Código de Procedimientos Civiles

Artículo 1.1. Ejercicio de la jurisdicción

Corresponde a los Tribunales del Poder Judicial, la facultad de interpretar y aplicar las leyes en los asuntos del orden civil y familiar del fuero común, lo mismo que del orden federal, en los casos en que expresamente lo ordene la ley.



Artículo 1.2. Inicio dispositivo e impulso procesal oficioso

La jurisdicción civil sólo se ejercerá mediante instancia de parte, pero mientras se mantenga en ejercicio, corresponde al Juez desarrollar el proceso de oficio, salvo los casos en que la ley exija la petición de parte.



Artículo 1.3. Normas genéricas de la jurisdicción

Las reglas generales sobre substanciación del proceso, regirán en toda actividad judicial, con excepción de los casos señalados en las leyes. Sólo son renunciables las formalidades que la ley permita.



Artículo 1.4. Órganos jurisdiccionales

La jurisdicción en el Estado la ejerce el Tribunal Superior de Justicia funcionando en Pleno o Salas Colegiadas y Unitarias Regionales, los Jueces de Primera Instancia y de Cuantía Menor.



Artículo 1.5. De la fe pública de los Magistrados y Jueces

Los Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones tendrán una fe pública limitada consistente, en que las resoluciones que pronuncien gozarán de certidumbre jurídica y de verdad en cuanto a la interpretación y aplicación de la ley al caso concreto y una vez que causen ejecutoria podrán ser oponibles también a aquellos que no litigaron.

Los Secretarios de Acuerdos, así como los Secretarios Notificadores o Ejecutores adscritos, tendrán una fe pública amplia, en la que podrán certificar la existencia de eventos y circunstancias que dan lugar a hechos jurídicos o no jurídicos, dentro de un procedimiento que sucedan en el ejercicio de sus funciones, ya sea durante el desarrollo de una diligencia judicial, o que así lo ordene a discreción el titular del órgano jurisdiccional al que pertenecen.

Las audiencias que se graben en audio y video no requerirán la presencia del secretario de acuerdos, salvo que por la naturaleza de su objeto, el juez estime necesaria la presencia de aquél. En este supuesto, el juez que las presida tendrá fe pública en sus actuaciones y se apoyará de un técnico judicial, quien fungirá como auxiliar de sala.



Artículo 1.6. Otras funciones judiciales

Los Tribunales tendrán intervención de acuerdo con este Código en procedimientos no contenciosos.



Artículo 1.7. Atribuciones del Pleno

Corresponde al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre las Salas.



Artículo 1.8. Atribuciones de las Salas Colegiadas civiles y familiares

Las Salas Colegiadas Civiles y Familiares, conocerán:

I. De la substanciación de los recursos de apelación en contra de sentencias definitivas;

II. De las recusaciones o excusas de sus miembros, de los magistrados unitarios de su jurisdicción, así como de la oposición de las partes, y solicitar en su caso, la designación del sustituto al presidente del H. Tribunal Superior de Justicia; y

III. De los demás asuntos que les encomiendan otros ordenamientos legales.

Atribuciones de las Salas Unitarias civiles y familiares

Artículo 1.8.1. Las Salas Unitarias civiles y familiares, conocerán:

I. De la substanciación de los recursos de apelación, en contra de resoluciones diversas a las sentencias definitivas;

II. De la substanciación de los recursos distintos al de apelación;

III. De las recusaciones de los jueces;

IV. De los conflictos de competencia que se susciten entre los Jueces; y

V. De los demás asuntos que les encomienden otros ordenamientos legales.



Artículo 1.9. Atribuciones de los Jueces civiles

Los Jueces de Primera Instancia de la materia civil, conocerán y resolverán de:

I. Los juicios civiles y mercantiles cuando el valor del negocio exceda de mil veces el salario mínimo vigente en el lugar de su ubicación, o no cuantificables en dinero, con excepción de los que correspondan al derecho familiar y al mercantil, si hubiera en el lugar juzgado de estas materias;

También conocerán del juicio oral mercantil, hasta por el monto que señala el Código de Comercio.

II. Los procedimientos no contenciosos;

III. La diligenciación de exhortos, cartas rogatorias, suplicatorias, requisitorias y despachos en materia civil o mercantil;

IV. Las diligencias preliminares de consignación cuando el valor exceda del señalado en la fracción I de este artículo;

V. Los demás asuntos cuyo conocimiento les atribuyan las leyes.



Artículo 1.10. Atribuciones de los Jueces familiares

Los Jueces de Primera Instancia de la materia familiar conocerán y resolverán de:

I. Los asuntos relacionados con el derecho familiar y el estado civil de las personas;

II. Los juicios sucesorios y de petición de herencia; .

III. Las diligencias preliminares de consignación en materia familiar;

IV. La diligenciación de exhortos, cartas rogatorias, suplicatorias, requisitorias y despachos relacionados con el derecho familiar;

V. Los demás asuntos familiares cuyo conocimiento les atribuyan las leyes.

Atribuciones de los jueces mercantiles

Artículo 1.10.1.- Los jueces mercantiles de primera instancia conocerán y resolverán los asuntos relacionados con dicha materia.



Artículo 1.11. Atribuciones de los Jueces de Cuantía Menor

Los jueces de cuantía menor conocerán y resolverán en materia civil y mercantil, respecto de esta última siempre que no existieran, en el ámbito de su competencia, juzgados especializados, de:

I. Los juicios cuyo monto no exceda de mil veces el salario mínimo vigente en el lugar de su ubicación; exceptuando los asuntos que son de la competencia de los jueces de primera instancia; .

II. Las diligencias preliminares de consignación, incluyendo pensiones alimenticias, cuando el valor del bien o la cantidad que se ofrezca no excedan de la cantidad señalada en la fracción anterior;

III. La diligenciación de exhortos, cartas rogatorias, suplicatorias, requisitorias y despachos;

IV. Los demás asuntos cuyo conocimiento les atribuyan las leyes.



Artículo 1.12. Atribuciones del Secretario

Los Secretarios de los Juzgados y de las Salas tendrán a su cargo proyectar autos y decretos sobre las promociones.



Artículo 1.13. Libros a cargo del Secretario

Los Secretarios del Poder Judicial, además de las obligaciones que les encomienda la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tendrán la obligación de llevar los libros siguientes, autorizados por el Consejo de la Judicatura:

I. De gobierno en el que anotarán la entrada de los expedientes en su orden cronológico, anotando los datos más importantes relativos al negocio de que se trate;

II. De registro diario de promociones y fecha de acuerdos;

III. De oficios y correspondencia diaria;

IV. De exhortos;

V. De amparos;

VI. De entrega y recibo de expedientes al Archivo Judicial;

VII. De turno para sentencia;

VIII. Índice;

IX. De registro de cédulas profesionales;

X. De registro de valores;

XI. Los demás que sean necesarios para el mejor desempeño de su función. De todos esos libros dará cuenta al Juez.



Artículo 1.14. Fe pública del Secretario

Los Secretarios tienen fe pública en todo lo relativo al ejercicio de su encargo.

Los secretarios participarán como fedatarios públicos en el desahogo de audiencias por videoconferencia que se soliciten al órgano jurisdiccional de su adscripción, así como aquéllas que el propio órgano jurisdiccional ordene en el ámbito territorial de competencia.

Cuando no exista notificador adscrito, los secretarios realizarán las notificaciones no personales y deberán remitir los expedientes o instructivos de notificaciones personales, acompañando las constancias necesarias a las centrales de ejecutores y notificadores.



Artículo 1.15. Cuidado de expedientes, libros y documentos

Los Secretarios son responsables de los expedientes físicos y digitales, libros y documentos que existan en el Juzgado. Cuando, por disposición de la ley o del Juez, deban entregar alguno de los mencionados objetos a otro servidor público, recabarán constancia.

Para el caso de los expedientes digitales, los Secretarios deberán seguir los lineamientos técnicos que establezcan el Consejo de la Judicatura y la normatividad de la materia.



Artículo 1.16. Resguardo de expedientes

Los Secretarios no deberán entregar a las partes, los expedientes para llevarlos fuera del Tribunal. Las locuciones dar vista o correr traslado sólo significan que los autos quedan en la Secretaría para que se impongan de ellos los interesados o se entreguen, en su caso, las copias.



Artículo 1.17. Diligencias fuera del Juzgado

El cumplimiento de las resoluciones judiciales que tengan lugar fuera del Juzgado, cuando no estén encomendadas a otro servidor, estarán a cargo del Ejecutor. A falta de éste, desempeñará ese cargo el Secretario o el funcionario judicial que el Juez autorice en autos. 



Artículo 1.17 bis. Diligencias por medios electrónicos

La realización de diligencias por medios electrónicos para el cumplimiento de las resoluciones judiciales estará encomendada a los Secretarios de Acuerdos, a los Ejecutores, o a los Notificadores. A falta de estos, desempeñará ese cargo el funcionario judicial que el Juez autorice en autos.



Artículo 1.18. Fe pública del Ejecutor

El Ejecutor tiene fe pública en el ejercicio de su cargo.



Artículo 1.19. Objeto de la ejecución

El Ejecutor se limitará a lo que el Juez expresamente le señale en autos, ciñendo su actuación a la ley.



Artículo 1.20. Revisión oficiosa de las ejecuciones

Todas las diligencias de ejecución serán revisadas de oficio por el Juez, quien ordenará subsanar los errores, declarando, en su caso, insubsistente la actuación que se practicare con violación de la ley.



Artículo 1.21. Límite de las funciones del Ejecutor

El Ejecutor no conocerá de acciones, excepciones, o promociones de los interesados o de terceros; se limitará a hacer constar las que fueren presentadas en el momento de la diligencia, para dar cuenta al Juez.



Artículo 1.22. Suspensión de la ejecución

La ejecución sólo se suspenderá, si se probare que un tercero no oído en juicio tiene la posesión en nombre propio del bien en que la sentencia o auto se fuere a ejecutar. Tal prueba debe consistir en copia fehaciente de resolución judicial ejecutoriada, que declare que tal posesión fue dada judicialmente o inscrita en el Registro Público de la Propiedad, o en resolución ejecutoriada que conceda el amparo o la suspensión al interesado en relación con la posesión a nombre propio del bien. En esos casos, el Ejecutor recogerá las pruebas que se le presenten y dará cuenta al Juez.



Artículo 1.23. Funciones del Notificador

Los notificadores harán las notificaciones de las resoluciones judiciales, en los términos de este Código y de las leyes federales aplicables.



Artículo 1.24. Notificaciones en oficinas de los Tribunales

En los locales de los Tribunales, las notificaciones pueden realizarlas, indistintamente el Secretario o el Notificador.



Artículo 1.24 bis. Notificaciones por correo electrónico

Las notificaciones se podrán realizar por correo electrónico que las partes señalen para efecto de oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos.

El portal que para tal efecto habilite el Consejo de la Judicatura, emitirá un acuse de recibo.

Las notificaciones realizadas por correo electrónico surtirán sus efectos al día siguiente de su realización.



Artículo 1.25. Notificaciones urgentes

El Juez puede facultar, en casos urgentes, en autos, a cualquier servidor público judicial para hacer las notificaciones fuera del local del Tribunal, bajo su más estricta responsabilidad.



Artículo 1.26. Funciones de los demás servidores judiciales

Los demás servidores judiciales, desempeñarán las funciones que les encomienda la Ley Orgánica del Poder Judicial.



Artículo 1.27. Fe pública de otros servidores judiciales

El Notificador tendrá fe pública en el ejercicio de sus funciones, así como aquellos que expresamente lo determine la ley.



Artículo 1.28. Competencia Ejercicio de la función jurisdiccional

El ejercicio de la jurisdicción que la ley encomienda a los Tribunales judiciales, debe reclamarse ante la autoridad competente.



Artículo 1.29. Reglas determinantes de la competencia

La competencia de los Tribunales se determina en razón de grado, materia, cuantía, territorio y prevención.



Artículo 1.30. Requisitos de competencia

Para que los Jueces y Tribunales tengan competencia, se requiere:

I. Que el conocimiento del negocio en que intervengan, esté atribuido por la ley a la autoridad que ejerzan;

II. Que les corresponda el conocimiento del negocio con preferencia a los demás Jueces o Tribunales de su mismo grado.



Artículo 1.31. Competencia por razón de conexión

Los Tribunales competentes para conocer de un asunto, lo son también, para

conocer de:

I. Los medios preparatorios a juicio;

II. Las providencias precautorias;

III. Las excepciones;

IV. La reconvención;

V. Los incidentes;

VI. La ejecución de la sentencia;

VII. Las tercerías.



Artículo 1.32. Disponibilidad de los Tribunales

Ningún Tribunal puede negarse a conocer de un asunto sino por considerarse incompetente. En este caso debe expresar en su resolución los fundamentos legales en que se apoye.



Artículo 1.33. Competencia prorrogable

La competencia por razón del territorio es la única que se puede prorrogar.



Artículo 1.34. Competencia por sometimiento

Es Juez competente, aquél al que los interesados se hubieren sometido expresa o tácitamente, si se trata de competencia prorrogable.



Artículo 1.35. Sometimiento expreso

Hay sumisión expresa, cuando los interesados renuncian a la competencia que la ley les concede y designan al Tribunal o Tribunales, a que se someten.



Artículo 1.36. Sometimiento tácito

Se entiende sometido tácitamente:

I. El demandante por el hecho de ocurrir al Juez entablando su demanda;

II. El demandado, por contestar la demanda sin impugnar la competencia;

III. El que habiendo promovido una competencia, se desista de ella;

IV. El tercero interesado que se presente gestionando en el juicio.



Artículo 1.37. Reconocimiento de competencia

El Juez que reconozca la competencia de otro de manera expresa, no puede sostenerle incompetencia. La cumplimentación de un exhorto no es reconocimiento expreso.



Artículo 1.38. Improcedencia de incompetencia

Los interesados no pueden promover incompetencia contra el Juez a que se hayan sometido expresa o tácitamente.



Artículo 1.39. Desistimiento de la incompetencia

Las partes pueden desistirse de la incompetencia, antes de que sea resuelta la misma.



Artículo 1.40. Nulidad de lo actuado ante órgano incompetente

Es nulo lo actuado ante el Juez que fuere declarado incompetente, excepto:

I. Lo actuado ante un órgano que el actor y el demandado estimen competente, hasta que el juzgador de oficio se inhiba del conocimiento del negocio;

II. Si la incompetencia es en razón de territorio y las partes convienen en su validez;

III. Si se trata de incompetencia superveniente, en este caso, la nulidad opera a partir del momento en que sobreviene ésta;

IV. En los casos que la ley lo exceptúe.



Artículo 1.41. Nulidad oficiosa de lo actuado sin competencia

El Tribunal que resuelva la incompetencia declarará de oficio la nulidad de lo actuado; si lo omite, lo hará de oficio el Juez declarado competente, y restituirá las cosas al estado que tenían antes de practicarse las actuaciones nulas, salvo que la ley disponga lo contrario.



Artículo 1.42. Reglas para determinar la competencia

Es Juez competente:

I. El del lugar señalado para el cumplimiento de la obligación, aún tratándose de rescisión o nulidad;

II. El de la ubicación del bien, si se ejercita una acción real sobre inmuebles. Cuando éstos

estuvieren en dos o más distritos, la competencia se decidirá a prevención.

Lo dispuesto en esta fracción se observará respecto de las cuestiones derivadas del contrato de arrendamiento de inmuebles;

III. El del domicilio del demandado, si se trata del ejercicio de una acción sobre bienes muebles, o de acciones personales o de estado civil. Cuando sean varios los demandados y tuvieren diversos domicilios, será Juez competente el del domicilio que escoja el actor, lo mismo que cuando el demandado tenga varios domicilios;

IV. A falta de domicilio fijo, el del lugar donde se celebró el contrato, cuando la acción sea personal;

V. En los juicios sucesorios, el del lugar donde haya tenido su último domicilio el autor de la herencia, a falta de éste, lo será el de la ubicación de los bienes inmuebles que formen la herencia y si estuvieren en varios distritos, el de cualquiera de ellos a prevención. A falta de lo anterior, el del lugar del fallecimiento del autor de la herencia. Lo mismo se observará en casos de ausencia; sin que en este último supuesto haya lugar al sometimiento expreso o tácito;

VI. Aquél en cuyo territorio radica el juicio sucesorio para conocer de las acciones:

a). De petición de herencia;

b). Contra la sucesión antes de la partición y adjudicación de los bienes;

c). De nulidad, rescisión y evicción de la adjudicación hereditaria;

VII. En los concursos de acreedores, el del domicilio del deudor;

VIII. En los procedimientos no contenciosos, el del domicilio del que promueve, pero si se tratare de inmuebles, lo será el del lugar en que estén ubicados;

IX. En los asuntos relativos a la tutela, el de la residencia de los menores o incapacitados, para la

designación del tutor, y en los demás casos el del domicilio de éste;

X. En lo relativo a los impedimentos para contraer matrimonio, el del domicilio de los pretendientes.

XI. Para lo relativo al matrimonio y cuestiones familiares, el del domicilio conyugal o familiar;

XII. En los procedimientos de divorcio, el del último domicilio donde hicieron vida en común;

XIII. En los casos de alimentos, el del domicilio del acreedor alimentario.

XIV. En los procedimientos de violencia familiar, el del domicilio del receptor de violencia.



Artículo 1.43. Competencia en la reconvención

Para conocer de la reconvención es Juez competente el que conozca de la demanda principal. Sólo cuando lo reclamado en la reconvención rebase el monto de la competencia del de Cuantía Menor, el asunto pasará al de Primera Instancia, siendo válido todo lo actuado hasta ese momento, asimismo será el órgano judicial competente para conocer de todas las prestaciones demandadas por las partes, no obstante que por razón de cuantía corresponda a otro.



Artículo 1.44. Competencia en las tercerías

De las tercerías conocerá el Juez del principal; si el valor de la tercería excede de la competencia, se estará a lo dispuesto en el artículo anterior.



Artículo 1.45. Competencia para providencias precautorias urgentes

En caso de urgencia las providencias precautorias, puede dictarlas el Juez del lugar donde se halle la persona o el bien objeto de la providencia y, efectuadas, se remitirán las actuaciones al competente.



Artículo 1.46. Elementos para determinar la cuantía

Para determinar la competencia por la cuantía del negocio, se tomará en cuenta el valor de la prestación principal que reclame el interesado.



Artículo 1.47. Cuantía en arrendamiento y prestaciones periódicas

Cuando se trate de arrendamiento o se demande el cumplimiento de una obligación consistente en prestaciones periódicas, se computará el importe de las pensiones de un año, a no ser que se tratare de prestaciones vencidas, en cuyo caso se estará a lo dispuesto por el artículo anterior.



Artículo 1.48. Competencia en asuntos de cuantía indeterminada

Cuando lo reclamado no tenga un valor determinado en la demanda, es competente el Juzgado de Primera Instancia.



Artículo 1.49. Competencia en rectificación de actas de estado civil

En los juicios de rectificación de actas del estado civil, es competente el Juzgado del lugar donde estén asentadas.



Artículo 1.50. Varios Jueces competentes

Cuando en el lugar hubiere varios Juzgados competentes del mismo ramo, cualquiera de ellos conocerá de los asuntos que les turne la Oficialía de Partes Común.



Artículo 1.51. Incompetencia de oficio sólo por materia, grado o cuantía

El Juez que se considere incompetente por razón de materia, grado o cuantía puede inhibirse del conocimiento del negocio.

Esta resolución es apelable sin efecto suspensivo.



Artículo 1.52. Impedimentos

Todo Magistrado, Juez o Secretario está impedido para conocer en los casos siguientes cuando:

I. Tenga interés directo o indirecto en el negocio;

II. Tenga interés su cónyuge, sus parientes consanguíneos en línea recta, sin limitación de grado, los colaterales hasta dentro del cuarto y los afines dentro del segundo;

III. Tenga el funcionario de que se trate, su cónyuge o sus hijos, alguna relación con cualquiera de los interesados, representante legal o abogado patrono, nacida de algún acto religioso o civil, sancionado o respetado por la costumbre;

IV. Sea pariente por consanguinidad o afinidad del abogado, o procurador de alguna de las partes, en los mismos grados a que se refiere la fracción II;

V. Sea él o alguno de sus hijos o cónyuge, heredero, legatario, donante, donatario, socio,

arrendador, deudor, fiador, fiado, arrendatario, principal, dependiente o comensal habitual de alguna de las partes o administrador actual de sus bienes o cualquiera de las personas a que se refiere la fracción III;

VI. Haya hecho promesa o amenazas, o manifestado, de otro modo su odio o afecto por alguno de los litigantes;

VII. Haya asistido a convite que diere o costeare especialmente para él alguno de los litigantes, después de comenzado el negocio, o tener mucha familiaridad con alguno de ellos o vivir con él, en su compañía, en una misma casa;

VIII. Admita él, su cónyuge o alguno de sus hijos, dádivas o servicios de alguna de las partes,

después de empezar el negocio;

IX. Haya sido abogado, procurador, perito o testigo en el negocio de que se trate;

X. Haya externado su opinión antes de la sentencia. No se estimarán como externamiento de opinión las resoluciones que decidan cuestiones incidentales o de cualquiera otra naturaleza que no entrañen conocimiento del fondo de la cuestión materia del negocio y de aquellas que se hayan declarado insubsistentes por determinación judicial;

XI. Haya conocido como Juez, árbitro o asesor, en la misma instancia o en alguna otra, resolviendo algún punto que afecte a la substancia de la cuestión;

XII. Siga él o alguna de las personas de que trata la fracción II, contra alguna de las partes, un proceso civil como actor o demandado o una causa penal, como querellante o denunciante o no haya pasado un año de haber concluido dicho proceso civil o causa penal;

XIII. Haya sido alguna de las partes o sus abogados o procuradores, denunciantes, querellantes o curador del funcionario de que se trate o de alguna de las personas mencionadas en la fracción II;

XIV. Sea él, o alguna de las personas de que trata la fracción II, contrario de cualquiera de las

partes en negocio administrativo que afecte sus derechos;

XV. Siga él, o alguna de las personas de que trata la fracción II, algún proceso civil o penal en que sea Juez, Agente del Ministerio Público, árbitro o arbitrador, alguno de los litigantes;

XVI. Sea tutor, curador de alguno de los interesados, o no hayan pasado tres años de haberlo sido;

XVII. Esté en alguna situación que pueda afectar su imparcialidad en forma análoga o más grave que las mencionadas.



Artículo 1.53. Los impedimentos no son dispensables

Los impedimentos no pueden ser dispensados por voluntad de los interesados.



Artículo 1.54. Órgano que conoce de la excusa y la recusación

En casos de excusa o recusación, conocerá:

I. De los Magistrados, la Sala de la que formen parte, la que se integrará conforme a la ley;

II. De los Jueces, la Sala de su adscripción;

III. De los Secretarios, el titular del Tribunal de que se trate.



Artículo 1.55. Obligación de excusarse

Los Magistrados, Jueces y Secretarios deben excusarse de conocer de los negocios cuando haya algún impedimento legal, aún cuando los interesados no los recusen, expresando la causa de excusa.



Artículo 1.56. Plazo para excusarse

La excusa debe hacerse inmediatamente que se avoquen al conocimiento del negocio en el que se dé el impedimento, o dentro de los tres días siguientes de que ocurra el hecho que origine dicho impedimento o de que tengan conocimiento de él.



Artículo 1.57.

Una vez realizada la excusa, el Juez remitirá los autos a quien deba conocer de éstos, en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

Si se excusa el Secretario, el Juez ordenará que otro Secretario conozca del asunto, y a falta de éste, designará a otro funcionario del mismo Tribunal.



Artículo 1.58.

Si alguna de las partes estima que la excusa no está legalmente fundada, o que no es cierto el motivo o impedimento aducido, podrá denunciarlo en la forma que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México.

Si se declara injustificada la excusa, el servidor será sancionado en términos de la propia Ley.



Artículo 1.59. Expresión de la causa de recusación

Cuando los Magistrados, Jueces o Secretarios no se excusen, habiendo impedimento, procede la recusación, señalando la causa legal.



Artículo 1.60. Legitimación para recusar

Sólo podrán hacer uso de la recusación:

I. Las partes;

II. En los concursos, el síndico o interventor;

III. En los juicios sucesorios, el interventor o albacea;

IV. Cuando en un negocio intervengan varias personas antes de nombrarse albacea, interventor o representante común, se tendrán como una sola para el efecto de la recusación. Habiendo representante común sólo él puede recusar. No habiéndolo, la recusación se admitirá sólo cuando la proponga la mayoría, en proporción a la parte que representa. No habiendo mayoría se desechará la recusación.



Artículo 1.61. Oportunidad para interponer la recusación

Puede interponerse la recusación hasta antes de citación para sentencia definitiva, a menos que hubiere cambio de personal.



Artículo 1.62. Órgano que conoce de la recusación

En casos de recusación, conocerán:

I. De los Magistrados, la Sala Colegiada de la que formen parte, la que se integrará conforme a la ley; tratándose de un magistrado unitario, conocerá la sala colegiada de su jurisdicción.

II. De los Jueces, la Sala de su adscripción;

III. De los Secretarios, el titular del Tribunal de que se trate.



Artículo 1.63. Recusación improcedente

En los juicios ejecutivos no se dará curso a ninguna recusación antes de practicar el aseguramiento o de hacer el embargo o desembargo. Tampoco se dará curso cuando se interponga en el momento de estarse practicando una diligencia, sino hasta que ésta termine.



Artículo 1.64. Recusación en juicios del orden familiar

En las controversias del orden familiar, la recusación no impedirá que el Juez adopte las medidas provisionales necesarias sobre alimentos y en beneficio del orden familiar.



Artículo 1.65. La recusación sólo suspende el juicio desde citación para sentencia

La interposición de la recusación, no suspende el conocimiento del negocio por parte del recusado. Sólo se suspenderá desde la citación para sentencia si no ha sido resuelta.



Artículo 1.66. Nulidad de lo actuado por el recusado

La resolución que declare operante la recusación, nulificará lo actuado a partir de la fecha en que se interpuso la misma.



Artículo 1.67. Irretirable la recusación

Interpuesta la recusación, no se puede retirar, ni variar la causa, a menos que sea superveniente.



Artículo 1.68. Efectos de la recusación improcedente

Si se declara improcedente la recusación, no se volverá a admitir otra, aunque el recusante proteste que la causa es superveniente o que no había tenido conocimiento de ella, salvo cuando haya cambio de personal contra quien sí procede.



Artículo 1.69. Casos de inadmisión de recusación

Será desechada, de plano, toda recusación:

I. Por extemporánea;

II. Si no se funda en causa de impedimento señalada en este Código;

III. Si no se exhibe el máximo de multa para el caso de improcedencia de la recusación;

IV. Si la causa debe constar plenamente, y no se exhibe documento que la acredite fehacientemente.



Artículo 1.70. Funcionario ante quien se interpone la recusación

La recusación se interpondrá ante el funcionario que conozca del negocio, quien dentro de cuarenta y ocho horas, enviará las constancias necesarias con un informe justificado a quien deba conocer de ella. El trámite se hará incidentalmente



Artículo 1.71. Pruebas admisibles para la recusación

En el incidente de recusación son admisibles todos los medios de prueba con excepción de la confesional a cargo del recusado.



Artículo 1.72. Irrecusables los que conocen de la recusación

Los que conozcan de una recusación son irrecusables sólo para ese efecto.



Artículo 1.73. Multas por recusación improcedente y su aplicación

Si se declara improcedente la recusación, se impondrá al recusante una multa hasta de doscientos días de salario mínimo vigente en la región de adscripción del recusado; misma que se aplicará al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia.



Artículo 1.74. Es inimpugnable la resolución sobre recusación

La resolución que resuelva una recusación es irrecurrible.



Artículo 1.75. Efectos de la recusación procedente

Si se declara procedente la recusación de Magistrado, la Sala se integrará legalmente. Si se trata de un Juez se remitirán los autos al Juzgado que corresponda, remitiéndose copia de la resolución al recusado.



Artículo 1.76. Efectos de la recusación improcedente

En la resolución que declare improcedente la recusación, se ordenará hacer efectiva la multa, y se remitirá copia de la misma al recusado quien seguirá conociendo del asunto.



Artículo 1.77. Definición de parte

Es parte en un procedimiento judicial quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario.

Puede también intervenir en un procedimiento judicial, el tercero que tenga interés directo o indirecto en el negocio.



Artículo 1.78. Capacidad procesal

Pueden comparecer en juicio las personas físicas o jurídicas colectivas que tengan capacidad legal, para actuar por sí o por medio de representante.



Artículo 1.79. Representación procesal

Los interesados o sus representantes legítimos podrán comparecer por sí o por mandatario o procurador.



Artículo 1.79 bis. Representación en suplencia

A falta de quienes ejerzan la representación originaria de niñas, niños y adolescentes, o cuando por otra causa así lo determine el órgano jurisdiccional competente, con base en el interés superior de la niñez, la representación en suplencia corresponderá a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México y las procuradurías de protección municipales.

Cuando existan indicios de conflicto de intereses entre quienes ejerzan la representación originaria o de estos con niñas, niños y adolescentes o por una representación deficiente o dolosa, a petición del Ministerio Público, de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México o de oficio, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deberá sustanciar por vía incidental, un procedimiento sumario de restricción, suspensión o revocación de la representación originaria, según sea el caso, para efectos de que la Procuraduría de Protección competente ejerza la representación en suplencia.



Artículo 1.80. Gestión judicial

La gestión judicial es admisible para representar al actor, al demandado o a un tercero.

El gestor debe sujetarse a lo que dispone el Código Civil.



Artículo 1.81. Garantía para ser gestor judicial

El gestor judicial para ser admitido debe dar garantía de que el interesado pasará por lo que él haga, de pagar lo Juzgado y sentenciado e indemnizar los perjuicios y gastos que se causen si el interesado no ratifica la gestión. La garantía será fijada por el Juez.



Artículo 1.82. Consecuencias de las substituciones procesales

Las substituciones personales de las partes en un procedimiento judicial no afectarán a éste, a menos que dichas substituciones impliquen variación de la relación substancial.



Artículo 1.83. Cambios de legitimación

Los cambios de legitimación en la causa o en el proceso, surten efectos desde que la ley lo señale o a partir de que se hagan constar en el juicio.



Artículo 1.84. Concepto de litisconsorcio

Hay litisconsorcio cuando una parte, sea activa o pasiva, esté compuesta por varias personas.



Artículo 1.85. Litisconsorcio voluntario

El litisconsorcio voluntario tiene lugar cuando el actor hace que varias personas

intervengan en el juicio como demandados, cuando en las prestaciones que se reclamen exista conexión del objeto o del título del cual dependan.



Artículo 1.86. Litisconsorcio necesario

Es necesario el litisconsorcio, cuando las cuestiones que en el juicio se ventilan, afectan a más de dos personas, de tal manera que no sea posible pronunciar sentencia válida, sin oírlas a todas ellas.



Artículo 1.87. Estudio oficioso de litisconsorcio necesario

El Juez en cualquier momento analizará de oficio la presencia del litisconsorcio necesario.



Artículo 1.88. Estudio de litisconsorcio en la demanda

El Juez al examinar la demanda o reconvención prevendrá al actor para que la amplié contra las personas que formen litisconsorcio necesario.



Artículo 1.89. Nombramiento de representante común

Siempre que una parte esté compuesta de diversas personas, deberán tener una sola representación, para lo cual nombrarán un representante común desde el primer escrito con que comparezcan.



Artículo 1.90. Nombramiento de oficio de representante común

Si el nombramiento no fuere hecho por las partes, lo hará de oficio el Juez de entre los interesados.



Artículo 1.91. Facultades del representante común

El representante común tendrá las mismas facultades que si litigara por su propio derecho, excepto las de transigir, desistirse y comprometer en árbitros, a menos que de manera expresa le fueren concedidas esas facultades. Esto no impide que cualquiera de los interesados pueda promover si se trata de intereses generales o exclusivos.



Artículo 1.92. Revocación de representante común

En cualquier estado del juicio, los interesados por unanimidad, pueden revocar el nombramiento de representante común, sustituyéndolo por otro.



Artículo 1.93. Patrocinio de Licenciado en Derecho

Todo interesado en cualquier actividad judicial debe tener el patrocinio de un Licenciado en Derecho o su equivalente con título y cédula de ejercicio profesional legalmente expedidos; salvo en materia de violencia familiar, alimentos y juicio sumario de usucapión, donde el Juez, en su caso, le designará un defensor público.



Artículo 1.94. Autorización de las promociones

Los Licenciados en derecho autorizarán con su firma autógrafa o electrónica avanzada toda promoción escrita o verbal de sus clientes, para justificar su patrocinio. La falta de firma del profesional, no impedirá que se les dé curso en los juicios de violencia familiar, alimentos y sumario de usucapión. El Juez tomará las medidas necesarias a efecto de que el demandante de violencia familiar, de alimentos y de usucapión en juicio sumario, no quede en estado de indefensión cuando no cuente con licenciado en derecho que lo patrocine y para ello, tomará la medida citada en el artículo anterior y el defensor público lo asistirá en las diligencias en la que deba intervenir.



Artículo 1.95. Exhibición de cédula profesional

Los Tribunales exigirán la presentación de la cédula de ejercicio profesional de los abogados patronos o asesores, la cual registrarán en el libro respectivo. Quienes no la presenten por ningún motivo se les permitirá figurar en audiencias o diligencias, ni enterarse de actuaciones o revisar expedientes. Los servidores judiciales que lo consintieren incurrirán en responsabilidad administrativa conforme a la ley.



Artículo 1.96. Forma de las actuaciones y promociones

Las actuaciones judiciales y promociones pueden efectuarse en cualquier forma,

salvo que la ley señale una especial.

Deberán escribirse con material indeleble; además de que las promociones cuando presenten correcciones, a través de tachaduras, enmendaduras o entrerrenglonados deberán salvarse con firma del interesado, lo que se hará constar por el servidor judicial al momento de su recepción.

Las promociones se podrán presentar vía electrónica en el portal que para tal efecto habilite el Consejo de la Judicatura. Para que se tenga por interpuesta una promoción por medio de un documento electrónico, en dicho escrito deberá constar la Firma Electrónica Avanzada de quien suscribe el documento.



Artículo 1.97. Firmas de promociones y actuaciones judiciales

Las promociones y actuaciones judiciales deberán firmarse de forma autógrafa o en su caso con Firma Electrónica Avanzada por quienes las realizan. Las partes si no saben escribir o no pueden firmar, imprimirán su huella.



Artículo 1.98. Inatendibles promociones sin firma o huella

No se dará curso a las promociones que carezcan de firma o huella del interesado.



Artículo 1.99. Excepción a la nulidad de actuaciones

Cuando la ley prescriba una determinada forma para una actuación, sólo será nula, si se efectúa en una forma diversa.



Artículo 1.100. Actuaciones en idioma español

Las actuaciones judiciales y promociones deben escribirse en idioma español. Los documentos que se presenten redactados en otro idioma o lengua, salvo los aforismos en latín que podrán ser traducidos, se acompañarán de la correspondiente traducción.



Artículo 1.101. Escritura de cantidades y fechas

Las fechas y cantidades se escribirán con letra y número.



Artículo 1.102. Prohibición de borrar y abreviar

En las actuaciones judiciales no se emplearán abreviaturas ni se rasparán las frases equivocadas, sobre las que sólo se pondrá una línea delgada, salvándose al final con toda precisión el error cometido. Igualmente se salvarán las frases escritas entre renglones.



Artículo 1.103. Declaraciones bajo protesta

Todas las declaraciones ante los Tribunales se rendirán bajo protesta de decir verdad y bajo apercibimiento de la pena en que incurre el que cometa el delito de falsedad en declaraciones judiciales, en términos de la legislación penal.



Artículo 1.104. Publicidad de las audiencias

Las audiencias serán públicas, con excepción de las relativas a los casos de divorcio y de las demás que, a juicio del Tribunal, convenga que sean privadas. El acuerdo será reservado.



Artículo 1.105. Práctica de actuaciones en tiempo hábil

Las actuaciones judiciales se practicarán en días y horas hábiles.



Artículo 1.106. Días hábiles e inhábiles

Son días hábiles todos los del año, excepto sábados y domingos y los que señale el Consejo de la Judicatura.



Artículo 1.107. Horas hábiles

Son horas hábiles las que median entre las siete y las diecinueve.



Artículo 1.108. Juicios en los que no hay días y horas inhábiles

En los juicios sobre alimentos, nulidad de matrimonio, divorcio incausado, restitución internacional de menores, controversias del derecho familiar, servidumbres legales, posesiones y los demás que determinen las leyes, no hay días ni horas inhábiles.



Artículo 1.109. Habilitación de días y horas inhábiles

El Juez puede habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa que lo exija, expresando cuál sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse. Las diligencias que se inicien en día y hora hábiles, se llevarán hasta su fin sin interrupción y sin necesidad de habilitación expresa.



Artículo 1.110. Certificación de no actuación

Siempre que deba tener lugar un acto judicial en día y hora señalados, y por cualquier circunstancia no se efectuare, el Secretario certificará en autos tal circunstancia



Artículo 1.111. Inmediación procesal

Los Jueces y Magistrados recibirán por si mismos las declaraciones y presidirán todas las audiencias.

Las audiencias podrán desarrollarse por videoconferencia, cuando por su objeto resulte factible, sea posible técnicamente y sea necesario a juicio del juzgador.

Las audiencias por videoconferencia serán grabadas en audio y video, el acta se ajustará en lo conducente a lo señalado por el artículo 5.27 de este Código. En ambos lugares deberá haber un Fedatario Público.



Artículo 1.112. Cambio de titular en Juzgado o Sala

Cuando haya cambio de titular en juzgados o Salas, en el primer auto o decreto que proveyere el nuevo Juez, Magistrado o Magistrados se hará constar su nombre completo.

Si citadas las partes para sentencia, ocurriere el cambio, se citará de nuevo.



Artículo 1.113. Actuaciones nulas

Las actuaciones serán nulas cuando carezcan de alguna de las formalidades establecidas por la ley, y que por esta falta quedare sin defensa cualquiera de las partes, así como en los demás casos que este Código determine; pero no podrá ser invocada por quien dio lugar a ella.



Artículo 1.114. Plazo para promover incidente de nulidad de actuaciones

La nulidad deberá ser reclamada en incidente, dentro del plazo de tres días a partir de que el interesado tenga conocimiento del vicio o nulidad.

Se entiende que una parte tiene conocimiento del vicio o nulidad de las actuaciones judiciales, cuando después de ellas hace alguna promoción o concurre a alguna diligencia o actuación subsecuente.

De no promoverse el incidente en el plazo señalado o cuando se satisfaga la finalidad procesal del acto o actuación, quedarán revalidados de pleno derecho y el incidente se desechará de plano.



Artículo 1.115. Alcance de la declaración de nulidad

La nulidad de una actuación no implicará la de las demás que sean independientes de ella.



Artículo 1.116. Tiempo de presentación de promociones

Las promociones físicas sólo podrán presentarse dentro del horario laborable que señale el Consejo de la Judicatura.

Las promociones por vía electrónica podrán presentarse en cualquier momento en el portal que para tal efecto habilite el Consejo de la Judicatura, siguiéndose las siguientes reglas:

I. Las promociones que sean presentadas en día y hora inhábil, se tendrán por presentadas el día y hora hábil siguiente a su interposición

II. Las promociones que se presenten en día hábil pero hora inhábil, se tendrán por presentadas el día y hora hábil siguiente a su interposición.



Artículo 1.117. Constancia de presentación de promociones

En las promociones presentadas en forma física se hará constar el día y la hora de su presentación y el número de anexos debidamente descritos, sellándola y rubricándola la persona autorizada para ello.

Lo mismo se hará en la copia que será devuelta al interesado.

Para el caso de las promociones presentadas vía electrónica, el portal que habilite el Consejo de la Judicatura, emitirá un acuse de recibo en el que consten los datos establecidos en el párrafo anterior. El acuse de recibo será enviado por documento electrónico al promovente y al Juzgado respectivo.



Artículo 1.118. Razón de cuenta de promociones

El Secretario dará cuenta al titular del Tribunal con la presentación de las promociones físicas o en su caso vía electrónica a más tardar al día siguiente. La razón de cuenta se firmará autógrafa o en su caso electrónicamente por aquel y el Juez o Magistrado.



Artículo 1.119. Presentación de promociones a través de Oficialía de Partes Común

A través de la Oficialía de Partes Común, donde las haya, se presentarán los escritos por medio de los cuales se inicie un procedimiento, los que se turnarán al Tribunal correspondiente.

