesorios, aún no quede firme, el contribuyente titular de las cuentas inmovilizadas, podrá ofrecer una garantía que comprenda el importe del crédito fiscal, incluyendo sus accesorios a la fecha de ofrecimiento. La autoridad, de conformidad con los términos y requisitos de las reglas generales, deberá resolver y notificar al contribuyente sobre la admisión, rechazo o sustitución de la garantía ofrecida, o el requerimiento de requisitos adicionales, dentro de un plazo máximo de cinco días siguientes a la presentación de la garantía. La autoridad tendrá la obligación de comunicar a la entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo el sentido de la resolución, enviándole copia de la misma, dentro del plazo de cinco días siguientes a aquél en que haya notificado dicha resolución al contribuyente; si no lo hace durante el plazo señalado, la entidad o sociedad de que se trate levantará la inmovilización de la cuenta.

 En ningún caso procederá la inmovilización de los depósitos o seguros, por un monto mayor al del crédito fiscal actualizado, junto con sus accesorios legales, ya sea que el embargo se trabe sobre una sola cuenta o en más de una. Lo anterior, siempre y cuando, previo al embargo, la autoridad fiscal cuente con información de las cuentas y los saldos que existan en las mismas.



Artículo 151 ter.

En los casos en que el crédito fiscal se encuentre firme, la autoridad fiscal procederá como sigue:

I.- Si la autoridad fiscal tiene inmovilizadas cuentas en entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, o de inversiones y valores, y el contribuyente no ofreció una forma de garantía del interés fiscal suficiente antes de que el crédito fiscal quedara firme o no atiende el requerimiento de pago a que se refiere el artículo 151 Bis, la autoridad fiscal ordenará a la entidad financiera o sociedad cooperativa la transferencia de los recursos hasta por el monto del crédito fiscal, o hasta por el importe en que la garantía que haya ofrecido el contribuyente no alcance a cubrir el mismo. La entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo deberán informar a la autoridad fiscal, dentro de los tres días posteriores a la orden de transferencia, el monto transferido y acompañar el comprobante que acredite el traspaso de los fondos a la cuenta de la Secretaría de Hacienda.

II.- Si el interés fiscal se encuentra garantizado en alguna forma distinta a las establecidas en las fracciones I y III, del artículo 130 de este Código, la autoridad fiscal procederá a requerir al contribuyente para que efectúe el pago del crédito fiscal en el plazo de cinco días siguientes a la notificación del requerimiento. En caso de no efectuarlo, la autoridad fiscal podrá, indistintamente, hacer efectiva la garantía ofrecida, o proceder en los términos de la fracción anterior, a la transferencia de los recursos respectivos. En este caso, una vez que la entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, informe a la autoridad fiscal haber transferido los recursos suficientes para cubrir el crédito fiscal, la autoridad fiscal deberá proceder en un plazo máximo de tres días, a liberar la garantía otorgada por el contribuyente.

III.- Si el interés fiscal se encuentra garantizado en alguna de las formas establecidas en las fracciones I y III, del artículo 130 de este Código, la autoridad fiscal procederá a hacer efectiva la garantía.

IV.- Si el interés fiscal no se encuentra garantizado, la autoridad fiscal deberá proceder al embargo en los términos del artículo 151 de este Código.

En los casos indicados en este artículo, las entidades financieras o sociedades de ahorro y préstamo o de inversiones y valores deberán informar a la autoridad fiscal que ordenó la transferencia el monto transferido, a más tardar al tercer día siguiente de la fecha en que ésta se realizó. La autoridad fiscal deberá notificar al contribuyente la transferencia de los recursos, conforme a las disposiciones aplicables, a más tardar al tercer día siguiente a aquél en que se hizo de su conocimiento la referida transferencia.

Si al transferirse el importe el contribuyente considera que éste es superior al crédito fiscal, deberá demostrar tal hecho ante la autoridad fiscal con prueba documental suficiente, para que dicha autoridad proceda al reintegro de la cantidad transferida en exceso en un plazo no mayor de veinte días a partir de que se notifique al contribuyente la transferencia de los recursos. Si a juicio de la autoridad fiscal las pruebas no son suficientes, se lo notificará dentro del plazo antes señalado, haciéndole saber que puede hacer valer el recurso de revocación correspondiente, o bien, presentar juicio contencioso administrativo



Artículo 152.

El ejecutor designado por la autoridad fiscal competente se constituirá en el domicilio fiscal del deudor, o en su defecto, en cualquier otro de los lugares en que se encuentre, de conformidad con el artículo 127 de este Código, y deberá identificarse ante la persona con quien se practicará la diligencia de requerimiento de pago y de embargo de bienes, con intervención de la negociación en su caso, cumpliendo las formalidades que se señalan para las notificaciones personales en el artículo citado con antelación



Artículo 153.

El deudor, o en su defecto, la persona con quien se entienda la diligencia de requerimiento de pago y embargo, tendrá derecho a que en esta intervengan dos testigos y a designar los bienes que deban embargarse, siempre que se sujete al orden establecido en el artículo 151 de este Código



Artículo 154.

El ejecutor podrá señalar bienes sin sujetarse al orden establecido en el artículo 151 del presente Código:

I. Si el deudor no ha señalado bienes suficientes a juicio del mismo ejecutor o si no ha seguido dicho orden al hacer el señalamiento;

II. Si el deudor, teniendo otros bienes suscepti¬bles de embargo, señalare:

a). Bienes ubicados fuera de la circunscripción de la oficina ejecutora; y,

b). Bienes que ya reportaren cualquier gravamen real



Artículo 155.

Los bienes o negociaciones embargados se dejarán bajo la guarda del o de los depositarios que se hicieren necesarios. Los jefes de las oficinas ejecutoras bajo su responsabilidad nombrarán y removerán libremente a los depositarios, quienes desempeñarán su cargo conforme a las disposiciones legales.

En los embargos de bienes raíces o de negociaciones, los depositarios tendrán el carácter de administradores o de interventores con cargo a la caja, según el caso, con las facultades y obligaciones señaladas en los artículos 164, 165 y 166 de este Código. Cuando las autoridades fiscales embarguen negociaciones, el depositario designado tendrá el carácter de interventor con cargo a la caja o de administrador.

La responsabilidad de los depositarios cesará con la entrega de los bienes embargados a satisfacción de las autoridades fiscales.

El depositario será designado por el ejecutor cuando no lo hubiere hecho el jefe de la oficina exactora, pudiendo recaer el nombramiento en el ejecutado.



Artículo 156.

Si los bienes señalados para la traba de ejecución están ya embargados por otras autoridades no fiscales o sujetos a cédula hipotecaria, se practicará no obstante el secuestro administrativo. Los bienes embargados se entregarán al depositario designado por la oficina ejecutora o por el ejecutor, y se dará aviso a la autoridad correspondiente para que él o los interesados puedan demostrar su derecho de prelación en el cobro.

Si los bienes señalados para la ejecución hubieren sido ya embargados por parte de autoridades fiscales federales, se practicara el secuestro y se harán valer los derechos del estado ante la autoridad administrativa federal en los términos del Código Fiscal de la Federación.



Artículo 157.

Quedan exceptuados de embargo:

I. El lecho cotidiano y los vestidos del deudor y de sus familiares;

II. Los muebles de uso indispensable del deudor y de sus familiares, no siendo lujo a juicio del ejecutor;

III. Los libros, instrumentos, útiles y mobiliario indispensable para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el deudor;

IV. La maquinaria, enseres y semovientes propios para las actividades de las negociaciones industriales, comercia¬les, agrícolas o ganaderas en cuanto fueren necesarios para su funcionamiento a juicio del ejecutor, pero podrán ser objeto de embargo con la negociación a que estén destinados;

V. Las armas, vehículos y caballos que los militares en servicio deban usar conforme a las leyes;

VI. Los granos, mientras estos no hayan sido cosechados, pero no los derechos sobre las siembras;

VII. El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste;

 

VIII. Los derechos de uso o de habitación.

IX. El patrimonio de familia en los términos que establezcan las leyes, desde su inscripción en el Registro Público de la Propiedad;

X. Los sueldos hasta por el monto del salario mínimo general de la zona en que resida el deudor;

XI. Las pensiones de cualquier tipo; y,

XII. Los ejidos.



Artículo 158.

Si al designarse bienes para el embargo, se opusiere un tercero fundándose en el dominio de ellos, no se practicará el embargo si se demuestra en el mismo acto la propiedad con prueba documental suficiente a juicio del ejecutor. La resolución dictada tendrá el carácter de provisional y deberá ser sometida a ratificación, en todos los casos por la oficina ejecutora, a la que deberán allegarse los documentos exhibidos en el momento de la oposición. Si a juicio de la ejecutora las pruebas no son suficientes, ordenará al ejecutor que continúe con la diligencia y, de embargarse los bienes, notificará al interesado que puede hacer valer el recurso de revocación en los términos de este Código



Artículo 159.

El embargo de créditos será notificado personalmente por el ejecutor a los deudores del embargado para que hagan el pago de las cantidades respectivas en la caja de la oficina ejecutora, apercibidos de doble pago en caso de desobediencia.

Llegado el caso de que un deudor, en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, hiciere pago de un crédito cuya cancelación deba anotarse en el Registro Público de la Propiedad, el jefe de la oficina ejecutora requerirá al acreedor embargado para que, dentro de los cinco días siguientes a la notificación, firme la escritura de pago y cancelación o el documento en que deba constar el finiquito.

En caso de abstención del acreedor, transcurrido el plazo indicado, el jefe de la oficina firmará la escritura o documentos relativos en rebeldía de aquél, lo que hará del conocimiento del Registro Público de la Propiedad para los efectos procedentes



Artículo 160.

