Código Penal Durango
Artículo 168.

Se impondrá de cuatro a quince años de prisión y multa de doscientos ochenta y ocho a setecientos veinte días de salario, al que sin derecho, por cualquier medio, obligue a otro a hacer algo, con ánimo

de lucro para sí o para otro, o causando un perjuicio patrimonial o moral, en contra de una persona o personas.

Además de las penas señaladas en el primer párrafo, se impondrá de cuatro a diez años de prisión y multa de doscientos ochenta y ocho a setecientos veinte días de salario, cuando en la comisión del delito:

Intervenga una o más personas armadas o portando instrumentos que puedan poner en peligro la vida; Se emplee violencia;

El autor del delito se ostente por cualquier medio como miembro de la delincuencia organizada, en los términos de la ley de la materia;

El autor del delito obtenga o manifieste su pretensión de seguir obteniendo, en forma continua o permanente, dinero o bienes por concepto de cobro de cuotas de cualquier índole, adicionales a los conseguidos originalmente por el ilícito;

Se cometa por vía telefónica, cualquier medio de comunicación mediante los cuales se pueda realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza, que se efectúe por hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos, vía satelital u otros sistemas electromagnéticos;

Si el sujeto activo del delito de extorsión, se encuentra privado de su libertad personal;

Si es cometido en contra de un menor de edad, de una mujer en estado de gravidez o de una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o bien en una persona mayor de sesenta años;

Participe algún miembro de una corporación policiaca u otro servidor público. Además de las penas previstas, también se impondrán como penas la destitución del cargo en cuanto esté firme la sentencia y la inhabilitación por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta, la cual comenzará a partir de que recobre su libertad; y

Participen trabajadores de instituciones públicas o privadas que tengan acceso a bancos de datos personales y que los utilicen de manera indebida o la sustraigan para sí o para terceros, con el objeto de cometer el delito de extorsión en sus diversas modalidades.

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