A los escritos y sus copias se les anotarán los requisitos que para las demás promociones.

En la oficialía de partes común se digitalizarán las demandas y los documentos base de la acción y, en su oportunidad, se integrarán al expediente electrónico respectivo, para su consulta, por quienes hayan sido autorizados para ello, conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la judicatura del Estado, remitiéndose inmediatamente al juzgado en turno, quien acusará el correspondiente recibo.

En los lugares donde no exista dicha oficialía, la recepción y digitalización se hará por el juzgado ante el que se presenten tales documentos.

Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes y que se incorpore el contenido de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema. Los secretarios de acuerdos vigilarán que, tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, el contenido de autos y resoluciones, a fin

de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura del Estado emitirá los acuerdos generales que considere necesarios, a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento del expediente electrónico. En caso de falta de coincidencia entre el expediente electrónico con el impreso, a petición de parte o de oficio, será subsanada por el órgano jurisdiccional.



Artículo 1.119 bis. Presentación de demanda vía electrónica

Los interesados en promover procedimiento podrán presentar su escrito de demanda y los documentos base de la acción en documento electrónico, a través del portal que para tal efecto habilite el Consejo de la Judicatura, debiendo constar la Firma Electrónica Avanzada de quien suscribe el escrito inicial y de su abogado patrono.

Una vez recibido el escrito de demanda, se emitirá un acuse de recibido en el que constarán los datos establecidos para el caso de presentación de promociones especificando además, el juzgado al que fue turnada la demanda.

Cuando el escrito de demanda se presente a través de medios electrónicos los documentos base de la acción podrán presentarse en vía electrónica, pudiendo requerirse los originales de dichos instrumentos en el momento procesal que el Juez determine para tal efecto.

El escrito de demanda y los documentos base de la acción se integrarán inmediatamente al expediente digital, pudiendo consultarse a partir de ese momento por quien esté habilitado para tal efecto, conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura.

El Consejo de la Judicatura emitirá los acuerdos generales que considere necesarios, a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la plataforma electrónica y de las funciones que este tenga.



Artículo 1.120. Concentración de promociones

Los escritos que se refieran al mismo asunto que se tramita o vaya a tramitarse y que legalmente requieran resolverse en forma conjunta, se remitirán al mismo Tribunal.



Artículo 1.121. Sanción por tratar de eludir turno

Si se comprueba alguna acción eludiendo el turno, una vez presentado un escrito por el que se inicie un procedimiento, ya sea exhibiendo varios del mismo para elegir el Juzgado que convenga, ya desistiéndose de la instancia, sin acreditar la necesidad de hacerlo, o cualquier otra acción similar, el promovente y sus abogados patronos se harán acreedores solidariamente a una multa de cien días de salario mínimo vigente que impondrá el Tribunal que continúe conociendo, se turnará el asunto y se dará vista al Ministerio Público para los efectos de iniciar la averiguación correspondiente.



Artículo 1.122. Orden y respeto al Tribunal

Los Magistrados y Jueces deben mantener el orden y exigir que se les guarde el respeto y la consideración debidos, corrigiendo en el acto, las faltas que se cometieren, aplicando corrección disciplinaria y en su caso el uso de la fuerza pública, sin perjuicio de la responsabilidad penal.



Artículo 1.123. Correcciones disciplinarias

Es corrección disciplinaria:

I. El apercibimiento o amonestación;

II. La multa que no exceda de cien veces el salario mínimo vigente en el lugar.



Artículo 1.124. Medios de apremio

Los Jueces para hacer cumplir sus determinaciones, siempre que no existan otros específicos determinados por la Ley, pueden emplear indistintamente, los siguientes medios de apremio:

I. Multa hasta de cien días de salario mínimo vigente en la región de su actuación, que podrá duplicarse en caso de reincidencia;

II. Uso de la fuerza pública;

III. Rompimiento de cerraduras;

IV. Cateo por orden escrita;

V. Arresto hasta por treinta y seis horas.

Impuesta la medida de apremio y de no ser cumplimentada la determinación judicial, previo apercibimiento, se procederá contra el rebelde por el delito de desobediencia.



Artículo 1.125. Folio y rúbrica de expedientes

Para el caso del expediente digital, el Consejo de la Judicatura establecerá en un acuerdo general, la forma en la que se realizará la foliación y el sellado de los archivos que se adjunten.



Artículo 1.126. Reposición de actuaciones judiciales

Los autos que se perdieren serán repuestos a costa del que fuere responsable de la pérdida, quien además responderá de los daños y perjuicios, quedando en su caso, sujeto a las disposiciones del Código Penal.



Artículo 1.127. Reposición de autos

La reposición de autos se substanciará en forma incidental. El Secretario sin necesidad de acuerdo judicial, hará constar la existencia anterior y falta posterior del expediente o de las actuaciones.



Artículo 1.128. Medios para obtener la reposición de autos

Los Jueces y Magistrados están facultados para investigar, de oficio, la existencia de las piezas de autos desaparecidas, valiéndose para ello de todos los medios necesarios, y las partes están obligadas a aportar para la reposición, las copias de las constancias que tengan en su poder



Artículo 1.129. Reposición de actuaciones judiciales de oficio

El Juez podrá ordenar de oficio, si lo estima conveniente, la reposición de actuaciones judiciales valiéndose de los medios legales.



Artículo 1.130. Expedición de copias certificadas

Si uno de los litigantes pide copia certificada de un documento o pieza que obre en el expediente, el Juzgador de oficio, o el contrario, podrán adicionar copias de otras constancias a las solicitadas, a más tardar al día siguiente; de no hacerlo se expedirán en la forma inicialmente pedida.

Los documentos que obren en el expediente digital, podrán descargarse e imprimirse por cualquiera de las partes y tendrán el carácter de copias certificadas si cuentan con la cadena de Firma Electrónica Avanzada del Secretario o el Sello Electrónico respectivo.



Artículo 1.131. Copias certificadas de todo un expediente

Cuando una de las partes solicite copias certificadas de todo lo actuado en un expediente, se expedirán sin más trámite, a su costa.



Artículo 1.132. Expedición de copias simples

Si una de las partes solicita copias simples de actuaciones de forma verbal o escrita, a su costa se expedirán de inmediato y sin necesidad de decreto.



Artículo 1.133. Certificación de copias

Las copias de constancias judiciales serán certificadas y autorizadas por el Secretario del Tribunal que las expida.



Artículo 1.134. Principio de exactitud

En la substanciación de todas las instancias, los Jueces guardarán y harán guardar con la mayor exactitud los trámites y plazos marcados por la ley, cualesquiera que sean las disposiciones anteriores, doctrinas, prácticas y opiniones en contrario.



Artículo 1.135. Principio de método y orden

Los Jueces no permitirán que una parte sea inoportuna e intempestivamente sorprendida por la otra con cuestiones no formuladas en la oportunidad correspondiente dentro de los términos de ley, ni que de cualquier otro modo se altere el método y orden del procedimiento.



Artículo 1.136. Principio de probidad procesal

Los Tribunales no admitirán promociones, recursos o incidentes maliciosos, frívolos o improcedentes, los desecharán de plano, motivando debidamente la causa por la que se desecha, e impondrán una corrección disciplinaria, solidariamente al promovente y al abogado patrono.



Artículo 1.137. Principio de congruencia

La ley prescribe encerrar en límites precisos la discusión jurídica; la decisión judicial se limitará a resolver sobre los puntos controvertidos.



Artículo 1.138. Principio de dirección del proceso

La dirección del proceso está confiada al Juez, el que la ejercerá de acuerdo con las disposiciones de este Código; deberá tomar las medidas que ordena la ley para prevenir y, en su caso, sancionar cualquier actividad u omisión con la finalidad de impedir el fraude procesal, la colusión y las conductas ilícitas o dilatorias.



Artículo 1.139. Intervención del Ministerio Público

Cuando en un negocio judicial, se denuncien hechos presumiblemente delictuosos, el Juez de los autos, los pondrá de inmediato en conocimiento del Ministerio Público, para los efectos conducentes.



Artículo 1.140. Suspensión de citación para sentencia sólo por consignación de los hechos

Solo cuando el Ministerio Público ejercite acción penal, y los hechos son de tal naturaleza que si se llegare a dictar sentencia con motivo de ellos, ésta deba necesariamente influir en la resolución civil, el Ministerio Público pedirá y el Juez podrá ordenar que se suspenda el procedimiento, hasta que se resuelva el asunto penal.



Artículo 1.141. Remisión de exhortos y despachos

Las diligencias que deban practicarse fuera del territorio competencial de donde se siga el juicio, se encomendarán por exhorto o despacho de manera física o en su caso electrónica, al Juez del lugar correspondiente.



Artículo 1.142. Prácticas de diligencias por tribunal inferior

Puede un Tribunal dentro de su jurisdicción, encomendar a un Juez inferior la realización de una diligencia.



Artículo 1.143. Tiempo de expedición de exhortos y despachos

Los exhortos y despachos que manden dirigir las autoridades judiciales de la entidad, se expedirán al siguiente día al en que cause estado el acuerdo que los prevenga, a menos que se ordene lo contrario.



Artículo 1.144. Tiempo de acuerdo y diligenciación de exhortos

Los exhortos y despachos que reciban las autoridades judiciales del Estado, se proveerán dentro de las veinticuatro horas y se diligenciarán dentro de los tres días siguientes, a no ser que la práctica de la diligencia requerida exija mayor tiempo, en cuyo caso el Juez fijará el que crea conveniente.



Artículo 1.145. No legalización de firmas

En los despachos y exhortos no se requiere la legalización de firmas, a menos que la exija el Tribunal requerido.

Para ser diligenciados por los Tribunales del Estado, los exhortos no requieren la legalización de las firmas del Tribunal requirente.



Artículo 1.146. Rogatorias del extranjero

Las rogatorias que se remitan al extranjero o se reciban de él, se sujetarán a las leyes federales relativas.



Artículo 1.147. Medio de remitir los exhortos

Los Tribunales pueden, si lo consideran conveniente, acordar que los exhortos y despachos que manden expedir se entreguen, para hacerlos llegar a su destino, a la parte interesada que hubiere solicitado la práctica de la diligencia, quien los devolverá dentro del plazo de tres días de practicada la diligencia, si por su conducto se devuelven. De no hacerlo en ese plazo se le aplicarán los medios de apremio.

Los exhortos y despachos entre tribunales del Estado y entre éstos y otros tribunales podrán remitirse por medios electrónicos, conforme a los lineamientos que al respecto emita el Consejo de la Judicatura. Debiendo dejar constancia en autos cuando se haga por dichos medios. Todas las constancias para la diligenciación se remitirán digitalizadas de oficio.



Artículo 1.148. Plazos improrrogables

Los plazos judiciales son improrrogables, salvo disposición en contrario.



Artículo 1.149. Inicio de los plazos

Los plazos empezarán a correr al día siguiente de practicada la notificación.



Artículo 1.150. Inicio del plazo común

Cuando fueren varias las partes, el plazo se contará desde el día siguiente a aquél en que todas hayan quedado notificadas, si el mismo fuere común.



Artículo 1.151. Días no computables

En ningún plazo se contarán los días en que no puedan tener lugar las actuaciones judiciales, salvo disposición contraria de la ley.

Cuando dentro del plazo no haya habido despacho en el Tribunal, se aumentarán de oficio a éste, los días respectivos.



Artículo 1.152. Certificación del plazo

En autos se asentará razón del día en que comienza a correr un plazo y del en que debe concluir. La constancia asentará el día en que se efectuó la notificación de la resolución en que se conceda el plazo.

La falta de la razón no tiene más efectos que los de responsabilidad del omiso.



Artículo 1.153. Preclusión del derecho por extinción del plazo

Concluidos los plazos fijados a las partes se tendrá por perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse, sin necesidad de acuse de rebeldía.



Artículo 1.154. Ampliación del plazo por razón de distancia

Cuando un acto procesal deba efectuarse fuera del lugar en que radique el proceso, y se deba fijar un plazo para ello, o esté fijado por la ley, se ampliará en un día más por cada doscientos kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad, entre el lugar de radicación y en el que deba tener lugar el acto.



Artículo 1.155. Improcedencia del plazo por distancia

Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior, los casos en que, atenta la distancia, se señale expresamente un plazo por la ley.



Artículo 1.156. Plazos comunes por regla general

Los plazos que por disposición de la ley no son individuales, son comunes para todas las partes.



Artículo 1.157. Los plazos no se suspenden

Los plazos judiciales no pueden suspenderse, prorrogarse, ni reabrirse después de concluidos; pero pueden darse por fenecidos por voluntad de las partes, cuando estén establecidos en su favor.



Artículo 1.158. Forma de determinar meses y días

Para fijar la duración de los plazos, los meses se regulan por el número de días de acuerdo al calendario; los días se entenderán de veinticuatro horas, con la salvedad del horario normal establecido.



Artículo 1.159. Plazos extraordinarios

Cuando tuvieren que practicarse diligencias o aportarse pruebas fuera del Estado, a petición del interesado se concederán los siguientes plazos extraordinarios:

I. Treinta días si el lugar está comprendido dentro del territorio nacional;

II. Hasta sesenta días cuando esté situado en cualquier otra parte.



Artículo 1.160. Requisitos para conceder plazos extraordinarios

Para que puedan otorgarse los plazos del artículo anterior se requiere:

I. Que se soliciten en el momento mismo de ofrecerse la prueba;

II. Que se proporcionen los datos necesarios para practicar la diligencia, satisfaciéndose los requisitos legales para cada prueba.



Artículo 1.161. No impugnable el auto por plazo extraordinario

El auto que concede un plazo extraordinario no es recurrible.



Artículo 1.162. El plazo extraordinario beneficia a quien se concede

Sólo disfrutará del plazo extraordinario la parte a quien se conceda y únicamente para los fines indicados en el auto; cumplidos, concluirá aunque no haya fenecido éste.



Artículo 1.163. Multa por no realizarse el acto procesal

Cuando no se lleve a cabo la diligencia para la cual se concedió el plazo extraordinario, por causas imputables al solicitante, se le impondrá una multa hasta de quinientos días de salario mínimo, que se aplicará en favor de la contraparte en vía de indemnización.



Artículo 1.164. Plazo de tres días

Cuando la ley no señale plazo para la práctica de algún acto procesal o para el ejercicio de una facultad, se tiene por señalado el de tres días.



Artículo 1.165. Formas de las notificaciones

Las notificaciones, citaciones y emplazamientos, podrán hacerse en las formas siguientes:

I. Personalmente;

II. Por Boletín Judicial;

III. Por lista en los lugares donde las resoluciones no se incluyan en el Boletín Judicial;

IV. Por correo certificado;

V. Por edictos;

VI. Vía electrónica

VII. Por cualquier otro medio de comunicación efectivo que de constancia indubitable de recibo.



Artículo 1.166. Tiempo de realizar las notificaciones

Las notificaciones, citaciones y emplazamientos, se efectuarán, a más tardar al día siguiente al en que se dicten las resoluciones que las prevengan, a menos que expresamente se ordene otra cosa.



Artículo 1.167. Contenido y objeto de la notificación

La resolución en que se mande hacer una notificación, citación o emplazamiento, expresará el objeto de la diligencia y los nombres de las personas a quienes se debe hacer.



Artículo 1.168. Domicilio para oír notificaciones personales

Las partes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial en que intervengan, deben señalar el correo electrónico para la realización de notificaciones vía electrónica, y el domicilio en la población en que esté ubicado el Tribunal, para que se les hagan las notificaciones que deban ser personales.



Artículo 1.169. Domicilio para notificar a la contraparte o a terceros

Debe señalarse también el domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan, o a las que les interese que se notifiquen.



Artículo 1.170. Notificaciones cuando no se señala domicilio

Cuando una de las partes no señale correo electrónico o domicilio físico para oír notificaciones, las que deban ser personales se le harán por lista y boletín.



Artículo 1.171. Domicilio inexistente para oír notificaciones

También se harán por lista y boletín las notificaciones que deban ser personales, en caso de que se señale domicilio o correo electrónico institucional inexistente, previo cercioramiento y razón del notificador.



Artículo 1.172. Continuidad de domicilio para oír notificaciones

Mientras una de las partes no hiciere nueva designación de domicilio para recibir las notificaciones personales, seguirán haciéndosele en el que para ello hubiere señalado.



Artículo 1.173. Notificaciones personales

Las notificaciones serán personales:

I. Para emplazar a juicio al demandado y cuando se trate de la primera notificación en el negocio;

II. Cuando se deje de actuar por más de dos meses;

III. Cuando el Tribunal así lo ordene;

IV. En los demás casos señalados en este Código.



Artículo 1.174. Modo de practicar notificaciones personales

Las notificaciones personales se harán al interesado, o a través de su representante, o procurador, o de quien se encuentre en el domicilio físico o por correo electrónico designado, entregándose instructivo en el cual se hará constar la fecha y hora; el nombre del promovente; el Juez que manda practicar la diligencia; la determinación que se manda notificar, comprendiendo sólo la parte resolutiva, si fuere sentencia

Para el caso de las notificaciones en domicilio físico, en la razón se asentará el nombre y apellido de la persona que lo recibe, recabando de ser posible, datos de su identificación y su firma.

Las notificaciones personales también se podrán realizar vía electrónica, a excepción del emplazamiento.

 

Notificación por correo electrónico institucional

 

Artículo 1.174.1.- Las notificaciones por correo electrónico se realizarán de la manera siguiente:

I. El notificador accederá al sistema de notificación electrónica del Poder Judicial del Estado para remitir la notificación correspondiente al correo electrónico señalado en autos;

II. En la notificación se enviará el instructivo que incluirá la fecha y hora de realización, el nombre del promovente, el juez que manda practicar la diligencia, una reproducción de la resolución que se manda notificar comprendiendo solo la parte resolutiva, si fuere sentencia, la cadena de Firma Electrónica Avanzada o Sello Electrónico generados por el sistema de notificación electrónica, así como el nombre del notificador que la realiza. De existir anexos, serán digitalizados y remitidos como archivos adjuntos.

III. Una impresión del instructivo se agregará al expediente físico, el cual será firmado por el notificador que la haya practicado y se le colocará el sello del juzgado respectivo.

La notificación por correo electrónico se tendrá por practicada y surtirá todos sus efectos legales al día siguiente de su realización, con independencia de la fecha en que se consulte el correo electrónico respectivo.

El Consejo de la judicatura a través del área respectiva, administrará un sistema de correo electrónico institucional para las notificaciones electrónicas.



Artículo 1.175. Emplazamiento al demandado

Si se trata de emplazamiento o primera notificación, se hará personalmente al demandado o a su representante en el domicilio designado, y encontrándolo presente en la primera busca, el Notificador, previo cercioramiento de su identidad y domicilio, entenderá la diligencia con éste, entregándole y corriéndole traslado con el escrito de demanda y demás documentos presentados con la misma, así como con transcripción del auto que ordene el emplazamiento que contendrá todos los datos de identificación del juicio y del Tribunal donde se encuentra radicado. El Notificador levantará razón del acto, anotando todas las circunstancias anteriores, recabando la firma o huella digital del emplazado y notificado; de no poder hacerlo o rehusarse, se harán constar tales hechos.



Artículo 1.176.

En caso de que el Notificador no encontrare en el domicilio señalado al demandado o a su representante en la primera busca, le dejará citatorio en el que hará constar la fecha y hora de su entrega, la hora fija hábil del día siguiente para que le espere, nombre del promovente, Tribunal que ordena la diligencia, la determinación que se manda notificar y el nombre y domicilio de la persona a quien se entrega la cita, recabando su firma o huella digital, o haciendo constar que ésta no supo hacerlo o se negó a firmar, de todo lo cual asentará razón en autos.



Artículo 1.177.

Si el demandado no espera a la citación del Notificador, éste procederá a notificarlo por instructivo de notificación personal en el acto, procediendo a entender la diligencia con cualquiera de los parientes o domésticos del demandado o con la persona adulta que se encuentre en el domicilio, por lo que por conducto de cualquiera de ellos entregará y correrá traslado al demandado con el instructivo y documentos que se acompañaron a la demanda. El Notificador asentará razón del acto con anotación de las anteriores circunstancias, recabando la firma o huella digital de quien la reciba, o haciendo constar el hecho de no saber firmar o negarse a ello.

 



Artículo 1.178.

En caso de no poder cerciorarse el Notificador de que la persona que debe ser notificada, vive en la casa designada, o el domicilio es inexistente, se abstendrá de practicar la notificación y lo hará constar para dar cuenta al Juez.



Artículo 1.179. Negativa de recibir notificación

Si en el domicilio se negare el interesado, o la persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la notificación, la hará el Notificador por medio de instructivo que fijará en la puerta del mismo. En igual forma se procederá si nadie ocurre al llamado.



Artículo 1.180. Notificación personal fuera del domicilio

Cuando el Notificador tuviere sospecha fundada de que se niegue que la persona por notificar vive en el domicilio, le notificará en el lugar en que trabaje; o donde se encuentre si la conoce personalmente, o previa identificación por cualquier medio, en el último caso procederá sin necesidad de nuevo auto.



Artículo 1.181. Notificación por edictos

Cuando hubiere que citar a juicio a alguna persona que haya desaparecido, no tenga domicilio fijo o se ignora donde se encuentra, la notificación se hará por edictos que contendrán una relación suscinta de la demanda que se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno", en otro de mayor circulación en la población donde se haga la citación y en el boletín judicial, haciéndole saber que debe presentarse dentro del plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la última publicación.

El Secretario fijará además, en la puerta del Tribunal, una copia íntegra de la resolución, por todo el tiempo del emplazamiento. Si pasado este plazo no comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarla, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones por lista y boletín.

El Juez tomará previamente, las providencias necesarias para cerciorarse de la necesidad de emplazar, en la forma señalada en este precepto, y adoptará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio, solicitando el auxilio de la policía judicial y los cuerpos de seguridad pública estatal o municipal.

En las controversias de la fracción del artículo 5.2 del presente ordenamiento, el Juez girara oficio al Instituto de la Función Regional del Estado de México, a las instituciones de seguridad social, al Instituto Federal Electoral, a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico o en su caso, a la Institución que señale el actor, para que informen si se encuentra registrado el demandado y en su caso, el domicilio con que cuenta.



Artículo 1.182. Notificaciones no personales

Las notificaciones que no deban ser personales se harán por lista y Boletín Judicial, que se fijarán diariamente en lugar visible del Tribunal, expresando únicamente el número del expediente y el nombre de las partes, de lo cual se asentará razón en el expediente respectivo.



Artículo 1.183. Notificaciones en el Tribunal

En el Tribunal se harán las notificaciones, citaciones y emplazamientos, si los propios interesados comparecen para ello.



Artículo 1.184. Firma de la notificación

Deben firmar la notificación, la persona que las hace y aquéllas a quienes se hacen. Si estas no supieren o no quisieren firmar, lo hará constar el notificador o el secretario. No se requiere la firma de la persona a quien se hace la notificación cuando se realice por correo electrónico institucional. .

Si el interesado lo pide, se le dará copia simple de la resolución que se le notifique sin necesidad de acuerdo judicial.



Artículo 1.185. Notificación a persona autorizada

Puede notificarse a los interesados por medio de la persona que expresamente hubieren autorizado.

Las partes podrán autorizar que se les realicen notificaciones de carácter personal, por correo electrónico institucional asignado, lo que implicará la autorización expresa del solicitante en el sentido de que se le tendrán por legalmente practicadas.



Artículo 1.186. Citación a terceros

La citación a peritos, testigos o terceros en el juicio, se podrán hacer personalmente o por instructivo en sobre cerrado y sellado, conteniendo la determinación del Juez que mande practicar la diligencia. Estos sobres pueden entregarse por conducto de la policía, de las partes o de los notificadores recabando la firma del interesado. Cuando se haga por telegrama se enviará por duplicado a la oficina que haya de transmitirlo, la cual devolverá, con el correspondiente recibo, uno de los ejemplares que se agregará al expediente.



Artículo 1.187. Nulidad de notificaciones

Cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida.



Artículo 1.188. Plazo para promover nulidad de notificación

El incidente de nulidad de notificación deberá promoverse dentro de los tres días de que el interesado se hizo sabedor del defecto u omisión, en caso contrario, será desechado de plano. Se hace sabedora cuando realiza promoción o acude a actuación del Tribunal.



Artículo 1.189. El incidente de nulidad no suspende el procedimiento

El incidente de nulidad no suspende el procedimiento, pero sí suspende la citación para sentencia, hasta que aquél se resuelva en definitiva.



Artículo 1.190. Efectos de la nulidad

Si la nulidad fuere declarada, el Tribunal determinará las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse, sin la existencia previa y la validez de otras.



Artículo 1.191. Convalidación de notificación

Si el interesado ejercita la facultad procesal o cumple la carga impuesta por la resolución no notificada o notificada defectuosamente, el incidente de nulidad será desechado de plano, surtiendo ésta sus efectos como si se hubiera hecho con arreglo a la ley.



Artículo 1.192. Clasificación

Las resoluciones judiciales son:

I. Decretos, cuando sean simples determinaciones de trámite;

II. Autos, son decisiones que tienden al impulso y desarrollo del procedimiento;

III. Sentencias o autos interlocutorios, cuando deciden un incidente promovido antes o después de la sentencia definitiva, o bien decidan alguna cuestión procesal entre partes;

IV. Sentencias definitivas, cuando decidan el fondo del litigio en lo principal.



Artículo 1.193. Plazo para dictar las resoluciones

Los decretos y autos se dictarán a más tardar al día siguiente de la presentación de la promoción.

Las sentencias interlocutorias se pronunciarán dentro de los cinco días a partir de la fecha en que el incidente quede en estado de resolución.

Las sentencias definitivas se dictarán dentro de los quince días siguientes a la fecha de citación. Sólo cuando hubiere necesidad de que el Juez examine documentos cuya complejidad así lo exija, podrá disponer de un plazo adicional de ocho días.



Artículo 1.194. Congruencia de las interlocutorias

Las sentencias interlocutorias deberán contraerse al punto discutido, sin extenderse al negocio principal.



Artículo 1.195. Congruencia y exhaustividad de las sentencias definitivas

Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas, las contestaciones y las demás pretensiones deducidas por las partes; deberán ocuparse exclusivamente de las personas, cosas, acciones y excepciones que hayan sido materia del juicio, decidiendo todos los puntos litigiosos. Cuando éstos hubieran sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.



Artículo 1.196. Análisis previo de excepciones que no destruyen la acción

Al pronunciarse la sentencia, el Juez estudiará previamente las excepciones que no destruyan la acción, y si alguna de éstas se declara procedente, se abstendrá de entrar al fondo del negocio, dejando a salvo los derechos del actor.



Artículo 1.197. Condena sobre frutos, daños o perjuicios

Cuando hubiere condena de frutos, daños o perjuicios, se fijará su importe en cantidad líquida, o, por lo menos, se establecerán las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación.



Artículo 1.198. Supresión de formalidades para la sentencia

No existen formas especiales de las sentencias; basta con que el Juez las fundamente en preceptos legales, principios jurídicos y criterios jurisprudenciales aplicables, expresando las motivaciones y consideraciones del caso.



Artículo 1.199. Algunos requisitos formales de la sentencia

En los casos en que no haya prevención legal especial, las resoluciones judiciales expresarán el Tribunal que las dicte, el lugar y la fecha, sus fundamentos legales, las consideraciones que la sustenten y la determinación judicial.



Artículo 1.200. Aclaración o adición de sentencia

Sólo una vez puede pedirse o hacerse de oficio la aclaración o adición de sentencia definitiva o interlocutoria. Se promoverá o hará ante el Tribunal que la hubiere dictado, dentro de los dos días siguientes de notificado el promovente, expresándose, claramente, la contradicción, ambigüedad u obscuridad de las expresiones o de las palabras cuya aclaración se solicite, o la omisión que se reclame.



Artículo 1.201. Tiempo de resolver la aclaración

El Tribunal resolverá dentro de los tres días siguientes, sin que pueda variar la esencia de la resolución.



Artículo 1.202. La adición o aclaración es parte de la sentencia

El auto que resuelva sobre la aclaración o adición de una sentencia, es parte de ella.



Artículo 1.203. Interrupción del plazo para apelar

La aclaración o adición de una sentencia interrumpe el plazo para apelar.



Artículo 1.204. Modificación de resoluciones provisionales

Las resoluciones judiciales dictadas con el carácter de provisionales pueden modificarse en sentencia interlocutoria o en la definitiva.



Artículo 1.205. Cosa juzgada

Hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria.



Artículo 1.206. Indiscutibilidad de la cosa juzgada

La cosa juzgada es la sentencia que constituye verdad legal, contra ella no se admite recurso ni prueba que pueda discutirla, modificarla, revocarla o anularla, salvo los casos expresamente determinados por la ley.



Artículo 1.207. Elementos de la cosa juzgada

Para que la cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que sea invocada, concurra identidad en las cosas, las causas, las personas de los litigantes.



Artículo 1.208. Identidad de personas en la cosa juzgada

Se entiende que hay identidad de personas siempre que los litigantes del segundo juicio, sean causahabientes de los que contendieron en el anterior o estén unidos a ellos por solidaridad o indivisibilidad de las prestaciones entre los que tienen derecho a exigirlas u obligación de satisfacerlas.



Artículo 1.209. La cosa juzgada respecto a terceros

En las cuestiones relativas al estado civil de las personas y a las de validez o nulidad de las disposiciones testamentarias, la cosa juzgada es eficaz contra terceros aunque no hubiesen litigado.



Artículo 1.210. Sentencias que causan Ejecutoria

Causan ejecutoria las siguientes sentencias:

I. Las que no admiten ningún recurso;

II. Las que admitiendo algún recurso, no fueren recurridas, o habiéndolo sido no se expresen agravios o se desista el interesado del recurso;

III. Las consentidas expresamente por las partes, sus representantes legítimos o sus mandatarios.

En los casos de las fracciones I y III, las sentencias causan ejecutoria por ministerio de la ley.

En los casos de la fracción II se requiere declaración a petición de parte, excepto por desistimiento que lo hará el Tribunal ante quien se presente. La declaración se hará por el Tribunal de apelación en la resolución que declare desierto el recurso.



Artículo 1.211. La sentencia ejecutoria como acción y excepción

La sentencia firme produce acción y excepción contra los que litigaron y contra terceros llamados legalmente al juicio.



Artículo 1.212. La cosa juzgada con relación a terceros

El tercero puede excepcionarse contra la sentencia firme, pero no contra la que recayó en juicio de estado civil, a menos que alegue colusión de los litigantes para perjudicarlo.



Artículo 1.213. Posibilidad de modificar sentencia ejecutoria

Las sentencias dictadas en juicios de alimentos, sobre patria potestad, interdicción, procesos judiciales no contenciosos y las demás que prevengan las leyes, sólo tendrán autoridad de cosa juzgada mientras no se alteren o cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente; sólo podrán alterarse o modificarse mediante nuevo juicio.

Podrán acudir, a través de un juicio autónomo, a solicitar la modificación de sentencia definitiva que haya determinado la pérdida de la patria potestad por incumplimiento de la pensión alimenticia únicamente cuando se compruebe que ha cumplido con ésta por más de un año y, en su caso, otorgue garantía anual sobre la misma, para que proceda su recuperación.



Artículo 1.214. Es irrecurrible el auto que declara sentencia ejecutoria

La declaración de que una sentencia ha causado ejecutoria no admite ningún recurso.



Artículo 1.215. Concepto de preclusión

La preclusión es la pérdida de la facultad de las partes en juicio para realizar determinados actos procesales, después de que se han ejecutado otros o ha transcurrido cierto plazo legal. Tiene por objeto dar precisión y seguridad al procedimiento y atribuir firmeza a las resoluciones que, sin producir la excepción de cosa juzgada, tienen efectos que han de ser respetados en el procedimiento, cuando dichas resoluciones no ameriten recurso alguno.



Artículo 1.216. Incidentes genéricos

Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial, se sujetarán a la establecida en este Capítulo.

Se substanciarán con un escrito físico o en su caso electrónico de cada parte, sin suspensión del principal, con el que se inicie se ofrecerán pruebas y se correrá traslado a la contraria para que dentro de tres días manifieste lo que a su derecho corresponda y ofrezca pruebas.



Artículo 1.217. Desahogo de pruebas

Contestado o no el traslado, se señalará fecha, de ser necesaria, para el desahogo de las pruebas y alegatos, dentro de los ocho días siguientes.



Artículo 1.218. Alegatos y resolución

De no señalarse fecha para desahogo de pruebas, las partes podrán alegar por escrito dentro del tercer día de concluido el plazo de traslado.

Fenecido el plazo para alegar, se dictará resolución en el plazo de ley.



Artículo 1.219. Pruebas en los incidentes

Las disposiciones sobre prueba son aplicables a los incidentes, en lo que no se opongan a lo preceptuado en este Capítulo.



Artículo 1.220. Costas en los incidentes

En la resolución definitiva de un incidente, se hará la correspondiente declaración sobre costas.



Artículo 1.221. Interlocutorias en segunda instancia

Los autos interlocutorios en segunda instancia no admiten recurso.



Artículo 1.222. Efectos de las interlocutorias

Las resoluciones incidentales surten efecto únicamente en el juicio en que hayan sido dictadas, a no ser que la resolución se refiera a varios juicios, caso en el cual surtirá efecto en todos ellos.



Artículo 1.223. Gratuidad de la justicia

Los Tribunales del Estado no cobrarán costas por ningún acto judicial.



Artículo 1.224. Concepto de costas

Son costas todos los gastos hechos para promover y sostener un litigio originados por las promociones y diligencias que consten en autos, o los demás que fueren estrictamente indispensables para el fin indicado y se comprueben conforme a la ley.



Artículo 1.225. Pago de honorarios

Los honorarios de los patronos, sólo podrán reclamarse cuando hayan acreditado tener cédula profesional de Licenciado en Derecho y hayan asesorado o prestado asistencia técnica a la parte que tenga derecho.



Artículo 1.226. Responsabilidad de las costas

Cada parte será responsable de las costas que originen las diligencias que promuevan, sin perjuicio de lo que se decida en la sentencia definitiva.



Artículo 1.227. Reglas para la condena en costas

La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o cuando, a juicio del Juez, se haya procedido con temeridad o mala fe.

Siempre serán condenados a pagar costas:

I. El que ninguna prueba rinda para justificar su acción o su excepción, si se funda en hechos discutidos;

II. El que presente instrumentos o documentos falsos, testigos falsos o sobornados, oponga

defensas dilatorias improcedentes o haga valer recursos o incidentes de este tipo con el fin de entorpecer el proceso;

III. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte

resolutiva;

IV. El actor que no obtenga sentencia favorable en algunas de las prestaciones reclamadas,

excepto en costas, y confirme la alzada, si apela de ella.

En los casos de las dos fracciones anteriores, la condenación comprenderá las costas de ambas instancias;

V. El que fuere condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable.



Artículo 1.228. Cuantificación de costas

Las costas serán cuantificadas por la parte a cuyo favor se hubieren declarado; el incidente se substanciará con un escrito de cada parte, resolviéndose dentro del tercer día.

La resolución será apelable sin efecto suspensivo.



Artículo 1.229. Monto máximo de las costas

Cualquiera que fuesen las actividades ejecutadas y los gastos expensados en el proceso, las costas no podrán exceder del veinte por ciento del valor de la suerte principal.

En los negocios menores a cien días de salario mínimo vigente en la región, no se causarán costas.



Artículo 1.230. Solidaridad del pago de costas

Cuando se condene a costas por las causas de temeridad o mala fe previstas en este Código, serán responsables de su pago, solidariamente, el interesado y su abogado patrono.



Artículo 1.231. Causas de suspensión

Un proceso civil se suspende cuando:

I. El Tribunal del juicio no está en posibilidad de funcionar, por un caso de fuerza mayor;

II. Alguna de las partes o su representante procesal en su caso, sin culpa alguna, se encuentre en la absoluta imposibilidad de atender al cuidado de sus intereses en el litigio;

III. No pueda pronunciarse la decisión sino hasta que se pronuncie una resolución en otro juicio;

IV. Cuando las partes han consentido en acudir al Centro de Mediación y Conciliación para intentar algún avenimiento que ponga fin al asunto;

V. En cualquier otro caso determinado por la ley.



Artículo 1.232. Declaración de suspensión

Cuando en autos aparezca una causa de suspensión, o se denuncie y pruebe por parte interesada, el Juez decretará tal suspensión, expresando el día desde el que deberá contarse y el en que deba terminar.



Artículo 1.233. Prórroga de la suspensión

Concluido el plazo de suspensión del procedimiento, si subsisten los motivos, se prorrogará prudentemente por el Tribunal.



Artículo 1.234. Prórroga improcedente de suspensión

Si la suspensión fue a causa de la falta del representante de una de las partes, no originará prórroga de la suspensión, siendo en su perjuicio la falta de procurador.



Artículo 1.235. Causas de interrupción

El proceso se interrumpe cuando:

I. Muere una de las partes;

II. Muere el representante procesal de una parte.



Artículo 1.236. Interrupción por muerte de alguna de las partes

Por la muerte de una de las partes la interrupción no durará más de sesenta días, para que se apersone en el juicio el representante de la sucesión. Pasado el plazo si no compareciere, se seguirá el negocio con el Ministerio Público.



Artículo 1.237. Interrupción por muerte del representante

Por la muerte del representante procesal de una de las partes, la interrupción durará el tiempo necesario para que el interesado provea su sustitución, que no excederá de treinta días.



Artículo 1.238. Actos procesales durante la suspensión o interrupción

Durante la interrupción o suspensión no pueden realizarse actos procesales y no se computará ningún plazo. Sólo son válidas las medidas urgentes y de aseguramiento realizadas.



Artículo 1.239. Actuaciones válidas ante un tribunal distinto

Los actos ejecutados ante un Tribunal distinto del que conoce del negocio, durante el tiempo de la suspensión o interrupción, pero antes de que ésta se le comunique, son plenamente eficaces.



Artículo 1.240. Causas de extinción del proceso

El proceso se extingue por:

I. Convenio o transacción entre las partes;

II. Desistimiento de la acción o de la instancia, aceptado por la parte demandada. No es necesaria la aceptación cuando el desistimiento se verifica antes del emplazamiento;

III. Cumplimiento voluntario de la prestación reclamada antes de la sentencia;

IV. Caducidad de la instancia.



Artículo 1.241. Declaración de extinción del proceso

En los casos de las fracciones I al III del artículo anterior, la resolución que decrete la extinción del proceso la hará el Juez, luego que tenga conocimiento de los hechos que la motivan. El auto que se dicte será apelable y no tendrá efectos suspensivos.



Artículo 1.242. Extinción parcial del proceso

Si la transacción o convenio, el desistimiento de la acción o el cumplimiento de la reclamación no comprenden todas las cuestiones litigiosas, para cuya resolución se haya instaurado el proceso, éste continuará solamente para la decisión de las restantes.



Artículo 1.243. Plazo para que opere la caducidad

La caducidad de la instancia opera cuando no se haya verificado ningún acto procesal ni promoción, durante un plazo continuo de 180 días naturales, contados de fecha a fecha, a partir de que se haya verificado el último acto procesal o hecho la última promoción. Esta disposición es aplicable en todas las instancias, tanto en el negocio principal como en los incidentes. Caducado el principal caducan los incidentes. La caducidad de los incidentes sólo produce la del principal cuando lo hayan suspendido.



Artículo 1.244. Etapa en la que opera la caducidad

La caducidad en primera instancia operará a partir de que se haya constituido la relación procesal mediante emplazamiento al demandado, hasta citación para sentencia; y en segunda instancia, hasta citación para resolución definitiva.



Artículo 1.245. Declaración de caducidad de oficio o a petición de parte

El Secretario del Tribunal, concluido el plazo de 180 días naturales, sin actividad procesal, certificará de oficio ese hecho y dará cuenta. El Tribunal dictará auto declarando caduco el proceso. La certificación y declaración de caducidad podrán ser hechas a petición de parte interesada. La caducidad extingue el proceso, pero no la pretensión, dejando a salvo los derechos. El auto relativo es apelable con efecto suspensivo.



Artículo 1.246. Casos de improcedencia de la caducidad

Si ha transcurrido el plazo de 180 días naturales, sin que se haya declarado la caducidad y las partes expresamente continúan el procedimiento, ya no podrá declararse la extinción del proceso, a menos que vuelva a presentarse la inactividad.