Cuando se embarguen dinero, metales preciosos, alhajas, objetos de arte o valores mobiliarios, el depositario los entregará inmediatamente, previo inventario, en la caja de la oficina ejecutora y esta remitirá los bienes, con excepción del dinero a la Secretaría de Hacienda dentro de las 48 horas siguientes al secuestro.

La Secretaría de Hacienda proveerá lo conducente respecto de dichos bienes.



Artículo 161.

Las sumas de dinero objeto del secuestro, así como el importe de los frutos y productos de los bienes secuestrados, o los resultados de las negociaciones intervenidas, se aplicarán en los términos del artículo 19 de este Código. Si se embargare un inmueble, los frutos y productos se aplicaran de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 19.



Artículo 162.

Si el deudor o cualquiera otra persona impidiera materialmente al ejecutor el acceso al domicilio de aquél o al lugar en que se encuentren los bienes, siempre que el caso lo requiera, el ejecutor actuará en los términos del artículo siguiente



Artículo 163.

Si durante el secuestro adminis¬trativo la persona con quien se entienda la diligencia no abriere las puertas de las construcciones, edificio o casas que se embarguen o donde se presuma que existen bienes muebles embarga¬bles, el ejecutor levantará acta circunstanciada ante la presencia de dos testigos o policías del punto. El encargado de la oficina recaudadora de la jurisdicción del deudor hará de inmediato la denuncia del caso ante el agente del ministerio público correspondiente, de la desobediencia a un mandato legítimo de autoridad en el ejercicio de sus funciones, y asimismo para el efecto de que este recabe la orden judicial para la rotura de las cerraduras que fuere necesario romper, para que el depositario tome posesión del inmueble o para que siga adelante la diligencia.

Cuando la persona con quien se entienda la diligencia no abriere los muebles que el ejecutor suponga contienen dinero, alhajas, objetos de arte u otros bienes embargables, éste trabará embargo en los muebles cerrados y de su contenido, sellándolos y enviándolos en deposito a la oficina exactor donde serán abiertos en él termino de tres días por el deudor o su representante legal, y en caso contrario, por un experto designado por la oficina en la forma que determine la Secretaría de Hacienda, ante la presencia del interesado, haciéndose constar la diligencia de apertura en acta debidamente circunstanciada. En caso de que el interesado no se encuentre presente, la actuación se llevará a cabo ante la presencia de dos testigos, que designará la propia Secretaría de Hacienda. Tratándose de cajas u otros objetos unidos a un inmueble o bien de difícil transportación, el ejecutor trabará embargo sobre ellos y su contenido y los sellara; para su apertura se seguirá el procedimiento establecido en el párrafo anterior.

Cualquiera otra dificultad que se suscite tampoco impedirá la prosecución de la diligencia de embargo. El ejecutor la subsanará discrecionalmente, a reserva de lo que disponga el jefe de la oficina ejecutora.



Artículo 164.

El interventor encargado de la caja después de separar las cantidades que correspondan por concepto de salarios y demás créditos preferentes a que se refiere este Código, así como los costos y gastos indispensables para la operación de la negociación, deberá retirar de la negociación intervenida hasta el 10% de los ingresos en efectivo y enterarlos en la caja de la oficina ejecutora diariamente o a medida que se efectúe la recaudación.

Los movimientos de las cuentas bancarias y de inversiones de la negociación intervenida, por conceptos distintos a los señalados en el párrafo anterior, que impliquen retiros, traspasos, transferencias, pagos o reembolsos, deberán ser aprobados previamente por el interventor, quien además llevará un control de dichos movimientos, pudiendo ordenar que el 25% de las cantidades que ingresen a las cuentas del contribuyente intervenido sean enteradas al fisco estatal hasta que se cubra el monto total de los créditos fiscales con sus respectivos accesorios.

Para ello, se aplicará en lo conducente, lo dispuesto en las leyes de la materia.

Cuando el interventor tenga conocimiento de irregularidades en el manejo de la negociación o de operaciones que pongan en peligro los intereses del fisco estatal, dictará las medidas provisionales urgentes que estime necesarias para proteger dichos intereses y dará cuenta a la oficina ejecutora, la que podrá ratificarlas o modificarlas.

Si las medidas a que se refiere el párrafo anterior no fueren acatadas, la oficina ejecutora ordenará que cese la intervención con cargo a la caja y se convierta en administración, o bien se procederá a enajenar la negociación, conforme a este Código y las demás disposiciones legales aplicables



Artículo 165.

El interventor administrador tendrá todas las facultades que normalmente correspondan a la administración de la sociedad y plenos poderes con las facultades que requieran cláusula especial conforme a la ley, para ejercer actos de dominio y de administración, para pleitos y cobranzas, otorgar o suscribir títulos de crédito, presentar denuncias y querellas y desistir de estas últimas, previo acuerdo de la oficina ejecutora, así como para otorgar los poderes generales o especiales que juzgue conveniente, revocar los otorgados por la sociedad intervenida y los que él mismo hubiere conferido.

El interventor administrador no quedará supeditado a su actuación al consejo de administración, asamblea de accionistas, socios o partícipes.

Tratándose de negociaciones que no constituyan una sociedad, el interventor administrador tendrá todas las facultades de dueño para la conservación y buena marcha del negocio



Artículo 166.

El interventor administrador tendrá las siguientes obligaciones:

I.- Rendir cuentas mensuales comprobadas a la oficina ejecutora; y,

II.- Recaudar el 10% de las ventas o ingresos diarios obtenidos en la negociación intervenida y entregar su importe en la caja de la oficina ejecutora a medida que se efectúe la recaudación después de separar las cantidades que correspondan por concepto de salarios y demás créditos preferentes a que se refiere este Código;

El interventor administrador no podrá enajenar los bienes del activo fijo. Cuando se den los supuestos de enajenación de la negociación intervenida a que se refiere el artículo 171 de este Código, se procederá al remate de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos siguientes de este Capítulo



Artículo 167.

El nombramiento de interventor administrador deberá anotarse en el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora que corresponda al domicilio de la negociación intervenida



Artículo 168.

Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 165 de este Código, la asamblea y administración de la sociedad podrán continuar reuniéndose regularmente para conocer de los asuntos que les competen y de los informes que formule el interventor administrador sobre el funcionamiento y las operaciones de la negociación, así como para opinar sobre los asuntos que les someta a su consideración. El interventor podrá convocar a asamblea de accionistas, socios o partícipes y citar a la administración de la sociedad con los propósitos que considere necesarios o convenientes



Artículo 169.

En caso de que la negociación que pretenda intervenir ya lo estuviera por mandato de otra autoridad, se nombrará no obstante el nuevo interventor, que también lo será para las otras intervenciones mientras subsista la efectuada por las autoridades fiscales, salvo que se trate de una intervención efectuada por el Fisco Federal, supuesto en el cual se deberá estar a lo previsto en las disposiciones fiscales federales aplicables. La designación o cambio de interventor se pondrá en conocimiento de las autoridades que ordenaron las anteriores o posteriores intervenciones



Artículo 170.

La intervención se levantará cuando el crédito fiscal se hubiera satisfecho o cuando de conformidad con este Código se haya enajenado la negociación. En estos casos la oficina ejecutora comunicará el hecho al Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora que corresponda para que se cancele la inscripción respectiva



Artículo 171.

Las autoridades fiscales podrán proceder a la enajenación de la negociación intervenida cuando lo recaudado en tres meses no alcance a cubrir por lo menos el 24% del crédito fiscal, salvo que se trate de negociaciones que obtengan sus ingresos en un determinado período del año, en cuyo caso el porciento será el que corresponda al número de meses transcurridos a razón del 8% mensual y siempre que lo recaudado no alcance para cubrir el porciento del crédito que resulte



Artículo 172.

Los secuestros administrativos podrán ampliarse en cualquier momento del procedimiento de ejecución, cuando la Secretaría de Hacienda o la oficina ejecutora estime que los bienes embargados son insuficientes para cubrir las prestaciones fiscales insolutas y los vencimientos inmediatos



Artículo 173.

La enajenación de bienes embargados, procederá:

I.- A partir del día siguiente a aquél en que se hubiese fijado la base en los términos del artículo 175 de este Código;

II.- En los casos de embargo precautorio a que se refiere el artículo 145 de este Código, cuando los créditos se hagan exigibles y no se paguen al momento del requerimiento;

III.- A solicitud del embargado o cuando éste no proponga comprador dentro del plazo a que se refiere la fracción III del artículo 194 de este Código;

IV.- Al quedar firme la resolución confirmatoria del acto impugnado, recaído en los medios de defensa que se hubieren hecho valer



Artículo 174.

Salvo los casos que este Código autoriza, toda enajenación se hará en subasta pública que se celebrara en el local de la oficina ejecutora o a través de medios electrónicos.

La Secretaría de Hacienda, con el objeto de obtener un mayor rendimiento, podrá designar otro lugar para la enajenación u ordenar que los bienes embargados se enajenen en lotes, fracciones o en piezas sueltas



Artículo 175.

