Código de Procedimientos Civiles
Artículo 388.

Quedan exceptuados de embargo:

I.-Los bienes que constituyen el patrimonio de familia, en los términos establecidos por el Código Civil;

II.-El lecho cotidiano, la provisión alimenticia de la familia, los vestidos y los muebles del uso ordinario del deudor, de su cónyuge o de sus hijos, no siendo de lujo, a juicio del Juez.

III.-Los instrumentos, aparatos y útiles necesarios para el arte, oficio a que el deudor esté dedicado;

IV.-La maquinaria, instrumentos y animales propios para el cultivo agrícola, en cuanto fueren necesarios para el servicio de la finca a que estén destinados, a juicio del juez, a cuyo efecto oirá el informe de un perito nombrado por el;

V.-Los libros, aparatos, instrumentos y útiles de las personas que ejerzan o se dediquen al estudio de profesiones liberales;

VI.-Las armas y caballos que usen los militares en servicio activo, indispensables para éste conforme a las leyes relativas;

VII.-Los efectos, maquinaria e instrumentos propios para el fomento y giro de las negociaciones mercantiles o industriales, en cuanto fueren necesarios para su servicio y movimiento, a juicio del juez, a cuyo efecto oirá el dictamen de un perito nombrado por él; pero podrán ser intervenidos juntamente con la negociación a que estén destinados;

VIII.-Las mieses antes de ser cosechadas, pero no los derechos sobre las siembras; IX.-El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste;

X.-Los derechos de uso y habitación;

XI.-Las servidumbres, a no ser que se embarguen el fundo a cuyo favor están constituidas; excepto la de aguas que es embargable independientemente;

XII.-La renta vitalicia, en los términos establecidos en los artículos 2718 y 2720 del Código Civil;

XIII.-Los sueldos y el salario de los trabajadores en los términos que establece la Ley Federal del Trabajo, siempre que no se trate de deudas alimenticias o de responsabilidad proveniente de delito;

XIV.-Las asignaciones de los pensionistas del Erario;

XV.-Los ejidos de los pueblos y la parcela individual que en su fraccionamiento haya correspondido a cada ejidatario.

Si se tratare de sentencias contra la Hacienda Pública de la Federación, Estados o Municipios, la Autoridad Judicial las notificará directamente al Gobierno respectivo, para que, dentro de la órbita de sus facultades, proceda a cumplirlas, sin que en ningún caso pueda librarse mandamiento de ejecución o providencia de embargo.

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