Artículo 1.247. Caducidad en segunda instancia

Cuando la caducidad tenga lugar en la segunda instancia, habiendo sentencia de fondo de la primera, el Tribunal de Alzada declarará que ésta ha causado ejecutoria.



Artículo 1.248. Pago de costas en los casos de extinción del proceso

Con relación a la condena en costas, se observará lo siguiente:

I. Si hay convenio, a él se estará;

II. Si no lo hay y se trata de transacción o desistimiento no habrá lugar a la condenación;

III. Si se trata del cumplimiento voluntario de las prestaciones reclamadas se estará a las reglas generales de costas;

IV. En el caso de caducidad no habrá lugar a la condenación en costas.



Artículo 1.249. Inoperancia de la caducidad

La caducidad no tiene lugar:

I. En los juicios sucesorios y concursales, con excepción de los incidentes litigiosos;

II. En los negocios contenciosos en los que la sentencia haya causado ejecutoria; por lo que respecta al cumplimiento de la misma, pero sí operará en los procedimientos de apremio o ejecución de sentencia;

III. En los juicios de alimentos;

IV. En las actuaciones de procedimientos no contenciosos.

V. En perjuicio de niñas, niños y adolescentes.



Artículo 1.250. Medios de convicción

Para conocer la verdad, puede el Juzgador valerse de cualquier persona, cosa o documento, con tal de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos.



Artículo 1.251. Facultades del Juez en materia de prueba

Los Tribunales podrán decretar, en todo tiempo, en cualquier juicio, la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que se estime necesaria y sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos. En la práctica de esas diligencias el Juez obrará como estime procedente para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar los derechos de las partes, procurando en todo su igualdad y justo equilibrio.

Los gastos que se originen serán cubiertos por el actor o en su defecto por el demandado, sin perjuicio de lo que en su oportunidad se resuelva sobre condenación en costas.

En materia familiar, cuando haya que decidir sobre la guarda y custodia de los menores, en los casos en que las partes, el Ministerio Público o la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México no hayan solicitado la realización de pruebas periciales en materia de trabajo social y psicología familiar, para demostrar qué persona es la más idónea para hacerse cargo de manera definitiva del menor, el Juez las mandará realizar oficiosamente.

En caso de que el tutor con la guarda y custodia tuviera una nueva pareja con la cual el menor tuviera que cohabitar, el Juez podrá solicitar las mismas pruebas periciales a las que se refiere el párrafo anterior con el propósito de garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes.



Artículo 1.252. Carga de la prueba

El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el demandado los de sus defensas y excepciones.



Artículo 1.253. Carga de la prueba

El que afirma tendrá la carga de la prueba, de sus respectivas proposiciones de hecho, y los hechos sobre los que la contraparte tenga a su favor una presunción legal.



Artículo 1.254. Carga de la prueba sobre hechos negativos

El que niega sólo está obligado a probar cuando:

I. La negativa envuelva la afirmación de un hecho;

II. Se contradiga la presunción legal que tenga en su favor el colitigante;

III. Se desconozca la capacidad;

IV. La negativa fuere elemento constitutivo de la acción o de la excepción.



Artículo 1.255. Relevo de la carga de la prueba

El que funda su derecho en una regla general no necesita probar que su caso siguió ésta, pero quien alegue que está en la excepción, debe probarlo.



Artículo 1.256. Irrenunciabilidad a la prueba

Ni la prueba en general, ni los medios de prueba son renunciables.



Artículo 1.257. Objeto de la prueba

Sólo los hechos dudosos o controvertidos serán objeto de prueba; el derecho lo estará únicamente cuando se funde en leyes extranjeras, usos y costumbres.



Artículo 1.258. Admisión de pruebas

El Tribunal debe recibir las pruebas que le presenten las partes, siempre que tengan relación directa o inmediata con los hechos controvertidos y no sean contrarias a la ley, moral o las buenas costumbres.



Artículo 1.259. Recurso por inadmisión de pruebas

El auto que admita pruebas no es recurrible; el que las deseche, es apelable sin efecto suspensivo.



Artículo 1.260. Hechos notorios

Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Tribunal puede invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes.



Artículo 1.261. Colaboración de terceros en la prueba

Los terceros están obligados a prestar auxilio a los Tribunales; en consecuencia,

deben, sin demora, informar, exhibir o permitir la inspección de documentos y objetos que tengan en su poder, cuando para ello fueren requeridos.

Los Tribunales tienen la facultad de compeler a los terceros, por los medios de apremio más eficaces, para que cumplan con esta obligación; en caso de oposición, analizarán las razones en que la funden, y resolverán sin ulterior recurso.



Artículo 1.262. Personas relevadas de colaborar en la prueba

Están exentos de la obligación impuesta por el artículo anterior, ascendientes, descendientes, cónyuge y personas que deban guardar secreto profesional, en los casos en que se trate de probar contra la parte con la que estén relacionados.



Artículo 1.263. Indemnización a terceros por auxilio probatorio

Los daños y perjuicios que se ocasionen al tercero, por informar, comparecer o exhibir objetos o documentos, serán indemnizados por la parte que ofreció la prueba, o por ambas, si el Tribunal procedió de oficio; sin perjuicio de lo que se resuelva sobre condenación en costas. La indemnización, en casos de reclamación, se determinará por el procedimiento incidental.



Artículo 1.264. Desahogo urgente de prueba

Cuando el Tribunal estime que haya peligro de que una persona desaparezca o se ausente del lugar del juicio, o que un objeto desaparezca o se altere, y la declaración de la primera o la inspección del segundo, sea indispensable para la solución de la controversia, podrá el Juez ordenar la recepción de la prueba correspondiente.



Artículo 1.265. Medios de prueba

Se reconocen como medios de prueba:

I. La confesión;

II. Documentos públicos y privados;

III. Dictámenes periciales;

IV. Inspección judicial;

V. Testigos;

VI. Fotografías, copias fotostáticas, registros dactiloscópicos, cualquier grabación de imágenes y sonidos y, en general, todos aquellos elementos aportados por la ciencia y la tecnología;

VII. Reconocimiento de contenido y firma de documento privado;

VIII. Informes de autoridades;

IX. Presunciones.



Artículo 1.266. Generalidad de la prueba

Salvo disposición en contrario, lo dispuesto en este título es aplicable a todos los procedimientos.

Desahogo de pruebas por videoconferencia

Artículo 1.266.1.- Los medios de prueba podrán desahogarse por videoconferencia cuando su naturaleza así lo permita, sea posible técnicamente y resulte necesario a juicio del juzgador. .

El desahogo de pruebas por videoconferencias serán grabadas en audio y video, el acta se justará a lo señalado por el artículo 5.27 de este Código.



Artículo 1.267. Clases de confesión

La confesión es expresa y tácita o ficta. Es expresa la que se hace clara y terminantemente al formular o contestar la demanda, al absolver posiciones, o en cualquier otro acto del proceso. Es tácita o ficta cuando la ley lo señala.



Artículo 1.268. Efectos de la confesión

La confesión sólo produce efecto en lo que perjudica al que la hace.



Artículo 1.269. Sólo las partes pueden absolver posiciones

Sólo podrán absolver posiciones las partes en el proceso, de acuerdo con las siguientes reglas:

I. Las personas físicas lo harán por sí o a través de su representante, si tiene facultades para ello;

II. Las personas jurídicas colectivas, lo harán por conducto de cualquiera de sus representantes legales o sus apoderados con facultades para ello, sin que pueda exigirse que las posiciones sean absueltas por determinado representante legal o apoderado.



Artículo 1.270. Confesional en caso de cesión

En el caso de cesión, se considera al cesionario como apoderado del cedente, para absolver posiciones sobre hechos de éste, pero, si los ignora, pueden articularse las posiciones al cedente.



Artículo 1.271. Requisitos de las posiciones

Las posiciones deberán llenar los requisitos siguientes:

I. Estar formuladas en términos claros y precisos;

II. Deben ser aseverativas, entendiéndose por tales las que afirman algo, aunque estén redactadas con términos negativos;

III. Deben contener hechos propios del que absuelva, referentes a su actividad externa y no a

conceptos subjetivos u opiniones;

IV. No han de ser insidiosas, entendiéndose por tales las que se dirijan a ofuscar la inteligencia del que ha de responder, con objeto de obtener una confesión contraria a la verdad;

V. No han de contener más que un solo hecho.

Cuando la posición contenga dos o más hechos, el Tribunal la examinará prudentemente, determinando si debe absolverse en dos o más, o sí, por la íntima relación que exista entre los hechos que contiene, de manera que no pueda afirmarse o negarse uno, sin afirmar o negar el otro u otros, y teniendo en cuenta lo ya declarado por el absolvente al contestar las anteriores posiciones, debe prevalecer como ha sido formulada;

VI. No han de ser contradictorias. Las que resulten serlo, serán desechadas ambas;

VII. Deberán concretarse a hechos que sean objeto del debate;

VIII. No podrán referirse a hechos del declarante que deban constar probados por documento público o privado;

IX. No contendrán términos técnicos, a menos que quien deponga por razón de su profesión o

actividad, resulte que tiene capacidad de dar respuesta a ellos;

X. Tampoco se referirán a hechos que ya consten en el proceso;

XI. No contendrán repetición de posiciones.



Artículo 1.272. Exhibición del pliego de posiciones

No se procederá a citar, para absolver posiciones, sino después de haber sido presentado el pliego que las contenga. Si se presenta cerrado, se asentará la razón en el sobre por el Secretario, guardándose así.



Artículo 1.273. Citación personal para absolver posiciones

El que haya de absolver posiciones será citado personalmente, a más tardar, el día anterior al señalado para la diligencia, bajo el apercibimiento de que, si dejare de comparecer sin justa causa, será tenido por confeso de las que previamente hayan sido calificadas de legales.



Artículo 1.274. Calificación de las posiciones

Si el citado a absolver posiciones comparece, el Tribunal abrirá el pliego, admitiendo las que satisfagan los requisitos señalados en este Capítulo. La resolución que califique las posiciones no es recurrible.



Artículo 1.275. Evitar comunicación entre absolventes

Si fueren varios los que hayan de absolver posiciones al tenor de un mismo pliego, las diligencias se practicarán separadamente y en un mismo día, siempre que fuere posible, evitando que los que ya absolvieron se comuniquen con los que falten de hacerlo.



Artículo 1.276. El absolvente no puede ser asesorado

No se permitirá que el que ha de absolver posiciones esté asistido por su abogado, procurador, ni otra persona, ni se le dará copia de las posiciones, ni plazo para que se aconseje; pero si no hablare idioma español o tuviera algún impedimento para comunicarse, podrá ser asistido por un intérprete, si fuere necesario, y, en este caso, el Tribunal lo nombrará.



Artículo 1.277. Protesta de decir verdad

Hecha por el absolvente la protesta de decir verdad, el Tribunal procederá a examinarlo, apercibiéndolo de tenerlo por confeso si se niega a contestar o lo hace con evasivas o manifiesta ignorar los hechos propios.



Artículo 1.278. Explicación y aclaración de las posiciones

El Tribunal explicará y aclarará las posiciones al absolvente, a efecto de que conteste con conocimiento de causa.



Artículo 1.279. Contestación categórica a las posiciones

Las contestaciones serán categóricas, afirmativa o negativamente; pudiendo el absolvente, agregar las explicaciones que considere necesarias, o las que el Tribunal le pida.



Artículo 1.280. Posiciones estimadas ilegales

Si el absolvente estima ilegal o confusa una posición, podrá manifestarlo al Tribunal, a fin de que vuelva a calificarla. Si se declara legal, se le repetirá para que la conteste.



Artículo 1.281. Formulación de nuevas posiciones

Contestado el pliego, puede el articulante, autorizado por el Tribunal, articular nuevas posiciones; las calificadas de legales se formularán al absolvente conforme a este Código.



Artículo 1.282. Facultades indagatorias del Tribunal

El Tribunal libremente puede en el acto de la diligencia, interrogar sobre los hechos y circunstancias que sean conducentes al conocimiento de la verdad.



Artículo 1.283. Formalidades en la prueba confesional

Las declaraciones de los absolventes serán asentadas literalmente y firmadas por éstos al pie de la última hoja y al margen de las demás en que se contenga, después de leerlas por

sí mismos, si quisieren hacerlo, o de que les sean leídas por el Secretario; también firmarán el pliego de posiciones.

Si no supieren firmar, pondrán su huella digital, y, si no quisieren hacer lo uno ni lo otro, firmarán sólo el Juez y el Secretario y éste hará constar esta circunstancia



Artículo 1.284. Aclaración del acta

Cuando el absolvente manifieste no estar conforme con los términos en que se hayan asentado sus respuestas, el Tribunal decidirá en el acto lo que proceda. Contra esta decisión no habrá recurso alguno.



Artículo 1.285. Desahogo de la prueba confesional fuera del Tribunal

En caso de imposibilidad debidamente justificada para asistir a declarar, se trasladará el personal de actuación, al lugar en que se encuentre el absolvente, en el cual se efectuará la diligencia.



Artículo 1.286. Confesión por exhorto o despacho

Si el absolvente radica fuera de la jurisdicción del Tribunal, aún cuando tenga domicilio señalado para recibir notificaciones, se girará exhorto o despacho. En este caso, se abrirá el sobre que contiene el pliego y, calificadas las posiciones, se sacará copia del mismo, la que se guardará en el secreto del Tribunal, remitiéndose el original en sobre cerrado y sellado, con el exhorto o despacho, para el desahogo de la prueba.

Si se ignora el lugar en que se encuentra el absolvente, la citación se hará en el domicilio que tuviere señalado.



Artículo 1.287. Confesión ficta

Se tendrá por confesa a la parte legalmente citada a absolver posiciones, cuando:

I. No comparezca sin justa causa;

II. Se niegue a declarar;

III. No responda afirmativa o negativamente o manifieste ignorar los hechos;

IV. En el caso de las dos fracciones anteriores, procederá respecto de las preguntas que le formule el Juez.



Artículo 1.288. Formalidades para la declaración de confesión ficta

Si el que deba absolver posiciones no comparece, el Secretario certificará este hecho. Cuando se pida la declaración de confeso por esta causa, el Tribunal abrirá el sobre que contenga el pliego de posiciones y las calificará antes de hacer la declaración.

En los demás casos, el Tribunal, al terminarse la diligencia, hará la declaración de tener por confesa a la parte.



Artículo 1.289. Los autos sobre confesión son apelables

El auto que declare confesa a una parte y el que niegue esta declaración, son apelables sin efecto suspensivo.



Artículo 1.290. Confesión de autoridades

Las autoridades o los titulares de las dependencias que formen parte de la administración pública, absolverán posiciones por medio de oficio, para que, por vía de informe, sean contestadas dentro del plazo que no excederá de ocho días. En el oficio se apercibirá a la parte absolvente de tenerla por confesa si no contesta, o si no lo hace categóricamente, afirmando o negando los hechos.



Artículo 1.291. Plazo para pedir la declaración de confeso

La declaración de confeso, en el caso del artículo anterior, y, cuando no comparezca el absolvente, se hará a instancia de parte, hasta antes de fenecer el plazo probatorio.



Artículo 1.292. Justificación de inasistencia a absolver posiciones

El absolvente que demuestre justa causa para no haber comparecido, podrá solicitar dentro del plazo que quede insubsistente la declaración de confeso, sin perjuicio de que puedan articularse de nuevo posiciones a solicitud de la parte interesada, hasta antes de la fase de alegatos.



Artículo 1.293. Concepto de documento público

Son documentos públicos los formulados por Notarios o Corredores Públicos, y los expedidos por servidores públicos en el ejercicio de sus atribuciones legales.

La calidad de públicos se demuestra por los sellos, firmas u otros signos exteriores que prevengan las leyes.



Artículo 1.294. Validez de los documentos públicos de otras entidades

Los documentos públicos expedidos por autoridades de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de los Municipios, harán fe en el Estado sin necesidad de legalización.



Artículo 1.295. Documentos públicos extranjeros

Para que hagan fe en el Estado los documentos públicos procedentes del extranjero, deberán llenar los requisitos que fije el Código Federal de Procedimientos Civiles y Tratados Internacionales.



Artículo 1.296. Traducción de documentos

De la traducción de los documentos que se presenten en idioma que no sea español, se mandará dar vista a la parte contraria, para que, dentro de tres días manifieste si está conforme.

Si lo estuviere o no contestase la vista, se tendrá por consentida la traducción; en caso contrario, el Tribunal nombrará traductor si así lo estimara necesario.



Artículo 1.297. Concepto de documento privado

Son documentos privados los que no reúnen los requisitos de los públicos.



Artículo 1.298. Presentación original de documentos privados

Se presentarán los originales de los documentos privados, y, cuando formen parte de un libro, expediente o legajo, se exhibirán para que se compulse la parte que señalen los interesados



Artículo 1.299. Documentos de comercios o industrias

Si el documento se encuentra en libros o papeles de casa de comercio o establecimiento industrial, el que pide el documento o la constancia deberá precisarlo, y la copia se tomará en el establecimiento, sin que los directores de los establecimientos estén obligados a llevarlos al Juzgado.



Artículo 1.300. Forma de realizar el cotejo de documentos

Cuando se pida el cotejo de un documento del que se niegue o se ponga en duda su autenticidad total o parcial, se designará el documento indubitado, con que deba hacerse, o

pedirá al Tribunal que cite al interesado para que, en su presencia, ponga la firma, letra o huella digital y demás signos que servirán para el cotejo.



Artículo 1.301. Documentos indubitables

Se considera indubitable para el cotejo:

I. El documento que ambas partes reconozcan como suyo;

II. El documento privado cuya letra o firma haya sido reconocida en juicio por aquél a quien se atribuya la dudosa;

III. El documento cuya letra, firma o huella digital ha sido judicialmente declarada propia de aquél a quien se atribuya la dudosa, exceptuando el caso en que la declaración haya sido hecha en rebeldía;

IV. El escrito impugnado, en la parte en que reconozca la letra como suya aquél a quien

perjudique;

V. Las firmas o huellas digitales puestas en actuaciones judiciales, en presencia de un servidor

judicial que tenga fe pública.



Artículo 1.302. Objeción de documentos

Las partes podrán objetar los documentos presentados, al contestar la demanda, al reconvenir o al contestar ésta, o dentro de los tres días siguientes a la apertura del plazo de prueba, tratándose de los presentados hasta entonces. Los exhibidos con posterioridad, podrán serlo en igual plazo, contados desde la notificación del auto que los haya tenido como pruebas.



Artículo 1.303. Precisión de la causa o motivo de la objeción

La objeción del documento debe precisar el motivo o la causa.



Artículo 1.304. Contenido de la prueba pericial

La prueba pericial será ofrecida y admitida cuando la naturaleza de las cuestiones materia de la misma requieran conocimientos científicos o tecnológicos o bien experiencia práctica en el ejercicio de un servicio u oficio, con la finalidad de prestar auxilio al juzgador.



Artículo 1.305. Requisitos de los peritos

Los peritos deben tener título en la ciencia, arte o industria correspondiente, si estuvieran legalmente reglamentados; en caso contrario o cuando no hubiere en el lugar peritos titulados, podrá ser nombrada cualquier persona con conocimientos en la materia, a juicio del Juez. En todo caso, deberán cumplir con los requisitos que para ser perito requiere la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.



Artículo 1.306. Nombramiento de perito

Cada parte nombrará un perito, a no ser que se pusieren de acuerdo en el nombramiento de uno solo.

En lalitisconsorcio nombrarán un perito los que sostuvieren una misma pretensión, y otro los que la contradigan.

Si los que deben nombrar un perito no pudieren ponerse de acuerdo, el Tribunal designará uno de entre los que propongan los interesados.



Artículo 1.307. Exhibición de cuestionario y nombramiento de perito

La parte que ofrezca prueba pericial exhibirá el cuestionario precisando los puntos objeto del dictamen.



Artículo 1.308. Plazo en que la contraparte nombrará perito

Admitida la prueba, la contraparte tendrá un plazo de tres días para que adicione el cuestionario y designe su perito



Artículo 1.309. Escrito de aceptación del cargo

Dentro de los cinco días siguientes del auto que tenga por nombrado perito, cada uno de ellos presentará escrito de aceptación y protesta del cargo.

En el escrito de aceptación y protesta, el perito señalará sus datos de identificación, su cédula profesional, hará referencia a su experiencia profesional, y manifestará que desempeñará sus funciones con prontitud y bajo los principios de objetividad, probidad y profesionalismo.

El perito será responsable de los daños y perjuicios que cause a la parte interesada, cuando no desempeñe su cargo en los términos del párrafo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir.



Artículo 1.310. Deserción de la pericial

Habrá deserción de la prueba pericial si el perito del oferente:

I. No acepta y protesta el cargo en el término de ley;

II. No asiste al desahogo de la prueba, si para ello se señaló día y fecha;

III. No rinde su dictamen en el plazo fijado.



Artículo 1.311. Preclusión del derecho a la prueba pericial

No habrá lugar al nombramiento de otro perito, si la contraparte del oferente no designa perito, si el nombrado no acepta el cargo, no acude al desahogo o no rinde su dictamen en el plazo fijado.



Artículo 1.312. Desahogo de la pericial

El Juez señalará plazo para que los peritos rindan su dictamen, o en su caso, cuando la naturaleza del asunto lo exija, señalará lugar, día y hora para que se lleve a cabo la práctica de la diligencia respectiva, que siempre deberá presidir, pudiendo pedir a los peritos las aclaraciones que estime conducentes.



Artículo 1.313. Desahogo de la pericial cuando no la preside el Juez

Cuando el Juez señale plazo para que los peritos rindan su dictamen, éstos practicarán sus peritajes conjunta o separadamente, con asistencia o no de las partes.



Artículo 1.314. Desahogo de la pericial cuando la preside el Juez

Cuando el Juez presida el desahogo de la diligencia, observará las siguientes reglas:

I. Los peritos practicarán conjuntamente la diligencia, en la que los interesados pueden hacerles cuantas observaciones quieran, y están obligados a considerar en su dictamen esas observaciones;

II. Los peritos dictaminarán inmediatamente, si la naturaleza del negocio lo permite; de lo contrario, se les señalará plazo para que lo rindan.



Artículo 1.315. Emisión de dictamen pericial

Si los peritos concuerdan en su opinión, emitirán su dictamen en un mismo escrito.

Si no lo estuvieren, lo harán en escrito por separado.



Artículo 1.316. Nombramiento de perito tercero

Rendidos los dictámenes, el Juez los examinará, y, si discordaren en alguno o algunos de los puntos esenciales, nombrará únicamente como tercero a un perito oficial del Tribunal Superior de Justicia; quien notificado de su nombramiento, rendirá su dictamen en el plazo que se le fije. Igual designación hará en favor del demandado que no se haya apersonado en el juicio, actuando en rebeldía.



Artículo 1.317. Medios de apremio al perito oficial

Si el perito oficial no rinde su dictamen en el plazo que se le señale, se le aplicarán medios de apremio, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa



Artículo 1.318. Auxilio a los peritos

El Juez adoptará las medidas necesarias para otorgar a los peritos todas las facilidades, que permitan a éstos emitir su dictamen.



Artículo 1.319. Excusa o recusación de perito

El perito tercero debe excusarse o puede ser recusado dentro de los dos días siguientes de que se notifique su nombramiento a los litigantes, por las mismas causas que pueden serlo los Jueces.



Artículo 1.320. Trámite de la recusación

En el escrito de recusación se ofrecerán pruebas; los demás interesados podrán hacerlo dentro de los dos días siguientes. Si se requiere se señalará una audiencia dentro de los dos días siguientes para el desahogo de las mismas y resolución; en caso contrario el Juez resolverá de inmediato.

Cuando el perito confiese la causa, se procederá al nombramiento de otro.



Artículo 1.321. Improcedencia de recurso

El auto que admita o deseche la excusa o recusación del perito tercero, es irrecurrible.



Artículo 1.322. Honorarios de los peritos

Los honorarios de cada perito serán pagados por la parte que lo hubiere nombrado, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva sobre condenación en costas.



Artículo 1.323. Objeto de la inspección judicial

La inspección judicial puede practicarse a petición de parte o por disposición del Juez, cuando pueda servir para aclarar o fijar hechos relativos a la litis y que no requieran conocimientos técnicos especiales, debiendo precisarse los puntos objeto de la prueba; sin estos requisitos no se admitirá.



Artículo 1.324. Asistencia de las partes y sus observaciones

Las partes podrán concurrir a la inspección y hacer las observaciones que estimen oportunas.



Artículo 1.325. Planos y fotografías de lo inspeccionado

De la inspección judicial a criterio del Juez o a petición de parte, se levantarán planos o se sacarán fotografías del lugar u objetos inspeccionados cuando sea posible, y se redactará acta circunstanciada, firmando los que en ella intervienen.



Artículo 1.326. Personas obligadas a ser testigos

Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar, están obligados a declarar como testigos.



Artículo 1.327. Número máximo de testigos

Una parte sólo puede presentar hasta tres testigos sobre cada hecho.



Artículo 1.328. Testigo ausente del oferente

Cuando el oferente de la prueba se comprometa a presentar testigos, y no lo hiciere sin causa justificada, se declarará desierta ésta respecto del testigo ausente.



Artículo 1.329. Citación de testigos

Los testigos serán citados a declarar por el Juez, cuando la parte que ofrezca su testimonio manifieste no poder presentarlos.

La prueba se declarará desierta si no es presentado el testigo por el oferente o si ejecutados los medios de apremio no se logra dicha presentación.

En caso de que el señalamiento del domicilio de algún testigo resulte inexacto o se realiza con el propósito de retardar el procedimiento, se dará vista al Ministerio Público para efectos de iniciar la averiguación que corresponda, debiéndose declarar desierta la prueba ofrecida.



Artículo 1.330. Apremio a testigos

Los que citados legalmente se nieguen a comparecer sin causa justificada, y los que, habiendo comparecido, se nieguen a declarar, serán apremiados.



Artículo 1.331. Testimonial a cargo de servidores públicos

Los servidores públicos o quienes lo hayan sido, no están obligados a declarar, a solicitud de las partes, respecto al asunto de que conozcan o hayan conocido por virtud de sus funciones. Sólo declararán si el Juez lo considera conveniente.



Artículo 1.332. Imposibilidad para asistir a declarar

En caso de imposibilidad justificada para asistir a declarar, se observarán las mismas disposiciones que tratándose de la confesional.



Artículo 1.333. Testimonio por oficio

Los servidores públicos con protección constitucional, generales con mando y presidentes municipales, rendirán su declaración por oficio o personalmente si lo desean.



Artículo 1.334. Reglas para el ofrecimiento de la testimonial

Al ofrecer la testimonial se observarán las siguientes reglas:

I. Se señalará el nombre y domicilio de los testigos;

II. La mención de si el oferente los presenta o tendrán que ser citados por el Juez;

III. Los puntos sobre los que versará su testimonio;

IV. La relación del testimonio con los hechos controvertidos;

V. La exhibición del interrogatorio y copia del mismo.

De no cumplirse con estos requisitos, no se admitirá la prueba.



Artículo 1.335. Señalamiento de fecha para desahogo

El Juez señalará día y hora para su recepción mandando dar copia del interrogatorio a los demás interesados en el juicio, quienes podrán presentar repreguntas hasta en el momento en que vaya a iniciarse la diligencia.



Artículo 1.336. Materia en que deben versar las preguntas y repreguntas

Las preguntas y repreguntas sólo se referirán a hechos o circunstancias que hayan podido apreciar los testigos por medio de sus sentidos.



Artículo 1.337. Requisitos de las preguntas y repreguntas

Las preguntas y repreguntas serán claras, precisas, inquisitivas y no llevar implícita la respuesta; conducentes a la cuestión debatida; procurándose que en una sola no se comprenda más de un hecho.



Artículo 1.338. Calificación del interrogatorio

Las preguntas y repreguntas serán desechadas cuando:

I. No reúnan los requisitos de los dos artículos anteriores;

II. Se refieran a hechos o circunstancias ya probadas en autos;

III. Sean insidiosas;

IV. Sean contradictorias, en cuyo caso se desecharán las dos preguntas o repreguntas que contengan contradicción;

V. Estén formuladas en términos técnicos o se refieren a opiniones o creencias.



Artículo 1.339. Testimonial por exhorto

Cuando el testigo radique fuera de la jurisdicción del Tribunal, se librará exhorto o carta rogatoria al Tribunal competente para el desahogo de la prueba, acompañándole, en sobre cerrado, los interrogatorios, previa calificación.

En este supuesto, se correrá traslado a la parte contraria con la copia del interrogatorio, para que dentro de los dos días siguientes exhiba las repreguntas.



Artículo 1.340. Toma de protesta y calificación

En la audiencia de desahogo a los testigos se les tomará la protesta de conducirse con verdad, y se les advertirá de la pena por falsedad, procediéndose a la calificación de los interrogatorios.



Artículo 1.341. Examen de testigos

Los testigos serán examinados separada y sucesivamente, sin que unos puedan presenciar las declaraciones de los otros; asentándose previamente sus datos personales, si es pariente, amigo o enemigo de alguna de las partes, y si tiene interés en el juicio.



Artículo 1.342. Indivisibilidad de la testimonial

La prueba testimonial es indivisible, por lo que deberá desahogarse en una misma diligencia hasta su conclusión, salvo por causas graves.



Artículo 1.343. Exigencia al testigo

Cuando el testigo conteste contradictoria o ambiguamente o sea omiso, a solicitud de parte o de oficio el Juez exigirá respuestas y aclaraciones.



Artículo 1.344. Facultad indagatoria del Juez

El Juez tiene facultad para hacer a los testigos las preguntas conducentes a la investigación de la verdad, así como para cerciorarse de la idoneidad de los mismos.



Artículo 1.345. Intérprete de los testigos

Si el testigo no habla el idioma español o tiene impedimento para comunicarse, rendirá su declaración por medio de intérprete, que le nombrará el Juez, previa toma de protesta. Cuando el testigo, las partes o el Juez lo considere necesario, se asentará su declaración además en su propio idioma, por él o por el intérprete.



Artículo 1.346. Redacción de las respuestas

Las respuestas del testigo se escribirán en forma que al mismo tiempo se comprenda en ella el sentido o términos de la pregunta; puede el Juez, de ser necesario, ordenar se escriba textualmente la pregunta y a continuación la respuesta.



Artículo 1.347. Razón del dicho del testigo

Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho, respecto de las respuestas que no la lleven ya en sí, y el Juez deberá exigirla.



Artículo 1.348. Firma y lectura de la declaración

Las declaraciones de los testigos serán asentadas literalmente y firmadas por éstos al pie de la última hoja y al margen de las demás en que se contenga, después de leerlas por sí mismos, si quisieren hacerlo, o de que les sean leídas por el Secretario; también firmarán el interrogatorio.

Si no supieren firmar, pondrán su huella digital, y, si no quisieren hacer lo uno ni lo otro, firmarán sólo el Juez y el Secretario y éste hará constar esta circunstancia.



Artículo 1.349. Incidente de tachas de testigos

Concluido el examen de los testigos o al día siguiente puede tacharse su dicho por cualquier circunstancia que afecte su credibilidad.



Artículo 1.350. Prueba de las tachas

Para la prueba de las tachas se concederá un plazo de tres días contados a partir del auto que la tenga por formulada, y cuando sea testimonial, no se podrán presentar más de dos testigos sobre cada circunstancia. El dicho de estos testigos ya no puede impugnarse por medio de prueba testimonial.



Artículo 1.351. Resolución sobre tacha de testigos

La tacha de testigos se analizará en la sentencia definitiva o en la interlocutoria si fue incidente donde se tachó el dicho.



Artículo 1.352. Fotografías, grabaciones de imágenes y sonidos y otros

Para acreditar los hechos controvertidos, las partes pueden presentar fotografías, registros dactiloscópicos, grabaciones de imágenes y sonidos y todos aquellos elementos aportados por la ciencia y la tecnología.



Artículo 1.353. Presentación de aparatos o elementos necesarios para la reproducción

La parte que presente los medios de prueba a que se refiere el artículo anterior, deberá para su desahogo en la fecha que señale el Juez, ministrar los aparatos o elementos necesarios para que pueda apreciarse el registro y reproducciones de los sonidos e imágenes, sin lo cual se tendrá por desierta la prueba.



Artículo 1.354. Desahogo de la prueba

El día del desahogo de la prueba, se incluirá en el acta lo que las partes o el Juez considere necesario, ya sea transcribiéndolo o describiéndolo.



Artículo 1.355. Notas taquigráficas como prueba

Los escritos y notas taquigráficas pueden presentarse como prueba, acompañándose la traducción, con especificación del sistema taquigráfico.



Artículo 1.356. Concepto de presunción

Presunción es la consecuencia que la ley o el Juez deducen de un hecho conocido, para averiguar la verdad de otro desconocido: la primera se llama legal y la segunda humana.



Artículo 1.357. Hecho fundatorio de la presunción legal

El que tiene a su favor una presunción legal, sólo está obligado a probar el hecho en que se funda la presunción



Artículo 1.358. Inadmisión de pruebas contra presunción legal

No se admite prueba contra la presunción legal, cuando la ley lo prohíba expresamente o el efecto de la presunción es anular un acto o negar una acción salvo el caso en que la ley haya reservado el derecho de probar.

Contra las demás presunciones legales y contra las humanas, es admisible la prueba.



Artículo 1.359. Sistema libre de valoración

El Juez goza de libertad para valorar las pruebas, con excepción de los documentos públicos que siempre harán prueba plena. Lo hará tanto en lo individual como en su conjunto, atendiendo las reglas de la lógica y la experiencia. Explicará detalladamente los fundamentos de su valoración y su decisión.



Artículo 1.360. Recursos

Se reconocen como recursos los siguientes:

I. Revocación;

II. Apelación;

III. Queja.



Artículo 1.361. Irrenunciabilidad de los recursos

Los recursos no son renunciables.



Artículo 1.362. Resoluciones materia de revocación

Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó.



Artículo 1.363. Plazo para interponer revocación

La revocación se interpondrá, expresando agravios, al día siguiente de notificado el recurrente.



Artículo 1.364. Trámite de la revocación

Interpuesta la revocación se dará vista a la parte contraria, por tres días y transcurridos, el Juez resolverá dentro del tercer día.



Artículo 1.365. La resolución de la revocación es irrecurrible

La resolución que decida la revocación no admite recurso.



Artículo 1.366. Finalidad de la apelación

La apelación tiene por objeto que el Tribunal de Alzada, revoque o modifique la resolución impugnada, en los puntos relativos a los agravios, los que de no prosperar motivarán su confirmación.



Artículo 1.367. Efectos en los que puede admitirse la apelación

La apelación puede admitirse con efecto suspensivo o sin efecto suspensivo.



Artículo 1.368. Consecuencias del efecto suspensivo

La apelación admitida con efecto suspensivo impide la ejecución de la resolución; entre tanto, sólo podrán dictarse las resoluciones que se refieren a la administración, custodia y conservación de bienes embargados o intervenidos judicialmente, siempre que la apelación no verse sobre alguno de estos puntos.



Artículo 1.369. Apelación en asuntos conexos

Cuando el auto contra el cual se haya admitido recurso de apelación con efecto suspensivo, hubiere recaído en expediente tramitado por separado, se remitirá al Tribunal de Alzada el expediente respectivo, sin perjuicio de que se envíen las constancias que del otro soliciten las partes.

En los autos que queden en el Tribunal no podrá dictarse resolución alguna que modifique, revoque o en cualquier forma afecte lo acordado en la resolución apelada, mientras el recurso esté pendiente, para lo cual se dejará copia de ella.



Artículo 1.370. Consecuencias del efecto no suspensivo

La apelación admitida en efecto no suspensivo, posibilita la ejecución de la resolución apelada.



Artículo 1.371. Sentencia apelada en efecto no suspensivo

Si fuere sentencia la apelada sin efecto suspensivo, se dejará en el Juzgado copia certificada de ella y de las constancias necesarias para ejecutarla, remitiéndose el expediente original al Tribunal de Alzada.



Artículo 1.372. Auto apelado en efecto no suspensivo

Si se trata de apelación sin efecto suspensivo de un auto, el que la admita ordenará remitir al Tribunal copia del apelado, de sus notificaciones y de las constancias señaladas al interponer el recurso, adicionadas con las que señalen las demás partes dentro de dos días; en todo caso el Juez decidirá sobre las constancias necesarias que integren el testimonio.



Artículo 1.373. Ejecución de resoluciones apeladas

Para ejecutar la sentencia, definitiva o interlocutoria, apelada sin efecto suspensivo, se otorgará previamente garantía que podrá consistir en:

I. Hipoteca sobre bienes bastantes, a juicio del Juez, ubicados dentro del Estado;

II. Depósito de dinero en efectivo.



Artículo 1.374. Monto de la garantía

La garantía será bastante para garantizar la devolución de lo que se deba percibir; sus frutos e intereses; la indemnización de daños y perjuicios y, en general, la restitución de las cosas al estado en que se hallaban antes de la ejecución, en el caso de que el Tribunal revoque la resolución.



Artículo 1.375. Ejecución sin garantía de sentencias que conceden alimentos, custodia temporal o convivencia

Las resoluciones apeladas que concedan alimentos, custodia temporal o convivencia, se ejecutarán sin necesidad de garantía.



Artículo 1.376. Derecho de otorgar contragarantía

Otorgada la garantía, la parte contraria al ejecutante puede evitar la ejecución, otorgando a su vez, garantía bastante para responder de los daños y perjuicios, pagando el importe de los gastos de la garantía que se hubiere otorgado.



Artículo 1.377. Apelación con efecto suspensivo de sentencias

Las sentencias definitivas son apelables con efecto suspensivo, salvo cuando la ley determine lo contrario.



Artículo 1.378. Apelación de interlocutorias y autos

Son apelables las sentencias interlocutorias y los autos que específicamente señala este Código. La apelación, en este caso, se admitirá sin efecto suspensivo, salvo cuando la ley disponga lo contrario.



Artículo 1.379. Plazo para interponer apelación

La apelación debe interponerse ante el Juzgado, dentro del plazo de diez días, tratándose de sentencia definitiva y de cinco si es interlocutoria o auto.



Artículo 1.380. Expresión de agravios

En el escrito en que se interponga la apelación se expresarán agravios, acompañando copia para cada parte.

Si el recurrente no expresa agravios, no se admitirá la apelación.



Artículo 1.381. Admisión de la apelación

Interpuesta oportunamente la apelación, el Juzgado la admitirá.



Artículo 1.382. Traslado con los agravios

Admitido el recurso, se correrá traslado a la contraria con la copia de los agravios por tres días, para que si desea contestarlos, lo haga ante el propio Juez.



Artículo 1.383. Domicilio para notificaciones en segunda instancia



Artículo 1.384. Cuaderno de apelación

Con el escrito de apelación, agravios y contestación a ellos, si la hubo, y sus notificaciones, se formará el cuaderno de apelación.



Artículo 1.385. Remisión del cuaderno de apelación, autos o testimonio

Concluido el plazo de traslado de los agravios, se remitirán a la Sala de manera física o en su caso electrónico, el cuaderno de apelación, los autos originales o testimonio de constancias.



Artículo 1.386. Calificación del grado

Recibido el cuaderno de apelación con los autos o el testimonio, la Sala declarará de oficio, si la resolución recurrida es o no apelable y en qué efecto, y si se interpuso en tiempo.



Artículo 1.387. Calificación que inadmite la apelación

Si se declara que la resolución recurrida no es apelable o que no fue interpuesto en tiempo el recurso, se devolverán los autos al Juzgado con testimonio de la resolución.



Artículo 1.388. Calificación de la apelación con efecto suspensivo

Si la apelación admitida sin efecto suspensivo se declara admisible con efecto suspensivo, y no se hubieren remitido los autos originales, se ordenará al Juez que los envíe.



Artículo 1.389. Calificación de la apelación sin efecto suspensivo

Cuando la apelación se haya admitido con efecto suspensivo y se declara admisible sin efecto suspensivo, si la resolución recurrida fuere sentencia, se enviará al Juzgado la copia de ella y de las constancias necesarias para su ejecución; si fuere auto, se devolverán los originales, dejándose, en la Sala copia de las constancias necesarias.



Artículo 1.390. Alegatos en segunda instancia

Dentro de los cinco días siguientes a la calificación del grado, las partes podrán presentar alegatos por escrito, ante el Tribunal de Alzada o en documento electrónico en el portal que para tal efecto se habilite.



Artículo 1.391. Plazo para dictar resolución

Fenecido el plazo para alegar, se realizará el turno respectivo para resolver la apelación en el plazo de diez días.