La base para enajenación de los bienes embargados, se hará conforme a las siguientes reglas:

I.- Tratándose de bienes inmuebles o negociaciones, embargados será la del avalúo practicado por corredor público, perito valuador autorizado, institución de crédito o empresa o institución dedicada a la compraventa o subasta de bienes nombrado por la oficina que deba proceder a la enajenación;

II.- Tratándose de bienes no señalados en la fracción anterior, será la que fijen de común acuerdo la autoridad y el embargado en un plazo de seis días contados a partir de la fecha en que se hubiere practicado el embargo. A falta de acuerdo la autoridad practicará el avalúo correspondiente, o determinará el valor del bien con información publicada por terceros independientes;

III.- En todos los casos, la autoridad notificará personalmente al embargado el avalúo practicado o el valor determinado conforme a las fracciones anteriores;

IV.- El embargado o terceros acreedores que no estén conformes con la valuación hecha, podrán hacer valer el recurso de revocación en contra del supuesto previsto en la fracción II, inciso d) del artículo 111 de este Código, dentro de los diez días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación a que se refiere la fracción anterior, debiendo designar en el mismo como perito de su parte a cualquiera de los valuadores señalados en la fracción I de este artículo;

V.- Cuando el embargado o terceros acreedores no interpongan el recurso dentro del plazo legal o haciéndolo no designen valuador o habiéndose nombrado perito por dichas personas, no se presente el dictamen dentro de los plazos a que se refiere la fracción VII de este artículo, se tendrá por aceptado el avalúo hecho por la autoridad;

VI.- Cuando del dictamen rendido por el perito del embargado o terceros acreedores resulte un valor superior a un 10% al determinado conforme a la fracción I de este artículo, la autoridad exactora designará dentro del término de seis días, un perito tercero valuador que será cualquiera de los señalados en la citada fracción. El avalúo que se fije será la base para la enajenación de los bienes; y,

VII.- En todos los casos a que se refieren las fracciones que anteceden, los peritos deberán rendir su dictamen en un plazo de diez días si se trata de bienes muebles, veinte días si son inmuebles y treinta días cuando sean negociaciones, a partir de la fecha de su aceptación



Artículo 175 bis.

Los avalúos que se practiquen para efectos fiscales, tendrán vigencia de doce meses, contados a partir de la fecha en que se emitan, mismos que podrán practicarse por las instituciones de crédito, corredor público, perito valuador registrado ante el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora y por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

En aquellos casos en que después de realizado el avalúo se lleven a cabo construcciones, instalaciones o mejoras permanentes al bien de que se trate, los valores consignados en dicho avalúo quedarán sin efecto, aún cuando no haya transcurrido el plazo señalado en el párrafo que antecede.

Cuando los avalúos sean referidos a una fecha anterior a aquella en que se practiquen, se procederá conforme a lo siguiente:

I.- Se determinará el valor del bien a la fecha en que se practique el avalúo.

II.- La cantidad obtenida conforme a la fracción anterior, se dividirá entre el factor que se obtenga de dividir el índice nacional de precios al consumidor del mes inmediato anterior a aquel en que se practique el avalúo, entre el índice del mes al cual es referido el mismo.

III.- El resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior, será el valor del bien a la fecha a la que el avalúo sea referido.

El valuador podrá efectuar ajustes a este valor cuando existan razones que así lo justifiquen, las cuales deberán señalarse expresamente en el avalúo. Una vez presentado dicho avalúo no podrán efectuarse estos ajustes



Artículo 176.

El remate podrá ser convocado al día siguiente de haber quedado firme el avalúo, para que tenga verificativo dentro de los treinta días siguientes. La convocatoria se hará cuando menos diez días antes del inicio del período señalado para el remate debiendo mantenerse en los lugares o medios en que se haya fijado o dado a conocer hasta la conclusión del remate.

La convocatoria se fijará en el sitio visible y usual de la oficina ejecutora se dará a conocer en la página electrónica de la Secretaría de Hacienda. En la convocatoria se darán a conocer los bienes objeto del remate, el valor que servirá de base para su enajenación, así como los requisitos que deberán cumplir los postores para concurrir al mismo.

Los bienes sujetos a remate se encontrarán a la visita del público interesado en los lugares y horarios que se indiquen en la página de internet de la Secretaría de Hacienda



Artículo 176 bis.

En la página electrónica de subastas de la Secretaría de Hacienda, se especificará el periodo correspondiente a cada remate, el registro de los postores y las posturas que se reciban, así como la fecha y hora de su recepción.

Cada subasta tendrá una duración de ocho días que empezará a partir de las doce horas del primer día y concluirá a las doce horas del octavo día. En dicho periodo los postores presentarán sus posturas y podrán mejorar las propuestas.

Si dentro de los veinte minutos previos al vencimiento del plazo de remate se recibe una postura que mejore los anteriores, el remate no se cerrará conforme al término mencionado en el párrafo precedente, en este caso y a partir de las doce horas del día de que se trate, la Secretaría de Hacienda concederá plazos sucesivos de cinco minutos cada uno, hasta que la última postura no sea mejorada. Una vez trascurrido el último plazo sin que se reciba una mejor postura se tendrá por concluido el remate



Artículo 176 ter.

Mientras no se finque el remate, el embargado puede proponer comprador que ofrezca de contado la cantidad suficiente para cubrir el crédito fiscal



Artículo 176 quater.

El documento digital en que se haga la postura, deberá contener los siguientes datos:

I.- Cuando se trate de personas físicas, el nombre, la nacionalidad y el domicilio del postor y, en su caso, las claves del Registro Estatal de Contribuyentes y del Registro Federal de Contribuyentes; tratándose de sociedades, el nombre o razón social, la fecha de constitución, las claves del registro estatal de contribuyentes y registro federal de contribuyentes en su caso y el domicilio social.

II.- La cantidad que se ofrezca.

III.- El número de cuenta bancaria y nombre de la institución de crédito en la que se reintegrarán, en su caso, las cantidades que se hubieran dado en depósito.

IV.- La dirección de correo electrónico y el domicilio para oír y recibir notificaciones.

V.- El monto y número de la transferencia electrónica de fondos que se haya realizado.

 Si las posturas no cumplen con los requisitos a que se refieren las fracciones anteriores y los que se señalen en la convocatoria, la Secretaría no las calificará como posturas legales, situación que se hará del conocimiento del interesado.



Artículo 177.

Los acreedores que aparezcan en el certificado de gravámenes correspondientes a los últimos diez años, el cual deberá obtenerse oportunamente, serán notificados personalmente del periodo de remate señalado en la convocatoria y en caso de no ser factible por alguna de las causas a que se refiere la fracción IV del artículo 125, se tendrán como notificados de la fecha en que se efectuará el remate, en aquella en que la convocatoria se haya fijado en sitio visible de la oficina ejecutora, siempre que en dicha convocatoria se exprese el nombre de los acreedores.

Los acreedores mencionados en el párrafo anterior, tendrán derecho a concurrir al remate y hacer las observaciones que estimen del caso, las cuales serán resueltas por la respec¬tiva autoridad ejecutora en el acto de la diligencia.



Artículo 178.

En tanto no se hubieran rematado, enajenado o adjudicado los bienes, el embargado podrá pagar el crédito total o parcialmente y recuperarlos inmediatamente en la proporción del pago, tomándose en cuenta el precio del avalúo.

Una vez realizado el pago por el embargado o cuando obtenga resolución o sentencia favorable derivada de la interposición de algún medio de defensa antes de que se hubieran rematado, enajenado o adjudicado los bienes que obliguen a la autoridad a entregar los mismos, este deberá retirar los bienes motivo del embargo en el momento en que la autoridad los ponga su disposición, en caso de no hacerlo se causarán derechos de almacenaje a partir del día siguiente



Artículo 179.

Es postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor señalado como base para remate



Artículo 180.

En toda postura deberá ofrecerse de contado como mínimo, la parte suficiente para cubrir el interés fiscal, si este es superado por la base fijada para el remate, se procederá en los términos del artículo 195 de este Código.

Los bienes, fracción o lote de bienes, cuya base para la venta sea igual o inferior al interés fiscal, sólo podrán rematarse de contado.

La autoridad recaudadora podrá enajenar a plazos los bienes embargados cuando no haya postura para adquirirse de contado y siempre que el comprador garantice el saldo del adeudo más los intereses que correspondan en alguna de las formas señaladas en el artículo 130 de este Código. Durante los plazos concedidos se causarán intereses iguales a los recargos exigibles para el caso de pago a plazo de los créditos fiscales



Artículo 181.

Las posturas deberán enviarse en documento digital con firma electrónica avanzada, a la dirección electrónica que se señale en la convocatoria para el remate. La Secretaría mandará los mensajes que confirmen la recepción de las posturas. Dichos mensajes tendrán las características que a través de las disposiciones administrativas de carácter general que emita la Secretaría. Para intervenir en una subasta será necesario que el postor, antes de enviar su postura, realice una transferencia electrónica de fondos equivalente cuando menos de diez por ciento del valor fijado a los bienes de la convocatoria, expedido por una institución o agencia de crédito de la localidad.

El importe de los depósitos que se constituyan de acuerdo con lo que establece el presente artículo, servirá de garantía para el cumplimiento de las obligaciones que contraigan los postores por las adjudicaciones que se les hagan de los bienes rematados. Inmediatamente después de fincado el remate previa orden de la oficina ejecutora, se devolverán a los postores los fondos transferidos electrónicamente, excepto el que corresponde al postor admitido, cuyo valor continuará como garantía del cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del precio de enajenación.

 La Secretaría, a través de circulares, podrá establecer facilidades administrativas para que en sustitución de la firma electrónica avanzada, se empleen otros medios de identificación electrónica.



Artículo 181 bis.

Cuando el remate de bienes sea cancelado o suspendido por la autoridad fiscal, dicha situación se hará del conocimiento de los postores participantes a través de su correo electrónico y el importe depositado como garantía se reintegrará dentro de los dos días hábiles siguientes a la notificación de la cancelación o suspensión



Artículo 182.

Cuando el postor en cuyo favor se hubiera fincado un remate no cumpla con las obligaciones contraídas y las que éste Código señala, perderá el importe del depósito que hubiere constituido y la autoridad ejecutora lo aplicará de inmediato a favor del fisco estatal. En este caso se iniciará nuevamente la almoneda en la forma y plazos que señalan los artículos respectivos



Artículo 183.

