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Constitución Artículo 91 Estado de Tamaulipas


Vigente, con las modificaciones. Última actualización 21/11/2020


Constitución Tamaulipas
Artículo 91.

Las facultades y obligaciones del Gobernador son las siguientes:

I.- En el orden federal, las que determinen la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes Federales;

II.- Cuidar de la seguridad y tranquilidad del Estado según la Constitución y las leyes que al caso resultan aplicables;

III.- Impedir los abusos de la fuerza pública contra los ciudadanos y los pueblos, procurando que se haga efectiva la responsabilidad en que aquella incurriere;

IV.- Conforme a la libertad de creencias y el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, ejercer las atribuciones que le confiera la ley reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de agrupaciones religiosas e iglesias, asociaciones religiosas y culto público;

V.- Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, las leyes y decretos del Congreso, los acuerdos, reglamentos, circulares y demás determinaciones que expidan el Poder Judicial, los Ayuntamientos y los organismos autónomos de los Poderes debiendo promulgar y mandarlos publicar en el órgano institucional, de carácter único, permanente e interés público del Gobierno Constitucional del Estado, para su aplicación y observación debidas; asimismo, proveer en la esfera administrativa cuanto fuere necesario a su exacta observancia, expidiendo los reglamentos y demás disposiciones respectivas;

VI.- Cuidar en los distintos ramos de la Administración que los caudales públicos estén asegurados y se recauden e inviertan con arreglo a las Leyes;

VII.-Presentar al Congreso la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado y el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, en los términos que dispone esta Constitución y las leyes de la materia;

VIII.- Ejercer la facultad prevista en la fracción XV del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IX.- Nombrar y remover libremente a los servidores públicos de confianza a que se refiere la ley respectiva y a los demás cuyo nombramiento y remoción no se encomiende a otra autoridad;

X.- Designar al Procurador General de Justicia, con la ratificación del Congreso, y turnar al titular de esa dependencia todos los asuntos que deban ventilarse dentro del ámbito de sus atribuciones;

XI.- Resolver gubernativamente los asuntos que pongan las Leyes en el ámbito de sus atribuciones;

XII.- Iniciar ante el Congreso las Leyes ylos Decretos que estime convenientes para el mejoramiento de las funciones del Poder Público del Estado y solicitar a éste órgano que inicie ante el Congreso de la Unión lo que sea de la competencia federal;

XIII.- Proponer a la Diputación Permanente la convocación del Congreso a Sesiones Extraordinarias;

XIV.-Proponer al Congreso del Estado para su estudio y aprobación, en su caso, el nombramiento de Magistrados del Poder Judicial del Estado, así como la propuesta de designación de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa;

XV.- Auxiliar a los Tribunales y Juzgados del Estado para que la justicia se administre pronta y cumplidamente, y que se ejecuten las sentencias, prestando a aquellos el apoyo que requieran para el mejor ejercicio de sus funciones. Esta atribución no lo autoriza para intervenir directa o indirectamente en el examen y decisión de los juicios en trámite, ni para disponer en forma alguna de los procesados;

XVI.-Cuidar que la justicia administrativa se aplique de manera pronta, completa e imparcial por el Tribunal de Justicia Administrativa;

XVII.- Celebrar convenios con los Gobernadores de los Estados limítrofes para la entrada y paso de sus fuerzas de seguridad por el territorio del Estado y recíprocamente, dando cuenta al Congreso;

XVIII.- Celebrar, con la aprobación del Congreso del Estado y, posteriormente, del Congreso de la Unión, convenios amistosos con los Estados vecinos en materia de límites;

XIX.- Convocar a los miembros del Congreso para el desempeño de sus funciones, cuando por alguna causa no hubiere Diputación Permanente;

XX.- Ejercer la superior inspección de la Hacienda Pública del Estado y velar por su recaudación, custodia, administración e inversión;

XXI.- Celebrar en los términos de Ley, con el Ejecutivo Federal, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, las Entidades Federativas y los Municipios, los convenios y acuerdos necesarios para el desarrollo económico y social de la Nación, el Estado y los Municipios. Asimismo, podrá inducir y concertar con los particulares acciones destinadas al mismo objeto;

XXII.- Designar un consejero de la Judicatura conforme lo establece el primer párrafo de la fracción II del artículo 106 de esta Constitución;

XXIII.- Visitar durante su período los Municipios del Estado, dictar las providencias que conforme a sus facultades fueren oportunas para su mejor desarrollo y dar cuenta al Congreso, cuando así fuere necesario;

XXIV.- Dictar las disposiciones necesarias para combatir los juegos prohibidos;