Artículo 1.392. Devolución de autos y remisión de testimonio

Notificada la sentencia se remitirá testimonio de ella y de sus notificaciones, devolviéndose los autos al Juzgado de origen.



Artículo 1.393. Materia de la queja

El recurso de queja tiene lugar contra resoluciones del Juez cuando:

I. No admite una demanda;

II. Deniega una apelación.



Artículo 1.394. Plazo para interponer la queja

El recurso de queja se interpondrá a los tres días siguientes de notificado el auto que se reclama, ante el Juez donde se tramita el juicio y se substanciará sin suspensión del procedimiento.



Artículo 1.395.

Derogado



Artículo 1.396. Remisión e informe justificado

Recibida la queja, el Juez, sin decidir sobre su procedencia, al siguiente día remitirá la misma a la Sala con un informe justificado.



Artículo 1.397. Resolución de la queja

Recibidas las constancias del recurso de queja, la Sala dentro del plazo de tres días decidirá lo que corresponda.



Artículo 1.398. Efectos de la queja

Si se declara fundada la queja, se ordenará admitir la demanda o apelación.



Artículo 1.399.

Derogado



Artículo 2.1. Procedencia de la acción

La acción procede en juicio aún cuando no se exprese su nombre, con tal de que se determine con claridad, la clase de prestación que se exija del demandado y el título o causa de la acción.



Artículo 2.2. Acción reivindicatoria

La reivindicación compete a quien no está en posesión del bien, del cual tiene la propiedad, y su efecto es declarar que el actor tiene dominio sobre él y se lo entregue el demandado con sus frutos y accesiones en los términos del Código Civil.



Artículo 2.3. Declinación de la acción reivindicatoria

El tenedor del bien puede declinar la responsabilidad del juicio designando al poseedor que se dice ser a título de dueño.



Artículo 2.4. Pérdida de la posesión

El poseedor que niegue la posesión la perderá en beneficio del demandante.



Artículo 2.5. Legitimación pasiva en la reivindicatoria

Pueden ser demandados en reivindicación, aunque no posean el bien, el poseedor que para evitar los efectos de la acción reivindicatoria dejó de poseer, y el que está obligado a restituir el bien o su estimación si la sentencia fuere condenatoria.

El demandado que paga la estimación del bien puede ejercitar, a su vez, la reivindicación.



Artículo 2.6. Acción plenaria de posesión

Compete acción al adquirente con justo título y de buena fe, para que se le restituya el bien con sus frutos y accesiones en términos del Código Civil. El actor también debe acreditar que tenía la posesión, o la tenía quien le transmitió el bien, aún cuando no se hubiere consumado la usucapión.

Se da esta acción contra el poseedor de mala fe, o que teniendo título de igual calidad ha poseído por menos tiempo que el actor.



Artículo 2.7. Improcedencia de la plenaria de posesión

No procede la acción plenaria de posesión, en los casos en que ambas posesiones fuesen dudosas o el demandado tuviere su título registrado y el actor no, así como contra el legítimo dueño.



Artículo 2.8. Acción negatoria y confesoria

Procede la acción negatoria para obtener la declaración de libertad o la reducción de gravámenes de bienes inmuebles, la demolición de obras o señales que importen gravámenes, la cancelación o anotación en el Registro Público de la Propiedad, y conjuntamente, en su caso, la indemnización de daños y perjuicios.

Sólo se dará esta acción al poseedor a título de dueño, o que tenga derecho real sobre el bien.

La acción confesoria compete al titular del derecho real inmueble y al poseedor del predio dominante que esté interesado en la existencia de la servidumbre. Se da esta acción contra el tenedor o poseedor jurídico que contraría el gravamen para que se obtenga el reconocimiento, la declaración de los derechos y obligaciones del gravamen y el pago de frutos, daños y perjuicios, en su caso, y se haga cesar la violación. Si fuere la sentencia condenatoria, el actor puede exigir del reo que afiance el respeto del derecho.



Artículo 2.9. Legitimación activa en petición de herencia

La petición de herencia se deducirá por el heredero testamentario o abintestato, o por el que haga sus veces en la disposición testamentaria.



Artículo 2.10. Legitimación pasiva en petición de herencia

La petición de herencia se da contra el albacea o contra el poseedor de los bienes hereditarios en su carácter de heredero o cesionario de éste, y contra el que no alega título de posesión del bien hereditario o dolosamente dejó de poseerlo.



Artículo 2.11. Finalidad de la petición de herencia

La petición de herencia se ejercitará para que sea declarado heredero el actor, se le haga entrega de los bienes hereditarios con sus accesiones, se le rindan cuentas y se le indemnice.



Artículo 2.12. Acciones del copropietario

El copropietario puede deducir las acciones relativas al bien común, en calidad de dueño, salvo pacto en contrario o Ley Especial. La acción reivindicatoria puede ser ejercida por todos los copropietarios del bien común, una parte de ellos o uno solo, debiendo el Juzgador en este caso, llamar a todos al juicio ante la existencia de un litisconsorcio activo necesario. Por otro lado, el copropietario, no podrá transigir ni comprometer en árbitros el negocio, sin consentimiento unánime de los condueños.



Artículo 2.13. Legitimación activa en el interdicto de retener la posesión

Al perturbado en la posesión jurídica o derivada, de un bien inmueble, compete acción para retener la posesión contra el perturbador, el que mandó tal perturbación o contra el que a sabiendas y directamente se aprovecha de ella, y contra el sucesor del despojante.



Artículo 2.14. Finalidad del interdicto de retener la posesión

El objeto de la acción de retención de posesión es poner fin a la perturbación, indemnizar al poseedor y que el demandado otorgue garantía de no volver a perturbar, conminándolo con multa o arresto en caso de que reincida



Artículo 2.15. Requisitos del interdicto de retención de la posesión

La procedencia de la acción de retención de posesión requiere que la perturbación consista en actos preparatorios, tendientes directamente a la usurpación violenta o a impedir el ejercicio del derecho, que se reclame dentro de un año.



Artículo 2.16. Legitimación en el interdicto de recuperar la posesión

El que es despojado de la posesión, jurídica o derivada, de un bien inmueble, debe ser restituido, y le compete la acción de recobrarla contra: el que realiza el despojo, el que lo ha mandado realizar, el que a sabiendas y directamente se aprovecha de él y el sucesor del despojante.



Artículo 2.17. Objeto del interdicto de recuperar la posesión

El interdicto de recuperar la posesión tiene por objeto reponer al despojado en la posesión, indemnizarlo de los daños y perjuicios, obtener del demandado que garantice su abstención y a la vez conminarlo con multa o arresto para el caso de reincidencia.



Artículo 2.18. Requisitos de la acción de recuperar la posesión

La acción de recuperar la posesión se deducirá dentro del año siguiente a los actos violentos o vías de hecho causantes del despojo. No procede cuando el actor poseía clandestinamente, por la fuerza o a ruego, pero sí contra el propietario o despojante que transfirió el uso y aprovechamiento del bien por medio de contrato.



Artículo 2.19. Acción de obra nueva

Al poseedor de inmueble o derecho real sobre él, compete la acción para suspender la conclusión de una obra perjudicial a sus posesiones, su demolición o modificación, en su caso, y la restitución de las cosas al estado anterior a la obra nueva. Compete también al vecino del lugar, cuando la obra nueva se construye en bienes de uso común.



Artículo 2.20. Legitimación pasiva en la acción de obra nueva

La acción de obra nueva se da contra quien mandó construir, sea poseedor o detentador del bien donde se construye.



Artículo 2.21. Concepto de obra nueva

Para los efectos de esta acción, por obra nueva se entiende no sólo la construcción de nueva planta, sino también la que se realiza sobre el edificio antiguo añadiéndole, quitándole o dándole una forma distinta.



Artículo 2.22. Acción de obra peligrosa

La acción de obra peligrosa se da al poseedor jurídico o derivado de una propiedad contigua o cercana, que pueda resentirse o padecer por la ruina o derrumbe de la obra, caída de un árbol u otro objeto análogo.

Compete la misma acción a quienes tengan derecho privado o público de paso por las inmediaciones de la obra, árbol u otro objeto peligroso.



Artículo 2.23. Finalidad de la acción de obra peligrosa

El objeto de la acción de obra peligrosa es la de adoptar medidas urgentes para evitar los riesgos que ofrezcan el mal estado de los objetos referidos; obtener la demolición total o parcial de la obra o la destrucción del objeto peligroso.



Artículo 2.24. Reglas para las acciones de origen hereditario

En las acciones mancomunadas por herencia o legado, se observarán las reglas siguientes:

I. Si no se ha nombrado interventor ni albacea, pueden ejercitarlas cualquiera de los herederos o legatarios;

II. Si se ha nombrado interventor o albacea, sólo a éstos compete la facultad de deducirlas en juicio, y sólo podrán hacerlo los herederos o legatarios cuando requeridos por ellos el albacea o el interventor, se rehúsen a hacerlo.



Artículo 2.25. Acciones oblicuas

El acreedor puede ejercitar las acciones que competen a su deudor, cuando conste el crédito en título ejecutivo y requerido el deudor para deducirlas, descuide o rehúse hacerlo. Los acreedores que acepten la herencia que corresponda a su deudor ejercitarán las acciones pertenecientes al mismo, en términos legales.

El que tenga acción que dependa del ejercicio de la acción de otro, puede demandarle para que la ejercite, o se le autorice a ejercitarla a su nombre.



Artículo 2.26. Acumulación de acciones

Cuando haya varias acciones contra una misma persona, respecto de una misma cosa y provengan de una misma causa, deben intentarse en una sola demanda. Por el ejercicio de una o más quedan extinguidas las otras.



Artículo 2.27. Improcedencia de acumulación de acciones

No pueden acumularse en la misma demanda las acciones contrarias o contradictorias, ni las posesorias con las petitorias, ni cuando una dependa del resultado de la otra. Tampoco son acumulables acciones que por su cuantía o naturaleza corresponden a jurisdicciones diferentes.



Artículo 2.28. Acciones y excepciones contrarias

No se pueden ejercitar, subsidiariamente, acciones ni excepciones contrarias o contradictorias.



Artículo 2.29. Improcedencia de la modificación de la acción

La acción no podrá modificarse ni alterarse una vez intentada y contestada la demanda, salvo cuando lo permita la ley.



Artículo 2.30. Desistimiento de la acción

La acción se extingue por su desistimiento.



Artículo 2.31. Excepciones procesales

Son excepciones de carácter procesal:

I. La incompetencia del juez;

II. La litispendencia;

III. La conexidad de la causa;

IV. La falta de personalidad o de capacidad en el actor.



Artículo 2.32. Concepto de litispendencia

Hay litispendencia cuando un juez conoce ya del mismo negocio, en el que existen identidad de personas, bienes y causas.

El que oponga esta excepción debe acompañar las constancias necesarias del otro juicio, de no hacerlo no se admitirá la excepción.



Artículo 2.33. Efecto de la litispendencia

El juicio en el que se hace valer la litispendencia se dará por concluido si la excepción es procedente.



Artículo 2.34. Concepto de conexidad

Hay conexidad de causas cuando hay identidad de personas y acciones, aunque los bienes sean distintos, así como cuando las acciones provienen de la misma causa.

Al hacer valer la excepción, deberán acompañarse las constancias necesarias del juicio conexo, sin lo cual no se admitirá.



Artículo 2.35. Efecto de la conexidad

La excepción de conexidad tiene por objeto la remisión de los autos en que se

opone, al Juzgado que primero previno en el conocimiento de la causa conexa, para que, aunque se sigan por cuerda separada, se resuelvan en una misma sentencia.



Artículo 2.36. Improcedencia de la conexidad

No procede la excepción de conexidad, cuando los juicios están en diversas instancias.



Artículo 2.37. Excepciones dilatorias

Son excepciones dilatorias o que no destruyen la acción:

I. La falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que está sujeta la acción intentada;

II. La división;

III. La excusión;

IV. Las demás que señale la ley.



Artículo 2.38. Procedencia de los medios preparatorios

El juicio podrá prepararse pidiendo:

I. Declaración, bajo protesta, el que pretende demandar de aquél contra quien se propone dirigir la demanda, acerca de algún hecho relativo a su personalidad o a la calidad de su posesión o tenencia;

En este caso es improcedente la confesión a base de posiciones;

II. El reconocimiento de contenido y firma de documento privado, para juicio ejecutivo;

III. La exhibición del bien mueble que haya de ser objeto de la acción real que se trate de entablar;

IV. El legatario o cualquier otro que tenga derecho de elegir uno o más bienes, entre varios, su exhibición;

V. El que sea heredero o legatario, la exhibición de un testamento;

VI. El comprador al vendedor, o éste a aquél, en el caso de evicción, la exhibición de títulos u otros documentos que se refieran al bien vendido;

VII. Un socio o copropietario la presentación de los documentos y cuentas de la sociedad o copropiedad, al consocio o condueño que los tenga en su poder;

VIII. El examen de testigos que por cualquier circunstancia se tema que su testimonio pueda volverse muy difícil o perderse y no pueda deducirse aún la acción u oponerse la excepción, por estar sujeta la obligación a plazo o condición sin cumplir.



Artículo 2.39. Motivo del acto previo al juicio

Al pedirse la diligencia preparatoria debe expresarse el motivo por el que se solicita, así como el juicio que se trata de seguir o que se teme.



Artículo 2.40. Cercioramiento de la necesidad del acto

El juez puede disponer lo que crea conveniente, para cerciorarse de la personalidad del que solicita la diligencia preparatoria, o de la urgencia de examinar a los testigos.



Artículo 2.41. Recurso contra el acto previo a juicio

Contra la resolución que conceda la diligencia preparatoria, no habrá recurso. Contra la resolución que la niegue procede la apelación con efecto suspensivo.



Artículo 2.42. Acción contra quien posee el bien

La acción que puede ejercitarse para solicitar la exhibición de bienes o documentos procede contra cualquier persona que los tenga en su poder.



Artículo 2.43. Personas obligadas a reconocimiento de documento

Para la preparación del juicio ejecutivo el reconocimiento sólo puede pedirse de la persona obligada, del albacea o del representante de una persona jurídica colectiva que lleve la firma social.



Artículo 2.44. Citación para reconocimiento

Promovido el reconocimiento, se citará a la persona a reconocer o no, como expedido por ella, o por su representado, el documento, y como suya, o de su representado, la firma que lo suscribe, apercibido de que si no comparece se tendrá por reconocido. El mismo apercibimiento procederá cuando el documento esté firmado a ruego de la persona que debe reconocerlo.



Artículo 2.45. Contestación categórica al reconocimiento

Cuando a la diligencia de reconocimiento de documento comparezca la persona a quien se atribuya su expedición o a cuyo ruego haya sido expedido, deberá decir categóricamente si lo reconoce o no.



Artículo 2.46. Reconocimiento parcial

En caso de que reconozca como suya sólo parte del documento o sólo la firma, se hará constar, con claridad, lo reconocido.



Artículo 2.47. Reconocimiento ficto de documento

Se tendrá por reconocido un documento:

I. Cuando no comparezca el signatario del mismo, o la persona que deba reconocerlo, cuando otra haya firmado a su nombre;

II. Cuando las personas señaladas en la fracción anterior no contesten si reconocen o no el documento.



Artículo 2.48. Forma de citación para el reconocimiento

La citación para el reconocimiento de un documento se hará en la misma forma que para la confesión.



Artículo 2.49. Reconocimiento parcial de documento

El documento no reconocido en su totalidad, sólo será ejecutivo en la parte reconocida, si reúne los requisitos para ello.



Artículo 2.50. Inspección de protocolo o archivo

Cuando se pida la exhibición de un protocolo o de cualquier otro documento archivado, la diligencia se practicará en la oficina del Notario o en la oficina respectiva, sin sacar de ella los documentos originales.



Artículo 2.51. Citación para practicar actos previos a juicio

Las diligencias preparatorias para recibir testimonial y exhibición de bienes o documentos, se practicarán con citación de la parte contraria, a quien se correrá traslado con la solicitud por el plazo de tres días, aplicándose las reglas para la recepción de la testimonial.



Artículo 2.52. Incidente para oír al poseedor

Si la persona poseedora del bien objeto del acto previo alegare alguna causa para no hacer la exhibición, se le oirá en forma incidental.



Artículo 2.53. Medios para hacer eficaz el acto previo a juicio

Si el tenedor del documento o bien mueble fuere el mismo a quien se va a demandar, y sin causa se niegue a exhibirlos, se le apremiará legalmente, y si aún así se opone a la exhibición o los destruye, deteriora u oculta, o con dolo o malicia, dejare de poseerlos, pagará todos los daños y perjuicios, quedando, además, sujeto a la responsabilidad penal.



Artículo 2.54. Agregado de las diligencias al principal

Promovido el juicio, el Juez, a petición del que hubiere solicitado el medio preparatorio a juicio, mandará agregar las diligencias practicadas.



Artículo 2.55. Causa para pedir la separación

El que intente demandar, denunciar o querellarse contra su cónyuge, puede solicitar su separación ante el Juez.



Artículo 2.56. Requisitos para la solicitud de separación

La solicitud de separación puede ser escrita o verbal, en la que se expresarán las causas en que se funde, el domicilio en que habrá de instalarse quien pide la separación, la existencia de los hijos menores, en su caso, exhibiendo copia certificada de las actas respectivas.



Artículo 2.57. Medidas para garantizar la separación

Presentada la solicitud, el Juez, sin más trámite resolverá sobre su procedencia y, si la concede, dictará las disposiciones pertinentes para que se efectúe materialmente la separación, atendiendo las circunstancias del caso, determinando los bienes que ha de llevar consigo el solicitante, y ordenará la notificación al otro cónyuge, previniéndole que se abstenga de impedir la separación, o causarle molestias, bajo apercibimiento de procederse en su contra.



Artículo 2.58. Modificación de las medidas de separación

El Juez podrá modificar las resoluciones decretadas, cuando exista causa justa, o los cónyuges de común acuerdo o individualmente lo soliciten.



Artículo 2.59. Medidas sobre los menores hijos

El Juez, según las circunstancias del caso, proveerá lo conducente a la guarda y custodia, a fin de salvaguardar la estabilidad de los hijos menores, durante la separación.



Artículo 2.60. Guarda y custodia de los hijos menores

Si los cónyuges tuvieren hijos menores de edad, propondrán la forma y términos de su guarda y custodia, decidiendo el Juez, a su criterio, de acuerdo a las circunstancias.



Artículo 2.61. Reclamo sobre la custodia de los menores

Cualquier reclamación de los cónyuges respecto a la guarda y custodia de los hijos, se decidirá incidentalmente.



Artículo 2.62. Plazo para presentar demanda, denuncia o querella

En la resolución se señalará el plazo de que dispondrá el solicitante para presentar la demanda, denuncia o querella, que podrá ser hasta de quince días hábiles a partir del siguiente de efectuada la separación, pudiendo, a criterio del Juez, prorrogarse por igual tiempo.



Artículo 2.63. Efectos de la no presentación de demanda

Si al vencimiento del plazo concedido no se acredita al Juez que se ha presentado la demanda, denuncia o querella, cesarán los efectos de la separación decretada.



Artículo 2.64. Procedencia de la preparación

Cuando en escritura pública o contrato privado, sometieren los interesados las diferencias que surjan, a la decisión de un árbitro sin nombrarlo, debe designarlo el Juez en medio preparatorio.



Artículo 2.65. Citación para nombrar árbitro

Presentado el documento con la cláusula compromisoria por cualquiera de los interesados, el Juez citará a las partes, para que dentro del tercer día, elijan árbitro, apercibiéndolos de que, en caso de no hacerlo, lo hará él en su rebeldía.



Artículo 2.66. Reconocimiento de documento con cláusula compromisoria

Si la cláusula compromisoria forma parte de documento privado, el Juez al ordenar la citación para la junta, apercibirá a la persona citada que de no comparecer o rehusarse a contestar, se tendrá por reconocida su firma.



Artículo 2.67. Nombramiento de árbitro

En la junta procurará el Juez que los interesados elijan árbitro de común acuerdo, y, en caso de no conseguirlo él lo hará, de conformidad con las disposiciones del Código Civil.

Lo mismo se hará cuando el árbitro así nombrado renunciare o muriere y no hubiere substituto.



Artículo 2.68. Causas de la consignación

Si el acreedor rehusare recibir la prestación debida, dar el documento justificativo de pago, si fuere persona incierta o incapaz o dudoso su derecho, podrá el deudor liberarse de la obligación haciendo la consignación.



Artículo 2.69. Citación de acreedor conocido

Si el acreedor fuere cierto y conocido, se le citará para el día, la hora y lugar determinados, a fin de que reciba o vea depositar el bien.



Artículo 2.70. Bien mueble de difícil conducción

Si fuere mueble, de difícil conducción, la diligencia se practicará donde se encuentre, si estuviere dentro de la competencia territorial, en caso contrario se librará exhorto o despacho, para que ante el Juez del lugar el acreedor lo reciba o vea depositarlo.



Artículo 2.71. Citación a un acreedor desconocido

Si el acreedor fuere desconocido, se le citará por edictos y por el plazo que señale el Juez.



Artículo 2.72. Certificación del depósito

Si el acreedor no comparece, se hará constar y el Juez ordenará el depósito del bien o prestación debida.



Artículo 2.73. Cambio de lugar de depósito

Si el bien debido es cierto y determinado, y debe ser entregado en el lugar en que se encuentra, y el acreedor no lo retira, el deudor puede obtener del Juez la autorización para depositarlo en otro lugar.



Artículo 2.74. Consignación de dinero

La consignación de dinero puede hacerse en billete de depósito o en efectivo.



Artículo 2.75. Liberación de la deuda mediante juicio

Cuando el acreedor no reciba el bien consignado, podrá pedir el deudor la declaración de liberación en contra del acreedor.



Artículo 2.76. Nombramiento de depositario en la consignación

En todos los casos anteriores, el depositario será designado por el Juez.



Artículo 2.77. Clases de providencias precautorias

Las providencias precautorias sólo podrán decretarse en los siguientes casos:

I. Cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra quien se debe entablar o se haya entablado una demanda;

II. Cuando se tema que se oculten o dilapiden los bienes en los que debe ejercitarse una acción real, para decretar su secuestro en términos del Código Civil;

III. Cuando la acción sea personal siempre que el deudor no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia y se tema que los oculte o enajene;

IV. En los casos de las acciones de obra nueva o peligrosa, para los efectos provisionales en cuanto se haga necesaria para evitar daños inmediatos a las personas o a los bienes. Estas providencias se limitarán a lo indispensable, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva.



Artículo 2.78. Personas a quienes abarca la providencia

Las disposiciones del anterior artículo comprenden no sólo al deudor, sino también a los tutores, albaceas, socios y administradores de bienes ajenos.



Artículo 2.79. Forma de tramitar la providencia

Las providencias precautorias podrán decretarse como acto previo al juicio o después de iniciado, en éste último caso se substanciará por cuerda separada.



Artículo 2.80. Derecho y necesidad de la medida

El que solicite la providencia precautoria deberá acreditar el derecho que tiene para pedirla, y la necesidad de la medida.



Artículo 2.81. Pruebas para acreditar la providencia

La prueba de la providencia puede consistir en documental, testimonial, inspección judicial o pericial.



Artículo 2.82. Petición de arraigo en la demanda

Si el arraigo de una persona, se pide al tiempo de entablar la demanda, bastará para su procedencia.



Artículo 2.83. Finalidad del arraigo

En el caso del artículo anterior, se prevendrá al demandado para que no se ausente del lugar del juicio, sin dejar representante, suficientemente instruido y expensado para responder de las resultas del juicio.



Artículo 2.84. Garantía por solicitud de arraigo

Si la petición de arraigo se solicita antes de entablar la demanda, además de la prueba respectiva, el actor debe otorgar garantía a satisfacción del Juez, para responder de los daños y perjuicios si no se interpone demanda.



Artículo 2.85. Sanciones al quebrantamiento del arraigo

El que quebrante el arraigo será compelido, por los medios de apremio, a volver al lugar del juicio, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que incurra.



Artículo 2.86. Requisitos para el embargo precautorio

Cuando se solicite el embargo precautorio, se expresará el valor de lo reclamado, y, el Juez, al decretarlo, fijará cantidad por la cual ha de practicarse la diligencia.



Artículo 2.87. Embargo precautorio sin título ejecutivo

Si se solicita embargo precautorio, sin fundarlo en título ejecutivo, el promovente otorgará garantía para responder de los daños y perjuicios, ya sea porque se revoque la providencia, o porque se dicte sentencia absolutoria.



Artículo 2.88. Inejecución y levantamiento de la providencia

Si el demandado consigna el valor u objeto reclamado, si otorga garantía a criterio del Juez, o prueba tener bienes inmuebles bastantes, no se ejecutará la providencia, o se levantará la que se hubiere dictado.



Artículo 2.89. Recepción de informes y pruebas

Ni para recibir los informes, ni las pruebas, ni para dictar la providencia, se citará a la persona contra quien se pide la misma.



Artículo 2.90. Responsable de la providencia

De toda providencia precautoria es responsable el que la pida; y son a su cargo los daños y perjuicios que se causen.



Artículo 2.91. Reglas para el aseguramiento de bienes

El aseguramiento de bienes decretado por providencia precautoria, se rige por lo dispuesto en las reglas generales del embargo.



Artículo 2.92. Designación del interventor o depositario

El interventor o el depositario en las providencias precautorias será designado por el Juez.



Artículo 2.93. Plazo para interponer la demanda

Ejecutada la providencia precautoria antes de entablarse la demanda, el que la pidió deberá interponerla dentro de tres días, si el juicio se va a seguir donde se dictó, con el aumento de días por razón de distancia.



Artículo 2.94. Revocación de la providencia

Si el promovente de la providencia no interpone la demanda en el plazo, se revocará la providencia luego que lo pida contra quien se promueve.



Artículo 2.95. Reclamo de la providencia precautoria

En caso de que la providencia no se haya ejecutado directamente con la persona contra la que se dicte o su representante, la misma le será notificada, y éste, en su caso, podrá reclamarla hasta antes de la sentencia ejecutoria. La reclamación se substanciará incidentalmente.



Artículo 2.96. Caso en que no es necesaria garantía

En las providencias precautorias sobre acciones de obra nueva u obra peligrosa, no se exigirá garantía, cuando la medida sea de notoria urgencia y exista grave amenaza de daño.



Artículo 2.97. Concepto de litigio

Dos partes se encuentran en litigio cuando una pretende que el derecho apoya en su favor un interés en conflicto, y la otra parte se opone a la pretensión, o, aún no oponiéndose, no cumple con la obligación que se le reclama.



Artículo 2.98. Necesidad de la función jurisdiccional

Cuando las partes están de acuerdo respecto a la producción de un efecto jurídico; pero la ley no consiente que el efecto se produzca sin resolución de la autoridad judicial, necesitan ocurrir a ésta para que el efecto se produzca.



Artículo 2.99. Decisión de puntos controvertidos

Puede ser propuesta al Juez una demanda tanto para la resolución de todas, como para la de algunas de las cuestiones que puedan surgir para la decisión de una controversia.



Artículo 2.100. Documentos que deben exhibirse

A toda demanda o contestación deberá acompañarse, necesariamente:

I. El o los documentos en que funde su derecho, en forma física o electrónica. FE DE ERRATAS PUBLICADA EN LA GACETA DEL GOBIERNO DE FECHA 3 DE FEBRERO DE 2016

Si no los tuviere a su disposición, designará el archivo o lugar en que se hallen los originales;

II. El documento con el que se acredite el derecho de comparecer a nombre de otro, en su caso;

III. Copia del escrito y los documentos, cuando haya de correrse traslado al colitigante. En caso de que la presentación de la demanda y de las pruebas se realice de manera electrónica, se adjuntarán los archivos respectivos.



Artículo 2.101. Documentos disponibles

Se entiende que las partes tienen a su disposición los documentos, y deberán acompañarlos a la demanda o contestación, siempre que existan los originales en un protocolo o archivo público del que puedan pedir y obtener copias autorizadas de ellos.



Artículo 2.102. Documentos no disponibles

Si no los tuviere a su disposición, designará el archivo o lugar en que se encuentren los originales a efecto de que a costa del solicitante, el Juez ordene la expedición.



Artículo 2.103. Documentos fundatorios del derecho

La presentación de documentos fundatorios del derecho, cuando sean públicos, podrá hacerse por copia simple, si el interesado manifiesta que carece de otra fehaciente, pero no producirá ningún efecto si dentro del plazo de prueba no se presenta con los requisitos legales necesarios.



Artículo 2.104. Documentos admisibles después de la demanda

Después de la demanda, o contestación, no se admitirán al actor ni al demandado, en su caso, otros documentos, que los que se hallen en los casos siguientes:

I. Ser de fecha posterior a dichos escritos;

II. Los anteriores, respecto de los cuales, protestando decir verdad, asevere la parte que los presente no haber tenido conocimiento antes de su existencia, salvo prueba en contrario. En estos casos los documentos deberán ofrecerse dentro de los tres días siguientes al en que tuvo conocimiento de su existencia;

III. Los que no haya sido posible adquirir con anterioridad, por causas no imputables a la parte interesada, y siempre que haya hecho oportunamente la solicitud al archivo o lugar en que se encuentren los originales, antes de la demanda o contestación, en su caso.



Artículo 2.105. Documentos contra las excepciones

También se admitirán al actor, dentro de los tres días siguientes al auto que tenga por contestada la demanda, los documentos que le sirvan de prueba, contra las excepciones alegadas por el demandado.



Artículo 2.106. Resguardo de documentos

Los documentos originales, pueden ser guardados en caja de seguridad del Tribunal, si se ordena, pudiendo agregarse copia autorizada de ellos al expediente.



Artículo 2.107. Contenido del juicio ordinario

En el juicio ordinario se tramitarán todas las acciones que no tengan un procedimiento específico.



Artículo 2.108. Requisitos de la demanda

Todo juicio iniciará con la demanda, en la que se expresarán:

I. El Juzgado ante el cual se promueve;

II. El nombre del actor y domicilio que señale para recibir notificaciones;

III. El nombre del demandado y su domicilio;

IV. Las prestaciones reclamadas, con toda exactitud, en términos claros y precisos;

V. Los hechos en que funde su petición, numerándolos y narrándolos sucintamente, con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda preparar y producir su contestación y defensa;

VI. El valor de lo reclamado, si de ello depende la competencia del Juzgado;

VII. Los fundamentos de derecho, procurando citar los preceptos legales aplicables.



Artículo 2.109. Corrección de la demanda

Si la demanda fuere obscura o irregular, el Juez debe prevenir al actor, una sola vez, para que dentro de tres días la aclare, corrija o complete, señalándole específicamente sus defectos; apercibiéndole que de no hacerlo, no le será admitida.

El Juez también debe prevenir al actor, en los mismos términos, cuando se omita alguno de los requisitos a que se refieren los artículos 2.100 y 2.108 de este Código, a efecto de que subsane los requisitos omitidos. En lo conducente, se prevendrá en los términos en que fue presentada.



Artículo 2.110. El auto admisorio de demanda es irrecurrible

El auto que admite una demanda no es recurrible.



Artículo 2.111. Plazo para contestar la demanda

Admitida la demanda se correrá traslado de ella a la parte demandada, emplazándola para que la conteste dentro del plazo de nueve días.



Artículo 2.112. Emplazamiento a persona jurídica colectiva

Cuando se demande a una persona jurídica colectiva, cuya representación corresponda, por disposición de la ley, de su reglamento o estatutos, a un consejo, junta o grupo director, el emplazamiento se tendrá por bien hecho, si se hace a cualquiera de los miembros del consejo, junta o grupo director.



Artículo 2.113. Plazo individual para contestar la demanda

Cuando fueren varios los demandados, el plazo para contestar les corre individualmente.



Artículo 2.114. Efectos del emplazamiento

Los efectos del emplazamiento son:

I. Prevenir el conocimiento del juicio en favor del Juez que lo hace;

II. Sujetar al emplazado a seguir el juicio ante el Juzgado que lo emplazó, siendo competente al tiempo en que se hizo;

III. Obligar al demandado a contestar ante el Juez que lo emplazó;

IV. Producir las consecuencias de la interpelación judicial.



Artículo 2.115. Requisitos de la contestación de la demanda

El demandado deberá contestar cada uno de los hechos aducidos por el actor, confesándolos o negándolos, si son propios, o expresando los que ignore, o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. El silencio y las evasivas harán que se tengan por admitidos los hechos sobre los que no se suscitó controversia.



Artículo 2.116. Oposición de defensas y excepciones

Las defensas y excepciones, que tenga el demandado, cualquiera que sea su naturaleza, se harán valer al contestar la demanda.



Artículo 2.117. Excepciones supervenientes

Sólo se admitirán las excepciones supervenientes a la contestación de demanda, lo mismo aquéllas de las que no haya tenido conocimiento, y deberán hacerse valer hasta antes del fenecimiento de la fase probatoria, no admitiéndose después de tres días de que haya tenido conocimiento de los hechos en que se funden.



Artículo 2.118. Reconvención

El demandado que oponga reconvención, lo hará al contestar la demanda. En este caso se correrá traslado de ella al actor, para que conteste dentro del plazo de nueve días, satisfaciendo los requisitos sobre la demanda y su contestación.



Artículo 2.119. Forma de tener por contestada la demanda

Transcurrido el plazo para contestar la demanda, sin haberse realizado, se tendrán por presuntamente confesados los hechos, si el emplazamiento se realizó personal y directamente al demandado o a su representante, quedando a salvo los derechos para probar en contra. En cualquier otro caso se tendrá por contestada en sentido negativo.



Artículo 2.120. Declaración de confeso a instancia de parte

Las declaraciones a que se refiere el artículo anterior, se harán a instancia de parte, para ello el Juez de oficio examinará si la notificación se realizó conforme a la ley.



Artículo 2.121. Junta de conciliación

En el auto que tenga por contestada o dada por contestada la demanda o reconvención, en su caso, se citará a las partes a una audiencia, dentro de los cinco días siguientes, en la que el Juez, obligatoriamente, precisará sucintamente los puntos de controversia, lo que se hará constar en el acta, e invitará a las partes a una conciliación.



Artículo 2.122. Inasistencia a la conciliación

Si a la junta conciliatoria no acude alguna de las partes o ambas, se les impondrá una sanción del cinco por ciento del valor de lo demandado, o la que prudentemente señale el Juez si no está determinada la cuantía, que se entregará a su contraparte. En caso de inasistencia de ambas, las sanciones serán aplicadas al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia.



Artículo 2.123. Efectos de la conciliación

Si se logra la conciliación se levantará acta y tendrá los efectos de una transacción, y se homologará a sentencia que tendrá fuerza de cosa juzgada.



Artículo 2.124. Resolución sobre excepciones

No habiéndose obtenido la conciliación, el Juez resolverá en dicha audiencia las excepciones procesales y la de cosa juzgada, con el fin de depurar el procedimiento, ordenando para ello el desahogo de alguna prueba, si lo estima pertinente.



Artículo 2.125. Recurso contra la resolución sobre excepciones

La resolución que decida sobre las excepciones procesales, será apelable sin efecto suspensivo. La que se dicte sobre la excepción de cosa juzgada será apelable con efecto suspensivo.



Artículo 2.126. Plazo de prueba

En la audiencia conciliatoria, si no se logra avenir a las partes o no asisten, y el negocio exige prueba, el Juez concederá un plazo común de cinco días para ofrecerlas y de quince para su desahogo, contados a partir del día siguiente si asisten las partes, o de que se notifique el auto.



Artículo 2.127. Plazo probatorio en juicios del estado civil

En los juicios referentes al estado civil, el Juez en el auto que tenga por contestada la demanda o la reconvención, en su caso, abrirá el juicio a prueba en los mismos términos que el artículo anterior.



Artículo 2.128. Irrecurribilidad del auto de apertura y recepción de prueba

El auto que abre el juicio a prueba y su recepción no admite recurso alguno.



Artículo 2.129. Cuadernos de pruebas

Para las pruebas de cada parte, se abrirá cuaderno separado que se agregarán al principal al concluir la fase probatoria.



Artículo 2.130. Pruebas carentes de valor

No tendrán valor las pruebas desahogadas fuera del plazo concedido.



Artículo 2.131. Recepción de pruebas con citación

Las pruebas se recibirán con citación de la parte contraria.



Artículo 2.132. Generalidad de la prueba

Lo dispuesto en este Capítulo es aplicable a todos los procesos e incidentes, salvo disposición en contrario.



Artículo 2.133. Plazo supletorio o complementario de prueba

Sólo podrán practicarse después de vencido el plazo de desahogo las pruebas que

ofrecidas en tiempo no pudieron practicarse por causas ajenas al oferente. En estos casos el Juez, si lo cree conveniente, podrá mandar concluirlas, a solicitud de parte dando conocimiento de ello a la contraria y señalando al efecto por una sola vez un plazo hasta de cinco días. Ese auto no es recurrible.



Artículo 2.134. Reglas para los juicios del orden familiar

Derogado



Artículo 2.135. Ofrecimiento de pruebas

Derogado



Artículo 2.136. Desahogo de pruebas y audiencia final

Derogado



Artículo 2.137. Orden de descuento para alimentos

Derogado



Artículo 2.138. Audiencia de conciliación y depuración

Derogado



Artículo 2.139. Apelación de la sentencia que concede alimentos

Derogado



Artículo 2.140. Suplencia de la queja en asuntos del orden familiar

Derogado



Artículo 2.141. Plazo para alegar

Concluido el plazo de desahogo de pruebas, dentro de los tres días siguientes, las partes pueden presentar sus alegatos por escrito.



Artículo 2.142. Sentencia por confesión expresa

Cuando la demanda fuere confesada expresamente, en todas sus partes, y el actor manifieste su conformidad con la contestación, se dictará sentencia, excepto si el Juez considera necesario el período de pruebas.



Artículo 2.143. Plazo para dictar sentencia

Concluido el plazo para alegar, se dictará sentencia.



Artículo 2.144. Requisitos del título ejecutivo

Para que el juicio ejecutivo tenga lugar se necesita un título que traiga aparejada ejecución y que contenga obligación exigible, vencida y de cantidad líquida.



Artículo 2.145. Documentos ejecutivos

Traen aparejada ejecución:

I. Los documentos públicos;

II. Los convenios celebrados en el curso de un juicio ante el Juez, ya sea de las partes entre sí o terceros que se hubieren obligado;

III. Los documentos privados reconocidos judicialmente o ante Notario;

IV. Los convenios aprobados y los laudos emitidos por la Procuraduría Federal del Consumidor;

V. Las sentencias ejecutoriadas.



Artículo 2.146. Liquidación de obligación

Si para despachar ejecución es necesario practicar previamente una liquidación, ésta se realizará en incidente.



Artículo 2.147. Ejecución fundada en documento privado

Puede despacharse ejecución fundada en documento privado no reconocido, con

los demás requisitos de ejecutivo, otorgando garantía suficiente para responder de los daños y perjuicios.



Artículo 2.148. Ejecución de obligaciones alternativas

Si se trata de ejecución de una obligación alternativa, cuya elección corresponda al deudor, se le requerirá previamente para que la haga, apercibido de que en su rebeldía lo hará el Juez.



Artículo 2.149. Requisitos de la demanda y su contestación

La demanda del juicio ejecutivo, y la contestación, deben reunir los requisitos que para el juicio ordinario se señalan, y en los escritos respectivos se ofrecerán pruebas; siendo improcedente la reconvención.



Artículo 2.150. Auto de ejecución

Admitida la demanda se dictará auto ordenando que se requiera de pago al deudor y de no pagar se le embarguen bienes suficientes para garantizar la deuda y costas.



Artículo 2.151. Embargo de bienes y emplazamiento

Si el deudor no paga en el acto del requerimiento y embargados los bienes, se le emplazará para que dentro del plazo que se señale, que no excederá de cinco días, comparezca a hacer pago de lo reclamado, o a contestar la demanda.



Artículo 2.152. Nombramiento de depositario

El actor desde su demanda puede proponer depositario o interventor, comprobando la solvencia del mismo, a efecto de que desde el embargo sea puesto en posesión de su encargo. El Juez resolverá esta cuestión desde el auto de ejecución.



Artículo 2.153. Citación para sentencia

No verificando el deudor el pago, ni contestando la demanda dentro del plazo señalado, a petición del actor y sin necesidad de citación, se pronunciará sentencia. A ese fin el auto de ejecución, para el caso de no contestación, surte efectos de citación para sentencia, y así se expresará en el auto.