El escrito en que se haga la postura deberá contener:

I. Nombre, edad, nacionalidad, capacidad legal, estado civil, profesión y domicilio del postor. Si fuere una sociedad, los datos principales de su constitución;

II. Las cantidades que se ofrezcan; y,

III. Lo que se ofrezca de contado y los términos en que haya de pagarse la diferencia, la que causará intereses según la tasa a que se refiere el artículo 26 de este Código



Artículo 184.

La Secretaría de Hacienda fincará el remate a favor de quien haya hecho la mejor postura. Cuando existan varios postores que hayan ofrecido una suma igual y dicha suma sea la postura más alta, se aceptará la primera postura que se haya recibido.

Una vez fincado el remate se comunicará el resultado del mismo a través de medios electrónicos a los postores que hubieren participado en él, remitiendo el acta que al efecto se levante.



Artículo 185.

Fincado el remate de bienes muebles se aplicará el depósito constituido. Dentro de los tres días siguientes a la fecha del remate, el postor enterará en la caja de la oficina ejecutora el saldo de la cantidad de contado ofrecido en su postura o la que resulte de las mejoras, y constituirá las garantías a que se hubiere obligado por la parte del precio que quedare adeudado.

Tan pronto como el postor cumpla con los requisitos a que se refiere el párrafo anterior y el remate sea aprobado por el Subsecretario de Ingresos, si este requisito fuere necesario conforme al artículo siguiente, la oficina ejecutora citará al contribuyente para que, dentro de un plazo de tres días hábiles, entregue las facturas o documentación comprobatoria de la enajenación de los mismos, la cual deberá expedir cumpliendo, en lo condu¬cente, con los requisitos a que se refiere el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, apercibido de que si no lo hace, la autoridad ejecutora emitirá el documento correspondiente en su rebeldía.

Posteriormente, la autoridad deberá entregar al adquirente, conjuntamente con estos documentos, los bienes que le hubiere adjudicado.

Una vez adjudicados los bienes al adquirente, éste deberá retirarlos en el momento en que la autoridad los ponga a su disposición



Artículo 186.

Efectuando el pago total del importe ofrecido por un bien rematado, se comunicará al postor ganador quien deberá solicitar a la autoridad fiscal que ésta le indique, la fecha y hora en que se realizará la entrega del bien rematado, una vez que hayan sido cumplidas las formalidades a que se refieren los artículos 185 y 188 de este Código. El postor ganador podrá solicitar una nueva fecha de entrega en caso de que no le hubiese sido posible acudir a la que hubiere señalado la autoridad



Artículo 187.

Los bienes pasarán a ser propiedad del adquirente libre de gravámenes y a fin de que éstos se cancelen. Tratándose de bienes inmuebles, la autoridad ejecutora lo comunicará al Registro Público de la Propiedad que corresponda, en un plazo que no excederá de quince días.

Los directores o encargados del Registro Público de la Propiedad deberán inscribir las transmisiones de dominio de bienes inmuebles que resulten de los remates celebrados por las oficinas ejecutoras locales y procederán a hacer las cancelaciones de gravámenes que sean procedentes como consecuencia de la transmi¬sión o adjudicación.



Artículo 188.

Tan luego como hubiere otorgado y firmado la escritura en que conste la adjudicación de un inmueble, el jefe de la oficina ejecutora dispondrá que se entregue al adquiriente, dando las ordenes necesarias, aun las de desocupación, si estuviere habitado por el deudor o por terceros que no tuvieren contrato para acreditar el uso en los términos que establece el Código Civil.

Si el adquiriente lo solicita, se le dará a conocer como dueño del inmueble a las personas que designe.



Artículo 188 bis.

En el caso en que los bienes rematados no puedan ser entregados al postor a cuyo favor se hubiera fincado el remate en la fecha en que éste lo solicite por existir impedimento jurídico debidamente fundado para ello, el postor, en un plazo de seis meses contado a partir de la fecha en que solicite la entrega de los bienes, podrá solicitar a la autoridad fiscal la devolución del monto pagado por la adquisición de dichos bienes. La autoridad devolverá la cantidad respectiva en un plazo de dos meses contado a partir de la fecha en que se efectúe la solicitud. Si dentro de este último plazo cesa la causa por la cual la autoridad fiscal se vio imposibilitada para efectuar la entrega de los bienes rematados, se procederá a la entrega de los mismos en lugar de devolver al postor las cantidades pagadas por esos bienes.

Transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el párrafo anterior, sin que el postor solicite a la autoridad fiscal la entrega del monto pagado por la adquisición de dichos bienes, el importe de la postura causará abandono a favor del gobierno estatal dentro de dos meses contados a partir de la fecha en que concluya el plazo antes citado y se estará a lo dispuesto en el artículo 195 de este Código.

En el caso en que la autoridad fiscal entregue las cantidades pagadas por la adquisición de los bienes rematados, se dejará sin efecto el remate efectuado. Si con posterioridad a la entrega de las cantidades señaladas anteriormente cesa la causa por la cual la autoridad fiscal se vio imposibilitada jurídicamente para efectuar la entrega de los bienes rematados, ésta deberá iniciar nuevamente el procedimiento establecido en esta Sección para enajenar los mismos, dentro de los quince días siguientes a aquél en que haya cesado el impedimento o se cuente con resolución firme que permita hacerlo.



Artículo 189.

Queda estrictamente prohibido adquirir los bienes objeto de un remate, por si o por medio de interpósita persona, a los jefes de las oficinas ejecutoras y personal de las mismas y a las personas que hubieren intervenido por parte del fisco local, en los procedimientos de ejecución. El remate efectuado con infracción a este precepto, será nulo y los infractores serán castigados de acuerdo con lo que establece este Código



Artículo 190.

El producto obtenido del remate, enajenación o adjudicación de los bienes al fisco, se aplicará a cubrir el crédito fiscal en el orden que establece el artículo 19 de este Código



Artículo 191.

Si hubiere otros acreedores, los derechos del fisco estatal se determinarán de acuerdo con la prelación que establece el artículo 148



Artículo 192.

El fisco estatal tendrá preferencia para adjudicarse los bienes ofrecidos en remate, en los siguientes casos:

I.- A falta de postores.

II.- A falta de posturas o pujas.

III.- En caso de posturas o pujas iguales, por la cantidad en que se haya producido el empate.

La adjudicación regulada en este artículo, solo será válida si es aprobada por el Subsecretario de Ingresos de la propia Secretaría.



Artículo 193.

Cuando no hubiera postores o no se hubieran presentado posturas legales, la autoridad se adjudicará el bien. En este caso el valor de la adjudicación será el 60% del valor de avalúo.

Los bienes que se adjudiquen a favor del fisco estatal, podrán ser donados por la autoridad correspondiente, para obras o servicios públicos, o a instituciones asistenciales o de beneficencia autorizadas para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta.

La adjudicación se tendrá por formalizada una vez que la autoridad ejecutora firme el acta de adjudicación correspondiente.

Cuando la traslación de bienes se deba inscribir en el Registro Público de la Propiedad, el acta de adjudicación debidamente firmada por la autoridad ejecutora tendrá el carácter de escritura pública y será el documento público que se considerará como testimonio de escritura para los efectos de inscripción en dicho Registro.

Para los efectos de la Ley de Ingresos del Estado, los ingresos obtenidos por la adjudicación se registrarán hasta el momento en el que se tenga por formalizada la adjudicación.

El registro a que se refiere el párrafo anterior se realizará disminuyendo de las cantidades a que alude dicho párrafo, según corresponda, los gastos de administración y mantenimiento, así como las erogaciones extraordinarias en que hubiesen incurrido las autoridades fiscales, durante el periodo comprendido desde que se practicó el embargo y hasta su adjudicación, y el excedente que corresponda devolver al deudor de conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 195 de este Código.

Una vez aplicado el producto obtenido por la adjudicación, en los términos del artículo 190 de este Código, el saldo que, en su caso quede pendiente a cargo del contribuyente, se registrará como crédito incobrable.

Los bienes adjudicados por las autoridades fiscales de conformidad con lo dispuesto en este artículo, serán considerados, para todos los efectos legales, como bienes no sujetos al régimen del dominio público del Estado, hasta en tanto sean destinados o donados para obras o servicios públicos en los términos de este artículo.

Las adjudicaciones tendrán la naturaleza de dación en pago



Artículo 194.

Las autoridades ejecutoras podrán efectuar enajenaciones fuera de remate en los siguientes supuestos:

I.- El embargado proponga comprador antes del día en que se finque el remate o se adjudiquen los bienes a favor del fisco, siempre que el precio en que se vendan cubra el valor que se haya señalado a los bienes embargados.

II.- Se trate de bienes de fácil descomposición o deterioro, o de materiales inflamables, siempre que en la localidad no se puedan guardar o depositar en lugares apropiados para su conservación. 



Artículo 195.

Cuando existan excedentes del producto obtenido del remate o adjudicación de los bienes al fisco estatal después de haberse cubierto el crédito, se entregarán al deudor salvo que medie orden de autoridad competente o que el propio deudor acepte por escrito que se haga la entrega total o parcial del saldo a un tercero, con las siguientes modalidades:

I.- Tratándose de bienes que la autoridad se haya adjudicado, al producto obtenido por la adjudicación se aplicará el monto del crédito fiscal más sus accesorios, así como el monto de los gastos de administración y mantenimiento en que la autoridad haya incurrido. El remanente del producto mencionado será el excedente que se devuelva al contribuyente.

II.- Cuando se lleve a cabo la adjudicación por remate, el producto obtenido se aplicará en los términos de lo dispuesto en el artículo 190 de este Código, así como a recuperar los gastos de administración y mantenimiento. El remanente del producto mencionado será el excedente que se devolverá al contribuyente



Artículo 195 bis.

