Código Penal Sinaloa
Artículo 333.

Cualquier autoridad que conozca de un hecho de tortura está obligada a denunciarla de inmediato, si no lo hiciera, se le impondrán de tres meses a tres años de prisión, y de quince a sesenta días multa, sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes.

El responsable de alguno de los delitos previstos en este capítulo estará obligado a cubrir los gastos de asesoría legal, médicos, funerarios, de rehabilitación o de cualquier otra índole, en que hayan incurrido la víctima o sus familiares, como consecuencia del delito. Asimismo, estará obligado a reparar el daño y a indemnizar por los perjuicios causados a la víctima o a sus dependientes económicos, en los siguientes casos:

I.Pérdida de la vida;

II.Alteración de la salud;

III.Pérdida de la libertad;

IV.Pérdida de ingresos económicos;

V.Incapacidad laboral;

VI.Pérdida o el daño a la propiedad; o

VII.Menoscabo de la reputación.

Para fijar los montos correspondientes, el juzgador tomará en cuenta la magnitud del daño causado.

El Estado estará obligado subsidiariamente a la reparación del daño, por sus servidores públicos

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