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Constitución Artículo 19 Estado de Nuevo León


Vigente, con las modificaciones. Última actualización 21/11/2020


Constitución Nuevo León
Artículo 19.

El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

A. De los principios generales:

I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;

II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica;

III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo;

IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral;

V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente;

VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución;

VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad;

VIII. El Juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado;

IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula; y 

X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio.

B. De los derechos de toda persona imputada:

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa;

II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;

III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador.

 La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada;

IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley;

V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo.

 En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y sin aportar pruebas en contra.

VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso.

El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante el juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa;

VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;

VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera; y

IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquier otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.

La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.

En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención.

C. De los derechos de la víctima o del ofendido:

I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;

II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.

 Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;

III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;

V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, delincuencia organizada o secuestro; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.

El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general de todos los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;

VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos; e

VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño



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Buena tarde mi caso es: Tengo un adeudo con una financiera llamada CREDITEA, a la cual no le he podido pagar por no tener solvencia económica lo cual ya se los he notificado en varias ocasiones cuando me han llamado y esta falta de economía es por lo de la pandemia ya que en mi trabajo desde el mes de marzo del año en curso a la fecha en curso no laboramos y solo nos dan vueltas y vueltas que nos darán algo de dinero pero no ha sido y ahora esta financiera me envío un mensaje haciéndome mension que utilizara este articulo para cobrarme ¿esto es legal?


Hola.

En mi trabajo estamos en Home office por la pandemia, de un día a otro nos exigen que tengamos el celular con la cámara encendida para poder vigilar que estamos haciendo, lo cual jamás me informaron y no estaba redactado en mi contrato al momento de firmar, mi jefe directo dijo que nos podía obligar dado los resultados ¿Es esto correcto? ¿Puede obligarme a hacerlo?


Buenas tardes, Me casé en al ciudad de mexico y me divorcie en zapopan jalisco. Me informan en jalisco que aun no se notifica el divorcio al juzgado civil de la ciudad de mexico

que procede? gracias por su respuesta


Últimamente ha circulado en diferentes redes y medios de comunicación la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara la validez de las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) que permiten la inspección de vehículos y personas sin orden judicial en ciertas circunstancias.

¿Qué no la Constitución prohíbe las inspecciones sin orden judicial? A diferencia de lo que muchos creen, la Constitución NO prohíbe las inspecciones sin orden judicial, el artículo 16 constitucional, que regula los actos de molestia, establece que “Nadie puede ser molestado en su persona… sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”, no obstante, la autoridad competente no siempre es un juez.

La ley es la encargada de determinar quién es la autoridad competente para mandar un acto de molestia. Por ejemplo, para realizar un cateo, intervenir comunicación o aprehender a alguien (salvo el caso de flagrancia) la Constitución SÍ determina que sólo pueden ejecutarse con orden judicial; pero para el caso de inspecciones a personas, vehículos o revisiones corporales, la ley, en el CNPP, señala que el ministerio público y la policía podrán ejecutarlas sin orden judicial[1].

Espera… ¿Cateo e inspección no es lo mismo? Por alguna razón muchos se han quedado con la idea de que cateo e inspección es lo mismo, pero no. En pocas palabras, el cateo es la inspección del domicilio y la autoridad necesita cumplir requisitos especiales por la garantía de inviolabilidad del domicilio[2], tu vehículo no es una extensión del domicilio[3] y como no está protegido por esa garantía, la autoridad no necesita de una orden judicial para inspeccionarlo.

¿Y la fundamentación y motivación? Bueno, el fundamento para la facultad del ministerio público y policías de realizar tales actos de molestia se encuentra en el artículo 251 del CNPP y la motivación se expresa en el acta que levante la autoridad para explicar las razones por las cuales realizó la inspección.

¿Entonces es legal la inspección realizada arbitrariamente? No. La Corte, en su resolución, determinó que un policía o el ministerio público sólo te pueden parar y realizar una inspección a tu vehículo sin orden judicial si:

  1. Se encuentra abierta una investigación criminal
  2. En caso de flagrancia si hay una sospecha razonable de que las características del sujeto señalado coinciden con las tuyas.   
  3. Si ya se cometió el delito y hay una investigación criminal en curso.
  4. Si la policía observa hechos o circunstancias que lo hagan suponer que estás cometiendo un delito.

En otras palabras, la facultad de inspección es una facultad discrecional[4], no arbitraria, porque la autoridad siempre debe apegarse al principio de legalidad.

Ahora que sabemos que es legal que te inspeccionen ¿qué es lo que puedes hacer si un policía quiere realizar una inspección a tu vehículo o persona? En principio, debes obedecer las indicaciones del oficial porque, en caso contrario, éste está facultado para utilizar la fuerza.

Si me encuentra una sustancia u objeto cuya posesión sea ilegal ¿me puede detener? Sí te puede detener, pero únicamente serán válidas las pruebas obtenidas en tu contra si el policía motiva debidamente sus actos. Es decir, únicamente si te encontrabas en alguno de los 3 supuestos; por dar un ejemplo, el policía tendría que probar la “sospecha razonable”. En caso de no motivar sus acciones, las pruebas obtenidas en la inspección son invalidas y el juez debe ordenar tu libertad.

¿Qué pasa si siento que el policía no tiene motivos para inspeccionarme?, ¿qué pasa si me quiere extorsionar o, peor aún, causar algún daño? Es normal que con una policía tan corrupta como la de México la población tenga un enorme temor de que vayan a abusar de estas facultades, pero incluso si sientes que es un acto arbitrario y que no te encuentras en ninguno de los 3 supuestos que estableció la Corte, vas a tener que obedecer y permitir la inspección. Lo que nosotros recomendamos es sacar tu celular y grabar al oficial –de preferencia, en vivo. Hazle saber que lo éstas grabando para desincentivar que cometa cualquier abuso en tu contra. Recordemos que es totalmente legal grabar a un oficial en servicio.

¿Lo puedo denunciar? Una vez que haya cesado la molestia, puedes ir a presentar tu denuncia a asuntos internos para buscar que sancionen a las autoridades involucradas en la inspección que consideras ilegal. Algunas ciudades permiten que realices tus denuncias en línea, en CDMX se puede hacer a través de la página www.ssp.cdmx.gob.mx.


Tengo pagando la misma renta desde el marzo del 2013 y la dueña nunca reclamo subirme la renta, siempre cobra puntual y ahora quiere hacerme un contrato de 6 meses y aumentarme el 20% mas otro deposito del equivalente a ala nueva renta y estamos en cotingencia del covi, nunca le he adeudado ningun mes :)


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