Causarán abandono a favor del gobierno estatal los bienes embargados por las autoridades fiscales, en los siguientes casos:

I.- Cuando habiendo sido enajenados o adjudicados los bienes al adquirente no se retiren del lugar en que se encuentren, dentro de dos meses contados a partir de la fecha en que se pongan a su disposición.

II.- Cuando el embargado efectúe el pago del crédito fiscal u obtenga resolución o sentencia favorable que ordene su devolución derivada de la interposición de algún medio de defensa antes de que se hubieran rematado, enajenado o adjudicado los bienes y no los retire del lugar en que se encuentren dentro de dos meses contados a partir de la fecha en que se pongan a disposición del interesado.

III.- Se trate de bienes muebles que no hubieren sido rematados después de transcurridos dieciocho meses de practicado el embargo y respecto de los cuales no se hubiere interpuesto ningún medio de defensa.

IV.- Se trate de bienes que por cualquier circunstancia se encuentren en depósito o en poder de la autoridad y los propietarios de los mismos no los retiren dentro de dos meses contados a partir de la fecha en que se pongan a su disposición.

Se entenderá que los bienes se encuentran a disposición del interesado, a partir del día siguiente a aquél en que se le notifique la resolución correspondiente.

Cuando los bienes embargados hubieran causado abandono, las autoridades fiscales notificarán personalmente o por correo certificado con acuse de recibo a los propietarios de los mismos, que ha transcurrido el plazo de abandono y que cuentan con quince días para retirar los bienes. En los casos en que no se hubiera señalado domicilio o el señalado no corresponda a la persona, la notificación se efectuará a través de estrados.

Los bienes que pasen a propiedad del Fisco Estatal conforme a este artículo, podrán ser enajenados o donarse para obras o servicios públicos, o a instituciones asistenciales o de beneficencia autorizadas para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta.

El producto de la venta se destinará a pagar los cargos originados por el manejo, almacenaje, custodia y gastos de venta de los citados bienes en los términos que mediante reglas establezca la Secretaría de Hacienda



Artículo 195 bis A.

Los plazos de abandono a que se refiere el artículo 195 BIS de este Código se interrumpirán:

I.- Por la interposición del recurso administrativo o la presentación de la demanda en el juicio que proceda.

El recurso o la demanda sólo interrumpirán los plazos de que se trata, cuando la resolución definitiva que recaiga no confirme, en todo o en parte, la que se impugnó.

II.- Por consulta entre autoridades, si de dicha consulta depende la entrega de los bienes a los interesados.



Artículo 196.

Los juicios que se promuevan ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que determina este Código. A falta de disposición expresa se aplicarán las prevenciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado, siempre que la disposición de este último Ordenamiento no contravenga al procedimiento contencioso que establece este Código.

En los casos en que la resolución impugnada afecte los intereses jurídicos de dos o más personas, y éstas promuevan juicio, en el escrito inicial de la demanda deberán designar un representante común que elegirán de entre ellas mismas, y si no lo hicieren, el magistrado designará con tal carácter a cualquiera de los interesados al admitir la demanda.

Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo no satisfaga el interés jurídico del recurrente y éste la controvierta, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúe afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso



Artículo 197.

En los juicios que se tramiten ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, no habrá lugar a condenación en costas. Cada parte será responsable de sus propios gastos y los que originen las diligencias que promuevan.

Los honorarios del perito tercero serán pagados por las partes. Si las que corresponda sufragar al particular, sea actor, demandado o coadyuvante, no son cubiertos oportunamente, los pagará la Secretaría de Hacienda y esta exigirá el reembolso mediante el procedimiento administrativo de ejecución



Artículo 198.

Toda promoción deberá ser firmada por quien la formule y sin este requisito se tendrá por no presentada, a menos que el promovente no sepa o no pueda firmar, aplicándose al respecto las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles.

Ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no procederá la gestión de negocios, quien promueva a nombre de otro deberá acreditar que la representación le fue otorgada, a mas tardar, en la fecha de la presentación de la promoción.

El mandato para asunto o asuntos determinados, solo podrá otorgarse al licenciado en derecho con titulo debidamente registrado en los términos de la Ley Reglamentaria de los artículos 4 y 5 Constitucionales o en la Dirección General de Profesiones del Estado



Artículo 199.

Las diligencias que deban practicar¬se fuera del local del Tribunal de lo Contencioso Administrativo podrán encomendarse a alguno de los secretarios o actuarios del mismo Tribunal.

Cuando deban practicarse en lugar distinto de la ciudad de Hermosillo, podrán encomendarse a los jueces de primera instancia del ramo civil de la jurisdicción, quienes estarán obligados a diligenciar los exhortos respectivos



Artículo 200.

Serán partes en el procedimiento:

I. El actor;

II. El demandado. Tendrán este carácter:

a). La autoridad que dicte, ordene o realice, ejecute o trate de ejecutar el acto o resolución, o trámite el procedimiento impugnado, o la que legalmente la sustituya;

b). El particular a quien favorezca la resolución cuya nulidad demande la autoridad administrativa;

III. El tercero que dentro del procedimiento administrativo aparezca como titular de un derecho incompatible con el que pretenda el actor;

IV. El Secretario de Hacienda, quien será representado en la forma que señalen los ordenamientos, aun cuando no sea actor ni demandado;

Podrá apersonarse como coadyuvante de las autoridades administrativas, quien tenga interés directo en la anulación de una resolución favorable al particular.

En cada escrito de demanda sólo podrá aparecer un demandante, salvo en los casos que se trate de la impugnación de resoluciones conexas que afecten los intereses jurídicos de dos o más personas, mismas que podrán promover el juicio de nulidad contra dichas resoluciones en un sólo escrito de demanda, siempre que en el escrito designen de entre ellas mismas un representante común, en caso de no hacer la designación, el magistrado instructor al admitir la demanda hará la designación.

El escrito de demanda en que promuevan dos o más personas en contravención de lo dispuesto en el párrafo anterior, se tendrá por no interpuesto



Artículo 201.

Las autoridades que figuren como parte en los juicios de nulidad podrán acreditar delegados en las audiencias, con facultades para rendir pruebas y producir alegatos.



Artículo 202.

Toda resolución debe notificarse, a mas tardar, el segundo día a aquel en que el expediente haya sido turnado al actuario para ese efecto y se asentará la razón respectiva a continuación de la misma resolución:

Al actuario que no cumpla con esta obligación se le impondrá multa de cien a doscientos pesos y será destituido, sin responsabilidad para el Estado, en caso de reincidencia



Artículo 203.

Las notificaciones se harán:

I. A las autoridades por oficio, o en casos urgentes, por la vía telegráfica;

II. A los particulares, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, cuando se trate de alguna de las siguientes resoluciones;

a).- La que admita o deseche la demanda;

b). La que señale día para la audiencia;

c). La que tenga por contestada la demanda, cuando se impugne una negativa ficta o cuando el autor no conozca los fundamentos de la resolución sino hasta que se conteste la demanda. En este caso, se acompañara copia de la contestación de la resolución que se notifica;

d). La de sobreseimiento y la sentencia;

e). La que manda citar a un tercero;

f). El requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo;

g). En cualquier otro caso, si el Tribunal lo considera conveniente; y,

III. Fuera de los casos señalados en la fracción anterior, las notificaciones se harán personalmente en el Tribunal a los particulares, si se presentan dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que se haya dictado la resolución, y por lista autorizada que se fijara en sitio visible del tribunal, si no se presentan con oportunidad



Artículo 204.

La lista a que se refiere la fracción III del artículo anterior, contendrá: el nombre de la persona a quien se notifique, el expediente en que la notificación se haga, y una síntesis de la parte dispositiva de la resolución correspondiente. En los autos se hará constar la fecha de la fijación de la lista



Artículo 205.

Las partes podrán autorizar por escrito a una o a varias personas para que a su nombre reciban las notificaciones, hagan promociones de trámite, ofrezcan y rindan pruebas, aleguen e interpongan recursos.

Esa persona deberá tener titulo de Licenciado en Derecho debidamente registrado en la Secretaría de Educación Pública o en la Dirección General de Profesiones del Estado



Artículo 206.

Las notificaciones surtirán efectos al día hábil siguien¬te en que se haya hecho la notificación personal o entregado el oficio que contenga copia de la resolu¬ción que se notifica, o fijado la lista respectiva



Artículo 207.

Las notificaciones que no fueren hechas conforme a lo dispuesto en este Código serán nulas. En este caso el perjudicado podrá pedir que se declare la nulidad dentro de los cinco días siguientes a aquel en que conoció el hecho ofreciendo las pruebas pertinentes en el mismo escrito en que se promueva la nulidad.

Las promociones de nulidad notoriamente infundadas se desecharán de plano.

Si se admite la promoción, se dará vista a las demás partes por el término de cinco días para que expongan lo que a su derecho convenga; transcurrido dicho plazo, se dictará resolución.

Si se declara la nulidad, el Tribunal ordenará reponer la notificación anulada y las actuaciones posteriores. Asimismo, se impondrá una multa al actuario, equivalente a la cantidad que resulte de sumar diez Unidades de Medida y Actualización, sin que exceda del 30% de su sueldo mensual. El actuario podrá ser destituido de su cargo, sin responsabilidad para el Estado en caso de reincidencia



Artículo 208.

El cómputo de los términos se sujetara a las reglas siguientes:

I.- Empezarán a correr desde el día hábil siguiente en que surta efectos la notificación; serán improrroga¬bles y se incluirá en ellos el día del vencimiento; y,

II. Se contarán por días naturales, excluyendo los inhábiles, y aquellos en los que se suspendan las labores del Tribunal



Artículo 209.