Artículo 2.154. Ampliación y desahogo de pruebas

Con la contestación de demanda se dará vista al actor por dos días, en los que puede ampliar sus pruebas. Vencido este plazo se señalará fecha para desahogo de pruebas dentro de los diez días siguientes.



Artículo 2.155. Título ejecutivo con obligaciones recíprocas

Si un título ejecutivo contiene obligaciones recíprocas, la parte que solicite la ejecución, al presentar la demanda hará la consignación de las prestaciones debidas al demandado, o comprobará, fehacientemente, haber cumplido con su obligación.



Artículo 2.156. Juicio ejecutivo para recuperar el bien vendido

El contrato de compraventa bajo condición resolutoria de la falta de pago del precio, inscrito en el Registro Público de la Propiedad, da lugar a acción ejecutiva para recuperar el bien vendido, si el acreedor consigna las prestaciones recibidas del demandado, con la reducción correspondiente al demérito del bien, calculado en el contrato o por el Juez.



Artículo 2.157. Procedencia de la vía de apremio

Vencido el plazo para cumplir voluntariamente, procede la vía de apremio a instancia de parte, siempre que se trate de la ejecución de una sentencia, o de un convenio celebrado en el juicio ya sea por las partes o por terceros que hayan venido a juicio.

Igualmente procede la vía de apremio en la ejecución de convenios aprobados por la Procuraduría Federal del Consumidor, en la ejecución de laudos emitidos por dicha Procuraduría y en la ejecución de convenios celebrados en el Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado.



Artículo 2.158. Tribunal competente para la ejecución

La ejecución de sentencia que haya causado ejecutoria, se hará por el Juzgado que haya conocido del negocio en primera instancia.



Artículo 2.159. Competencia para ejecutar autos firmes

La ejecución de los autos firmes que resuelvan un incidente, queda a cargo del que conozca del principal.



Artículo 2.160. Competencia para ejecutar convenios

La ejecución de los convenios celebrados en juicio, se hará por el Juez que conozca del negocio en que tuviere lugar, pero no procede la vía de apremio si no constan en escritura pública o ratificados judicialmente.

La ejecución de los convenios celebrados en el Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado, se hará por el Juez designado por las partes en el convenio o en su defecto por el del lugar donde se llevó a cabo.



Artículo 2.161. Ejecución de convenios celebrados ante las Salas

Cuando las transacciones o los convenios se celebren en las Salas, se tendrá por concluido el trámite del recurso y serán ejecutados por el Juzgado que conoció en primera instancia, a cuyo efecto la Sala devolverá los autos al inferior, acompañándole testimonio del convenio.



Artículo 2.162. Competencia para ejecución de laudos

La ejecución de los laudos arbitrales se hará por el juez competente designado por las partes, en su defecto por el del lugar del juicio.



Artículo 2.163. Liquidación en sentencia

Si la sentencia no contiene cantidad líquida, la parte interesada, presentará su liquidación, de la que se dará vista por tres días a la parte condenada. Si no se opone, el Juez decidirá; si expresare su inconformidad, se dará vista a la otra parte por igual plazo. Dentro de los tres días siguientes el Juez resolverá.



Artículo 2.164. Las resoluciones sobre liquidación son apelables

Las resoluciones que deciden incidentes sobre la liquidación de sentencia son apelables sin efecto suspensivo.



Artículo 2.165. Ejecución de sentencia con parte líquida

Si la sentencia condena al pago de cantidad líquida y de otra ilíquida, podrá ejecutarse la primera sin que sea necesario esperar a que se liquide la segunda.



Artículo 2.166. Plazo para cumplimentar la sentencia

Cuando se pida la ejecución de sentencia, el Juez podrá señalar plazo hasta de ocho días para que se cumpla si en ella no se hubiere fijado algún plazo para ese efecto.



Artículo 2.167. Reglas para cumplir sentencia de hacer

Si la sentencia condena hacer alguna cosa, el Juez señalará al que fue condenado, un plazo prudente para el cumplimiento, atendiendo a las circunstancias del hecho y de las personas.

Si fenecido el plazo, el obligado no cumple, se observarán las reglas siguientes:

I. Si el hecho fuere personal del obligado, y no pudiere prestarse por otro, se le compelerá empleando los medios de apremio más eficaces, sin perjuicio del derecho para exigirle la responsabilidad civil;

II. Si el hecho pudiere prestarse por otro, el juez nombrará persona que lo ejecute a costa del obligado en el tiempo que le fije;

III. Si el hecho consiste en el otorgamiento de algún instrumento o celebración de un acto jurídico, el juez lo ejecutará por el obligado, expresándose en el documento que se otorgó en rebeldía.



Artículo 2.168. Opción al pago de daños y perjuicios

Si el ejecutante opta, en cualquiera de los casos enumerados en el artículo anterior, por el resarcimiento de los daños y perjuicios, se procederá a embargar bienes del deudor, por la cantidad que aquél señale, moderada por el Juez, sin perjuicio de que el deudor reclame sobre el monto, incidentalmente, como se señala en la liquidación de sentencia.



Artículo 2.169. Ejecución de sentencia que condena a rendir cuentas

Cuando la sentencia condene a rendir cuentas, el Juez señalará un plazo prudente al obligado para que se rindan, e indicará también a quién deben rendirse.



Artículo 2.170. Prórroga del plazo para rendir cuentas

El obligado, en el plazo que se le fije, y que sólo se prorrogará una vez a juicio del Juez, rendirá su cuenta documentada.



Artículo 2.171. Reglas para rendir cuentas

Las cuentas deben contener las sumas recibidas y gastadas, acompañándose los documentos justificativos.



Artículo 2.172. Dar vista con la rendición de cuentas

Presentadas las cuentas, quedarán por seis días a la vista de las partes, y dentro del mismo tiempo se presentarán sus objeciones, determinando las partidas no consentidas.



Artículo 2.173. Ejecución de cantidades confesadas

La impugnación de algunas partidas no impide que se despache ejecución, respecto de cantidades que confiese tener en su poder el deudor; y las objeciones se tramitarán en la misma forma que los incidentes para liquidación de sentencia.



Artículo 2.174. Omisión a la rendición de cuentas

Si el obligado no rinde cuentas en tiempo, puede el actor pedir que, se despache ejecución contra el deudor si durante el juicio comprobó que tuviere ingresos por la cantidad que éstos importen. El obligado puede impugnar el monto de la ejecución, substanciándose incidentalmente.



Artículo 2.175. División de bien común

Cuando la sentencia condene a dividir un bien común, y no se den las bases de la partición, se celebrará una junta para que se determinen o designen partidor. Si no se pusieren de acuerdo el Juez designará al partidor, señalándole plazo para presentar proyecto de partición.



Artículo 2.176. Objeción al proyecto de división de copropiedad

El proyecto de partición, quedará a la vista de los interesados, por seis días, para que formulen sus objeciones, las que se tramitarán incidentalmente. El Juez al resolver hará las adjudicaciones.



Artículo 2.177. Infracción a sentencia condenatoria a no hacer

Si la sentencia condena a no hacer, su infracción se resolverá en el pago de daños y perjuicios.



Artículo 2.178. Ejecución de sentencia que ordena entrega de inmueble

Si la sentencia condena a la entrega de un inmueble, se procederá inmediatamente a poner en posesión del mismo a quien corresponda.



Artículo 2.179. Ejecución de sentencia que ordena entrega de mueble

Si el bien fuere mueble, se le entregará a la persona que indique la sentencia. Si el obligado se resistiere, el Juez puede ordenar los medios de apremio conducentes.



Artículo 2.180. Imposibilidad de entrega de bienes

De no poderse entregar los bienes señalados en la sentencia, se despachará ejecución por la cantidad que señale el interesado, moderada por el Juez. El obligado puede oponerse al monto en forma incidental.



Artículo 2.181. Ejecución de sentencia que condena a entregar persona

Cuando la sentencia ordene la entrega de personas, el Juez dictará las disposiciones conducentes para el cumplimiento.



Artículo 2.182. Costas de ejecución

Las costas que se originen en la ejecución de una sentencia, serán a cargo del que fue condenado en ella.



Artículo 2.183. Plazo para pedir ejecución de sentencia

La acción para pedir la ejecución de una sentencia, transacción o convenio judiciales, durará cinco años, desde el día que venció el plazo para el cumplimiento voluntario.



Artículo 2.184. Resoluciones que ordenan ejecución no son recurribles

Las resoluciones que ordenan la ejecución no son recurribles.



Artículo 2.185. Ejecución de sentencias extranjeras

La ejecución de las sentencias extranjeras se sujetará a lo que disponen las leyes federales.



Artículo 2.186. Forma de practicar el embargo

Ordenado el embargo, si el deudor no se encontrare en su domicilio para hacer el requerimiento, el Ejecutor le dejará citatorio para que lo espere a hora fija del día siguiente hábil; si no espera, se practicará la diligencia con la persona que se encuentre en la casa.



Artículo 2.187. Uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras

Cuando se impida el acceso al domicilio del demandado, el Ejecutor requerirá el auxilio de la fuerza pública si está autorizado por el Juez, y hará que, en su caso, sean rotas las cerraduras para poder practicar el embargo.



Artículo 2.188. Realización de embargo

De no hacerse el pago, se procederá al embargo.



Artículo 2.189. Bienes no embargables

No son susceptibles de embargo:

I. Los bienes que constituyen el patrimonio de familia;

II. El lecho, los vestidos y los muebles de uso ordinario del deudor, de su cónyuge o de sus hijos, incluyendo juguetes;

III. El menaje de cocina;

IV. Los instrumentos, aparatos y útiles necesarios para el arte, oficio o profesión a que el deudor esté dedicado;

V. La maquinaria, instrumentos y animales propios para el cultivo agrícola, en cuanto fueren necesarios para el servicio de la finca a que estén destinados;

VI. Los efectos, maquinaria e instrumentos propios para el fomento o giro de las negociaciones

mercantiles o industriales, en cuanto fueren necesarias para su servicio y movimiento pero podrán ser intervenidos juntamente con la negociación a que estén destinados;

VII. Las mieses, antes de ser cosechadas, pero sí los derechos sobre las siembras;

VIII. El derecho de usufructo, pero sí los frutos del mismo;

IX. Los derechos de uso y habitación;

X. Los sueldos y emolumentos de los servidores públicos, excepto tratándose de alimentos;

XI. Las servidumbres, a no ser que se embargue el inmueble a cuyo favor estén constituidas; excepto la de aguas que es embargable independientemente;

XII. La renta vitalicia;

XIII. Los sueldos y salarios de los trabajadores en los montos que establece la Ley Federal del Trabajo, siempre que no se trate de deudas alimenticias;

XIV. Las pensiones derivadas de la seguridad social;

XV. Los demás bienes exceptuados por la ley.



Artículo 2.190. Orden de los bienes a embargar

El orden que debe guardarse para el embargo, es el siguiente:

I. Bienes consignados como garantía de la obligación que se reclame;

II. Dinero;

III. Créditos realizables en el acto;

IV. Alhajas;

V. Frutos y rentas de toda especie;

VI. Muebles no comprendidos en las fracciones anteriores;

VII. Bienes inmuebles;

VIII. Sueldos;

IX. Derechos;

X. Créditos no realizables en el acto.



Artículo 2.191. Derecho de señalar bienes para embargo

El derecho de designar los bienes que han de embargarse, corresponde al deudor o a la persona con quien se entienda la diligencia, sólo que no lo haga, pasará ese derecho al actor.



Artículo 2.192. Allanamiento de la diligencia de embargo

Cualquier dificultad, suscitada en la diligencia, no impedirá el embargo; el Ejecutor la allanará legalmente, a reserva de lo que determine el Juez.



Artículo 2.193. Derecho del ejecutante a señalar bienes

El ejecutante puede señalar los bienes para embargarse, sin sujetarse al orden señalado en este Código, en los siguientes casos:

I. Si para hacerlo estuviere autorizado por el obligado en virtud de convenio;

II. Si los bienes que señale el ejecutado no son bastantes, o si no se sujeta al orden legal;

III. Si los bienes estuvieren en diversos lugares, puede señalar los que estuvieren en el lugar del juicio.



Artículo 2.194. Obligaciones que el embargo debe garantizar

El embargo procede y subsiste en cuanto baste a cubrir la suerte principal, intereses, costas y daños y perjuicios, en su caso.



Artículo 2.195. Causas de ampliación de embargo

La ampliación de embargo procede cuando:

I. A consecuencia de las retasas que sufrieren, el avalúo dejare de cubrir el importe de la reclamación;

II. Siendo muebles, pasaren seis meses sin haberse logrado la venta;

III. No se hayan embargado bienes suficientes por no tenerlos el deudor, y después aparecen o los adquiere;

IV. Con respecto a los bienes embargados se haga valer tercería;

V. Practicado el remate de los bienes no alcanzare su producto a cubrir el importe de la condena.



Artículo 2.196. Efectos de la ampliación de embargo

La ampliación del embargo no suspende la ejecución.



Artículo 2.197. Nombramiento de depositario o interventor

De los bienes embargados se tendrá como depositario o interventor, según la naturaleza de los bienes, a la persona que, bajo su responsabilidad designe el ejecutante, salvo si los bienes se encuentran en depósito anterior; si son dinero, alhajas o créditos, se estará a lo establecido en este capítulo.



Artículo 2.198. Aceptación del cargo de interventor o depositario

El depositario o interventor recibirá los bienes mediante inventario, previa aceptación y protesta de desempeñar el cargo, ante el Juez o ante el mismo Ejecutor, en el acto de la diligencia.



Artículo 2.199. Depositario de múltiples embargos

En caso de reembargo el depositario o interventor, será el designado en el primer embargo.

Cuando se remueva al depositario, se comunicará el nuevo nombramiento a los Jueces que practicaron los ulteriores embargos.



Artículo 2.200. Insubsistencia del primer embargo

Cuando quede insubsistente el primer embargo, el Juez que lo haya ordenado lo comunicará al que le siga en orden, para que ante él se haga el nombramiento de nuevo depositario; pero el Juez que dictó el primer embargo no cancelará, por esta razón, las garantías otorgadas, hasta que el que le siga en orden le comunique que ante él se otorgaron las que exige la 



Artículo 2.201. Registro de embargo sobre inmuebles

El embargo de inmuebles puede inscribirse en el Registro Público de la Propiedad.



Artículo 2.202. Embargo sobre dinero, valores o alhajas

Cuando el embargo recaiga sobre dinero, valores o alhajas, el depósito se hará en una institución de crédito



Artículo 2.203. Embargo de créditos

Al embargar créditos, sólo se notificará al deudor o a quien deba pagarlos, que no efectúe el pago al acreedor, sino que, al hacerse exigible exhiba el pago en el Juzgado, apercibido de volver a hacer el pago si desobedece.



Artículo 2.204. Embargo del título crediticio

Si se embargan títulos de crédito, se nombrará un depositario que lo conserve, quien tendrá obligación de hacer lo necesario para que no se altere ni menoscabe el derecho que el título representa, y de intentar las acciones y recursos para hacer efectivo el crédito. Si el crédito fuere pagado, el dinero se depositará en términos de este capítulo.



Artículo 2.205. Embargo de créditos litigiosos

Si los créditos embargados fueren litigiosos, el embargo se informará al Juez que conoce de ese juicio, notificando al depositario nombrado, a fin de que pueda desempeñar las obligaciones que el artículo anterior le impone.



Artículo 2.206. Lugar del depósito

El depositario, al recibir los bienes embargados, pondrá en conocimiento del Juzgado el lugar en que quede constituido el depósito y recabará su autorización para hacer, en caso necesario los gastos del almacenaje.



Artículo 2.207. Gastos del depósito

Si el depositario no puede hacer los gastos que cause el depósito, lo informará al Juez, quien con vista a las partes por tres días, decretará el modo de hacer los gastos.



Artículo 2.208. Embargo de bienes fungibles

Si los muebles depositados fueren fungibles, el depositario tendrá, además, obligación de informarse su precio, a fin de que, si encuentra ocasión favorable para la venta, lo comunique al Juez, para que dando vista a las partes por tres días, decida lo conducente.



Artículo 2.209. Venta de bienes fungibles por el depositario

Cuando hubiere inminente peligro de que los bienes fungibles se pierdan o inutilicen, entre tanto se decide por el Juez, el depositario está obligado a venderlos al mejor precio, rindiendo al Juzgado cuenta y exhibiendo el dinero.



Artículo 2.210. Embargo de bienes deteriórales

Si los muebles embargados fueren fáciles de deteriorarse o demeritarse, el depositario deberá examinarlos frecuentemente, y ponerlo en conocimiento del Juez, quien con vista a las partes por tres días, determinará lo procedente.



Artículo 2.211. Embargo de inmueble urbano y sus rentas

Si el embargo recayere en inmueble urbano y sus rentas, o sólo sobre éstas, el depositario tendrá el carácter de administrador, con las facultades y obligaciones siguientes:

I. Podrá darlo en arrendamiento tomando en cuenta el importe de las rentas de inmuebles similares en su zona;

II. Recabará los contratos vigentes, las boletas de impuestos, y si se rehusare el tenedor a

entregarlos, lo hará del conocimiento del Juez, quien empleará los medios de apremio conducentes;

III. Recaudará las rentas oportunamente, procediendo legalmente en caso necesario;

IV. Hará los gastos ordinarios del inmueble, sin necesidad de autorización, no siendo excesivo su monto. Su tardanza u omisión será motivo de responsabilidad sobre daños y perjuicios;

V. Hará las manifestaciones y pagos fiscales que correspondan sin autorización judicial, siendo

responsable de daños y perjuicios por su tardanza u omisión;

VI. Para hacer los gastos de conservación o reparación ocurrirá al Juez, solicitando autorización para ello, acompañando los presupuestos respectivos;

VII. Pagará, previa autorización judicial, los intereses de los gravámenes que pesen sobre la finca.



Artículo 2.212. Gastos de reparación y conservación

Pedida la autorización para gastos de conservación o reparación, el Juez citará al depositario y a las partes a una audiencia, dentro de tres días, para que en vista de los documentos presentados, resuelvan, de común acuerdo. Si no lo hay y una de las partes insiste en que se haga, el Juez determinará lo que deba hacerse.



Artículo 2.213. Embargo de bienes arrendados

Cuando se embarguen bienes arrendados, se notificará a los arrendatarios para que, en lo sucesivo, paguen las rentas al depositario, apercibidos de doble pago si desobedecen.



Artículo 2.214. Notificación del embargo al arrendatario

Sólo en el acto de la notificación, o dentro del día siguiente el arrendatario deberá justificar si ha pagado anticipadamente rentas.



Artículo 2.215. Depositario interventor

Si se embarga finca rústica, negociación mercantil o industrial, el depositario será mero interventor con cargo a la caja, vigilando la contabilidad, y tendrá las atribuciones siguientes:

I. Inspeccionará el manejo y operaciones de la finca o negociación, para que produzcan el mejor rendimiento posible;

II. Vigilará, en las fincas rústicas, la recolección de los frutos y su venta, recabando el precio;

III. Vigilará los contratos de compraventa en las negociaciones mercantiles, recogiendo el precio;

IV. Vigilará la compra de materia prima, su elaboración y venta de productos en las negociaciones industriales, recogiendo el precio;

V. Ministrará los fondos para los gastos de la negociación o finca rústica, y atenderá a que la

inversión de esos fondos se haga convenientemente;

VI. Depositará en institución de crédito, el dinero que resultare sobrante después de cubiertos los gastos necesarios y ordinarios;

VII. Tomará provisionalmente las medidas prudentes, para evitar abusos y malos manejos de los administradores, dando inmediata cuenta al Juez, para que determine lo conducente.



Artículo 2.216. Informe del interventor sobre la administración

Si el interventor encontrare que la administración no se hace convenientemente, o puede perjudicar los derechos del que obtuvo el embargo, lo hará del conocimiento del Juez, quien oyéndolo conjuntamente con las partes en audiencia, que se efectuará dentro de tres días, determinará lo que estime.



Artículo 2.217. Responsabilidad del ejecutante y depositario

El depositario o el interventor y el ejecutante, cuando éste lo hubiere nombrado, y fuere persona distinta al deudor, serán solidariamente responsables de los actos que el nombrado ejecutare, en el ejercicio de su encargo.



Artículo 2.218. Garantía de solvencia del depositario

Todo depositario deberá tener bienes inmuebles suficientes, a juicio del Juez, para responder del embargo, o, en su defecto, otorgar garantía por la cantidad que el Juez señale. La comprobación de tener esta clase de bienes o el otorgamiento de la garantía, deberá hacerse antes de ponerlo en posesión del encargo.



Artículo 2.219. Informe del depositario sobre su administración

Los depositarios que tengan administración de bienes, presentarán cada mes al Juez cuenta de los ingresos y egresos y sus comprobantes. De no rendirlas será removido de plano.



Artículo 2.220. Notificación sobre la administración

Presentada la cuenta, el Juez dará vista a las partes con las mismas, por el plazo de tres días. Si no las objetan, las aprobará.



Artículo 2.221. Cuentas del depositario no aprobadas

Si las cuentas se objetan, se tramitará el incidente respectivo y el Juez resolverá lo que proceda.



Artículo 2.222. Remoción del depositario

Al resolver el Juez sobre las cuentas objetadas, fallará sobre la remoción o no del depositario, si se hubiere pedido. Si el removido fue el deudor, el ejecutante nombrará nuevo depositario; si lo fuere el nombrado por el acreedor, la nueva designación la hará el Juez, satisfaciendo los requisitos de solvencia que señala este Código.



Artículo 2.223. Cambio de depositario

Siempre que hubiere cambio de depositario, se requerirá, a quien tuviere los bienes, que haga entrega de ellos en el acto del requerimiento o dentro de tres días, al nuevo depositario, apercibido que de no hacerlo se hará uso inmediato de la fuerza pública.



Artículo 2.224. Retribución al depositario de muebles

Los depositarios de alhajas, muebles, semovientes, títulos de crédito o inmuebles urbanos, sin cargo de la administración, percibirán, como retribución, el uno por ciento sobre los primeros diez mil pesos de su valor y el medio por ciento sobre el resto.



Artículo 2.225. Retribución a otros depositarios

Los depositarios que efectuaren las ventas o gestiones sobre créditos, reparación o mantenimiento, que se señalan en este mismo capítulo, tendrán, además, la retribución que de común acuerdo les fijen las partes, y, si no hubiere acuerdo, el que con audiencia de las partes señale el juez, sin que sea menor del uno ni exceda del cinco por ciento sobre el valor de los créditos o de la venta, o de la reparación o mantenimiento que se efectuare.



Artículo 2.226. Retribución a depositario administrador

Los que tuvieren administración de inmuebles urbanos, y los interventores, percibirán la retribución que, de común acuerdo, les señalen las partes, si no hubiere acuerdo, el que con audiencia de ellas, y según las circunstancias, les fije el Juez, sin que sea menor del cinco ni exceda del diez por ciento sobre el monto de los productos que se recauden, cualesquiera que sean las gestiones, operaciones y actos de administración que realicen.



Artículo 2.227. Aspectos que abarca la retribución al depositario

En las retribuciones al interventor o depositario señalados en este capítulo, queda comprendido cualquier pago de honorarios de abogados, patronos o procuradores que emplee.



Artículo 2.228. Bienes no susceptibles de remate

Si se hubiere embargado dinero, o los bienes embargados se hayan vendido antes de la sentencia, el Juez al dictarla ordenará los pagos sin necesidad de procedimiento de remate.



Artículo 2.229. Forma del remate de inmuebles, créditos y semovientes

El remate de inmuebles, semovientes y créditos será público, dentro de los treinta días siguientes a haberlo mandado anunciar, sin que nunca medien menos de siete días entre la última publicación del edicto y la almoneda. Cuando los bienes estuvieren ubicados fuera de la jurisdicción del Juez, se ampliarán dichos plazos por la distancia.



Artículo 2.230. Valuación de los bienes para el remate

Los bienes siempre serán valuados para sacarlos a remate. El ejecutado tiene derecho a que el avalúo se actualice y no medie entre éste y la almoneda más de seis meses.



Artículo 2.231. Forma de determinar el valor para el remate

Para la valuación de los bienes, el ejecutante nombrará perito, concediéndose al ejecutado tres días para que nombre el suyo. Los peritos deberán manifestar por escrito, dentro de tres días de su nombramiento la aceptación del cargo. Dentro de los siguientes diez días de aceptado el cargo emitirán el avalúo. Si los interesados no nombran perito, no aceptan éstos el cargo o no presentan el avalúo en tiempo, el Juez hará el nombramiento respectivo.



Artículo 2.232. Certificado de gravámenes para el remate

Al pedirse el remate de bienes inscritos en el Registro Público de la Propiedad, se exhibirá el certificado de gravámenes, debiendo mediar 60 días naturales de la fecha de su expedición a la de su exhibición, citándose a los acreedores que aparezcan en dicho certificado; sin lo cual no se sacarán a remate.



Artículo 2.233. Derecho de los acreedores

Los acreedores citados, y los que se presenten con certificados del Registro posteriores, pueden intervenir en el acto del remate, pudiendo hacer las observaciones para garantizar sus derechos, y hasta apelar del auto en que se finque el remate.



Artículo 2.234. Publicación de la venta judicial

Valuados los bienes, se anunciará su venta en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” y en el Boletín Judicial por una sola vez, así como en la tabla de avisos del Juzgado. Si los bienes estuvieren ubicados en diversos Distritos, en un Juzgado de cada uno de ellos se fijará edicto.



Artículo 2.235. Segunda almoneda de remate

Si en la primera almoneda no hubiere postura legal, se citará a otra, para dentro de los treinta días siguientes, mandando que se publiquen los edictos, en la forma indicada en el artículo anterior. El precio inicial será deducido en un cinco por ciento.



Artículo 2.236. Subsecuentes almonedas

Si en la segunda almoneda no hubiere postura legal, se citará como se dispone en artículos anteriores, para ulteriores almonedas hasta obtener el remate legal, sin que haya más deducciones del valor de remate.



Artículo 2.236 bis. Realización de las almonedas

Las almonedas pueden realizarse presencialmente en el local del juzgado o por medios electrónicos, a través del portal que para tal efecto se habilite.



Artículo 2.237. Derecho del ejecutante para adjudicarse los bienes

En cualquier almoneda en que no hubiere postura legal, el ejecutante tiene derecho de pedir la adjudicación, por el precio fijado para el remate.

La resolución que adjudique al ejecutante, es apelable con efecto suspensivo.



Artículo 2.238. Obligaciones del acreedor adjudicatario

El acreedor a quien se adjudique el bien reconocerá a los acreedores privilegiados y preferentes al suyo, hasta donde baste a cubrir el precio de adjudicación, para pagárselos a su vencimiento.



Artículo 2.239. Postura legal

Postura legal es la que cubre el importe fijado en el avalúo que sirvió de base para el remate.



Artículo 2.240. Requisitos para formular postura

Las posturas se formularán por escrito y deberán presentarse hasta antes del inicio de la almoneda, con los siguientes requisitos:

I. Nombre y domicilio del postor;

II. La cantidad que se ofrezca;

III. La cantidad que se pague de contado y los términos en que debe pagar el resto;

IV. El interés que debe causar la suma que se quede a deber, que no debe ser menor del legal, y la forma de garantizar el pago;

V. La exhibición en efectivo o billete de depósito del diez por ciento como seriedad de la postura.



Artículo 2.241. Devolución de dinero a postores

Concluida la diligencia, se devolverán las exhibiciones, excepto la que corresponda al postor en cuyo favor se constituya el remate la que como garantía de cumplimiento se mandará depositar.



Artículo 2.242. Posturas de contado

Cuando el importe de las posturas y mejoras se ofrezca de contado, debe exhibirse en efectivo, en el acto del remate, y fincado el mismo se procederá de acuerdo al artículo anterior.



Artículo 2.243. Posturas con pago parcial de contado

Cuando se haga postura ofreciendo de contado sólo una parte del precio, si el postor no cumpliere, porque se negare a otorgar la garantía ofrecida, o se niegue a firmar la escritura correspondiente, el Juez dejará sin efecto el remate para citar nuevamente a la misma almoneda, y el postor perderá el diez por ciento exhibido, que se aplicará como indemnización, por partes iguales, al ejecutante y al ejecutado.



Artículo 2.244. Postura del ejecutante

Cuando el ejecutante quiera hacer postura, la garantía o la exhibición de contado, en su caso, se limitará al exceso de la postura sobre el importe de la sentencia, excepto cuando haya acreedores preferentes, en cuyo caso deberá hacer la exhibición completa como cualquier postor.



Artículo 2.245. Lista de postores

En la audiencia de remate se pasará lista de postores y se declarará que va a procederse al remate. Se revisarán las propuestas, desechando las que no reúnan los requisitos.



Artículo 2.246. Lectura de posturas legales y postura preferente

El Secretario dará lectura a las posturas legales. El Juez declarará preferente la que importe mayor cantidad, y si dos o más importan la misma cantidad, será preferente la que esté mejor garantizada.



Artículo 2.247. Recuperación de los bienes por el deudor

Antes de fincado el remate puede el deudor liberar sus bienes, si paga lo sentenciado.



Artículo 2.248. Mejora o puja de posturas

Declarada la postura preferente, se preguntará si alguno de los postores la mejora.

En caso de que se haga antes de transcurrir cinco minutos, se interrogará si algún postor puja la mejora; y así sucesivamente.



Artículo 2.249. Remate fincado

Pasados cinco minutos sin que se mejore la última postura o puja, el Juez declarará fincado el remate en favor del postor que hubiere hecho aquélla.

La resolución que declara fincado el remate es apelable con efecto suspensivo.



Artículo 2.250. Escrituración y entrega de bienes al postor

Fincado el remate, el postor deberá pagar lo ofrecido dentro de los tres días siguientes y hecho el pago, el Juez firmará la escritura o documento justificativo de la propiedad, y ordenará se le entreguen los bienes rematados al postor.



Artículo 2.251. Responsabilidad por evicción

El ejecutado siempre responde de la evicción.



Artículo 2.252. Pago al acreedor

Con el precio se pagará al acreedor hasta donde alcance, si no hay acreedores preferentes, y, si hubiere costas pendientes de liquidar, se mantendrá en depósito la cantidad que se estime bastante para cubrirlos, hasta que sean aprobados los que faltaren de pagarse.



Artículo 2.253. Plazo para formular liquidación de gastos y costas

Si el ejecutante no formula liquidación de costas dentro de los ocho días de hecho el depósito, o, en cualquier caso, dejare pasar igual plazo sin proseguir su instancia de liquidación, perderá el derecho de reclamarlos y se mandará entregar lo depositado al deudor, si no hay otro acreedor.



Artículo 2.254. Entrega al ejecutado de parte del precio de remate

Pagadas o reservadas las cantidades para realizar el pago de lo sentenciado, si el monto del remate excede, se entregará la parte restante al ejecutado, si no se haya retenida por otra causa legal.



Artículo 2.255. Costas del procedimiento de remate

En la liquidación deberán de comprenderse las costas del procedimiento de remate.



Artículo 2.256. Derecho de los acreedores para pedir remate

Cuando los bienes garantizan diversas obligaciones, cualquiera de esos acreedores puede llevarlos a remate, pero el pago se hará de acuerdo a la preferencia del crédito, cuando haya sentencia firme que defina esos créditos, o reservada la cantidad necesaria para cubrir suerte principal, intereses y costas de dichos créditos preferentes en caso de no haber sentencia. El sobrante se entregará al ejecutado o quedará a disposición del Juez que corresponda, si hay créditos posteriores.



Artículo 2.257. Reglas para rematar muebles

Cuando los bienes a rematar sean muebles, se aplicarán las disposiciones anteriores, con las excepciones siguientes:

I. Su venta será de contado, por medio de corredor o casa de comercio que expenda objetos o mercancías similares, haciéndose saber el precio;

II. Si pasados quince días de puestos a la venta, no se vendieren, el juez ordenará una rebaja del diez por ciento del valor inicial, y se comunicará al encargado de la venta;

III. Si pasados otros quince días no se efectuare la venta, el Juez, oyendo a las partes por tres días, decidirá si se rebaja el precio para obtener la venta;

IV. Efectuada la venta, el corredor o casa de comercio entregará los bienes al comprador, entregándose el documento justificativo de la propiedad, firmado por el Juez;

V. En cualquier tiempo, después de ordenada la venta, puede el ejecutante pedir la adjudicación de los bienes, por el precio señalado al hacer la petición;

VI. Los gastos de corretaje o comisión serán de cuenta del deudor, y se deducirán preferentemente del precio de venta.



Artículo 2.258. Procedencia de la tercería

En un juicio seguido por dos o más personas puede intervenir uno o más terceros, siempre que tengan interés propio y distinto al del actor o demandado.



Artículo 2.259. Diversos tipos de tercerías

Las tercerías son coadyuvantes o excluyentes. Es coadyuvante la tercería que auxilia la pretensión de alguna de las partes. Es excluyente en la que se alega tener mejor derecho.



Artículo 2.260. Substanciación de las tercerías coadyuvantes

Las tercerías coadyuvantes, se substanciarán en la misma forma que el principal.



Artículo 2.261. Tiempo para interponer tercerías coadyuvantes

Las tercerías coadyuvantes, pueden oponerse en cualquier estado del juicio, mientras no se haya dictado sentencia.



Artículo 2.262. Derechos de los terceros coadyuvantes

Un tercero puede adherirse a las acciones del actor o excepciones del demandado, cuando:

I. Tenga un interés jurídico propio;

II. El derecho del tercero depende de la subsistencia del derecho del actor o del demandado.



Artículo 2.263. Derechos de los terceros coadyuvantes

Los terceros coadyuvantes se consideran asociados a la parte cuyo interés coadyuven, en consecuencia, podrán:

I. Realizar todos los actos procesales que estimen pertinentes y que correspondan al momento en que inicien su intervención en el proceso, el cual no podrá retroceder, ni suspenderse;

II. Continuar la acción o defensa aún cuando la parte con la que coadyuve se desistiere;

III. Interponer recursos.



Artículo 2.264. Sentencia que resuelve la tercería

El derecho que deduce el tercero coadyuvante deberá resolverse en la sentencia del principal.



Artículo 2.265. Traslado de la petición del coadyuvante

Con el escrito inicial del tercero coadyuvante se dará traslado a las otras partes por tres días, para que expresen lo que a sus intereses convenga.



Artículo 2.266. Fundamento de las tercerías excluyentes

Las tercerías excluyentes son de dominio o de preferencia; las primeras deben fundarse en el dominio que sobre los bienes en cuestión o sobre la acción que se ejercita alega el tercero; y las segundas, en el mejor derecho que éste deduzca para ser pagado.



Artículo 2.267. Tiempo para interponer las tercerías excluyentes

Las tercerías excluyentes, pueden oponerse en cualquier etapa del juicio; pero si son de dominio hasta antes de que se dé posesión de los bienes; y si son de preferencia, mientras no se haya hecho el pago.



Artículo 2.268. Efectos de la tercería excluyente de dominio

Si la tercería fuere de dominio, el juicio en que se interponga continuará hasta antes del remate, suspendiéndose el procedimiento hasta que se decida la tercería.

Para el caso de que la tercería se interponga, después de fincado el remate o adjudicado el bien, pero antes de que se dé posesión del mismo, se suspenderá la entrega hasta en tanto se decida aquella.



Artículo 2.269. Efectos de la tercería excluyente de preferencia

Si la tercería es de preferencia, el juicio continuará hasta la enajenación de los bienes, suspendiéndose el pago, hasta que sea resuelta la tercería. Entretanto, se depositará el precio en el Juzgado.



Artículo 2.270. Título para la procedencia de la tercería excluyente

Con la demanda de tercería excluyente, deberá presentarse el título en que se funde, sin cuyo requisito se desechará de plano.



Artículo 2.271. Las tercerías excluyentes se tramitan por cuerda separada

Las tercerías excluyentes se substanciarán por cuerda separada conforme a las reglas del juicio ordinario.



Artículo 2.272. Allanamiento a la tercería

Si el ejecutante y ejecutado aceptaren la demanda de tercería, el Juez levantará los embargos, si fuere excluyente de dominio; y dictará sentencia si fuere de preferencia.



Artículo 2.273. Falta de legitimación en tercería excluyente de dominio

Es improcedente la tercería excluyente de dominio, si el promovente consintió en la constitución del gravamen o derecho real, en garantía de la obligación que se reclama.



Artículo 2.274. Llamamiento de terceros a juicio

Las partes podrán pedir que un tercero sea llamado a juicio para que le pare perjuicio la sentencia en los siguientes casos:

I. Cuando se trate de codeudores de obligación indivisible, siempre y cuando el cumplimiento de la obligación sea de tal naturaleza que no pueda satisfacerse sólo por el demandado;

II. Cuando se trate de tercero obligado a la evicción. En este caso, el tercero, una vez emplazado, se convertirá en demandado principal;

III. El fiador respecto del deudor principal y los cofiadores, siempre que en este último caso no se haya renunciado al beneficio de orden y de división;

IV. En los demás casos señalados por la ley.



Artículo 2.275. Requisitos para el divorcio por mutuo consentimiento

Cuando ambos cónyugues convengan en divorciarse, presentarán su solicitud escrita al Juez acompañando:

I. Convenio a que se refiere el Código Civil;

II. Copia certificada del acta de su matrimonio;

III. Copia certificada del acta de nacimiento de sus menores hijos.

El juez velará para que el convenio que se adjunte a la solicitud de divorcio por mutuo consentimiento, sea acorde con el interés superior de los menores e incapaces.



Artículo 2.276. Audiencia de avenencia

Presentada la solicitud, el juez citará a los cónyuges a una audiencia, dentro de los cinco días siguientes, en la que procurará avenirlos. En el propio auto, señalará los puntos del convenio que no se ajusten a derecho o que no considere de equidad; propondrá que lo corrijan o ajusten por escrito a más tardar en la audiencia respectiva. .

Al ministerio público se le citará cuando estén involucrados derechos de menores o incapaces. La inasistencia de éste no suspenderá la audiencia, lo que se hará del conocimiento de su superior jerárquico, sin, perjuicio de la responsabilidad en que incurra.



Artículo 2.277. Desarrollo de la audiencia

El juez hará saber el motivo de la audiencia, exhortará a los promoventes a que reconsideren su petición de divorcio y de no lograrse la reconciliación, analizará que el convenio esté ajustado a derecho.

El juez concederá el uso de la palabra a los solicitantes y, en su caso al Ministerio Público, para hacer aclaraciones o precisiones al convenio.



Artículo 2.278. Resolución del divorcio

En la audiencia, el juez dictará resolución en la que decidirá sobre el convenio; si lo aprueba, declará la disolución del vínculo matrimonial.

La ejecución del convenio se tramitará en el mismo expediente.



Artículo 2.279. Tutor especial para divorcio

El cónyuge menor de edad necesita de un tutor especial para poder solicitar su divorcio por mutuo consentimiento.



Artículo 2.280. Comparecencia personalísima de los cónyugues

Los cónyuges comparecerán personalmente a la audiencia de avenencia.



Artículo 2.281. Caducidad del procedimiento de divorcio

Cuando, sin causa justificada, uno o ambos cónyugues no asistan a la audiencia, se declarará concluido el procedimiento.

La inasistencia podrá justificarse hasta la celebración de la audiencia: el juez señalará nuevo día y hora para la audiencia de avenencia dentro de los cinco días siguientes.



Artículo 2.282. Garantía de los alimentos

Los alimentos se garantizarán mediante fianza, hipoteca, prenda, depósito, orden de pago al lugar de trabajo del deudor alimentario o cualquier otra forma de garantía que a juicio del juez sea bastante para ello.



Artículo 2.283. Apelación contra la sentencia

La sentencia que decrete el divorcio es irrecurrible, la que lo niegue es apelable con efecto suspensivo.



Artículo 2.284. Anotación en el Registro Civil

De la sentencia ejecutoriada de divorcio, se remitirá copia certificada a los oficiales del Registro Civil respectivos para que a costa de los interesados proceda conforme a las disposiciones del Código Civil.



Artículo 2.285. Derecho al juicio arbitral

Los que tengan una controversia tienen derecho de sujetar sus diferencias al juicio arbitral.



Artículo 2.286. Elementos del compromiso arbitral

En el compromiso se señalará el negocio que se sujete al juicio arbitral y el nombre de los árbitros. Si falta el primer elemento, el compromiso es inexistente.