XXV.- Expedir los Fíats de Notarios y Títulos Profesionales con arreglo a las Leyes;

XXVI.- Conceder indulto de las penas en los términos y con los requisitos que expresa la Ley;

XXVII.- Organizar las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, sin alterar los presupuestos, salvo que lo apruebe el Congreso;

XXVIII.- Sancionar a quienes le falten al respeto o infrinjan los reglamentos gubernativos con arresto o multa, en los términos del Artículo 19 de esta Constitución;

XXIX.- Representar al Gobierno del Estado en todos los actos inherentes a su cargo. Esta representación podrá delegarla u otorgarla en favor de terceros en los términos más amplios que, para tal efecto, fijen las leyes;

XXX.- Concurrir al Congreso cuando lo juzgue conveniente para sostener alguna Iniciativa presentada por el Ejecutivo; o enviar en su representación al Secretario General de Gobierno o a la persona que designe para el mismo objeto, o para informar cuando lo solicite el Congreso, pudiendo rendir tales informes por escrito;

XXXI.- Pedir al Congreso, o a la Diputación Permanente, sí aquel no estuviere reunido, las facultades extraordinarias que sean necesarias para restablecer el orden en el Estado, cuando por causa de invasión o de conmoción interior se hubiere alterado. Del uso que haya hecho de tales facultades dará cuenta detallada al Congreso;

XXXII.-Derogada. (Decreto No. LXII-387, Anexo al P.O. No. 151, del 17 de diciembre de 2014).

XXXIII.-Concurrir a la apertura de los períodos ordinarios de sesiones del Congreso, pudiendo informar en ellos acerca de todos o algunos de los ramos de la administración a su cargo, cuando lo estime conveniente o así lo solicite el Congreso, y deberá rendir el informe anual sobre el estado que guarda la administración pública estatal en sesión pública, extraordinaria y solemne del Congreso que se verificará en la fecha de la segunda quincena de septiembre de cada año que determine el Congreso o la Diputación Permanente;

XXXIV.- Fomentar por todos los medios posibles la Instrucción y Educación Públicas y procurar el adelanto y mejoramiento social, favoreciendo toda clase de mejoras que interesen a la colectividad;

XXXV.-Conceder licencias a los servidores públicos o suspenderlos de conformidad con lo expresado en la Ley Reglamentaria relativa;

XXXVI.- Tomar en caso de invasión exterior o conmoción interior armada, las medidas extraordinarias que fueren necesarias para salvar el Estado, sujetándolas lo más pronto posible a la aprobación del Congreso o de la Diputación Permanente;

XXXVII.- En caso de sublevación o de trastorno interior en el Estado, excitar, de acuerdo con el Congreso o la Diputación Permanente, a los Poderes Federales a que ministren la protección debida, si los elementos de que dispone el Ejecutivo del Estado no fueren bastantes para restablecer el orden;

XXXVIII.- Recibir la protesta de Ley a los servidores públicos de nombramiento del Ejecutivo, cuando no estuviere determinada otra cosa en la Ley;

XXXIX.- Acordar la expropiación por causa de utilidad pública con los requisitos de Ley;

XL.- Excitar a los Ayuntamientos en los casos que a su juicio sea necesario, para que cuiden del mejoramiento de los distintos Ramos de la Administración;

XLI.- Conceder pensiones dentro o fuera del Estado a los estudiantes que acrediten que no pueden sostenerse de por sí;

XLII.- Dar cuenta al Congreso para que resuelva sobre los acuerdos de los Ayuntamientos que fueren contrarios a la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución local o cualquiera otra Ley, o cuando lesionen los intereses municipales;

XLIII.- Respetar y hacer que se respete la libre emisión del voto popular en las elecciones y la voluntad expresada en los procesos de participación directa de la ciudadanía;

XLIV.- Conceder con arreglo a las Leyes habilitaciones de edad a los menores para contraer matrimonio;

XLV.- Adoptar, en casos graves, las medidas que juzgue necesarias para salvaguardar el orden público o la paz social, o la economía del Estado o la de los Municipios, dando cuenta inmediata al Congreso o en su receso a la Diputación Permanente, para que resuelva en definitiva;

XLVI.-Celebrar convenios de colaboración con la Federación, las entidades federativas y los municipios del Estado en materia de desarrollo sustentable, con base en las leyes de la materia;

XLVII.-Solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que investigue hechos que constituyan violaciones graves a los derechos humanos; y

XLVIII.-Ejercer las demás facultades que le señale la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes que emanen de ambas.



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Últimamente ha circulado en diferentes redes y medios de comunicación la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara la validez de las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) que permiten la inspección de vehículos y personas sin orden judicial en ciertas circunstancias.