Es improcedente el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado:

I. Contra actos, resoluciones o procedimientos que no afecten los intereses jurídicos del actor;

II. Contra actos, resoluciones o procedimientos que sean materia de otro juicio que se encuentre pendiente de resolución ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado o que hayan sido materia de sentencia pronunciada por el mismo Tribunal, siempre que hubiere identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado, aunque las violaciones alegadas sean diversas;

III. Contra actos, resoluciones o procedimientos consentidos, expresa o tácitamente, entendiéndose por este último aquel en que no se promovió el juicio dentro de los plazos señalados por este Código;

IV.- Que puedan impugnarse por medio de algún recurso o medio de defensa, con excepción de aquellos cuya interposición sea optativa;

V. Contra resoluciones, actos o procedimientos administrativos que estén o hayan sido impugnados en un procedi¬miento judicial;

VI. Contra ordenamientos que dan normas o instruc¬ciones de carácter general y abstracto sin haber sido aplicado concretamente al promovente;

 

VII. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe la resolución o el acto impugnado;

VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de este Código o de las Leyes Fiscales Especiales;

IX.- Conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio de defensa diferente;

Para los efectos de esta fracción, se entiende que haya conexidad siempre que concurran las causas de acumulación previstas en el artículo 231 de este Código.

X.- Cuando no se hagan valer conceptos de impugnación;

XI.- Cuya impugnación no corresponda conocer a dicho Tribunal;

La procedencia del juicio será examinada aun de oficio



Artículo 210.

Procede al sobreseimiento del juicio:

 

I. Cuando el demandante se desista del juicio;

II. Cuando durante el juicio apareciere o sobrevi¬niese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;

III. Cuando el actor, cualquiera que sea el estado en que se encuentre el juicio, no ha efectuado ningún acto procesal durante el plazo de 300 días, incluyendo los inhábiles;

IV.- En el caso de que el demandante muera durante el juicio, si su pretensión es intransmisible o si su muerte deja sin materia el proceso;

V.- Si la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado; y,

VI. En los demás casos en que por disposición legal haya impedimento para emitir resolución en cuanto al fondo.

El sobreseimiento del juicio podrá ser total o parcial



Artículo 211.

El magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo estará impedido para conocer en los siguientes casos:

I. Si es pariente consanguíneo, afín o civil de alguna de las partes, en línea recta sin limitación de grado, dentro del cuarto grado en la colateral por consanguinidad y en la segunda de la colateral por afinidad, o de sus patrones o representantes;

II. Si tiene interés personal en el negocio.

III. Si ha sido apoderado en el mismo negocio;

IV. Si ha dictado la resolución impugnada o ha intervenido con cualquier carácter en la emisión de la misma o en su ejecución;

V. Si figura como parte en un juicio similar pendiente de resolución;

VI. Si tiene amistad estrecha o enemistad con alguna de las partes o sus apoderados; y,

VII. Estar en una situación que pueda afectar su imparcialidad en forma análoga o más grave que las mencionadas;



Artículo 212.

El magistrado tiene el deber de excusarse del conocimiento de los negocios en que ocurra alguno de los impedimentos señalados en el artículo anterior, expresando concretamente en que consiste el impedimento



Artículo 213.

Dentro de un plazo de tres días el magistrado enviará un informe manifestando la causa del impedimento al magistrado supernumerario, a efecto de que califique la excusa y, en su caso, se avoque al conocimiento del juicio



Artículo 214.

Las partes podrán recusar al magistrado cuando este en alguno de los casos de impedimento, mediante escrito al que acompañaran las pruebas pertinentes, en cualquier estado del juicio hasta el momento de empezar la audiencia final. Interpuesta la recusación, el magistrado recusado procederá conforme se dispone en el artículo anterior.

El magistrado supernumerario que conozca de una recusación o excusa es irrecusable para ningún efecto



Artículo 215.

La resolución que decida la recusación o excusa es irrevocable. Si se declara improcedente o no probada la causa de la recusación, se impondrá al recusante una multa de $1,000.00.



Artículo 216.

La demanda deberá ser presentada por escrito directamente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo o enviarse por correo certificado dentro de los treinta días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, excepción hecha de los casos siguientes:

I. Si el perjudicado reside en el extranjero y no tiene representación en el Estado, el termino para iniciar el juicio será de cuarenta y cinco días;

II. Cuando se pida la nulidad de una resolución favorable a un particular, la demanda deberá presentarse dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que sea notificada la resolución, salvo que dicha resolución haya originado efectos de tracto sucesivo, caso en el cual la autoridad podrá demandar la nulidad en cualquier época, pero los efectos de la sentencia en caso de nulificarse la resolución favorable solo se retrotraerán a los cinco años anteriores a la presentación de la demanda;

III. En los casos de negativa ficta, el interesado no esta obligado a interponer la demanda dentro del termino a que se refiere este artículo, pudiendo presentarla en cualquier tiempo mientras no se dicte resolución expresa y siempre que haya transcurrido el plazo que señala el artículo 47 de este código;

IV.- En los casos de incapacidad o declaración de ausencia, decretadas por autoridad judicial, el plazo para interponer el juicio de nulidad se suspenderá hasta por un año. La suspensión cesará tan pronto como se acredite que se ha aceptado el cargo de tutor del incapaz o representante legal del ausente, siendo en perjuicio del particular si durante el plazo antes mencionado no se provee sobre su representación;

V. Cuando el perjudicado fallezca durante el plazo a que se refiere este artículo, se suspenderá hasta un año si antes no se ha aceptado el cargo de representante de la sucesión; y,

VI. Cuando la ley señale otro plazo



Artículo 217.

La demanda deberá contener:

I. El nombre del actor y el domicilio que señale para recibir notificaciones, que será siempre dentro del territorio del Estado de Sonora;

II. La autoridad o autoridades demandadas o el nombre y domicilio del particular demandado, cuando el juicio sea promovido por la autoridad administrativa, y los del tercero interesado, cuando lo haya;

III. La resolución, acto o procedimiento que impugne y la autoridad o autoridades demandadas;

IV. Los hechos y fundamentos de derecho que den motivo a la demanda;

V. Las pruebas que el actor se proponga rendir. Cuando ofrezca pruebas pericial o testimonial, el actor deberá indicar los nombres de los peritos o testigos y acompañar el escrito que contenga los puntos o cuestionario que los peritos deben contestar; para el examen de los testigos será necesario acompañar a la demanda los interrogatorios escritos; y,

VI.- Los conceptos de impugnación.

Cuando se omitan los datos previstos en las fracciones I, III, y VI, el magistrado desechará por improcedente la demanda interpuesta. Cuando se omitan los datos previstos en las fracciones II, IV y V, el magistrado requerirá al promovente para que los señale dentro del plazo de cinco días, apercibiéndolo que de no hacerlo en tiempo se tendrá por no presentada la demanda o por no ofrecidas las pruebas, según corresponda.

Se presume que el domicilio señalado en la demanda es el fiscal, salvo que la autoridad demuestre lo contrario. El domicilio fiscal servirá para recibir notificaciones cuando no se señale uno convencional diferente.

Se presentara una copia de la demanda para cada una de las partes y de todos sus anexos.

 



Artículo 218.

El promovente deberá acompañar con su demanda los siguientes documentos:

I.- Una copia de la misma para cada una de las partes y una copia de los documentos anexos para el titular a que se refiere la fracción IV del artículo 200 o, en su caso, para el particular demandado;

II.- El documento que acredite su personalidad cuando no gestione en nombre propio, al menos que compruebe que dicha personalidad le ha sido reconocida en el procedimiento dentro del cual haya emanado la resolución que reclame;

III.- El documento en que conste la resolución o acto impugnado, o señalar el archivo o lugar en que se encuentre. Si se demanda la nulidad de una negativa ficta, deberá acompañarse copia de la instancia no resuelta por la autoridad;

IV.- Constancia de la notificación del acto impugnado, excepto cuando el demandante declare bajo protesta de decir verdad que no recibió constancia o cuando hubiera sido por correo. Si la notificación fue por edictos deberá señalar la fecha de la última publicación y el nombre del órgano en que ésta se hizo;

V.- El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por el demandante;

VI.- El interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial, el que debe ir firmado por el demandante; y,

VII.- Las pruebas documentales que ofrezca.

Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no hubiere podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, éste deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentra para que a su costa se mande expedir copia de ellos o se requiera su remisión cuando ésta sea legalmente posible. Para este efecto deberá identificar con toda precisión los documentos y tratándose de los que pueda tener a su disposición bastará con que acompañe copia de la solicitud debidamente presentada por lo menos cinco días antes de la interposición de la demanda. Se entiende que el demandante tiene a su disposición los documentos, cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las constancias. En ningún caso se requerirá el envío de un expediente administrativo.

Si no se adjuntan a la demanda los documentos a que se refiere este precepto, el magistrado requerirá al promovente para que los presente dentro del plazo de cinco días. Cuando el promovente no los presente dentro de dicho plazo y se trate de los documentos a que se refieren las fracciones I a IV, se tendrá por no presentada la demanda. Si se trata de las pruebas a que se refieren las fracciones V, VI y VII, las mismas se tendrán por no ofrecidas



Artículo 219.

El demandante tendrá derecho a ampliar la demanda dentro de los veinte días siguientes al en que surta efectos el acuerdo recaído a la contestación de la misma, cuando se demande una negativa ficta o cuando el actor no conozca los fundamentos de la resolución impugnada, sino hasta que la demanda este contestada, en los casos previstos por el artículo 221, y cuando con motivo de la contestación, se introduzcan cuestiones que sin violar el primer párrafo del artículo 228 no sean conocidas por el actor al presentar la demanda.