Artículo 2.287. Plazos y forma del juicio arbitral

El juicio arbitral seguirá los mismos plazos y forma establecidos en este capítulo, salvo convenio en contrario.



Artículo 2.288. Plazo del arbitraje

El árbitro durará en su encargo hasta en tanto resuelva el asunto sometido a su conocimiento, lo que deberá hacer en el plazo de cien días, salvo convenio en contrario.

El plazo sólo se interrumpirá a partir de la muerte del árbitro o cuando se promueva su recusación, reanudándose cuando se nombre el sustituto o decida la recusación.



Artículo 2.289. Revocación de árbitros

Los árbitros no pueden ser revocados sino por acuerdo unánime de las partes.



Artículo 2.290. Obligatoriedad de recibir pruebas y alegatos

Los árbitros siempre están obligados a recibir pruebas y oír alegatos si cualquiera de las partes lo pidiere.



Artículo 2.291. Renuncia a la apelación

Las partes podrán renunciar a la apelación. Cuando el compromiso en árbitros se celebre respecto de un negocio en grado de apelación, la sentencia arbitral será definitiva.



Artículo 2.292. Excepción de compromiso arbitral

Es causa de excepción el compromiso en árbitros, y obliga al Juez a separarse del conocimiento del negocio declarando nulo todo lo actuado.

La excepción de compromiso arbitral se tramitará como las excepciones procesales.



Artículo 2.293. Reglas aplicables al procedimiento arbitral

En el compromiso arbitral se podrá pactar sobre las reglas procesales, pero en todo caso deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento, pudiéndose convenir lo siguiente:

I. El número de árbitros y el procedimiento para su designación;

II. El lugar donde se llevará a cabo el arbitraje;

III. El nombramiento del Secretario para los árbitros.



Artículo 2.294. Terminación del arbitraje

El arbitraje concluye:

I. Por muerte del árbitro nombrado por las partes;

II. Por excusa del árbitro;

III. Por recusación del árbitro nombrado por el Juez;

IV. Por remoción;

V. Por terminación del plazo o sus prórrogas;

VI. Por transacción;

VII. Por desaparición o destrucción del objeto del litigio.

En los supuestos marcados en las cuatro primeras fracciones, terminará el compromiso arbitral, siempre y cuando no exista árbitro sustituto o las partes no convengan en nueva designación.



Artículo 2.295. Recusación y excusa de árbitros

Los árbitros son recusables cuando fueren nombrados por el Juez por las mismas causas que los Jueces.



Artículo 2.296. Conocimiento de recusaciones y excusas de árbitros

De las recusaciones y excusas de los árbitros, conocerá incidentalmente el Juez de Primera Instancia. En contra de su resolución no cabe ningún recurso.



Artículo 2.297. Requisitos del laudo

El laudo debe contener los mismos requisitos de la sentencia, más aquellos que lo identifiquen como tal y que las partes hayan pactado.



Artículo 2.298. Nombramiento del árbitro tercero en discordia

En caso de que los árbitros estuvieren autorizados a nombrar un tercero en discordia y no lograren ponerse de acuerdo, acudirán al Juez de primera instancia.



Artículo 2.299. Plazo para que el tercer árbitro se imponga de las actuaciones

Cuando el tercero en discordia fuere designado faltando menos de quince días para la terminación del plazo del arbitraje y las partes no lo prorrogaren, podrá disponer de diez días más que se sumarán a dicho plazo para que pueda pronunciarse el laudo.



Artículo 2.300. Incidentes y excepciones que pueden conocer los árbitros

Los árbitros podrán conocer de los incidentes, que se tramitarán en la forma prevista por este Código, sin cuya resolución no fuere posible decidir el negocio principal y de las excepciones perentorias, pero no de la reconvención, a menos que en la misma se reclame la compensación hasta la cantidad que importe la demanda o cuando así se haya pactado expresamente.



Artículo 2.301. Facultad de los árbitros para condenar en costas, daños y perjuicios

Los árbitros pueden condenar en costas, daños, perjuicios e imponer multas, pero para emplear los medios de apremio deben acudir al Juez de Primera Instancia, quien resolverá sin ulterior recurso.Los árbitros pueden condenar en costas, daños, perjuicios e imponer multas, pero para emplear los medios de apremio deben acudir al Juez de Primera Instancia, quien resolverá sin ulterior recurso.



Artículo 2.302. Ejecución de autos y decretos

Para la ejecución de autos y decretos, se acudirá también al Juez de Primera Instancia.



Artículo 2.303. Ejecución del laudo

Notificado el laudo, se turnará el expediente al Juez de Primera Instancia para su ejecución, siempre y cuando se haya renunciado a la apelación.



Artículo 2.304. Juez competente del juicio arbitral

Es competente para las cuestiones que surjan en el juicio arbitral en las que se requiera la intervención del Juez, el de Primera Instancia del lugar designado en el compromiso, en su defecto, el del lugar donde se tramite el juicio arbitral o el del lugar que hayan acordado las partes en el juicio arbitral.



Artículo 2.305. Apelación del laudo

La apelación se interpondrá ante el árbitro y se le dará el trámite que este Código señala respecto de ese recurso, si éste no se encontrare renunciado.



Artículo 2.306. Responsabilidad de los árbitros por no cumplir sus obligaciones

A solicitud fundada de cualquiera de las partes, el Juez competente debe compeler a los árbitros a cumplir sus obligaciones.



Artículo 2.307. Medios alternativos para la solución de controversias

Las controversias jurídicas entre los particulares, podrán resolverse a través de la conciliación o de la mediación, como medios alternativos a la vía jurisdiccional.

Los tribunales podrán remitir a los particulares al Centro de Mediación y Conciliación, previo su consentimiento, que deberá constar en forma fehaciente.



Artículo 2.308. Procedimiento de los medios alternativos

Los plazos y procedimientos que regirán estos medios alternativos a la vía jurisdiccional, se regularán de acuerdo al reglamento respectivo.



Artículo 2.309. Procedencia del juicio de desahucio

El juicio de desahucio procederá cuando se reclama la desocupación de un inmueble por falta de pago de más de dos mensualidades.



Artículo 2.310. Posibilidad de reclamar rentas

Podrá reclamarse el pago de las rentas vencidas y las que se sigan venciendo hasta que tenga verificativo el lanzamiento.



Artículo 2.311. Exhibición del contrato de arrendamiento o su equivalente

A la demanda se acompañará el contrato de arrendamiento o documento justificativo del mismo.



Artículo 2.312. Auto de ejecución

Al admitirse la demanda, el Juez ordenará requerir al arrendatario para que en el acto de la diligencia justifique estar al corriente en el pago de las rentas reclamadas o haga pago de ellas. No haciéndolo se le prevenga que dentro de treinta días, si el inmueble es para habitación, o de sesenta días si es para giro mercantil o industrial, o de noventa días si fuere rústico, proceda a desocuparlo, apercibido de lanzamiento a su costa si no lo efectúa.

Estos plazos se computarán por días naturales y son irrenunciables.

En el mismo acto se le emplazará para que dentro de cinco días ocurra a exponer las excepciones que tuviere.



Artículo 2.313. Requerimiento de embargo de bienes

Si lo pide el actor, en el acto de requerimiento se ordenará que se embarguen bienes para garantizar las rentas vencidas.



Artículo 2.314. Domicilio del arrendatario

Será domicilio legal para hacer el requerimiento, el inmueble arrendado.



Artículo 2.315. Requerimiento y emplazamiento

Si en el acto de la diligencia exhibe el arrendatario el importe de las rentas reclamadas, se suspenderá la diligencia, se mandará entregar al actor y se dará por terminado el procedimiento.



Artículo 2.316. Exhibición de justificantes de pago de rentas

Si exhibiere recibos u otros justificantes de pago de las rentas reclamadas, después de hacer constar esa circunstancia en el acta y agregar los justificantes, se le emplazará.



Artículo 2.317. Pago de rentas debidas

Si en el plazo fijado para el desahucio, exhibe el inquilino el importe de las rentas debidas, dará el Juez por terminado el juicio, sin condenación en costas.



Artículo 2.318. Extemporánea exhibición de rentas

Si la exhibición del importe de las pensiones se hace fuera del plazo señalado para el desahucio, también se dará por concluida la providencia de lanzamiento, pero se condenará al inquilino al pago de las costas causadas.



Artículo 2.319. Excepciones oponibles en el desahucio

En los juicios de desahucio, son oponibles toda clase de excepciones. Pero para no pagar la renta, sólo serán admisibles las fundadas en el hecho de que al arrendatario se le impida el uso total o parcial; por razones de caso fortuito o fuerza mayor, o por reparaciones ordenadas por el arrendador. No serán admitidas las defensas y excepciones que oponga, si no se acompañan con sus pruebas.

Son improcedentes la reconvención y la compensación.



Artículo 2.320. Vista al actor

En caso de que se admitan excepciones, con ellas se mandará dar vista al actor por tres días, quien en ese plazo podrá ofrecer pruebas.



Artículo 2.321. Conclusión del juicio por documentos no objetados

Si en el plazo de desahogo de la vista sobre las excepciones, el actor no objeta los documentos con los que el arrendatario pretende justificar el pago de las rentas, se dará por concluida la providencia.



Artículo 2.322. Audiencia de pruebas, alegatos y sentencia

El Juez, transcurrido el plazo de la vista, citará a una audiencia de desahogo de las pruebas admitidas, de alegatos y sentencia, que se efectuará antes del vencimiento del plazo fijado para el lanzamiento.



Artículo 2.323. Apelación de la sentencia

La sentencia que decrete el desahucio será apelable sin efecto suspensivo y se ejecutará sin necesidad de otorgamiento de garantía. La que lo niegue, será apelable con efecto suspensivo.



Artículo 2.324. Diligencia de lanzamiento

La diligencia de lanzamiento se entenderá con el ejecutado, en su defecto, con quien se encuentre en el inmueble arrendado, y no habiendo ninguna persona se procederá a su práctica, rompiendo las cerraduras en caso necesario. Los muebles u objetos que se encuentren, si no hubiere persona de la familia del inquilino que los recoja, u otra autorizada para ello, se remitirán por inventario a disposición de la Presidencia Municipal o algún almacén de depósito, dejándose constancia en autos.



Artículo 2.325. Vía de apremio

Ejecutado el lanzamiento, y en caso de que se hayan embargado bienes, previa liquidación de las rentas adeudadas, se procederá en la vía de apremio.

Capítulo V-Bis

Del juicio sumario de usucapión

Procedencia

Artículo 2.325.1.- Se tramitará en este procedimiento especial, el juicio de usucapión o prescripción adquisitiva de buena fe sobre inmuebles con superficie igual o menor a doscientos metros cuadrados o cuyo valor no exceda lo establecido en el artículo 3 fracción XL inciso B), del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

FE DE ERRATAS PUBLICADA EN LA GACETA DEL GOBIERNO DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016

Supletoriedad

Artículo 2.325.2.- En lo que no se oponga a la naturaleza del presente procedimiento, son aplicables las disposiciones del juicio ordinario civil.

Cambio de vía

Artículo 2.325.3.- Cuando el demandado al contestar la demanda promueva reconvención, el juez ordenará la tramitación del juicio en la vía ordinaria civil, dejando subsistentes las actuaciones relativas a la fijación de la controversia.

Legitimación pasiva en la usucapión

Artículo 2.325.4.- La usucapión de los bienes inmuebles se promoverá contra el que aparezca como propietario en el Registro Público de la Propiedad.

Emplazamiento

Artículo 2.325.5.- El emplazamiento se entenderá con el demandado, su representante, mandatario o procurador, entregando instructivo que contenga los requisitos del artículo 1.174 de este Código, levantándose acta de la diligencia, a la cual se agregará copia del instructivo entregado donde de ser posible, se haya recabado la firma de quien atiende o la constancia del resultado de haberlo requerido.

El notificador, previo cercioramiento de la identidad del demandado y su domicilio, asentará en el acta relativa los medios por los cuales llega a tal convicción. De encontrarse el demandado, entenderá con éste la diligencia, corriéndole traslado con la demanda y sus anexos, debidamente sellados y cotejados.

En caso de no encontrarse la persona buscada, el emplazamiento se llevará a cabo en términos de los artículos 1.176 y 1.177 de este Código el instructivo se entregará a sus parientes, empleados o a cualquier otra persona que viva o labore en ese domicilio.

FE DE ERRATAS PUBLICADA EN LA GACETA DEL GOBIERNO DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016

De negarse el demandado o la persona con quien se entienda la diligencia a recibir la documentación relativa al emplazamiento, el Notificador la fijará en lugar visible de la puerta de acceso al domicilio y recabará muestras fotográficas de lo anterior.

Notificaciones

Artículo 2.325.6.- La sentencia definitiva será notificada de manera personal a las partes.

El resto de las notificaciones en juicio se practicarán y surtirán sus efectos conforme a las reglas para las no personales.

Revisión oficiosa del emplazamiento

Artículo 2.325.7.- Si el demandado no contesta la demanda, al día siguiente de fenecido el plazo concedido para tal efecto; el juez revisará de oficio si el emplazamiento se practicó conforme a lo establecido en este Código. De ser así, sin que medie petición de parte, realizará las declaraciones a que alude el artículo 2.119 de este Código.

Incidentes

Artículo 2.325.8.- Todos los incidentes que se intenten, se promoverán fuera de audiencia y serán sustanciados conforme al Capítulo XII, del Título Séptimo, de este Código.

Contestación a la demanda

Artículo 2.325.9.- El demandado cuenta con un plazo de cinco días siguientes al emplazamiento para dar contestación a la demanda.

Allanamiento y confesión de la demanda

Artículo 2.325.10.- Si el demandado se allana o confiesa expresamente los hechos de la demanda, el juez de oficio turnará el expediente para dictar sentencia definitiva, dentro del plazo previsto en el artículo 2.325.25.

Depuración procesal

Artículo 2.325.11.- En el auto que tenga por contestada la demanda, se dará vista al actor con las excepciones hechas valer por el demandado, para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga y si lo desea ofrezca pruebas. Sin mediar petición de parte, dentro de igual plazo, el juzgador resolverá sobre las excepciones procesales o de cosa juzgada.

En los escritos respectivos, las partes ofrecerán las pruebas documentales relacionadas con las excepciones procesales o de cosa juzgada. Cuando éstas sean públicas, obren en los archivos de otros órganos jurisdiccionales y no sean exhibidas por las partes, el juez debe de inmediato solicitar a través de oficio su remisión, debiendo el requerido hacerlas llegar dentro de los dos días siguientes a la recepción del oficio.

Ofrecimiento de pruebas

Artículo 2.325.12.- En la demanda y contestación a la misma, las partes deberán ofrecer sus pruebas.

Objeción de documentos

Artículo 2.325.13.- Las partes podrán objetar los documentos presentados: el demandado en la contestación a la demanda; y, el actor, al desahogar la vista que se mande dar con la misma, tratándose de los presentados hasta entonces. Los exhibidos con posterioridad, podrán serlo en un plazo de tres días, contados desde la notificación del auto que los haya tenido como pruebas.

Apertura del juicio a prueba

Artículo 2.325.14.- De no advertirse excepciones procesales, resueltas las planteadas o una vez que quede firme la decisión sobre la cosa juzgada, el juez proveerá sobre las pruebas anunciadas, admitiéndolas o desechándolas, declarará las que se tengan por desahogadas dada su propia y especial naturaleza y citará a una audiencia de juicio, donde se desahogarán las que hayan sido admitidas y se encuentren preparadas.

Corresponde al juez velar por la oportuna preparación y debido desahogo de las pruebas.

Pruebas admisibles en el juicio sumario de usucapión

Artículo 2.325.15.- Además de los medios de prueba previstos en el artículo 1.265 de este Código, serán admisibles, la declaración de parte y la instrumental de actuaciones.

Declaración de parte

Artículo 2.325.16.- Las preguntas serán planteadas de manera interrogativa, deben ser claras y versarán sobre hechos y circunstancias de que tenga noticia y que guarden relación con el objeto de la controversia, sin incorporar valoraciones, ni calificaciones.

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Para su desahogo, se formularán al declarante las preguntas previamente calificadas de legales por el juez, quien resolverá las objeciones planteadas.

Si el declarante se niega a contestarlas o lo hace con evasivas, puede el juez exigirle la respuesta y, en caso de persistir la renuencia, se valorará prudentemente su conducta procesal, al igual que si deja de comparecer a la audiencia donde tenga verificativo.

Puede el juez interrogar al declarante cuando lo estime necesario para el conocimiento de la verdad.

Pericial

Artículo 2.325.17.- Al ofrecerse la pericial, debe acompañarse el escrito en que el perito nombrado por la parte interesada, acepte y proteste el cargo, cumpliendo los requisitos señalados por el artículo 1.309 de este Código.

Si se ofrece la prueba pericial, en el auto admisorio de demanda se dará vista a la parte demandada para que, al contestarla, se manifieste sobre la pertinencia de la prueba, amplíe las cuestiones propuestas por el actor y nombre perito de su parte, con el apercibimiento que de no designarlo, se le tendrá por conforme con el dictamen que, en su caso, rinda el perito de la contraria.

Para los mismos fines se dará vista al actor si quien ofrece la prueba es el demandado, la cual deberá desahogar dentro de tres días siguientes al en que se tenga por contestada la demanda.

Admitida la prueba pericial, el juez ordenará, de ser necesario, que dentro de los tres días siguientes se recaben las muestras o datos para su desahogo.

Los peritos deben emitir su dictamen dentro de los cinco días contados a partir del siguiente al de la admisión de la prueba, o bien, a la diligencia donde se hallan recabado las muestras o datos.

Si los dictámenes rendidos por las partes resultan sustancialmente contradictorios, a más tardar al día siguiente de que se hayan rendido y sin que medie solicitud de parte, el juez nombrará perito oficial, quien al día siguiente deberá aceptar y protestar el cargo conferido.

En el mismo auto en que se tenga por aceptado y protestado el cargo del perito oficial, se señalará fecha para la toma de muestras o datos, la que deberá llevarse a cabo dentro de los tres días siguientes.

El perito oficial queda sujeto a rendir su dictamen dentro de cinco días, computados a partir de que se tuvo por aceptado y protestado su cargo o de que se hayan recabado las tomas o muestras, según sea el caso. De ser omiso, responderá de los daños y perjuicios que cause a las partes y se dará vista a su superior jerárquico.

Las partes podrán recusar al perito oficial por las causas y conforme al procedimiento señalado en este Código.

Testimonial

Artículo 2.325.18.- Desde el auto que se tenga por anunciada la prueba testimonial, se correrá traslado con el interrogatorio a la contraria por el plazo de tres días, para los efectos del artículo 1.335 de este Código.

Efectividad de la prueba

Artículo 2.325.19.- Si una prueba no se desahoga por omisión de las partes, será en perjuicio del oferente.

Si la contraria del oferente, por cualquier medio obstaculiza el desahogo de las pruebas de éste, se darán por ciertos los hechos que con ellas pretendían demostrarse.

Plazo para la celebración de la audiencia de juicio

Artículo 2.325.20.- La audiencia de juicio debe celebrarse dentro de los diez días hábiles siguientes al en que se haya fijado la contienda, se haya depurado el proceso o se haya declarado la rebeldía del demandado, según sea el caso.

Si fue admitida la prueba pericial y ambas partes nombraron perito, el plazo para celebrar la audiencia será de veinte días.

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Audiencia de juicio

Artículo 2.325.21.- Salvo la pericial, las pruebas deben recibirse en la audiencia de juicio.

La audiencia será presidida por el juez y se desahogará de forma ininterrumpida hasta su conclusión. El juez señalará con precisión el inicio y fin de la audiencia, precluyendo los derechos que no se hicieron valer en la oportunidad correspondiente.

La parte que asista de manera tardía a la audiencia podrá incorporarse a su desahogo, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo antecedente.

En cualquier momento el juez puede recabar la información que estime pertinente o pedir aclaraciones.

Asimismo, puede el juez decretar los recesos que estime pertinentes durante el desahogo de la audiencia, sin que puedan sobrepasar, cada uno de ellos, quince minutos.

Se desahogarán en primer término las pruebas ofrecidas por la actora y luego las de la demandada, debiendo pronunciar la causa por la que se dejare de recibir alguna de ellas.

Si se ofrecen la confesional y la declaración de parte respecto de una misma persona, se desahogará primero la confesional.

En caso de incomparecencia del absolvente de la confesional o del obligado, en la prueba de reconocimiento de contenido y firma a cargo de las partes, antes de declarar cerrado su desahogo, el juez debe hacer de oficio la declaración de confeso o tener por reconocido el contenido y firma del documento en cuestión, si se actualizan las hipótesis legales para tal efecto.

La tacha de testigos debe hacerse valer al final de recabar el testimonio respectivo y antes de dar por concluido el desahogo de la testimonial. Si se ofrecen pruebas, se procederá a recibirlas en el plazo previsto en el artículo 2.325.23, quedando reservada su valoración para la emisión de la sentencia definitiva.

De todo lo actuado durante la audiencia se levantará acta y, de ser posible, se videograbará.

Promociones en audiencia

Artículo 2.325.22.- Sin perjuicio de que hasta antes de la hora de iniciación de la audiencia, las

partes puedan presentar las promociones escritas que deseen, las que se formulen durante la audiencia serán verbales y en la misma forma resolverá el juez.

Suspensión de la audiencia de juicio

Artículo 2.325.23.- Si una prueba no se desahoga por causas ajenas al oferente o su contraria, la audiencia podrá suspenderse por una sola vez, para continuar dentro de los cinco días siguientes y, si a pesar de ello no se logra la recepción de la prueba, el juez resolverá con base en los demás elementos aportados.

Alegatos

Artículo 2.325.24.- Desahogadas las pruebas, las partes contarán con un lapso de cinco minutos cada una para formular alegatos de forma verbal, sin perjuicio de que puedan presentarlos por escrito.

Sentencia definitiva

Artículo 2.325.25.- Concluida la fase de alegatos, el juez dictará sentencia definitiva dentro del plazo de cinco días.

Recurso de revocación

Artículo 2.325.26.- Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales.

En audiencia, el recurso de revocación sólo procede contra el auto que declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes.

Los demás decretos y autos dictados en audiencia serán irrecurribles.

La revocación sólo podrá plantearse en la audiencia y al momento de emitirse el auto o decreto. Interpuesta, el juez dará vista a la contraria, de estar presente, para que en el acto la desahogue y dictará resolución.

Recurso de apelación

Artículo 2.325.27.- La apelación procede en contra de las sentencias interlocutorias y definitivas.



Artículo 2.326. Procedencia del nombramiento de tutores y curadores

Para conferir la tutela, de debe declarar previamente el estado de minoridad o interdicción de la persona que va a quedar sujeta a ella. Lo dispuesto sobre tutela es aplicable a la curatela en lo conducente.



Artículo 2.327. Legitimación para solicitar la declaración de estado de minoridad o interdicción

Sin perjuicio de disposición especial de la ley, tienen legitimación para solicitar se declare el estado de minoridad o interdicción y se haga el nombramiento de tutores y curadores .

I. El mismo menor, si ha cumplido dieciséis años;

II. El cónyuge;

III. Los presuntos herederos legítimos;

IV. El tutor interino;

V. El albacea;

VI. El tutor testamentario

VII. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

VIII. El ministerio Público



Artículo 2.328. Declaración de la minoría de edad

Si a la solicitud de declaración de minoría, se acompaña el acta de nacimiento del menor, se hará la declaración de plano; o se hará cuando se exhiba.

De no existir acta de nacimiento, se citará a una audiencia dentro de los cinco días siguientes, a la que concurrirá el solicitante, el menor y un perito médico adscrito a la Dirección de Peritos del Poder Judicial del Estado, para que en la audiencia examine al menor y emita su opinión. En la audiencia, el Juez hará la declaración respectiva.

El juez podrá citar a un perito médico adscrito a la Dirección de Peritos del Poder Judicial del Estado, para que en la audiencia examine al menor y emita su opinión.



Artículo 2.329. Nombramiento de tutor y curador

Declarado el estado de minoridad o de interdicción, el Juez procederá al nombramiento de tutor y curador en su caso.

Cuando el incapaz haya designado tutor en términos del Código Civil se estará a ello.



Artículo 2.330. Notificación y aceptación del cargo

Hecho el nombramiento, se notificará al tutor y al curador para que manifiesten dentro de cinco días si aceptan o no el cargo, o hagan valer sus impedimentos o excusas.



Artículo 2.331. Garantía del tutor

El tutor dentro de los diez días que siguen a la aceptación, debe otorgar las garantías en términos del Código Civil, de no hacerlo no se le discernirá del cargo.



Artículo 2.332. Oposición al nombramiento de los cargos

El menor podrá oponerse al nombramiento del tutor y curador, cuando tuviere dieciséis años o más, expresando los motivos que tuviere para ello, los que serán calificados por el Juez.



Artículo 2.333. Tramitación de impedimentos y excusas

En caso de impedimento, separación o excusa del tutor o curador propietarios, se nombrará tutor o curador interino, mientras se decide. De ser procedente, se nombrará nuevo tutor o curador.



Artículo 2.334. Objeción a las cuentas

La objeción a la rendición de cuentas del tutor, en todo o en parte, se substanciará conforme a lo siguiente:

En la objeción se ofrecerán las pruebas que la justifiquen, se correrá traslado al tutor y, en su caso al curador; se señalará fecha para audiencia dentro de los cinco días siguientes en la que se recibirán pruebas, alegatos y se dictará resolución incidentalmente.



Artículo 2.335. Substanciación del procedimiento

La declaración de estado de interdicción se substanciará conforme a las reglas de las controversias del derecho familiar y con las modalidades que se establecen en este capítulo. Se seguirá entre el peticionario y el tutor interino que para tal efecto designe el juez.



Artículo 2.336. Personas que pueden ser tutor interino

El nombramiento de tutor interino deberá recaer entre las personas más idóneas, como: cónyuge, hijos, padres, hermanos o abuelos; y a falta de ellos a la que considere el Juez.



Artículo 2.337. Requisitos de la petición

El escrito de petición de declaración de estado de interdicción, deberá contener:

I. Nombre, edad, domicilio, estado civil y actual residencia de la persona cuya interdicción se solicita;

II. Nombre, domicilio del cónyuge o parientes en línea recta o colaterales hasta el cuarto grado de entre quienes el solicitante hará la propuesta de tutor interino;

III. Los hechos que dan motivo a la petición;

IV. El certificado o certificados relativos al diagnóstico y pronóstico de la enfermedad que se le atribuye, formulados por el facultativo que lo asista o por un médico de una institución oficial;

V. Especificación de los bienes conocidos como propiedad de la persona y que deben ser sometidos a la vigilancia judicial;

VI. Especificación del parentesco o vínculo que une al solicitante con la persona de cuya interdicción se trate; y

VII. Exhibir, en su caso el documento de designación de tutor o curador, que haya hecho el incapaz.



Artículo 2.338. Determinaciones que debe dictar el Juez

Recibida la solicitud, el Juez dispondrá lo siguiente:

I. Señalará fecha para la audiencia preliminar que tendrá verificativo dentro de los ocho días siguientes, a la que comparecerán el solicitante, el tutor interino propuesto y el presunto interdicto.

II. Dispondrá que dos peritos médicos, de la materia examinen al presunto interdicto y dictaminen en la audiencia principal; y

III. Se citará al presunto interdicto a la audiencia preliminar; se le correrá traslado con la solicitud planteada para que se pronuncie sobre ésta, de permitírselo su estado de salud a más tardar en dicha audiencia.

Si el presunto interdicto no puede ser presentado ante el juez, éste se trasladará al lugar en que se encuentre para practicar las diligencias que estime convenientes.



Artículo 2.339. Audiencia preliminar

En la audiencia preliminar el juez examinará a la persona cuya interdicción se solicite, para que en base a ello y al diagnóstico médico acompañado, de ser procedente, le nombre tutor interino de entre los propuestos por el solicitante y que asistan a esta audiencia, a efecto de que acepte, proteste y se le discierna el cargo.

Se le correrá traslado al tutor interino con la solicitud planteada, para que conteste los hechos, ofrezca pruebas y manifieste lo que a su representación convenga en la audiencia principal, que tendrá lugar después de diez y antes de quince días.

Se dictarán las medidas necesarias sobre la persona y bienes del presunto interdicto.

Audiencia principal

Artículo 2.339.1.- En la audiencia principal el juez dará cuenta con la contestación de la solicitud, proveerá sobre las pruebas ofrecidas, recibirá alegatos y dictará resolución.

En la audiencia, el juez ordenará que se practique el examen de la persona en su presencia por los peritos nombrados con intervención del peticionario y del tutor interino, quien podrá asistirse de perito médico.



Artículo 2.340. Dictámenes médicos

Los médicos podrán practicar los exámenes adicionales que juzguen necesarios.

Los peritos en su dictamen expondrán de manera oral las siguientes circunstancias

I. Diagnóstico y pronóstico de la enfermedad;

II. Manifestaciones, síntomas y características del estado actual de la persona de cuya interdicción se trate; y

III. Tratamiento conveniente.



Artículo 2.341. Otros medios de prueba

Los interesados podrán ofrecer otros medios idóneos de prueba si así lo considere el Juez.



Artículo 2.342. Resolución

Derogado



Artículo 2.343. Declaración de estado de interdicción

Si se declara procedente el estado de interdicción proveerá el nombramiento de tutor y curador, en su caso.



Artículo 2.344. Impugnación de la resolución

La sentencia sobre estado de interdicción es apelable sin efecto suspensivo.

Revocación de la interdicción

Artículo 2.344.1.- La interdicción se revocará cuando cese la causa que la motivó. Para decretar la revocación se observarán las mismas disposiciones que para declararla.



Artículo 2.345.

Las partes de un conflicto de violencia familiar podrán resolver sus diferencias mediante el procedimiento de controversia de violencia familiar.



Artículo 2.346.

El procedimiento que se refiere en este capítulo, se llevará a cabo en forma sumarísima, sin omitir allegarse todos los elementos de convicción necesarios para resolver la controversia.



Artículo 2.347.

Tratándose de niñas, niños y adolescentes, incapaces y adultos mayores de sesenta años, deberán ser escuchados y tomados en cuenta durante el procedimiento, considerando su edad, grado de madurez y capacidad.



Artículo 2.348. Procedimientos escritos

El procedimiento que señala este capítulo se iniciará por escrito. El Poder Judicial del Estado instrumentará un formato de demanda que será distribuido en las oficialías del Registro Civil, oficialías calificadoras y las mediadora-conciliadoras en los municipios, coordinaciones municipales de derechos humanos, sistemas municipales de Desarrollo Integral de la Familia, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, procuradurías de protección municipales y juzgados de lo familiar.

Esta queja podrá ser presentada por:

I. El receptor de la violencia familiar;

II. Cualquier miembro del grupo familiar; y

III. Cualquier persona que tenga conocimiento de la violencia familiar.

IV. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México y las procuradurías de protección municipales.



Artículo 2.349.

El escrito de demanda deberá contener:

I. El Juzgado ante el cual se promueve;

II. La naturaleza del procedimiento que insta;

III. Nombre y domicilio del que interpone la demanda en los supuestos de las fracciones II y III del artículo anterior;

IV. Nombre y domicilio del receptor de violencia;

V. Nombre y domicilio del generador de violencia;

VI. Vínculo o relación que exista entre el receptor y el generador de violencia;

VII. Narración sucinta de los hechos, expresando las circunstancias de lugar, tiempo y modo;

VIII. El ofrecimiento de las pruebas conducentes a acreditar su demanda; y

IX. Protesta y firma del que interpone la demanda o del receptor de violencia.



Artículo 2.350.

Derogado



Artículo 2.351.

Derogado



Artículo 2.352.

Derogado



Artículo 2.353.

Derogado



Artículo 2.354. Traslado de la demanda

Admitida la demanda o transcurrido el término para ello, el juez señalará día y hora para que, dentro de los cinco días siguientes, tenga verificativo la audiencia inicial de conciliación, depuración procesal, admisión y preparación de pruebas.



Artículo 2.355. Medidas de protección

Al admitirse la demanda de violencia familiar o durante el proceso, a su juicio, el juez dictará las medidas de protección que podrán ser:

l. De emergencia.

II. De protección preventiva.

III. De naturaleza civil.



Artículo 2.355 bis.

Son medidas de protección de emergencia las siguientes:

l. Desocupación por el agresor o probable responsable del domicilio conyugal o del que habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento o comodato del mismo.

II. Prohibición al probable responsable y a aquellas personas que estén de acuerdo con él, de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y de los ascendientes y descendientes, o cualquier otro que frecuente la víctima.

III. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad.

IV. Autorizar al receptor de violencia o víctima un domicilio diferente de aquél en el que se genera la violencia, si así lo solicita.

V. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima, así como a cualquier integrante de su núcleo familiar.



Artículo 2.355 ter.

Son medidas de protección preventiva las siguientes:

l. Retención y guarda de armas de fuego en posesión del agresor. Es aplicable lo anterior a las armas punzantes, cortantes y contundentes y cualquier combinación de las anteriores que, independientemente de su uso, hayan sido empleadas para amenazar o lesionar a la víctima.

II. Inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los implementos de trabajo de la víctima.

III. Uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva de domicilio a la víctima.

IV. Acceso de autoridades policíacas o de personas que auxilien a la víctima, al domicilio en común de esta última con el agresor, para tomar las pertenencias personales y familiares de la o de las víctimas que vivan en el domicilio.

V. Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima y de sus familiares que vivan en el domicilio.

Vl. Auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima, con autorización expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre la víctima en el momento de solicitar el auxilio.



Artículo 2.355 quater.

Corresponderá a la autoridad competente otorgar las medidas emergentes y preventivas, tomando en consideración:

l. El riesgo o peligro existente.

II. La seguridad de la víctima.

III. Los elementos con que se cuente.



Artículo 2.355 quinquies.

Son medidas de protección de naturaleza civil, las siguientes:

l. Suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes, resolviendo inmediatamente lo relativo a la custodia provisional tratándose de niñas, niños y adolescentes.

II. Prohibición al agresor de enajenar, dar en prenda o hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate del domicilio conyugal y, en cualquier caso, cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal, ordenando la inscripción de esta medida en el Instituto de la Función Registral del Estado de México en cada caso.

III. Posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio, por el tiempo que dure el procedimiento.

IV. Embargo preventivo de bienes del agresor, que deberá inscribirse con carácter temporal en el Instituto de la Función Registral del Estado de México y en los lugares en los que se conozca que tienen bienes, a efecto de garantizar las obligaciones alimenticias.

V. Revocar o suspender los mandatos que entre los cónyuges se hubieran otorgado.

VI. Orden de pago de la obligación alimenticia, en forma provisional e inmediata, a cargo del agresor a favor de la víctima y las y los hijos, en caso de existir.

VII. Emitir una orden de protección y auxilio policial, dirigida a la autoridad de seguridad pública de la que se expedirá copia a la víctima para que pueda acudir a la autoridad más cercana en caso de amenaza de agresión fuera de su domicilio.

VIII. Las demás que considere necesarias.



Artículo 2.356.

El generador de violencia al contestar deberá referirse a cada uno de los hechos narrados en la demanda y ofrecerá las pruebas respectivas. El silencio y las evasivas harán que se tengan por admitidos aquellos hechos sobre los que se suscitó controversia.



Artículo 2.257. Señalamiento de la audiencia inicial

Contestada la demanda o transcurrido el término para ello, la o el juez señalará día y hora para que, dentro de los cinco días hábiles siguientes, tenga verificativo la audiencia inicial, enunciación de la litis, depuración procesal, admisión y preparación de pruebas.

La audiencia inicial podrán revisarse las medidas provisionales.

De no contestarse la demanda, se tendrán por presuntamente aceptados los hechos.



Artículo 2.358. Día y hora para la audiencia principal

Verificada la audiencia inicial, se señalará día y hora para que, dentro de los diez días siguientes, tenga verificativo la audiencia principal de desahogo de pruebas, alegatos y, en su caso, sentencia, sin perjuicio de dictarla dentro de los cinco días siguientes a la audiencia.



Artículo 2.359. Efectos de la sentencia

En la sentencia se determinará la forma de restablecer la paz y el orden familiar, mediante la adopción de las medidas señaladas en este capítulo o las que el Juez estime necesarias para la integración del grupo familiar, y por el tiempo que se considere indispensable.



Artículo 2.360.

Son apelables, sin efecto suspensivo, las resoluciones que decreten una de las medidas de protección previstas en el artículo 2.355 de este Código.



Artículo 2.360 bis. Reparación de los daños y perjuicios

Los integrantes de la familia que incurran en violencia familiar, deberán reparar los daños y perjuicios que se ocasionen con la conducta, con independencia de otro tipo de sanciones que éste y otros ordenamientos legales establezcan.



Artículo 2.361. Objeto

Si en términos de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores o convenio internacional en la materia, se pretende la restitución de un menor que hubiere sido sustraído ilícitamente del país de su residencia habitual o traslado legalmente y retenido ilícitamente, se procederá de acuerdo con lo previsto en este capítulo. 



Artículo 2.362. Juez Competente

Será competente el juez en materia familiar en cuya jurisdicción territorial de esta entidad federativa se encuentre el último domicilio del menor sustraído del Estado Mexicano.



Artículo 2.363. Legitimación

Podrán promover este procedimiento quienes ejerzan la patria potestad o la persona o institución que tenga la guarda y custodia de las niñas, niños o adolescentes. Las actuaciones se practicarán con intervención de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, las procuradurías de protección municipales y del Ministerio Público, quienes en todo momento velarán y resguardarán por los intereses de niñas, niños y adolescentes y de las personas o instituciones con los derechos mencionados.



Artículo 2.364. Restitución de menor al Estado Mexicano

Cuando una persona, institución u organismo sostenga que un menor has sido objeto de traslado o retención ilícita en el extranjero, podrá acudir ante la autoridad judicial para que, por su conducto, se haga llegar su petición a la Autoridad Central Mexicana conforme a la Convención respectiva, y con su asistencia se gestiones la restitución del menor.

La solicitud reunirá los requisitos que establece la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, en su caso, las que señala la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores.

De no existir prevención alguna, el juez remitirá, a la brevedad, la solicitud a la autoridad central de la Secretaría de Relaciones Exteriores para los efectos de trámite de restitución.



Artículo 2.365. Restitución de menor por la autoridad central de otro país

Cuando se solicite la restitución de un menor por la autoridad central de otro país al Estado Mexicano, se procederá conforme a lo siguiente:

I. Verificará que se acompañe la documentación requerida por las convecciones internacionales en la materia; y

II. De no existir prevención alguna dictará resolución en la que adoptará las medidas necesrias para impedir la salida del menor del territorio de su jurisdicción así como cualquier otra para salvaguardar el interés superior del mismo; se requerirá a la persona que ha sustraído al menor con los apercibimientos legales; ordenará el emplazamiento con el traslado de la solicitud de restitución, anexos que se acompañen y texto de la convención respectiva, para que el día y hora señalado, que no podrá exceder de cinco días, comparezca en el juzgado con el menor y manifieste:

a) Si accede voluntariamente a la restitución del menor a la persona o institución que la solicite y que acredite ejercer la guardia y custodia; o

b) Por escrito oponga excepciones y defensas al existir alguna de las causas establecidas en la correspondiente convención y ofrezcan pruebas.



Artículo 2.366. Incomparecencia del requerido

Si el requerido no comparece a la audiencia, se tendrá por precluído su derecho para oponer excepciones y defensas y ofrecer pruebas.

El Juez citará a los interesados, a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a las procuradurías de protección municipales y al Ministerio Público a una audiencia oral que tendrá lugar en un plazo no mayor a cinco días siguientes.

En la audiencia se escuchará a ambas partes quienes podrán expresar alegatos, a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, al Ministerio Público y, en su caso, a las niñas, niños y adolescentes.

El Juez resolverá en la audiencia o dentro de los tres días siguientes, si procede o no la restitución, conforme al interés superior de niñas, niños y adolescentes y los términos de las convenciones aplicables.



Artículo 2.367. Restitución voluntaria

Si comparece el requerido y accediere a la restitución del menor, el juez dará por concluido el procedimiento y ordenará su entrega a la persona o institución que acredite tener la guarda y custodia.



Artículo 2.368. Oposición a la restitución

Si en la primera comparecencia el requerido opusiera excepciones y defensas, serán resueltas al amparo de las causas establecidas en el correspondiente convenio, en concordancia con el derecho nacional, a este fin:

I.-En la audiencia, el juez tendrá por opuestos las excepciones y defensas que se funden en las convenciones y citará a la audiencia principal que tendrá verificativo dentro de los cinco días siguientes:

II.- El juez de considerarlo. Oirá opinión del menor en atención a la edad y circunstancias; y

III.- El juez podrá recabar todos aquellos elementos que estime pertinentes a favor del menor.