¿Qué no la Constitución prohíbe las inspecciones sin orden judicial? A diferencia de lo que muchos creen, la Constitución NO prohíbe las inspecciones sin orden judicial, el artículo 16 constitucional, que regula los actos de molestia, establece que “Nadie puede ser molestado en su persona… sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”, no obstante, la autoridad competente no siempre es un juez.

La ley es la encargada de determinar quién es la autoridad competente para mandar un acto de molestia. Por ejemplo, para realizar un cateo, intervenir comunicación o aprehender a alguien (salvo el caso de flagrancia) la Constitución SÍ determina que sólo pueden ejecutarse con orden judicial; pero para el caso de inspecciones a personas, vehículos o revisiones corporales, la ley, en el CNPP, señala que el ministerio público y la policía podrán ejecutarlas sin orden judicial[1].

Espera… ¿Cateo e inspección no es lo mismo? Por alguna razón muchos se han quedado con la idea de que cateo e inspección es lo mismo, pero no. En pocas palabras, el cateo es la inspección del domicilio y la autoridad necesita cumplir requisitos especiales por la garantía de inviolabilidad del domicilio[2], tu vehículo no es una extensión del domicilio[3] y como no está protegido por esa garantía, la autoridad no necesita de una orden judicial para inspeccionarlo.

¿Y la fundamentación y motivación? Bueno, el fundamento para la facultad del ministerio público y policías de realizar tales actos de molestia se encuentra en el artículo 251 del CNPP y la motivación se expresa en el acta que levante la autoridad para explicar las razones por las cuales realizó la inspección.

¿Entonces es legal la inspección realizada arbitrariamente? No. La Corte, en su resolución, determinó que un policía o el ministerio público sólo te pueden parar y realizar una inspección a tu vehículo sin orden judicial si:

  1. Se encuentra abierta una investigación criminal
  2. En caso de flagrancia si hay una sospecha razonable de que las características del sujeto señalado coinciden con las tuyas.   
  3. Si ya se cometió el delito y hay una investigación criminal en curso.
  4. Si la policía observa hechos o circunstancias que lo hagan suponer que estás cometiendo un delito.

En otras palabras, la facultad de inspección es una facultad discrecional[4], no arbitraria, porque la autoridad siempre debe apegarse al principio de legalidad.

Ahora que sabemos que es legal que te inspeccionen ¿qué es lo que puedes hacer si un policía quiere realizar una inspección a tu vehículo o persona? En principio, debes obedecer las indicaciones del oficial porque, en caso contrario, éste está facultado para utilizar la fuerza.

Si me encuentra una sustancia u objeto cuya posesión sea ilegal ¿me puede detener? Sí te puede detener, pero únicamente serán válidas las pruebas obtenidas en tu contra si el policía motiva debidamente sus actos. Es decir, únicamente si te encontrabas en alguno de los 3 supuestos; por dar un ejemplo, el policía tendría que probar la “sospecha razonable”. En caso de no motivar sus acciones, las pruebas obtenidas en la inspección son invalidas y el juez debe ordenar tu libertad.

¿Qué pasa si siento que el policía no tiene motivos para inspeccionarme?, ¿qué pasa si me quiere extorsionar o, peor aún, causar algún daño? Es normal que con una policía tan corrupta como la de México la población tenga un enorme temor de que vayan a abusar de estas facultades, pero incluso si sientes que es un acto arbitrario y que no te encuentras en ninguno de los 3 supuestos que estableció la Corte, vas a tener que obedecer y permitir la inspección. Lo que nosotros recomendamos es sacar tu celular y grabar al oficial –de preferencia, en vivo. Hazle saber que lo éstas grabando para desincentivar que cometa cualquier abuso en tu contra. Recordemos que es totalmente legal grabar a un oficial en servicio.

¿Lo puedo denunciar? Una vez que haya cesado la molestia, puedes ir a presentar tu denuncia a asuntos internos para buscar que sancionen a las autoridades involucradas en la inspección que consideras ilegal. Algunas ciudades permiten que realices tus denuncias en línea, en CDMX se puede hacer a través de la página www.ssp.cdmx.gob.mx.


Tengo pagando la misma renta desde el marzo del 2013 y la dueña nunca reclamo subirme la renta, siempre cobra puntual y ahora quiere hacerme un contrato de 6 meses y aumentarme el 20% mas otro deposito del equivalente a ala nueva renta y estamos en cotingencia del covi, nunca le he adeudado ningun mes :)


si no tienen el aviso de recision de contrato es despido injustificado?



hasta cuando se puede ofrecer la prueba confesional alguna jurispridencia


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