En el escrito de ampliación de demanda se deberá señalar el nombre del actor y el juicio en que se actúa, debiendo adjuntar, con las copias necesarias para el traslado, las pruebas y documentos que en su caso se presenten.

Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, será aplicable en lo conducente lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 218 de este Código.

Si no se adjuntan las copias a que se refiere este artículo, el magistrado requerirá al promovente para que las presente dentro del plazo de cinco días. Si el promovente no las presenta dentro de dicho plazo, se tendrá por no presentada la ampliación a la demanda. Si se trata de las pruebas documentales o de los cuestionarios dirigidos a peritos y testigos, a que se refieren las fracciones V, VI y VII del artículo 218 de este Código las mismas se tendrán por no ofrecidas



Artículo 220.

Se notificara a las autoridades demandadas la resolución por la que se desecha la demanda, remitiéndoles, copia de esta si la hubiere



Artículo 221.

Cuando se alegue que el acto administrativo no fue notificado o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de los impugnables en el juicio contencioso administrativo, se estará a las reglas siguientes:

I.-. Si el demandante afirma conocer el acto administrativo, la impugnación contra la notificación se hará valer en la demanda, en la que manifestará la fecha en que lo conoció;

En caso de que también impugne el acto administrativo, los conceptos de nulidad se expresarán en la demanda, conjuntamente con los que se formulen contra la notificación.

II.- Si el actor manifiesta que no conoce el acto administrativo que pretende impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando la autoridad a quien atribuye el acto, su notificación, o su ejecución. En este caso, al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia del auto administrativo y de su notificación, mismos que el actor podrá combatir mediante ampliación de la demanda;

III.- El Tribunal estudiará los conceptos de nulidad expresados contra la notificación, previamente al examen de la impugnación del acto administrativo;

Si resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, considerará que el actor fue sabedor del acto administrativo desde la fecha en que se le dio a conocer en los términos de la fracción II, quedando sin efectos todo lo actuado en base a aquélla, y procederá al estudio de la impugnación que, en su caso, se hubiese formulado contra dicho acto.

Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada, y como consecuencia de ello la demanda fue presentada extemporáneamente, sobreseerá el juicio en relación con el acto administrativo combatido



Artículo 222.

El tercero, dentro de los treinta días siguientes a aquél en que se corra traslado de la demanda, podrá apersonarse en juicio, mediante escrito que contendrá los requisitos de la demanda o de la contestación, según sea el caso, así como la justificación de su derecho para intervenir en el asunto.

Deberá adjuntar a su escrito, el documento en que se acredite su personalidad cuando no gestione en nombre propio, las pruebas documentales que ofrezca y el cuestionario para los peritos. Son aplicables en lo conducente los dos últimos párrafos del artículo 218 de este Código.



Artículo 223.

Admitida la demanda se correrá traslado de ella y de sus anexos a las partes emplazándolas para que la contesten.

La contestación de la demanda deberá ser presentada directamente al Tribunal de lo Contencioso Adminis¬trativo o enviarse por correo certificado dentro de los treinta días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del auto de admisión de la demanda. El plazo para contestar la ampliación de la demanda será de veinte días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita la ampliación.

Si no se produce la contestación a tiempo o ésta no se refiere a todos los hechos, se tendrán como ciertos los que el actor impute de manera precisa al demandado, salvo que por las pruebas rendidas o por hechos notorios resulten desvirtuados.

En el mismo acuerdo de admisión se citara para la audiencia del juicio dentro de un plazo que no excederá de sesenta días.

Cuando los demandados fueren varios, el termino para contestar les correrá individualmente.



Artículo 224.

El demandado, en su contestación y en la contestación de la ampliación de la demanda, expresará:

I. Los incidentes de previo y especial pronuncia¬miento;

II. Las consideraciones que a su juicio impidan que se emita decisión en cuanto al fondo o demuestren que no ha nacido o se ha extinguido el derecho en que el actor apoya su demanda;

III. Se referirá concretamente a cada uno de los hechos que el actor le impute de manera expresa, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignora por no ser propios o exponiendo como ocurrieron;

IV.- Los fundamentos de derecho considerados aplicables y los argumentos por medio de los cuales se demuestra la ineficacia de los conceptos de impugnación;

V. Las pruebas que se proponga rendir. Cuando se trate de pruebas pericial o testimonial, indicara los nombres de los peritos o testigos y acompañará los escritos que contengan los puntos o cuestionario, o interrogatorios para el desahogo de las pruebas. Sin estos señalamientos se tendrán por no ofrecidas dichas pruebas;

Se presentara copia para cada una de las partes del escrito de contestación y de sus anexos



Artículo 225.

La omisión en la presentación de las copias de la contestación de la demanda y de sus anexos, dará lugar a que el magistrado requiera al demandado para que exhiba las copias necesarias dentro del plazo de cinco días, apercibiéndoles de que se tendrá por no contestada la demanda en caso de incumplimiento.

 



Artículo 226.

El demandado deberá adjuntar a su contestación:

I.- Copias de la misma y de los documentos que acompañe para el demandante y para el tercero señalado en la demanda;

II.- El documento en que acredite su personalidad cuando el demandado sea un particular y no gestione en nombre propio;

III.- El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por el demandado;

IV.- En su caso, la ampliación del cuestionario para el desahogo de la pericial ofrecida por el demandante;

V.- Las pruebas documentales que ofrezca;

Tratándose de la contestación a la ampliación de la demanda, se deberán adjuntar también los documentos previstos en este artículo, excepto aquellos que ya se hubieran acompañado al escrito de contestación de la demanda.

Para los efectos de este artículo será aplicable, en lo conducente los dos últimos párrafos del artículo 218.



Artículo 227.

Se presumirán ciertos, salvo que por las pruebas rendidas resulten desvirtuados, los hechos en que el actor impute de manera precisa al demandado, en los siguientes casos:

I. Cuando no se produzca la contestación dentro del plazo a que alude el artículo 223;

II. Cuando la contestación no se refiera completa¬mente a los hechos afirmados por el actor, que sean propios del demandado; y,

III. Cuando sin causa justificada el demandado no exhiba la prueba que le haya sido requerida.



Artículo 228.

En la contestación de la demanda no podrán cambiarse los fundamentos de derecho de la resolución impugnada.

En caso de negativa ficta, la autoridad expresara los hechos y el derecho en que se apoya la misma. 



Artículo 229.

Cuando haya contradicciones en cuanto a los fundamentos de derecho e interpretación entre la contestación de la autoridad que dicte u ordene, realice, ejecute o trate de ejecutar la resolución o procedimiento impugnado y la dada por la Secretaría de Finanzas, únicamente se tomara en cuenta, respecto de esas contradicciones lo expuesto por la propia Secretaría de Finanzas



Artículo 230.

En los juicios que se tramiten ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sólo serán de previo y especial pronunciamiento:

I.- La incompetencia en razón del territorio;

II.- El de acumulación de autos;

III.- El de nulidad de notificaciones;

IV.- El de interrupción por causa de muerte, disolución, incapacidad o declaratoria de ausencia; y,

V.- La recusación por causa de impedimento.

Todas las cuestiones diversas a las anteriores, excepción hecha de las relativas a la suspensión del procedimien¬to de ejecución o rechazo de la garantía ofrecida, se reservaran para la audiencia.

Cuando la promoción del incidente sea frívola e improcedente se impondrá a quien lo promueva una multa hasta de cincuenta Unidades de Medida y Actualización



Artículo 231.

Podrá decretarse la acumulación cuando, siendo las mismas partes o distintas, se aleguen idénticas violaciones legales y se impugne el mismo acto o actos diversos pero que sean unos antecedentes o consecuente de los otros



Artículo 232.

La acumulación se tramitará de oficio o a petición de parte ante el Tribunal de lo Contencioso¬ Administrativo en el juicio que se haya promovido primero, en una sola audiencia en la que se hará la relación de los autos, se oirán los alegatos y se dictara la resolución que corresponda.

Entre tanto se resuelve sobre la acumulación, se suspenderá el procedimiento en los juicios respectivos.

Las solicitudes de acumulación notoriamente infundadas se desecharan de plano. Decretada la acumulación, se agregaran todos los autos para ser resueltos en una misma audiencia



Artículo 233.

La interrupción del juicio por causa de muerte, disolución, incapacidad o declaratoria de ausencia durará como máximo un año y se sujetará a lo siguiente:

I.- Se decretará por el magistrado a partir de la fecha en que éste tenga conocimiento de la existencia de alguno de los supuestos a que se refiere este artículo; y,

II.- Si transcurrido el plazo máximo de interrupción, no comparece el albacea, el representante legal o el tutor, el magistrado acordará la reanudación del juicio, ordenando que todas las notificaciones se efectúen por lista al representante de la sucesión o de la liquidación, según sea el caso.



Artículo 234.

Si la autoridad niega la suspensión del procedimiento de ejecución, rechaza la garantía ofrecida o reinicia el procedimiento, podrá promoverse, hasta antes de modificarse la resolución que ponga fin a la instancia ante el Tribunal de lo Contencioso Admi-nistrativo, el incidente respectivo.

La Secretaría de Hacienda podrá promover el mismo incidente para combatir las decisiones dictadas por las autoridades fiscales en materia de suspensión, que no se ajusten a las normas legales aplicables



Artículo 235.

Promovido el incidente de suspensión al procedimiento administrativo de ejecución a que se refiere el artículo anterior, el magistrado correrá traslado a la autoridad que haya negado la suspensión, rechazado la garantía o dictado la decisión impugnada, por el termino de tres días y citara a una audiencia de pruebas y alegatos para dentro del decimoquinto día en la que se dictara la resolución que corresponda. Si la autoridad no contesta el traslado o no se refiere a todos los hechos en su contestación se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario los hechos que el promoven¬te le impute de manera precisa, y se impondrá a aquella autoridad una multa de $100.00 A $1,000.00



Artículo 236.