Artículo 2.369. Audiencia principal

En la audiencia principal, se recibirán las pruebas y alegatos.

El juez resolverá en la audiencia acorde el interés superior del menor y a las convenciones aplicables en correspondencia con el derecho nacional.

Por la complejidad del asunto. La sentencia se podrá dictar dentro los cinco días siguientes.ç

El juez dictará la sentencia en la que precisará los motivos y fundamentos del fallo. La lectura podrá efectuarse de manera resumida.

De la sentencia quedará constancia integra por escrito.



Artículo 2.370. Restitución favorable del menor

Si el juez resolviera favorablemente la restitución del menor, solicitará la colaboración de la autoridad central den Servicio Exterior Mexicano y de las que considere pertinentes a fin de lograr la incorporación del menor al lugar de su residencia habitual.



Artículo 2.371. Supletoriedad

En lo que no se oponga el presente capítulo, se aplicarán los lineamientos que este código establece para las controversias relacionadas con el estado civil de las personas y del derecho familiar.



Artículo 2.372. Medios de impugnación

La sentencia definitiva que conceda la restitución del menor será apelable con efecto suspensivo; la que la niegue, sin efecto suspensivo.



Artículo 2.373. Requisitos

La solicitud de divorcio podrá presentarse por uno de los cónyuges, sin necesidad de señalar la razón que lo motive, debiendo acompañar:

I. Acta de matrimonio en copia certificada;

II. Acta de nacimiento de los hijos, en copia certificada; y

III. Propuesta de convenio que habrá de regular las consecuencias de la disolución del vínculo matrimonial, debiendo contener:

a) La designación sobre la guarda y custodia de las niñas, los niños y los adolescentes o incapaces quedará preferentemente al cuidado de la madre y el domicilio donde vivirán.

b) El régimen de visita y convivencia respecto del progenitor que no ejercerá la guarda y custodia de los menores;

c) La designación del cónyuge que seguirá habitando, en su caso, el domicilio donde se haga vida en común;

d) La cantidad que por concepto de alimentos se propone, para atender las necesidades de los

hijos y en su caso del cónyuge a quien deba darse alimentos, la forma, lugar y temporalidad para hacerlo, los elementos que permitan al Juez fijar la pensión propuesta, así como la garantía para asegurar su cumplimiento;

La cónyuge que carezca de bienes y que durante el matrimonio haya realizado cotidianamente trabajo del hogar consistente en tareas de administración, dirección, atención y cuidado de las y los hijos tendrá derecho a alimentos, mismo que no será inferior al cuarenta por ciento del total del sueldo, hasta que las y los hijos cumplan la mayoría de edad o que se dediquen al estudio, sin menoscabo de la repartición equitativa de bienes.

Tratándose de las y los hijos mayores de edad discapacitados, previa acreditación con la documentación idónea expedida por una institución pública de salud, al cuidado de la cónyuge, el cónyuge deberá proporcionarlos de por vida.

La cónyuge que no tenga hijas o hijos y que carezca de bienes o que durante el matrimonio haya realizado cotidianamente trabajo del hogar, consistente en tareas de administración, dirección y atención, tendrá derecho a alimentos, mismo que no será inferior al treinta por ciento del total del sueldo, por el tiempo que haya durado el matrimonio, sin menoscabo de la repartición equitativa de bienes.

El cónyuge que se encuentre imposibilitado física y mentalmente para trabajar, previa acreditación con la documentación idónea expedida por una institución pública de salud, tendrá derecho a alimentos, el cual no será inferior al veinte por ciento del total del sueldo, por el tiempo que haya durado el matrimonio, sin menoscabo de la repartición equitativa de bienes.

En la resolución que se dicte con respecto a los alimentos, se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad.

Los alimentos determinados por convenio o sentencia, se modificarán de acuerdo a los ingresos del deudor alimentario. En este caso, el incremento en los alimentos se ajustará a lo que obtenga el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente.

Cuando no sean comprobables el salario o ingresos del deudor alimentario, la o el juez resolverá tomando como referencia la capacidad económica y el nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en el último año, la cantidad correspondiente no podrá ser inferior a una unidad de medida y actualización por cada acreedor alimentario.

e) La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta que se liquide, así como la forma de liquidarla, después de decretado el divorcio; y

f) Tratándose del régimen de separación de bienes, la forma de repartir los bienes adquiridos

durante el matrimonio, en los términos previstos por el artículo 4.46 del Código Civil del Estado.

En la solicitud, se podrá pedir la aplicación de medidas precautorias, acompañando en su caso, la documentación que se estime necesaria.

Se exhibirá copia de la solicitud y documentos exhibidos para traslado.



Artículo 2.374. Procedimiento

Presentada la solicitud, de no existir prevención alguna, el juez admitirá a trámite la petición, dando vista al otro cónyuge y, proveerá sobre las medidas precautorias solicitadas o las que estime necesarias para salvaguardar el interés superior de los menores o incapaces.

Además, se señalará día y hora para una audiencia de avenencia que tendrá verificativo después de nueve y antes de quince días, contados a partir de la notificación del propio auto.



Artículo 2.375. Vista por edictos

Si el otro cónyuge no se localiza en el domicilio señalado, no tiene uno fijo o se ignora su paradero, la notificación se hará por edictos. La audiencia se señalará dentro de los cinco días siguientes a la fecha de exhibición de las publicaciones que contengan los edictos respectivos.



Artículo 2.376. Audiencia de Avenencia

En la audiencia de avenencia el juez tratará de conciliar a las partes, para continuar con el matrimonio, no habiéndose obtenido la conciliación, citará a una segunda audiencia con el mismo propósito, en un término de tres días, y si en esta segunda audiencia de conciliación no se logra avenir a las partes, continuará la misma y el juez las escuchará sobre la propuesta del convenio, en la que se podrán modificar o adicionar las cláusulas del mismo a petición de los interesados.

De manifestar su conformidad con los términos del convenio y, de no haber observación alguna por el juzgador, se aprobará y elevará a la categoría de cosa juzgada, decretando la disolución del vínculo matrimonial y, en su caso, la terminación de la sociedad conyugal.

La aprobación del convenio podrá ser sólo sobre los puntos en que haya consenso, respecto de los restantes se procederá conforme al precepto legal siguiente.



Artículo 2.377. Falta de consenso en el convenio

De no llegar a un acuerdo sobre la totalidad de los puntos del convenio o de inasistir a la audiencia respectiva el cónyuge citado, se decretará la disolución del vínculo matrimonial y, en su caso, la terminación de la sociedad conyugal; apercibiendo a las partes de abstenerse de ocultar, enajenar, dilapidar bienes y efectos patrimoniales generados durante el matrimonio hasta en tanto se resuelva en definitiva.

En la propia audiencia, se decidirá sobre las medidas precautorias y provisionales, entre otras las referentes a los alimentos, guarda y custodia de menores o incapaces y, régimen de convivencia.

Se otorgará a las partes un plazo común de cinco días para que conforme a los requisitos de una demanda, formulen sus pretensiones, hechos y ofrezcan sus medios de prueba, respecto de los puntos que no hayan sido objeto de consenso y los demás que estimen convenientes.

Con los escritos que presenten las partes, se les dará vista para que manifiesten lo que a su interés convenga, opongan defensas y excepciones y ofrezca los medios de prueba respectivos, por un plazo de cinco días.



Artículo 2.378. Citación a la audiencia inicial

De no formularse pretensión alguna, o transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior, el juez citará a las partes a la audiencia inicial a que se refiere el artículo 5.50 de este Código, que tendrá verificativo dentro de los cinco días siguientes.

El procedimiento continuará conforme a las reglas del Libro Quinto de este Código.



Artículo 2.379. lrrecurribilidad

La resolución que decrete el divorcio será irrecurrible.



Artículo 2.380. Procedencia

El procedimiento sumario de conclusión de patria potestad tiene lugar en los supuestos previstos en el artículo 4.223 fracciones VI y VII del Código Civil del Estado de México.



Artículo 2.381. Legitimación

Tienen legitimación para promover el procedimiento sumario de conclusión de patria potestad:

I. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México;

II. Las procuradurías de protección municipales en su caso; y

III. La familia extensa o ampliada.



Artículo 2.382. Contenido de la demanda

El escrito de demanda deberá contener y acompañar los documentos siguientes:

I. Autoridad ante quien se promueve;

II. Nombre y domicilio del promovente;

III. Nombre y edad de la niña, niño o adolescente cuya conclusión de patria potestad se solicite;

IV. Nombre y domicilio de los padres;

V. Los hechos que dan motivo a la demanda;

VI. En su caso, carpeta de investigación determinada por parte del Ministerio Público;

VII. Acta de nacimiento de la niña, niño o adolescentes que se trate;

VIII. Las pruebas que se consideren necesarias para acreditar los hechos que dieron origen a la demanda;

IX. Las valoraciones de trabajo social y psicología en las que conste que se llevaron a cabo las

diligencias necesarias para la búsqueda de alternativas familiares de reintegración y en su caso, la falta de interés por parte de éstos para reincorporar a su núcleo familiar a la niña, niño o adolescente, y

X. Los demás medios de prueba que se estimen pertinentes.



Artículo 2.383. Admisión de la demanda

Presentada la demanda y cumplidos los requisitos, el Juez la admitirá a trámite ordenando citar a los padres de la niña, niño o adolescente, para el efecto de que en un plazo de cinco días hábiles manifiesten lo que a su derecho corresponda, ofrezcan pruebas y presenten alegatos.

Para el caso de que la persona citada se allane a lo solicitado o confiese expresamente los hechos, el Juez procederá a dictar sentencia dentro del plazo de cinco días hábiles.



Artículo 2.384. Notificaciones

La citación y la sentencia definitiva serán notificadas de manera personal a las partes, conforme a las reglas de las notificaciones personales.

Las notificaciones subsecuentes en el juicio se practicarán y surtirán sus efectos conforme a las reglas para las no personales.



Artículo 2.385. Notificación por edictos

Si la persona citada no se localiza en el domicilio señalado, no tiene uno fijo o se ignora su paradero, la notificación se hará por edictos que contendrá una relación sucinta de la demanda, en una sola publicación en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" y en un periódico de mayor circulación, haciéndole saber que debe presentarse dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al de la publicación, valorando el Juez solicitar el auxilio de investigación por parte de la policía ministerial o municipal.



Artículo 2.386. Audiencia

Contestada la demanda y transcurrido el término señalado para ello, el Juez señalará día y hora para que en el término de cinco días hábiles tenga verificativo la audiencia en la que proveerá lo conducente a la contestación de demanda, admisión y preparación de pruebas ofrecidas por las partes, el Juez señalará fecha y hora para el desahogo de la audiencia que tenga verificativo dentro del plazo de tres días hábiles siguientes, en la que se desahogarán las pruebas admitidas, se formularán alegatos y se dictará sentencia atendiendo el interés superior de la niña, niño o adolescente.

En caso de no dictar sentencia en la audiencia por la complejidad del asunto, se citarán a las partes en un plazo de cinco días hábiles para que el Juez dicte sentencia.

En la audiencia se desahogarán las pruebas en presencia de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, las procuradurías de protección municipales en su caso y el Ministerio Público, quienes intervendrán para velar por el interés superior de las niñas, niños o adolescentes.



Artículo 2.387. Supletoriedad

En lo que no se oponga a la naturaleza del presente procedimiento, son aplicables las disposiciones del Libro Quinto de este Código.



Artículo 3.1. Disposiciones aplicables

Se aplicará lo previsto en este Título a todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiera la intervención del Juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión litigiosa alguna entre partes.



Artículo 3.2. Solicitud inicial

El escrito que inicie un procedimiento judicial no contencioso deberá contener, además de los requisitos específicos que se establezcan en este capítulo, los siguientes:

I. El Tribunal ante el que se promueve;

II. El nombre del promovente;

III. El nombre y domicilio de las personas que, en su caso, deban ser citadas;

IV. Los hechos en que el promovente funde su solicitud;

V. La providencia específica que solicite el promovente;

VI. Las pruebas que ofrece el promovente.



Artículo 3.3. Intervención del Ministerio Público

El Ministerio Público será oído cuando:

I. La solicitud promovida afecte intereses públicos;

II. Se refiera a la persona o bienes de menores o incapacitados, cuando carezca de representante legal o el Juez advierta que es omiso o actúa en contra de los intereses de aquéllos;

III. Tenga relación con los bienes y derechos de un ausente;

IV. Lo considere necesario el Juez o;

V. Lo dispongan las leyes.



Artículo 3.3 bis. Intervención de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México será oída cuando se refiera a la persona o bienes de niñas, niños o adolescentes, cuando carezcan de representante legal o el Juez advierta que es omiso o actúa en contra de los intereses de aquellos. Asimismo, será oída cuando el Juez lo considere necesario o lo dispongan las leyes. 



Artículo 3.4. Audiencia previa

Se notificará a la persona que sea necesario oírla, haciendo de su conocimiento que quedan las actuaciones a su vista; igualmente se le dará a conocer la fecha para recibir pruebas o para la práctica de las diligencias decretadas.

En asuntos de derecho familiar, en su caso, se señalará fecha dentro de los cinco días siguientes para la audiencia de recepción de pruebas o para la práctica de las diligencias respectivas.



Artículo 3.5. Oposición a proceso no contencioso

Se dará por terminado el proceso no contencioso si se opusiere parte legítima. Se desechará la oposición que se haga después de efectuado el acto, reservándole sus derechos al opositor.



Artículo 3.6. Impugnación

Las providencias dictadas en procedimientos judiciales no contenciosos, son apelables con efecto suspensivo si el recurso lo interpone el promovente y en el efecto no suspensivo, cuando las recurra un tercero.



Artículo 3.7. Autorización judicial para vender o gravar

Para vender o gravar bienes que pertenezcan a menores o sujetos a interdicción, será necesaria autorización judicial si corresponden a las siguientes clases:

I. Bienes inmuebles y derechos reales sobre ellos;

II. Alhajas y muebles valiosos;

III. Acciones sobre personas jurídicas colectivas, cuando la suma de sus valores exceda de quinientas veces el salario mínimo;

IV. Derechos de patentes, marcas, autorales y otros análogos.



Artículo 3.8. Requisitos para conceder la autorización

En la solicitud deberá expresarse el motivo de la venta o gravamen y destino al que se aplicará el producto de la operación, exponiendo las razones justificadas por las que se estime conveniente la enajenación.



Artículo 3.9. Solicitud de venta o gravamen

Quien solicite la venta o gravamen, deberá proponer las bases del remate en lo correspondiente a la cantidad que deba darse de contado, el plazo, interés y garantías para el pago del saldo.



Artículo 3.10. Substanciación de la solicitud de venta o gravamen

Admitida a trámite la solicitud, el juez citará a una audiencia que se verificará dentro de los diez días siguientes.

El juez designará perito para que proceda a la valuación de los bienes propuesto para venta o gravamen; el dictamen será rendido en la audiencia antes referida.

En la audiencia, el juez oirá al promovente, al tutor especial o al curador y, en su caso, al Ministerio Público y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, recibirá los medios de prueba propuestos, y dictará resolución.

La resolución que se dicte será apelable con efecto suspensivo.



Artículo 3.11. Nombramiento de perito

Derogado



Artículo 3.12. Subasta de los bienes

El Juez determinará si conviene o no, la subasta de bienes, atendiendo a la utilidad que pueda resultar a favor del menor.

Cuando se decrete el remate de los bienes, se realizará conforme a lo que se dispone en este Código.



Artículo 3.13. Destino del precio

El precio de la venta o crédito del gravamen se destinará para los fines autorizados, lo que deberá justificarse ante el Juez, quedando responsable de ello el que obtenga la autorización.



Artículo 3.14. Transacción sobre derechos de menores o sujetos a interdicción

Lo dispuesto en este capítulo se aplicará, en lo conducente, a las transacciones de derechos de menores o sujetos a interdicción.



Artículo 3.15. Requisitos de la adopción

Derogado



Artículo 3.16. Requisitos de la solicitud

Derogado



Artículo 3.17. Resolución

Derogado



Artículo 3.18. Revocación de la adopción

Derogado



Artículo 3.19. Menor de edad adoptado

Derogado



Artículo 3.20. Requisitos para la información de dominio

El que tenga interés en rendir la información de dominio a que se refiere el Código Civil, a su solicitud acompañará:

I. Certificado de no inscripción del inmueble, en el Registro Público de la Propiedad;

II. Constancia de estar al corriente del pago del impuesto predial;

III. Plano descriptivo y de localización del inmueble;

IV. Constancia del comisariado ejidal o comunal de que el inmueble no está sujeto a ese régimen, cuando se encuentre localizado en zonas próximas.



Artículo 3.21. Personas que deberán ser citadas

La información se recibirá con citación de la autoridad municipal, de los colindantes y de la persona a cuyo nombre se expidan las boletas prediales.



Artículo 3.22. Prueba testimonial

La posesión y sus demás requisitos legales, se justificará mediante tres testigos idóneos.



Artículo 3.23. Publicación de la solicitud

Para recibir la información, previamente se publicarán edictos con los datos necesarios de la solicitud del promovente, por dos veces con intervalos de por lo menos dos días, en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” y en otro periódico de circulación diaria.



Artículo 3.24. Pronunciamiento de la resolución

Comprobada debidamente la posesión, el Juez declarará que el poseedor se ha convertido en propietario.



Artículo 3.25. Inscripción de la posesión

La posesión apta para prescribir bienes inmuebles no inscritos en el Registro Público de la Propiedad, podrá ser objeto de registro; para cuyo efecto el interesado acompañará a su solicitud los documentos que se exigen para la información de dominio.



Artículo 3.26. Información posesoria

Para recibir la testimonial, previamente se citará a las autoridades y personas y se hará la publicación conforme a lo dispuesto para la información de dominio.



Artículo 3.27. Oposición a la información de dominio o posesoria

Quien se sienta afectado con la información de dominio o de posesión, lo alegará por escrito y se suspenderá el curso del expediente de información, si éste estuviera ya concluido y aprobado, deberá el Juez poner la demanda en conocimiento del Registrador para que suspenda la inscripción y si ya estuviere hecha, para que anote dicha demanda.



Artículo 3.28. Caducidad de la oposición

Si el opositor deja transcurrir seis meses sin promover en el procedimiento de oposición, quedará éste sin efecto, haciéndose, en su caso, la cancelación que proceda.



Artículo 3.29. Protocolización de las informaciones

Las informaciones se protocolizarán ante el Notario que designe el interesado y se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad.



Artículo 3.30. Procedencia

El Apeo o deslinde tiene lugar cuando no se hayan fijado los límites que separan un predio de otro u otros o que, habiéndose fijado, haya motivo fundado para creer que no son exactos.



Artículo 3.31. Legitimación

Tienen derecho para promover el apeo o deslinde:

I. El propietario;

II. El poseedor con título bastante para transferir el dominio;

III. El usufructuario.



Artículo 3.32. Contenido de la solicitud

La solicitud de apeo o deslinde deberá contener:

I. La ubicación del inmueble y su denominación, si la tuviere;

II. En su caso, la parte o partes específicas sobre las que se pretenda llevar a cabo;

III. Los nombres de los colindantes;

IV. El sitio donde están y donde deban colocarse las señales, y si éstas no existen, el lugar donde estuvieron;

V. Designación de un perito.



Artículo 3.33. Documentos y planos

A la solicitud se acompañarán los planos, títulos de propiedad y demás documentos que sean necesarios para la práctica de la diligencia.



Artículo 3.34. Notificación a los colindantes y señalamiento de fecha y lugar para la diligencia

Presentada la promoción, el Juez la mandará notificar a los colindantes, para que dentro de tres días exhiban los títulos o documentos de su posesión y nombren perito si quisieren hacerlo, y señalará día, hora y lugar para que tenga verificativo la diligencia de apeo o deslinde



Artículo 3.35. Identificación de puntos

Si fuere necesario identificar alguno o algunos de los puntos de deslinde, los interesados podrán presentar dos testigos de identificación por cada uno, a quienes se examinará en el lugar y hora de la diligencia.



Artículo 3.36. Diligencia de apeo o deslinde

El día y hora señalados, el Juez y Secretario, estando presentes los peritos, testigos de identificación e interesados, se llevará a cabo la diligencia conforme a las reglas siguientes:

I. Se practicará el apeo o deslinde, asentándose acta en que consten todas las observaciones que hicieren los interesados;

II. La diligencia no se suspenderá por virtud de simples observaciones, sino en el caso de que alguna persona presente en el acto un documento debidamente registrado que pruebe que el inmueble que se trata de deslindar es de su propiedad;

III. El Juez al ir demarcando los límites del inmueble por deslindar, confirmará en la posesión al promovente de la propiedad que quede comprendida dentro de ellos, si ninguno de los colindantes se opusiera, o mandará que se mantenga en la que esté disfrutando;

IV. Si hay oposición de alguno de los colindantes respecto a un punto determinado por considerar que conforme a sus títulos queda comprendido dentro de los límites de su propiedad, el Juez oirá a los testigos de identificación y a los peritos e invitará a los interesados a que se pongan de acuerdo. Si se lograre, se hará constar y se confirmará la posesión según su sentido. Si no lograre el acuerdo, se abstendrá el Juez de hacer declaración alguna en cuanto a la posesión;

V. El Juez mandará que se fijen las señales convenientes en los puntos deslindados, las que quedarán como límites legales.



Artículo 4.1. Procedencia del concurso de acreedores

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el deudor no comerciante cesó en sus pagos, cuando:

I. Incumpla en el pago de sus obligaciones líquidas y vencidas;

II. Dos o más acreedores de plazo cumplido hayan demandado y ejecutado ante un mismo o diversos Jueces a su deudor, y no haya bienes bastantes para que cada uno embargue lo suficiente para cubrir su crédito y costas;

III. Se oculte o ausente el deudor, sin dejar al frente alguna persona que pueda cumplir con sus

obligaciones y sin que tenga bienes para que éstas puedan hacerse efectivas;

IV. El deudor decida ceder sus bienes en favor de sus acreedores.

El concurso necesario, comprende los casos previstos en las fracciones I, II y III, y el voluntario queda comprendido en la fracción IV.



Artículo 4.2. Clases de concursos

El concurso del deudor no comerciante puede ser voluntario o necesario. Es voluntario cuando el deudor se desprende de sus bienes para pagar a sus acreedores.

Es necesario, cuando dos o más acreedores de plazo cumplido han demandado y ejecutado, a su deudor y no haya bienes bastantes para que cada uno secuestre lo suficiente para garantizar su crédito y costas.



Artículo 4.3. Requisitos del concurso voluntario

En el concurso voluntario el deudor deberá presentar un escrito, en el que se expresen los motivos que lo obligan a entregar sus bienes para pagar a sus acreedores y a la solicitud acompañará lo siguiente:

I. Un inventario de sus bienes;

II. Nombre y domicilio de sus acreedores; y el origen o detalle de cada deuda.



Artículo 4.4. Solicitud de concurso necesario

El concurso necesario se hará a solicitud escrita de uno o varios acreedores del deudor. Podrá solicitarse no sólo contra el deudor presente, sino contra el ausente y contra las sucesiones de uno y otro.



Artículo 4.5. Pruebas y alegatos

En los casos de concurso, con la solicitud se acompañarán las pruebas que justifiquen que el deudor ha cesado en sus pagos, las que se desahogarán en una audiencia de pruebas y alegatos dentro de los quince días siguientes, previo el traslado a los acreedores, si el concurso es voluntario; y al deudor, si es necesario, quienes podrán ofrecer pruebas y formular alegatos.



Artículo 4.6. Prevención al deudor

En el concurso necesario, se prevendrá al deudor para que en tres días cumpla los requisitos exigidos para el concurso voluntario.



Artículo 4.7. Resolución

Verificada la audiencia, se dictará resolución dentro de los tres días siguientes.



Artículo 4.8. Medidas en el concurso

Si el Juez declara el concurso, dictará las siguientes medidas:

I. Notificar a los acreedores; los que no tengan domicilio conocido mediante edictos por dos veces de ocho en ocho días en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” y en otro de mayor circulación en la población donde se haga la citación;

II. Nombrar síndico provisional;

III. Decretar aseguramiento de los bienes, libros, correspondencia y documentos del deudor, diligencia que deberá de practicarse, sellando las puertas de los almacenes y despacho del deudor;

IV. Notificar a los deudores la prohibición de hacer pagos o entregar efectos al concursado, bajo el apercibimiento de doble pago;

V. Señalar un plazo hasta de quince días a los acreedores para que presenten sus demandas de reconocimiento de crédito, apercibidos que de no hacerlo no entrarán en concurso;

VI. Convocar a una junta de acreedores para reconocimiento, rectificación y graduación de los créditos, que se efectuará dentro de treinta días contados a partir de que fenezca el plazo que fija la fracción anterior;

VII. Acumular todos los juicios que se sigan contra el concursado, con excepción de los siguientes:

a). Los hipotecarios;

b). Los que procedan de créditos prendarios;

c). Los que no sean acumulables, por disposición de la ley;

d). Los demás que se hubieren fallado en primera instancia, mismos que se acumularán una vez que se decidan definitivamente.

VIII. Ordenar inscribir la sentencia de concurso en el Registro Público de la Propiedad, cuando sea una persona jurídica colectiva o existan bienes inmuebles en su patrimonio;

X. Señalar la fecha a que deban retrotraerse los efectos de la declaración de concurso;

X. Hacer constar la hora en que se dicte la sentencia.



Artículo 4.9. Efectos del concurso

Los efectos del concurso son:

I. Incapacitar al deudor para administrar bienes;

II. Hacer que se venza el plazo de todas sus deudas;

III. Que dejen de devengar intereses las deudas del concursado.



Artículo 4.10. Apelación de la resolución

La resolución que niegue el concurso, será apelable con efecto suspensivo; la que lo conceda, sin efecto suspensivo.



Artículo 4.11. Del síndico

El síndico administrará los bienes del concurso.



Artículo 4.12. Garantía que debe otorgar el síndico

El síndico deberá otorgar garantía dentro de los siguientes diez días de aceptación del cargo.



Artículo 4.13. Impedimentos para ser síndico

El síndico tendrá los mismos impedimentos respecto del concursado y del Juez que los que tienen los tutores que administren bienes.



Artículo 4.14. Funciones del síndico

Las funciones del síndico son:

I. Tomar posesión del patrimonio y de los demás bienes del concursado;

II. Redactar el inventario;

III. Formular el balance, si el concursado no lo hubiere presentado, y en caso contrario, rectificarlo si procediere, o aprobarlo en su caso;

IV. Recibir y examinar los libros y documentos del patrimonio del concursado;

V. Depositar los valores;

VI. Rendir al Juez, cinco días antes de que se celebre la junta de acreedores un informe del estado del patrimonio;

VII. Hacer la lista provisional de los acreedores;

VIII. Llevar la contabilidad;

IX. Presentar a la junta de acreedores proposiciones de convenio;

X. Ejercitar y continuar todos los derechos, acciones y excepciones que correspondan al concursado, con relación a sus bienes.

Cuando no haya plazo específico para el cumplimiento de las obligaciones del síndico, lo será de diez días.



Artículo 4.15. Emoción del síndico

El síndico será removido, mediante incidente, si deja de cumplir con alguna de sus funciones.



Artículo 4.16. Junta de acreedores

La junta de acreedores se desarrollará en la forma siguiente:

I. El síndico exhibirá el balance actual y un inventario de los bienes;

II. Se examinarán los créditos de los acreedores;

III. El síndico formulará un proyecto de clasificación de los créditos;

IV. Los créditos podrán ser objetados por el síndico, por el concursado o por cualquier acreedor;

V. Terminado el reconocimiento y graduación, los acreedores, por mayoría de créditos y de personas asistentes designarán síndico definitivo o en su defecto lo hará el Juez.



Artículo 4.17. Medidas urgentes en caso de fallecimiento

Luego que el Juez tenga conocimiento de la muerte de una persona, a solicitud del Ministerio Público o de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, podrá dictar las medidas urgentes necesarias si hay menores interesados o peligro de que se oculten, pierdan o dilapiden los bienes.



Artículo 4.18. Nombramiento de interventor

Mientras no haya sido aceptado el cargo de albacea, y si fuere necesario para la guarda y conservación de los bienes hereditarios, el Juez nombrará como interventor a una persona idónea.



Artículo 4.19. Carácter del interventor

El interventor recibirá los bienes por inventario y tendrá el carácter de depositario.



Artículo 4.20. Cesación del cargo de interventor

El interventor cesará en su cargo cuando el albacea acepte el cargo, a quien le entregará los bienes sin que pueda retenerlos bajo ningún pretexto.



Artículo 4.21. Inicio del juicio sucesorio

Al promoverse el juicio sucesorio debe presentarse la copia certificada del acta de defunción del autor de la herencia, y no siendo esto posible, otro documento o prueba bastante.



Artículo 4.22. Herederos incapaces

En los juicios sucesorios en que haya herederos o legatarios incapaces que no tuvieren representante, el Juez les nombrará tutor en los términos del Código Civil.



Artículo 4.23. Tutor especial

Si el tutor de algún heredero o legatario incapaz tiene interés opuesto en la herencia, el Juez le designará tutor especial para el juicio o hará que lo nombre si tuviere edad para ello. La intervención del tutor especial se limitará sólo a aquello en que tenga incompatibilidad.



Artículo 4.24. Sucesión de extranjero

En las sucesiones de extranjeros se dará a los Cónsules o Agentes Consulares, la intervención que les concede la ley.



Artículo 4.25. Acumulación al juicio sucesorio

Son acumulables a los juicios sucesorios:

I. Los juicios patrimoniales contra el finado, antes de que se resuelva en primera instancia;

II. Todas las demandas ordinarias y ejecutivas que se deduzcan contra los herederos del difunto en su calidad de tales después de denunciado el intestado;

III. Los juicios que se sigan deduciendo acción de petición de herencia, impugnando el testamento, o la capacidad de los herederos siempre que lo primero acontezca antes de la adjudicación;

IV. Las acciones de los legatarios reclamando sus legados siempre que sean anteriores a la adjudicación, excepto los legados de alimentos, de pensiones, de educación y de uso y habitación.



Artículo 4.26. Intervención al Ministerio Público

En los juicios sucesorios, se dará intervención al Ministerio Público cuando haya herederos incapaces, cuando estos carezcan de representante legal o el juez advierta que es omiso o actúa en contra de los intereses de aquellos.



Artículo 4.27. Aceptación del cargo de albacea y garantía

El albacea aceptará o no el cargo conferido dentro de tres días de conocer su designación, y garantizará su manejo en términos del Código Civil.

Si no garantiza su manejo dentro del plazo señalado, se le removerá mediante incidente.



Artículo 4.28. Secciones del juicio

En el juicio sucesorio se formarán cuatro secciones, las que podrán iniciarse simultáneamente.



Artículo 4.29. Sección primera

La primera sección es de sucesión y contendrá, en sus respectivos casos:

I. La denuncia acompañando el testamento, en su caso;

II. La citación de los herederos y a los que se consideren con derecho a la herencia;

III. El nombramiento y remoción de albacea e interventores;

IV. El reconocimiento de derechos hereditarios;

V. Los incidentes sobre nombramiento o remoción de tutores;

VI. Las resoluciones sobre la validez del testamento, la capacidad legal para heredar y la preferencia de derechos.



Artículo 4.30. Sección segunda

La sección segunda es de inventario y avalúos y contendrá:

I. El inventario provisional del interventor;

II. El inventario y avalúo;

III. Los incidentes que se promuevan;

IV. La resolución sobre inventario y avalúo.



Artículo 4.31. Tercera sección

La tercera sección es de administración y contendrá:

I. Todo lo relativo a la administración;

II. Las cuentas, su glosa y calificación.



Artículo 4.32. Cuarta sección

La cuarta sección es de partición y contendrá:

I. El proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios;

II. El proyecto de partición de los bienes;

III. Los incidentes que se promuevan al respecto;

IV. Los convenios relativos;

V. Las resoluciones sobre los proyectos mencionados;

VI. Lo relativo a la adjudicación de los bienes.



Artículo 4.33. Omisión de secciones

Las secciones tercera y cuarta podrán omitirse cuando el heredero sea único y desempeñe el cargo de albacea.



Artículo 4.34. Bienes omitidos en el inventario

Si dictada la resolución de adjudicación, aparecen bienes omitidos en el inventario, podrán los interesados solicitar su inclusión mediante el incidente respectivo, cumpliéndose con los requisitos exigidos para las secciones segunda, tercera y cuarta.



Artículo 4.35. Existencia de testamento en caso de intestado

Si durante la tramitación de un intestado se exhibe el testamento, se sobreseerá aquél, para iniciar el juicio testamentario, a no ser que se refiera a una parte de los bienes hereditarios. En este caso se acumularán los juicios y el albacea será el testamentario; la liquidación y partición serán comunes; los inventarios lo serán cuando se acumulen antes de su formación.



Artículo 4.36. Inicio de juicio testamentario

El juicio testamentario se inicia cuando hay testamento otorgado con las formalidades de ley.



Artículo 4.37. Albacea testamentario o nombramiento

Presentado el testamento, el Juez sin más trámite lo tendrá por radicado y en el mismo auto ordenará convocar a los interesados a una junta para que se les dé a conocer el contenido del testamento y el albacea nombrado y, en su caso, para que acepte el cargo; si no hubiere nombramiento para que procedan a elegirlo.



Artículo 4.38. Plazo para la junta

La junta se verificará dentro de los ocho días siguientes a la citación si la mayoría de los herederos residen en el lugar del juicio. De no ser así, se celebrará dentro de los treinta días siguientes.



Artículo 4.39. Citación por edictos

Si se desconoce el domicilio de los herederos, se citarán por edictos, que se publicarán una vez en los términos de ley.



Artículo 4.40. Declaración de validez del testamento

En la junta, si el testamento no es impugnado, ni se objeta la capacidad de los interesados, el Juez reconocerá su validez, y como herederos o legatarios a los que estén nombrados en las porciones que les correspondan.



Artículo 4.41. Impugnación de testamento

Si se impugna la validez del testamento o la capacidad de algún heredero, se continuará el juicio hasta antes de la adjudicación, en tanto se dicta sentencia definitiva sobre la impugnación.



Artículo 4.42. Denuncia intestamentaria

Al denunciarse un intestado, justificará el interesado, el parentesco o lazo que lo hubiere unido con el autor de la herencia.

En la denuncia se deberá indicar los nombres y domicilios de los presuntos herederos legítimos.



Artículo 4.43. Denuncia por terceros

Cualquiera que tenga interés en que se nombre albacea o interventor, podrá hacer la denuncia del sucesorio. Mencionará nombre y domicilio de los presuntos herederos legítimos para que se les notifique y realicen el trámite para nombrar albacea. De no nombrarlo o no comparecer herederos, en el plazo de quince días, el Juez nombrará interventor, quien ejercitará acciones o contestará demandas a nombre de la sucesión hasta en tanto se designa albacea.



Artículo 4.44. Citación a los presuntos herederos

El Juez al radicar la sucesión ordenará notificar a las personas señaladas como presuntos herederos legítimos para que, dentro de los treinta días siguientes, justifiquen sus derechos a la herencia; pedirá informes al Archivo General de Notarías que será acompañado por el reporte de búsqueda expedido por el Registro Nacional de Avisos de Testamento y al Registro Público de la Propiedad sobre la existencia de testamento.



Artículo 4.45. Declaración de herederos

Transcurrido el plazo concedido a los presuntos herederos, sin que ello implique pérdida de sus derechos, a petición de algún interesado se dictará auto de declaración de herederos; también lo hará antes del plazo si comparecen todos los citados.

Este auto será apelable sin efecto suspensivo.



Artículo 4.46. Junta de herederos

En el auto declarativo de herederos, se citará a junta de herederos dentro de los

ocho días siguientes para que designen albacea. Se omitirá si el heredero fuere único o si nombran por escrito a una misma persona.



Artículo 4.47. Notificación

Si ninguno de los presuntos herederos es declarado como tal, se notificará al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, para que deduzca sus derechos.



Artículo 4.48. Continuación del interventor

Si ninguno de los pretendientes hubiere sido declarado heredero, continuará como albacea judicial el interventor que se hubiere nombrado antes o que en su defecto se nombre.



Artículo 4.49. Entrega de documentos

Al albacea se le entregarán todos los documentos inherentes a los bienes que forman la masa hereditaria, y los herederos le concederán facilidades y auxilio para el desempeño de su cargo.



Artículo 4.50. Plazo para el inventario

El albacea presentará el inventario y avalúo, dentro de treinta días de aceptación del cargo.



Artículo 4.51. Vista con el inventario y avalúo

Con el inventario y avalúo se dará vista por cinco días a los interesados.



Artículo 4.52. Aprobación del inventario y avalúo

Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior, sin haberse hecho oposición, el Juez los aprobará.



Artículo 4.53. Oposición al inventario

Si se presenta oposición al inventario o avalúo, se substanciará en forma incidental.



Artículo 4.54. Modificación de inventario y avalúo

Aprobado el inventario y avalúo, sólo podrá modificarse cuando aparezcan o se excluyan bienes o se declare operante la oposición.



Artículo 4.55. Enajenación de bienes inventariados

Pueden enajenarse los bienes inventariados, además de en los casos previstos en

el Código Civil, cuando:

I. Puedan deteriorarse;

II. Sean de difícil y costosa conservación;

III. Tratándose de frutos, se presenten condiciones ventajosas.



Artículo 4.56. Rendición de cuentas

El interventor, el albacea y cualquier persona que haya tenido la administración de los bienes hereditarios, están obligados a rendir bimestralmente, cuenta de su administración, pudiendo el Juez de oficio o a petición de parte, exigir el cumplimiento.



Artículo 4.57. Depósito de efectivo

Las cantidades que resulten líquidas se depositarán a disposición del Juzgado.



Artículo 4.58. Remoción por falta de rendición de cuentas

Es causa de remoción, la omisión de rendir cuentas bimestrales, o si no se aprueban. El trámite se hará en forma incidental.



Artículo 4.59. Bienes insuficientes

Cuando no alcancen los bienes para pagar las deudas y legados, el albacea lo informará a los acreedores y legatarios.



Artículo 4.60. Cuenta general

Dentro de los ocho días siguientes de hecha la liquidación, el albacea presentará la cuenta general. Si no lo hace se le apremiará.



Artículo 4.61. Vista con las cuentas

Presentada la cuenta bimestral o general de administración, se dará vista por diez días a los interesados.



Artículo 4.62. Aprobación de cuenta

Si los interesados no impugnan la cuenta, el Juez la aprobará. Las objeciones se tramitarán en forma incidental.

El auto que decida sobre la cuenta es apelable sin efecto suspensivo.



Artículo 4.63. Cancelación de garantía

La garantía otorgada por el interventor y el albacea, no se cancelará sino hasta que haya sido aprobada la cuenta general de administración.



Artículo 4.64. Aprobación de la cuenta

Aprobada la cuenta de administración, el albacea procederá a la liquidación de la herencia.



Artículo 4.65. Distribución provisional

El albacea, dentro de los quince días de aprobado el inventario, presentará proyecto de distribución provisional bimestral de los productos de los bienes hereditarios, que tenga en administración.



Artículo 4.66. Vista con el proyecto

Con el proyecto a que se refiere el artículo anterior se dará vista por cinco días a los interesados. Si están conformes o nada exponen, lo aprobará el Juez. La inconformidad se substanciará en forma incidental.



Artículo 4.67. Nombramiento del partidor

Aprobada la cuenta general de administración, dentro de los quince días siguientes el albacea presentará proyecto de partición de los bienes; si no lo pudiere hacer por sí mismo, lo manifestará al Juez dentro de los tres días de aprobada la cuenta, a fin de que se nombre un partidor.



Artículo 4.68. Remoción del albacea

Será removido el albacea, mediante incidente, por incumplimiento de las obligaciones respecto a la formulación y presentación del proyecto de partición.



Artículo 4.69. Forma de elegir partidor

Cuando el albacea no haga la partición por sí mismo, el Juez convocará a los herederos a junta, dentro de los tres días siguientes a fin de que se haga la elección de partidor; si no hubiere mayoría, el Juez lo nombrará de entre los propuestos.



Artículo 4.70. Intervención del cónyuge

El cónyuge, aunque no tenga el carácter de heredero, será tenido como parte, si entre los bienes hereditarios hubiere bienes de la sociedad conyugal.