Cuando se promueva alguno de los incidentes previstos en el artículo 230 se suspenderá el juicio en el principal hasta que se dicte la resolución correspondiente.

Los incidentes a que se refieren las fracciones I, II y IV de dicho artículo únicamente podrán promoverse hasta antes de que quede instruido el proceso, en los términos del artículo 248 de este Código.

Cuando se promuevan incidentes que no sean de previo y especial pronunciamiento continuará el trámite del proceso.

Si no está previsto algún trámite especial los incidentes se substanciarán corriendo traslado de la promoción a las partes por el término de tres días. Con el escrito por el que se promueva el incidente o se desahogue el traslado concedido, se ofrecerán las pruebas pertinentes y se presentarán los documentos, los cuestionarios e interrogatorios de testigos y peritos, siendo aplicables para las pruebas pericial y testimonial las reglas relativas del principal.



Artículo 237.

Cuando alguna de las partes sostenga la falsedad de un documento, incluyendo las promociones y actuaciones en juicio, el incidente se podrá hacer valer ante el magistrado hasta antes que se cierre la instrucción del juicio. El incidente se substanciará conforme a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 236, corriendo traslado de la promoción a las partes por el término de seis días.

Si alguna de las partes sostiene la falsedad de un documento firmado por otra, el magistrado podrá citar a la parte respectiva para que estampe su firma en presencia del Secretario.

En los casos distintos de los señalados en el párrafo anterior, el incidentista deberá acompañar el documento que considere como indubitado o señalar el lugar donde se encuentre, o bien ofrecer la pericial correspondiente; si no lo hace, el magistrado desechará el incidente.

El Tribunal resolverá sobre la autenticidad del documento exclusivamente para los efectos del juicio en el que se presente el incidente



Artículo 238.

En los juicios que se tramiten ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo será admisibles toda clase de pruebas excepto la confesión de las autoridades.

No se considerarán comprendidas en la prohibición la petición de informes a las autoridades fiscales respecto de hechos que consten en sus expedientes o de documentos agregados a ellos, ni los casos en que se demande la nulidad de la resolución dictada al decidir acerca de una consulta.

Las pruebas supervinientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado sentencia. En este caso, el magistrado ordenará dar vista a la contraparte para que en el plazo de cinco días exprese lo que a su derecho convenga



Artículo 239.

El magistrado tendrá facultad para ordenar la practica de cualquier diligencia que tenga relación con los puntos controvertidos o para acordar la exhibición de cualquier documento.



Artículo 240.

Cuando se planteen cuestiones de carácter técnico, el Tribunal, de oficio, podrá acordar que se rinda la prueba pericial.

Los peritos nombrados por las partes serán presentados por estas al Tribunal dentro de los diez días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo en que se les haya tenido como tales, a manifestar la aceptación y protesta de desempeñar su cargo conforme a la ley. Si el perito de la parte que ofreció la prueba no acude o no acepta el cargo dentro de ese plazo, esta perderá el derecho de presentarlo posteriormente o nombrar otro perito, teniéndosele por desistida de la prueba. 



Artículo 241.

La recepción de las pruebas se hará en la audiencia de acuerdo con las siguientes reglas, y en lo no previsto se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles:

I. Las posiciones se articularán precisamente en la audiencia y no se requerirá una segunda citación para tener por confeso al absolvente que no concurra sin causa justificada;

Cuando la persona que deba absolver posiciones radique fuera de la ciudad de Hermosillo, y no tenga en esta constituido apoderado con facultad para absolverla, la diligencia se encomendara al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil que corresponda.

El magistrado calificará las posiciones, aun cuando la prueba haya de desahogarse en lugar distinto de la sede del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

II. La impugnación de los documentos puede hacerse desde la contestación de la demanda hasta el día de la celebra¬ción de la audiencia;

III. La prueba pericial se rendirá en la audiencia. Los peritos dictaminarán por escrito u oralmente. Las partes y el magistrado les pueden formular observaciones y hacerles preguntas que estimen pertinentes en relación con los puntos sobre los que dictamine. El perito tercero será designado por el magistrado preferentemente entre los registrados en el Tribunal; debe tener título en la ciencia o arte a que pertenezca la cuestión sobre la que ha de oírse su parecer, si estuvieren legalmente reglamenta¬dos; si la profesión o arte no estuvieren reglamentados o estándolo no hubiere peritos en el lugar, podrán ser nombradas personas entendidas, a juicio del magistrado, aun cuando no tengan título. Cuando haya lugar a designar perito tercero valuador, el nombramiento deberá recaer, de preferencia, en una institución fiduciaria;

IV. No será impedimento para intervenir como testigo, el hecho de desempeñar un empleo o cargo publico;

V. Para el examen de los testigos se presentaran los interrogatorios por escrito. Las preguntas serán formuladas verbal y directamente por las partes, tendrán relación directa con los puntos controvertidos y no serán contrarias al derecho o la moral. Deberán estar concebidas en términos claros y precisos, procurando que en una sola no se comprenda mas de un hecho. El magistrado deberá cuidar de que se cumplan estas condiciones, impidiendo preguntas que las contraríen;

VI. La protesta y examen de los testigos se hará en presencia de las partes que concurrieren. Interrogará el promovente de la prueba, y a continuación los demás litigantes



Artículo 242.

El magistrado calificará las preguntas y repreguntas en todo caso, aun cuando la prueba haya de desahogarse en lugar distinto de la sede del Tribunal de lo Contencioso Administrativo



Artículo 243.

Se apreciará la resolución impugnada tal como aparezca probada ante la autoridad, con las excepciones a que se refiere el Artículo 238



Artículo 244.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 de este Código, se presumirán validos los actos, resoluciones y procedimientos de la autoridad administrativa no impugnados de manera expresa en la demanda, o aquellos respecto de los cuales, aunque impugnados, no se allegaren elementos de prueba bastantes para acreditar su ilegalidad



Artículo 245.

La valorización de las pruebas se hará de acuerdo con las disposiciones del Código de Procedimien¬tos Civiles, con las siguientes modificaciones:

 

I. El valor probatorio de los dictámenes pericia¬les será calificado por el magistrado, según las circunstancias;

II. Cuando por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, el Tribunal adquiera convicción distinta acerca de los hechos materia del litigio, podrá no sujetarse a los preceptos del Código, pero deberá entonces fundar cuidadosamente esta parte de su sentencia; y,

III. El Tribunal podrá invocar los hechos notorios.



Artículo 246.

El orden de la audiencia será el siguiente:

I. Se dará cuenta con las reclamaciones de las partes y con cualquier cuestión incidental suscitada durante la tramitación del juicio; al efecto, se recibirán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes sobre el particular. Acto continuo se pronunciará la resolución que proceda, ordenando, en su caso, que se practiquen las diligencias omitidas;

II. Si la resolución de las reclamaciones o de los incidentes no trae como consecuencia el que deba suspenderse la audiencia, se leerán la demanda, la contestación y las demás constancias de autos;

III. Se estudiaran, aun de oficio, los sobreseimien¬tos que procedan respecto de las cuestiones que impidan se emita una decisión en cuando al fondo, y se dictará la resolu¬ción que corresponda;

IV. En su caso, se recibirán las pruebas que hayan sido ofrecidas con relación a la validez o nulidad del acto, acuerdo o procedimiento impugnado; y,

V. Se oirán los alegatos del actor, de la parte demandada, del tercero interesado y del coadyuvante, que se pronunciarán en ese orden.

Las partes podrán presentar tales alegatos por escrito. Cuando se formulen oralmente no podrán exceder de media hora para cada una de las partes.

Las promociones que las partes formulen en la audiencia, así como sus oposiciones contra los acuerdos que en ella se dicten se resolverán de plano



Artículo 247.

La audiencia deberá suspenderse cuando no se hayan resuelto los incidentes de previo y especial pronunciamiento. También podrá suspenderse o prorrogarse de oficio o a petición de parte, cuando exista motivo fundado a juicio del magistrado



Artículo 248.

Instruido el proceso y declarados vistos los autos, se dictará sentencia, para lo cual el Tribunal contará con un término de cinco días hábiles



Artículo 249.

Se declarará que una resolución administrativa es nula cuando se demuestre alguna de las siguientes causales:

I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado u ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución.

II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso.

III. Vicios del procedimiento que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada.

IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas.

V.- Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la Ley confiera dichas facultades.

El Tribunal Contencioso Administrativo podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada y la ausencia total de fundamentación o motivación en dicha resolución



Artículo 250.

Las sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo se fundarán en derecho y se examinarán todos y cada uno de los puntos controvertidos de la resolución, la demanda y la contestación; en sus puntos resolutivos expresa¬rán con claridad los actos o procedimientos cuya nulidad se declare o cuya validez se reconozca



Artículo 251.

La sentencia definitiva podrá:

I.- Reconocer la validez de la resolución impugnada.

II.- Declarar la nulidad de la resolución impugnada.

III.- Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad deba cumplirla, salvo que se trate de facultades discrecionales.

IV.- Declarar la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de una obligación, así como declarar la nulidad de la resolución impugnada.

Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses contados a partir de que la sentencia quede firme. Dentro del mismo término deberá emitir la resolución definitiva, aun cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los Artículos 59 y 79, de este Código.

En el caso de que se interponga recurso, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia.

Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, del Artículo 249 de este Código, el Tribunal Contencioso Administrativo declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución; en los demás casos, también podrá indicar los términos conforme a los cuales debe dictar su resolución la autoridad administrativa, salvo que se trate de facultades discrecionales