Artículo 4.71. Plazo del proyecto de partición

El Juez concederá al partidor hasta treinta días para que presente el proyecto, ordenando se le den las facilidades que requiera, apercibido que de incumplir perderá sus honorarios, será separado del cargo y, en su caso, responsable de los daños y perjuicios.



Artículo 4.72. Resolución de adjudicación

Con el proyecto de partición, se dará vista a los interesados por el plazo de diez días. Si no hubiere oposición, el Juez lo aprobará y dictará resolución de adjudicación.



Artículo 4.73. Oposición a la partición

La oposición al proyecto de partición se substanciará en forma incidental. La resolución que la decida será apelable sin efecto suspensivo.



Artículo 4.74. Formalidad de la adjudicación

La adjudicación de bienes hereditarios se otorgará con las formalidades que la ley exige para su venta. El Notario ante el que se otorgue la escritura, será designado por el albacea.



Artículo 4.75. Apelación de la adjudicación

La resolución que decida sobre la adjudicación es apelable con efecto suspensivo.



Artículo 4.76. Adjudicación del patrimonio familiar

Exhibida el acta de defunción, acreditado el derecho de los herederos y la existencia del patrimonio familiar, el Juez dictará resolución de adjudicación.



Artículo 4.77. Tramitación notarial

La tramitación de la sucesión, podrá realizarse ante Notario, cuando no haya controversia alguna.



Artículo 4.78. Continuación ante Notario

El juicio sucesorio iniciado, puede continuarse ante Notario, a solicitud de los interesados satisfaciendo los requisitos del artículo anterior.



Artículo 4.79. Tramitación por testamento público

Cuando hay testamento público abierto, el albacea, si lo hubiere y los herederos, con la copia certificada del acta de defunción del autor de la herencia y un testimonio del testamento, comparecerán ante Notario para reconocer sus derechos hereditarios y aceptar la herencia.



Artículo 4.80. Designación de albacea

Cuando no exista albacea, los herederos lo designarán.



Artículo 4.81. Inventario, avalúo y adjudicación

El albacea deberá presentar el inventario, avalúo y proyecto de partición, y se procederá a otorgar la escritura de adjudicación.



Artículo 4.82. Tramitación en caso de testamento público simplificado

Para la sucesión y titulación notarial por los legatarios instituidos en testamento público simplificado, se observará lo siguiente:

I. Los legatarios exhibirán al Notario la copia certificada del acta de defunción del testador y el testamento público simplificado;

I. El Notario recabará del Archivo General de Notarias que informe de la existencia de testamento posterior. En el caso en el que el testamento presentado sea el último otorgado, el Notario podrá continuar con los trámites;

III. El Notario redactará el instrumento en el que se relacionarán los documentos exhibidos, las constancias a que se refieren las fracciones anteriores, los demás documentos del caso, y la conformidad de los legatarios en aceptar el legado. En su caso, se podrá hacer constar la repudiación;

IV. En el instrumento a que se refiere la fracción anterior, los legatarios podrán otorgar, a su vez, testamento público simplificado.



Artículo 4.83. Tramitación especial

Los herederos pueden acudir al Juez para tramitar o continuar en forma especial el juicio sucesorio exhibiendo:

I. Copia certificada del acta de defunción del autor de la sucesión;

II. Testamento o documentos que justifiquen su derecho;

III. Informe del Archivo General de Notarías sobre inexistencia de testamento del autor de la herencia;

IV. Inventario;

V. Convenio de adjudicación.



Artículo 4.84. Resolución en la tramitación especial

El Juez en una sola audiencia y en presencia de los interesados, examinará los documentos y resolverá haciendo la declaración de herederos, y adjudicación de los bienes.



Artículo 4.85. Oposición al trámite especial o notarial

Si en el trámite especial o notarial hubiere oposición, el juicio se seguirá conforme a las reglas generales de este título.



Artículo 4.86. Formalidad de la adjudicación

La adjudicación de bienes hereditarios se hará con la misma formalidad que la ley exige para su venta.



Artículo 5.1. Reglas de las controversias

Las controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, se tramitarán de acuerdo con las reglas que se señalan en este Libro, y en lo no presvisto, con las del Libro Segundo de este ordenamiento.

Las controversias de derecho familiar se consideran de orden público por constituir la base de la integración de la sociedad, estando facultado el juzgador para actuar de oficio, especialmente tratándose de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, en materia de alimentos, guarda y custodia, patria potestad y de las cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas cautelares tendientes a preservar la familia y a proteger a sus miembros. El juzgador deberá implementar las medidas de protección conducentes, a fin de garantizar el pleno goce, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Tratándose de asuntos de reconocimiento de paternidad, el juzgador no requerirá nombrar a un tutor a favor del menor, excepto cuando quien lo promueva en su nombre tenga un interés opuesto al del menor.

El juez dictará las medidas tendientes a garantizar de manera provisional y definitiva el derecho de niñas, niños y adolescentes y de los padres a gozar de la convivencia familiar, velando en todo momento por el interés superior de aquellos.



Artículo 5.2. Controversías

Se sujetarán a estas controversias:

I. La que se susciten con motivo de alimentos, guarda y custodia, convivencia, régimen patrimonial, patria potestad, parentesco, paternidad, nulidades relativas a esta materia y las demás relacionadas con el derecho familiar;

II. Las relativas al estado civil de las personas; y

II. La petición de herencia después de la ajudicación respectiva.

Quedan exceptuadas, las controversias relacionadas con el derecho sucesorio.



Artículo 5.3. Principios de procedimiento

Las controversias se regirán por los principios de oralidad, inmediación, publicidad, concentración y continuidad.



Artículo 5.3 bis. Principios del procedimiento relacionado con niñas, niños o adolescentes

En todo procedimiento de carácter jurisdiccional en el que estén relacionados niñas, niños o adolescentes, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez se deberá observar lo siguiente:

I. Garantizar la protección y prevalencia del interés superior de la niñez.

II. Proporcionar información clara, sencilla y comprensible para las niñas, niños y adolescentes sobre el procedimiento judicial o administrativo de que se trate y la importancia de su participación en el mismo, incluyendo, en su caso, formatos accesibles de fácil comprensión y lectura para niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

III. Garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser representados, así como información sobre las medidas de protección disponibles.

IV. Proporcionar asistencia de profesionales especializados cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera.

V. Proporcionar la asistencia de un traductor o intérprete.

VI. Ponderar, antes de citar a una niña, niño o adolescente a alguna audiencia, la pertinencia de la misma, considerando su edad, madurez, estado psicológico, así como cualquier otra condición específica.

VII. Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la patria potestad, tutela, guarda o custodia durante la sustanciación de todo el procedimiento, salvo disposición judicial en contrario.

VIII. Mantener a niñas, niños o adolescentes apartados de los adultos que puedan influir negativamente en su comportamiento o estabilidad emocional, cuando así lo determine la autoridad competente, antes y durante la realización de la audiencia o comparecencia respectiva.

IX. Destinar espacios lúdicos de descanso y aseo para niñas, niños y adolescentes en los recintos en que se lleven a cabo procedimientos en que deban intervenir.

X. Ajustarse al tiempo de participación máximo para la intervención de niñas, niños o adolescentes durante la sustanciación de los procedimientos, de conformidad con los principios de autonomía progresiva y celeridad procesal.

XI. Implementar medidas para proteger a niñas, niños o adolescentes de sufrimientos durante su participación y garantizar el resguardo de su intimidad y datos personales.



Artículo 5.4. Derecho de la intimidad de las partes

El juzgador velará durante el proceso por el respeto al derecho a la intimidad de las partes y especialmente de niñas, niños y adolescentes, reconociendo a estos como sujetos de derecho, promoviendo, garantizando y protegiendo el pleno ejercicio y goce de los derechos humanos, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez

Con ese objeto podrá prohibir la difusión de datos e imágenes referidos al proceso o a las partes; o disponer, mediante resolución fundada, que todas o algunas de las actuaciones del procedimiento se realicen en forma reservada.



Artículo 5.5. Suspensión de la audiencia

El procedimiento se desarrollará en audiencias sucesivas hasta su conclusión. El juez podrá suspender el desarrollo de la audiencia por razones de absoluta necesidad por un plazo hasta de diez días, de acuerdo con el motivo de la suspensión, en cuyo caso, comunicará oralmente la fecha y hora de su continuación, lo que se tendrá como suficiente citación.



Artículo 5.6. Conciliación

En cualquier etapa del proceso, inclusive en segunda instancia hasta antes de dictar sentencia, las partes podrán conciliar sus intereses si la naturaleza del asunto lo permite, se someterá el convenio a la aprobación de la o el juez o sala, se exceptúa de lo anterior lo relativo al procedimiento de violencia familiar.



Artículo 5.7. Traslado del personal

El juez podrá ordenar el traslado del personal de actuaciones y terceros, al domicilio o lugar donde se encuentren las cosas o personas sobre las que se deba desahogar algún medio probatorio.



Artículo 5.8. Suplencia de la queja

En el conocimiento y decisión de las controversias relacionadas con el derecho familiar y del estado civil de las personas, el juez podrá suplir la deficiencia de la queja e incluso analizar cuestiones distintas a las planteadas por las partes, si ello resulta imprescindible para proteger debidamente el interés de la familia y en particular, los derechos e intereses de los menores.



Artículo 5.9. Peticiones orales

El juez proveerá oralmente y al momento toda petición que le sea planteada durante las audiencias salvo las excepciones de ley.



Artículo 5.10. Determinaciones orales

El juez proveerá oralmente y al momento toda petición que le sea planteada durante las audiencias salvo las excepciones de ley.



Artículo 5.11. Diligencias fuera del juzgado

Las diligencias de desahogo de pruebas que deban verificarse fuera del juzgado pero dentro de su ámbito de competencia territorial, serán presididas por el juez; se registrarán conforme a lo dispuesto para las audiencias en el juzgado.



Artículo 5.12. Nulidad de una actuación

Sólo durante las audiencias podrán reclamarse las nulidades que de ellas se originen; las cuales previa vista a la contraria, se resolverán en el propio acto.

La nulidad producida en la audiencia principal deberá reclamarse durante ésta, antes de que el juez pronuncie la sentencia definitiva.



Artículo 5.13. Notificación de la audiencia

Las resoluciones judiciales dictadas en las audiencias, se tendrán por notificadas a quienes estén presentes.

A los insistentes, se notificará conforme a las reglas generales de las notificaciones.

La notificación personal que ordene el juzgador, contendrá un extracto sucinto del acto procesal respectivo.



Artículo 5.14. Tercerías en el procedimiento oral

Las tercerías coadyuvantes que surjan dentro del procedimiento oral, se substanciarán en la misma pieza de autos; las excluyentes, por cuerda separada; conforme a las reglas y procedimientos de la controversia del derecho familiar y lo demás, acorde a lo dispuesto en el capítulo I título sexto, Libro segundo.



Artículo 5.15. Acumulación de autos

Dos o más controversias deben acumularse cuando la decisión de cada una exige la comprobación, la constitución, o la modificación de relaciones jurídicas que derivan en todo o en parte del mismo hecho, de manera que éste tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden, en todo o en parte, al mismo efecto; o cuando en dos o más juicios deba resolverse totalmente o parcialmente una misma controversia.

La acumulación procederá en cualquier etapa del proceso hasta la fase de alegatos. La acumulación se hará a favor del que prevenga en el conocimiento de los juicios.

Los asuntos conexos se acumularán a instancia de parte o de manera oficiosa, a fin de evitar sentencias contradictorias.

En la acumulación de juicios orales a ordinarios o viceversa, una vez concluida la fase de alegatos, se remitirán al que, por razón de prevención, le corresponda el conocimiento y decisión del asunto para que en una misma sentencia se resuelvan ambos.



Artículo 5.16. Interés superior de niñas, niños y adolescentes

El interés superior de niñas, niños y adolescentes es la prioridad que ha de otorgarse a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, respecto de cualquier otro derecho.

El derecho a las niñas, niños y adolescentes a ser escuchados y tomados en cuenta son principios rectores que el juez debe tener siempre como consideración primordial en la tramitación y resolución del asunto sometido a su conocimiento.

Al resolver una controversia, el juez podrá dictar las medidas que estime pertinentes para salvaguardar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, entre otras, ordenar terapia médica, psicológica o social a sus progenitores o quienes integren el grupo familiar.

Dentro de las 12 horas siguientes a la imposición alguna medida urgente de protección ordenada por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México el órgano jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o modificación de la medida que se encuentre vigente.

En los asuntos en que estén involucrados niñas, niños y adolescentes o incapaces, el juez deberá suplir la deficiencia de la Queja en beneficio de estos.



Artículo 5.17. Suspensión de la audiencia

Las partes podrán de común acuerdo, por una sola vez, solicitar la suspensión de la audiencia, para lo cual, el juez señalará nuevo día y hora para su celebración dentro de un plazo que no excederá de quince días hábiles.



Artículo 5.18. Registro de audiencias

Las audiencias se registrarán en video, audio grabación o cualquier medio apto, a juicio del juez, para producir seguridad en las actuaciones e información que permitan garantizar su fidelidad, integridad, conservación, reproducción de su contenido y acceso, a quienes de acuerdo a la ley tuvieren derecho a ello.



Artículo 5.19. Limitación en el uso de la palabra

El juez podrá limitar el tiempo en el uso excesivo de la palabra; asumirá en todo momento la dirección del proceso y aplicará las correcciones disciplinarias que estime pertinentes, incluso ordenar el retiro de la sala de audiencias.



Artículo 5.20. Disciplina en la Sala de Audiencias

En cada audiencia el secretario de acuerdos hará saber a las partes, comparecientes y público asistente, el orden, decoro y respeto que deberán observar así como los nombres de los servidores públicos jurisdiccionales y demás participantes.

Corresponde al secretario verificar la identidad de los que intervendrán en las audiencias; hará constar la inasistencia de alguna de las partes.

Si una parte o los terceros llegan al recinto oficial después de iniciada la audiencia, podrán incorporarse a partir de ese momento, sin embargo, tendrán por prelucido el derecho para hacer valer las manifestaciones y demás actos referentes a las actuaciones ya celebradas.

El Secretario hará constar el momento de su incorporación.



Artículo 5.21. Recesos

El juez decretará los recesos que estime pertinentes para el mejor desarrollo de la audiencia, con la precisión de su duración; las partes quedarán obligadas a asistir a la hora señalada para la continuación y serán apercibidas que de no comparecer, se les tendrá por renunciado su derecho a estar presentes.



Artículo 5.22. Retraso de la audiencia

En caso de que una audiencia en distinto proceso, se prolongue y llegue la hora señalada para la verificación de otra, las personas citadas deberán permanecer en el juzgado hasta que se termine aquella, acorde al orden de audiencias a verificarse. El secretario fijará diariamente en la lista, las audiencias a realizarse, con la mención del número de expediente, si se trata de la audiencia inicial o principal y el nombre de las partes.



Artículo 5.23. Copia del registro de la audiencia

Cuando fuera de audiencia se solicite copia de los videos o audio grabaciones, con conocimiento de la contraria se obsequiarán; para tal efecto se acompañarán a la solicitud los discos compactos necesarios.

Cuando la petición se realice en la audiencia, con conocimiento de la contraria, se autorizará. Queda prohibido a las partes, terceros y autoridades, la difusión por cualquier medio de las

constancias, video o audio grabaciones de las controversias que regula este título; para lo cual, se estará a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y al Reglamento del Poder Judicial en la materia.



Artículo 5.24. Conservación del registro de las audiencias

La conservación de la video y audio grabación o de cualquier otro medio apto estimado por el juez que integren el expediente, se hará por duplicado el que se depositará en el área de seguridad del juzgado; cuando se dañe el soporte material del registro y se afecte su contenido, el juez ordenará reemplazarlo.



Artículo 5.25. Prohibición para grabar audiencias

Queda prohibido utilizar equipos de telefonía, grabación y videograbación en el recinto oficial.



Artículo 5.26. Identificación de los registros de las audiencias

A los videos o audio grabaciones y cualquier otro registro determinado por el juez, se les asignará un número consecutivo, seguido de las iniciales JOF y el número de expediente.



Artículo 5.27. Acta de audiencia

De cada audiencia se instrumentará acta que contendrá la fecha, lugar, hora de inicio y término, el nombre de los servidores públicos y personas que hubieren intervenido, la relación de los actos procesales celebrados y la mención sucinta de requerimientos, citaciones, apercibimientos y cualquier otro acto que el juez determine deba comunicarse a las panes o terceros que no asistieron; la cual será firmada por el juez y el secretario.



Artículo 5.28. Preclusión

La facultad de las partes para realizar determinados actos procesales en las audiencias, producirá su preclusión de no hacerse valer en la fase correspondiente.

El juez determinará el inicio y la conclusión de cada una de las etapas de las audiencias, precluyendo los derechos procesales que debieron ejercitarse en las anteriores.



Artículo 5.29. Protesta de decir verdad

Al inicio de las audiencias, el juez tomará la protesta de ley a quienes vayan a declarar.



Artículo 5.30. Intervención del Ministerio Público

Cuando se involucren derechos relacionados con niñas, niños y adolescentes se dará intervención al Ministerio Público y a !a Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México y las procuradurías de protección municipales, desde el auto admisorio, cuando aquellos carezcan de representante legal. También se dará intervención al Ministerio Público cuando se trate de incapaces, desde el auto admisorio cuando carezcan de representante legal.

El Juez en cualquier etapa del procedimiento, cuando advierta que el representante legal es omiso o actúa en contra de los intereses de niñas, niños y adolescentes o incapaces dará intervención a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México.

Tratándose de adultos mayores, el Juez dará intervención al Ministerio Público, cuando advierta que se requiere para la mejor representación de sus intereses.



Artículo 5.31. De los juicios especiales y procedimientos no contenciosos

Son aplicables a los juicios especiales y procedimientos no contenciosos relacionados con derecho familiar y el estado civil de las personas, en lo conducente, las reglas señaladas en el presente libro.



Artículo 5.32. Requisitos de los medios de prueba

Al ofrecer las pruebas, las partes cumplirán lo siguiente:

I. Relacionarlas con los hechos controvertidos;

II. Para la prueba testimonial sólo se. precisará el nombre y apellidos de los testigos; cuando el oferente manifieste no poder presentarlos, señalará las razones de la imposibilidad y su domicilio.

Cuando el testigo radique fuera de la competencia territorial del juzgado, se exhibirá interrogatorio para los efectos del artículo 1.339.

III. En la prueba pericial se precisará su objeto y se exhibirá el cuestionario sobre el cual deba versar.

De no cumplirse con los requisitos a que se refieren las fracciones anteriores y de no subsanarse en la audiencia inicial, se inadmitirán.

IV. Cuando se trate de documentos que obren ante personas jurídicas colectivas o físicas, o de informes que deban rendir, se proporcionarán los datos necesarios que permitan su desahogo. Para lo cual se librará de manera inmediata el oficio o exhorto correspondiente a fin de que en un término no mayor de tres días a partir de su recepción, se remitan los documentos o rindan los informes solicitados por el juzgado, con el apercibimiento de multa o arresto para el caso de incumplimiento.

El oficio o exhorto respectivo quedará a disposición del interesado el día de la publicación del acuerdo.

La falta de interés en el desahogo de estos medios de prueba, surtirá efectos de deserción en perjuicio de la parte oferente.



Artículo 5.33. Declaración de parte

La declaración de parte consiste en la facultad de los litigantes para interrogar oralmente a la contraria, sobre hechos y circunstancias de que tenga noticia y que guarden relación con el objeto de la controversia.

Las preguntas de la declaración se formularán en forma interrogativa y podrán no referirse a hechos propios pero con la debida precisión y claridad, sin incorporar valoraciones ni calificaciones, de manera que puedan ser entendidas sin dificultad.

El juez resolverá las objeciones que se formulen; que se referirán a la claridad y precisión de las preguntas o a la pertinencia de los hechos por los cuales la parte haya sido requerida para declarar.

Si el declarante se niega a contestar o se conduce con evasivas, el juez podrá exigirle la respuesta y aclaraciones, en todo caso, valorará prudentemente la conducta procesal adoptada.

Si el que deba declarar no asiste, la prueba se tendrá por desierta pero se considerará la conducta procesal del citado.

El juez interrogará al declarante cuando lo estime pertinente.



Artículo 5.34. Declaración de parte y confesional

La declaración de parte podrá recibirse con independencia de la confesional.

Si se admiten la confesional y declaración de parte, ésta se desahogará al concluir aquélla.



Artículo 5.35. Opinión de niñas, niños y adolescentes

De existir niñas, niños o adolescentes, a petición de parte o de oficio, el Juez tomará las providencias necesarias para que sin formalidad alguna, participen, sean escuchados y tomados en cuenta y expresen de manera libre su opinión en los asuntos que les afecten



Artículo 5.36. Objeción de documentos

La objeción de documentos será necesariamente al contestar la demanda, al reconvenir o al contestar ésta, o en su caso, en la fase de admisión y preparación de pruebas de la audiencia inicial, con el ofrecimiento de los medios de convicción que la acrediten; la de los exhibidos en audiencia, se hará en ésta.

El juez proveerá o conducente para recibir en la audiencia principal las probanzas admitidas.



Artículo 5.37. Citación de testigos

De existir imposibilidad para presentar a los testigos, el juez ordenará su citación personal con el apercibimiento que de no asistir se les impondrá una multa o arresto a juicio del juzgador y se ordenará su presentación a través de la policía ministerial.

Sólo una vez se ordenará la presentación del testigo; de no lograrse, se declarará desierta. El juez cuidará la indivisibilidad de la prueba



Artículo 5.38. Reglas para la recepción de pruebas

En el desahogo de los medios de prueba, se atenderá:

I. El pliego de posiciones de no haberse acompañado a la demanda o contestación, se exhibirá a más tardar al inicio de la fase de desahogo de la prueba.

El juez formulará oralmente las posiciones que sean calificadas de legales; a las que el absolvente responderá categóricamente.

El abogado de la absolvente podrá permanecer durante su desahogo en la sala de audiencias, apercibido que se le impondrá una multa y se le retirará, si interviene de alguna manera o se comunica con su patrocinado.

La parte que no comparezca a absolver posiciones deberá justificar fehacientemente su inasistencia hasta antes de la fase de alegatos.

El juez valorará las circunstancias particulares y tendrá o no por justificada la inasistencia y, en su caso, tomará las providencias necesarias para su desahogo, inclusive, procederá en términos del artículo 1.285.

II. Admitida la prueba pericial, el juez hará la designación de un perito o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia, sin perjuicio de que cada una de las partes designe perito para que rinda dictamen por separado.

Se correrá traslado a la contraparte del cuestionario respectivo para que, de estimarlo, se adicione en el acto de la diligencia.

El perito designado por el juez aceptará y protestará el cargo por escrito dentro de los dos días siguientes a su designación; en el auto de admisión de la prueba quedará precisado su nombre, y en su caso, la clave oficial de su nombramiento.

Las partes que hayan designado perito quedan obligadas a que acepte y proteste el cargo por escrito en un plazo no mayor de dos días.

Los peritos precisarán los elementos necesarios para su desahogo; el juez proveerá lo conducente. Si para la elaboración del dictamen, se requiere de la presencia de las partes o terceros, el juez los citará en día y hora determinado en el local del juzgado o en el que se estime pertinente para que se practiquen exámenes, pruebas, se tomen muestras y se efectúen las acciones necesarias acorde a la naturaleza de la pericial de que se trate.

Se apercibirá a las partes que de negarse a los exámenes o ante su inasistencia, se tendrán presuntamente ciertos los hechos que pretenda acreditar la oferente.

El dictamen se exhibirá por escrito en la audiencia principal, en la que los peritos darán cuenta sucinta sólo de las consideraciones generales del caso y de la parte conclusiva, sin perjuicio de que el juez pueda exigir las aclaraciones que estime conducentes.

Si los peritos designados por las partes no aceptan ni protestan el cargo, no comparecen al juzgado a examinar a ras partes y terceros, no asisten a la audiencia principal aunque exhiban con antelación su dictamen, se tendrá por precluído su derecho.

III. La testimonial se desahogará mediante interrogatorio oral que formulen las partes o el juez en lo que estime pertinente. Los testigos depondrán de viva voz.

La calificación de las preguntas será implícita, el juez sólo intervendrá para desechar las que no cumplan con los requisitos legales.

Cuando la parte oferente manifieste no tener más preguntas que formular a su testigo, la contraria podrá repreguntar sobre las respuestas otorgadas, asimismo, podrá dirigir al testigo preguntas tendentes para acreditar cualquier circunstancia que afecte su credibilidad; o exhibir las constancias que la justifiquen.

El juez podrá interrogar al testigo, de no hacerlo, le permitirá que se retire; cuidará que no se comunique con las personas que falten por rendir su testimonio.

IV. Las partes deberán presentar en la audiencia principal los medios de convicción que ofrezcan, salvo que al ofrecerlos manifiesten, bajo protesta de decir verdad, la imposibilidad de hacerlo, en este caso, a petición de parte el juez acordará lo conducente.

Las documentales supervenientes se ofrecerán y desahogarán a más tardar en la audiencia principal y para ser admitidas se manifestará bajo protesta de decir verdad que tienen tal carácter, ya sea por ser de fecha posterior a los escritos de fijación de la litis, o bien, por tener conocimiento de su existencia después de la audiencia inicial, las que se recibirán con vista a la contraria.

VI. Los peritos y testigos podrán retirarse del recinto previa autorización del juez.



Artículo 5.39. Oposición al desahogo de pruebas

Se tendrán por ciertos los hechos que pretendan acreditar las partes al ofrecer los medios de prueba: cuando su contraria impida u obstaculice de cualquier forma su desahogo, no presente a los menores que tenga bajo su custodia y cuando no exhiba algún documento o instrumento de acreditarse que los tiene a su disposición.



Artículo 5.40. De la demanda, reconvención y su contestación

La demanda, la reconvención y contestación a éstas, se regularán por lo previsto en el Libro Segundo, en lo que no se oponga al presente capítulo.

En las controversias de la fracción I del artículo 5.2 del presente ordenamiento no se requerirán formalidades especiales para acudir ante el Juez y los jueces y tribunales deberán suplir la deficiencia de la queja en sus planteamientos de derecho.

En la demanda, reconvención y contestación a éstas, se ofrecerán las pruebas respectivas. Además de los medios de prueba que este código establece, las partes podrán ofrecer la declaración de parte, sin más requisitos que los establecidos en este capítulo.

Del formato de demanda de alimentos

Artículo 5.40.1.- Las controversias de alimentos podrán iniciarse a través del formato de demanda que instrumentará el Poder Judicial del Estado y que será distribuido en las Oficinas del Registro Civil, Oficialías Calificadoras y de las Mediadora Conciliadoras en los Municipios, Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos, Sistema Estatal y Municipales de Desarrollo Integral de la Familia, Ministerios Públicos, Defensoría Pública y Juzgados de lo Familiar.



Artículo 5.41. Presentación de documentos

La presentación de documentos públicos podrá hacerse en copia simple, si el interesado manifiesta que carece de otra fehaciente, pero no producirá efectos, si no son exhibidos dentro de la audiencia inicial con los requisitos legales necesarios.

 



Artículo 5.42. Excepciones supervenientes

Las excepciones supervenientes y los medios para acreditarlas, se harán valer a más cardar en la audiencia principal, antes de la etapa de alegatos.



Artículo 5.43. Orden de descuento para alimentos

En el auto admisorio de demanda, si el juez considera acreditada la obligación alimentaria, de oficio determinará el monto de la pensión alimenticia provisional y ordenará se realicen los descuentos correspondientes por la vía que considere más rápida.

El Juez deberá dictar el auto admisorio de demanda, a más tardar al día siguiente en que haya recibido el escrito de demanda.

Adicionado, se recorren los párrafos subsecuentes, mediante el decreto número 434 de la “LVII” Legislatura publicado en la Gaceta de Gobierno el 24 de abril de 2012.)

El Juez girara oficio al centro laboral del demandado, l Instituto de la Función Registral del Estado de México, a las Instituciones de seguridad social o a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que informen sobre sueldos, prestaciones, ingresos y bienes declarados por el deudor alimentario.

La orden de descuento de los alimentos o el informe solicitado, se atenderá de inmediato por el responsable de la fuente laboral o del área de recursos humanos, y dará respuesta dentro del término de tres días, con el apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará una multa de arresto de hasta treinta y seis horas; sin perjuicio de la responsabilidad solidaria con el deudor alimentario y de su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Cuando no se acredite la capacidad económica del deudor alimentario, en atención a las circunstancias especiales del caso, se fijará en salarios mínimos, sin que pueda ser inferior a uno.

Fuera de los casos anteriores, se ordenará requerir al deudor alimentario sobre el pago inmediato de dicha pensión provisional, embargando, en su caso, bienes de su propiedad que garanticen su cumplimiento.



Artículo 5.44. Medidas provisionales

Cuando se controviertan derechos de niñas, niños y adolescentes o incapaces, el juez podrá dictar las medidas provisionales que estime pertinentes para salvaguardar los derechos de aquellos, ya sea a petición de parte, de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México y las procuradurías de protección municipales o de oficio, con conocimiento de la posición de las partes sobre el particular.



Artículo 5.45. Revisión de las medidas provisionales

Las medidas provisionales serán revisadas de oficio y, en su caso modificadas en la audiencia inicial en la que, inclusive, podrán dictarse otras.

Las resoluciones provisionales dictadas en la audiencia inicial sólo podrán modificarse en sentencia definitiva.



Artículo 5.46. Fecha para la celebración de la audiencia inicial

En el auto que tenga por contestada la demanda o reconvención, en su caso, se citará a las partes a la audiencia inicial a verificarse dentro de los cinco días siguientes.



Artículo 5.47. Apercibimiento para el calo de inasistencia

El juez apercibirá a las partes, que para el caso de inasistencia a la audiencia inicial, se impondrá una multa de hasta cincuenta días de salario mínimo vigente en el área de residencia del juzgado, que se aplicará a favor del Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia, excepto cuando el demandado no haya producido contestación ni cuando a su juicio se cause un perjuicio mayor.



Artículo 5.48. Citación personal para la audiencia inicial

La citación a la audiencia inicial se realizará mediante notificación personal a las partes.



Artículo 5.49. Trámite sumario

En las controversias sobre estado civil de las personas, queda a criterio del juez realizar o no la etapa de conciliación, si no se afectan intereses de la colectividad.

De no ser procedente la conciliación por la naturaleza del asunto, en el auto que tenga por contestada la demanda o reconvención, el juez procederá a: depurar el proceso, proveer sobre las probanzas ofrecidas, dictar las medidas para preparar el desahogo de pruebas, revisar de oficio o modificar, en su caso, las medidas provisionales, y, fijar día y hora para la celebración de la audiencia principal.

De no existir prueba pendiente por desahogar y el juez no estime necesaria la recepción de alguna, se señalará fecha, dentro de los cinco días siguientes, para la audiencia de alegatos y sentencia que podrá dictarse en la propia audiencia o dentro del plazo legal respectivo.



Artículo 5.50. Etapas de la audiencia inicial

La audiencia inicial comprenderá:

I. Enunciación de la litis;

II. Fase conciliatoria;

III. Fase de depuración procesal;

IV. Admisión y preparación de pruebas; y

V. Revisión de las medidas provisionales.



Artículo 5.51. Inasistencias de las partes

De inasistir las partes a la audiencia inicial, ésta se verificará de manera reservada, sin necesidad de que sea video o audiograbada; sólo se instrumentará un acta en la que se puntualizarán los acuerdos y providencias que se lleguen a emitir en el desahogo de cada fase. 



Artículo 5.52. Enunciación de la litis

Declarada abierta la audiencia inicial, el juez precisará sucintamente las pretensiones de las partes.



Artículo 5.53. Fase conciliatoria

El juez procurará conciliar a las partes, de lograrlo, se formulará el convenio respectivo. Para aprobarlo, el juez vigilará que los derechos de los menores o incapaces queden garantizados, de ser necesario sugerirá las modificaciones respectivas.

En la etapa de conciliación el juez mencionará los inconvenientes que conlleva la tramitación de un juicio y los instruirá de los alcances de una transacción.



Artículo 5.54. Conciliación parcial

Si las partes logran conciliar parcialmente sus difersacias, cuando la naturaleza de la litis lo permita, el juez aprobará el convenio y continuará la controversia con los puntos que no fueron objeto de éste.



Artículo 5.55. Fase de depuración procesal

Si no comparece alguna de las partes, no se logrará la conciliación o subsisten puntos litigiosos, el juez resolverá, en su caso, sobre las excepciones procesales y la cosa juzgada, con el fin de depurar d proceso y ordenará el desahogo de algún medio de prueba, si así lo estima pertinente.

La excepción de falta de personalidad del actor o en la objeción que se haga a la del represente al demandado, de declararse fundadas, si fuera subsanable la causa, se otorgará un plazo de diez días para tal efecto, de no hacerlo, si se trata del actor se sobreseerá la controversia; y del demandado, se seguirá en rebeldía.



Artículo 5.56. Admisión de medios de prueba

El juez procederá a admitir los medios de prueba ofrecidos en la demanda, reconvención y contestación a éstas, y las relacionadas con la objeción de documentos y tendrá por desahogadas las que su naturaleza así lo permita; dictará las medidas necesarias para preparar el desahogo de las restantes en la audiencia principal o fuera de ésta.

Cuando se advierta la falta de algún requisito en el ofrecimiento de una prueba, el juez requerirá a la oferente para que lo subsane en ese acto, de no hacerlo en sus términos, la inadmitirá.

En los asuntos donde se controviertan derechos de menores e incapaces o en materia de alimentos a favor del acreedor alimentario, así como cuando se planteé la guarda y custodia y patria potestad, el juez podrá ordenar el desahogo y práctica de cualquier medio probatorio. .

En materia de guarda y custodia de menores se practicarán de forma oficiosa periciales en materia de psicología familiar y trabajo social.



Artículo 5.56 bis. Presunción de filiación

En los juicios de paternidad cuando no obstante se hayan aplicado medidas de apremio a los presuntos ascendientes y éstos se niegan a practicarse la pericial en materia genética de ácido desoxirribonucleico, operará en su contra la presunción de filiación, salvo prueba en contrario.



Artículo 5.57. Desahogo de pruebas fuera de audiencia

El desahogo de las pruebas fuera del local del juzgado pero dentro de su ámbito de competencia territorial, se realizará en los días, horas y lugares que señale el juez, pero antes de la audiencia principal, para lo cual, dictará las medidas conducentes.

En el auto en que se admitan medios de prueba, se dejará a disposición del oferente el oficio o exhorto respectivo para que realice los trámites necesarios a fin de exhibirlo debidamente diligenciado hasta la fecha de la audiencia principal, con el apercibimiento de la deserción de la prueba.



Artículo 5.58. Revisión de las medidas provisionales

Las medidas provisionales serán revisadas, a través del análisis conjunto de lo manifestado por las partes y las documentales exhibidas. El juez determinará las que perdurarán durante la tramitación del proceso, y sólo podrán ser modificadas en sentencia definitiva.



Artículo 5.59. Día y hora de la audiencia principal

El juez señalará día y hora para la celebración de la audiencia principal dentro de los quince días siguientes, en la que recibirá las pruebas pendientes de desahogo, se formularán alegatos y, en su caso, dictará la resolución definitiva.



Artículo 5.60. Recepción de alegatos

Si las pruebas admitidas, por su naturaleza, fueron desahogadas y el juez no considera la recepción de otra, se recibirán alegatos y, en su caso, dictará sentencia.



Artículo 5.61. Desarrollo de la audiencia principal

La audiencia principal se desarrollará de la siguiente manera:

I. Abierta la audiencia, el secretario hará saber su objeto, llamará a las partes, peritos, testigos y demás personas que intervendrán, y precisará quiénes permanecerán en el recinto.

II. Se recibirán los medios de prueba, de preferencia, en el orden que fueron ofrecidos.

III. Desahogadas las probanzas, se formularán alegatos, por un tiempo prudente a juicio del juez, sin derecho a réplica.

IV. El juez dictará la sentencia que contendrá los motivos y fundamentos del fallo, atendiendo el interés superior de niñas, niños y adolescentes, en cuestiones que los involucren, su lectura podrá efectuarse de manera resumida.

De no dictar la sentencia en la audiencia, por la complejidad del asunto, se citará a las partes para oírla dentro de un plazo de diez días.

De la sentencia quedará constancia íntegra por escrito; una copia, se pondrá a disposición de las partes en la secretaría respectiva.



Artículo 5.62. Causas de suspensión de la audiencia

La audiencia principal sólo se suspenderá por motivo excepcional a juicio del juez.



Artículo 5.63. De los incidentes

Los incidentes se formularán con ofrecimiento de pruebas durante la audiencia y previa vista a la contraria, se resolverán en la propia audiencia.

Sólo será admisible la documental y presuncional, salvo que el juez estime el desahogo de algún otro medio de prueba para mejor proveer.

El incidente de nulidad no suspende la citación para sentencia.



Artículo 5.64. Recepción de pruebas después de la audiencia principal

El juez ordenará el desahogo de las pruebas admitidas que no hayan sido recibidas en la audiencia principal por causas ajenas al oferente; y señalará nuevo día y hora para la continuación de la audiencia, en un plazo no mayor a cinco días.

El juez dictará las providencias necesarias para su desahogo.

Cuando se hayan solicitado informes de autoridades o particulares, se les requerirá para que, a la brevedad, los rindan. Una vez agotadas las medidas de apremio que se estimen conducentes, el juez podrá tenerlas por desiertas y señalará fecha dentro de los cinco días siguientes para la continuación de la audiencia.



Artículo 5.64 bis.

En la sentencia que condene el pago de la obligación alimentaria, los jueces deberán ordenar la inscripción respectiva en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y establecer que conjuntamente con la notificación de la sentencia se haga del conocimiento del obligado alimentario los alcances de su inscripción en el citado Registro, y sus consecuencias en caso de incumplimiento.



Artículo 5.65. Solicitud de divorcio por mutuo consentimiento

Derogado



Artículo 5.66. Interés superior de menores e incapaces

Derogado



Artículo 5.67. Análisis del convenio

Derogado



Artículo 5.68. Aprobación del convenio

Derogado



Artículo 5.69. Derechos de tercero

Derogado



Artículo 5.70. Sentencia irrecurrible

Derogado



Artículo 5.71. Levantamiento de la suspensión de la audiencia

Derogado



Artículo 5.72. Efectos de la solicitud de suspensión

Derogado



Artículo 5.73. Aplicación supletoria

Derogado



Artículo 5.74. Revocación fuera de audiencia

Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales.



Artículo 5.75. De la revocación en audiencia

En audiencia, el recurso de revocación sólo procede en contra de:

I. El auto que resuelva excepciones procesales;

II. El que inadmita pruebas;

III. El auto que declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes: y

IV. El que resuelva sobre la revisión de medidas provisionales.

Los demás decretos y autos dictados en audiencia serán irrecurribles.

La revocación sólo podrá plantearse en la audiencia y al momento de emitirse el auto o decreto. Interpuesta, el juez dará vista a la contraria, de estar presente, para que en el acto la desahogue y dictará resolución.



Artículo 5.76. De la apelación

La apelación procede en contra de:

I. Las resoluciones que ponen fin a la controversia;

II. El auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia; y

III. Las resoluciones interlocutorias y definitivas.



Artículo 5.77. Apelación de la sentencia que concede alimentos

La sentencia que concede alimentos será apelable sin efecto suspensivo.



Artículo 5.78. Tramite de la apelación

El trámite y substanciación del recurso de apelación, se sujetará a las disposiciones generales de este código, con la salvedad de que en el auto de la calificación del grado, en su caso, se realizará el turno respectivo para su resolución.



Artículo 5.79. Recepción de pruebas en segunda instancia

La Sala podrá ordenar la recepción o ampliación de pruebas, cuando se trate asuntos que afecten los derechos de menores o incapaces y en materia de alimentos, guarda y custodia y patria potestad a favor del acreedor alimentario.



Artículo 5.80. Reposición del procedimiento

Sólo podrá decretarse la reposición del procedimiento con reenvío al juzgado de origen, por ausencia de algún presupuesto procesal esencial o por una violación procesal manifiesta, cuando haya trascendido al resultado del fallo; o bien, cuando en suplencia de la queja de menores o incapaces y en materia de alimentos, guarda y custodia y patria potestad a favor del acreedor alimentario, estime necesario el desahogo de medios probatorios.