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Constitución Artículo 7 Ciudad de México


Vigente, con las modificaciones. Última actualización 28/11/2020


Constitución Ciudad de México
Artículo 7. Ciudad democrática

A. Derecho a la buena administración pública

1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

2. Las autoridades administrativas deberán garantizar la audiencia previa de los gobernados frente a toda resolución que constituya un acto privativo de autoridad. En dichos supuestos, deberán resolver de manera imparcial y equitativa, dentro de un plazo razonable y de conformidad con las formalidades esenciales del procedimiento.

3. En los supuestos a que se refiere el numeral anterior, se garantizará el acceso al expediente correspondiente, con respeto a la confidencialidad, reserva y protección de datos personales.

4. La ley determinará los casos en los que deba emitirse una carta de derechos de los usuarios y obligaciones de los prestadores de servicios públicos. Las autoridades conformarán un sistema de índices de calidad de los servicios públicos basado en criterios técnicos y acorde a los principios señalados en el primer numeral de este apartado.

B. Libertad de reunión y asociación

Todas las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente y asociarse libremente para promover, ejercer y proteger intereses u objetos lícitos, observándose las previsiones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en esta Constitución.

C. Libertad de expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión por cualquier medio. Su ejercicio no podrá ser objeto de previa censura y sólo podrá ser limitado en los casos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley.

2. Las personas profesionales de la información tienen derecho a desempeñarse de manera libre y a mantener el secreto profesional, que salvaguarda a periodistas y colaboradores periodísticos en cumplimiento de sus funciones, así como a no ser obligados a revelar sus fuentes de información. En su desempeño se respetará, como eje fundamental, la cláusula de conciencia para salvaguarda de su dignidad personal y profesional e independencia.

3. Se garantizará la seguridad de las personas que ejerzan el periodismo; así como las condiciones para que quienes sean perseguidos arbitrariamente en el ejercicio de dicha actividad profesional puedan vivir y trabajar en la Ciudad.

4. La protesta social es un derecho individual y colectivo, que se ejercerá de manera pacífica sin afectar derechos de terceros. Las autoridades adoptarán protocolos de actuación en manifestaciones conforme a parámetros internacionales dirigidos a la protección de las personas en el ejercicio de este derecho, sin vulnerar otros derechos. Queda prohibida la criminalización de la protesta social y la manifestación pública.

D. Derecho a la información

1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio.

2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o genere cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público. Esta información deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, de diseño universal y accesibles.

3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los actos del ejercicio de sus funciones. La información sólo podrá reservarse temporalmente por razones de interés público para los casos y en los términos que fijen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes.

4. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

E. Derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales

1. Toda persona tiene derecho a que se respete y proteja su privacidad individual y familiar, a la inviolabilidad del domicilio y de sus comunicaciones.

2. Se protegerá la información que se refiera a la privacidad y los datos personales, en los términos y con las excepciones que establezcan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes.

3. Se prohíbe y será sancionada cualquier injerencia arbitraria, oculta o injustificada en la vida de las personas.

4. Toda persona tiene derecho al acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales, así como a manifestar su oposición respecto del tratamiento de los mismos, en los términos que disponga la ley. Su manejo se regirá por los principios de veracidad, licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.

F. Derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria

1. Toda persona tiene derecho a vivir en una sociedad libre y democrática, fundada en el constante mejoramiento económico, social y cultural de las personas.

2. Las y los ciudadanos que habiten en la Ciudad de México tienen derecho a ejercer el sufragio efectivo, universal, libre, directo y secreto.

3. Las personas originarias de la Ciudad que residen fuera del país tienen derecho a votar y ser votadas en elecciones locales, de conformidad con lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes.

4. Toda persona podrá acceder a cargos de la función pública, en condiciones de igualdad y paridad, libre de todo tipo de violencia y discriminación, de conformidad con los requisitos de ingreso establecidos por la ley



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Si la albacea incumple en el inventario de los bienes y ya sacaron cosas antes de abrir el testamento sin estar de acuerdo las partes, que se debe hacer


El abogado es el profesional autorizado para prestar asesoramiento y asistencia jurídica, haciendo cumplir la ley y protegiendo los derechos de sus clientes.

El abogado es, por lo tanto, un asesor jurídico experto en derecho y autorizado para ejercer la profesión, que trabaja en nombre de ciudadanos particulares, empresas, organizaciones y organismos públicos o privados. Se asegura de que se apliquen las leyes vigentes, para resolver problemas específicos o para defender los intereses de sus clientes, incluso representándolos en los tribunales.

¿Qué hace un abogado? La labor de un abogado puede dividirse básicamente en dos componentes principales: la actividad de representación jurídica y la actividad de asesoramiento jurídico.

El abogado representa a sus clientes ante un tribunal, apoyándolos ante un juez en asuntos de derecho público o privado: presenta documentos, pruebas y argumentos a favor de la parte asistida, tratando de persuadir a los órganos judiciales para que expresen una opinión favorable sobre su posición.

En lo que respecta al asesoramiento jurídico, el abogado pone a disposición su conocimiento de la jurisprudencia para asesorar y sugerir cómo ejercer y reclamar sus derechos: informa a los clientes sobre las obligaciones y protecciones jurídicas, explica la aplicación práctica de los códigos y reglamentos, sugiere las mejores medidas que deben adoptarse, en cumplimiento de los procedimientos legales.

Las actividades de un abogado pueden entonces variar dependiendo de las áreas legales en las que sea experto. Algunos de los principales campos de jurisprudencia son el derecho civil, el derecho penal, el derecho de sociedades, el derecho fiscal, el derecho comercial, el derecho internacional, el derecho ambiental, el derecho administrativo, el derecho de familia y el derecho laboral. Las áreas de intervención son, por lo tanto, muy amplias, y dependiendo de los conocimientos específicos de cada uno, un abogado puede ocuparse de ellas:

Asistencia jurídica para particulares, por ejemplo, litigios civiles o penales, protección de los derechos de la persona tras un trato ilícito por parte de particulares, empresas u organismos públicos, testamentos y documentos de sucesión, compraventa de bienes inmuebles, asuntos familiares como el divorcio, la custodia de los hijos, el pago de pensiones alimenticias.

Asesoramiento jurídico para empresas, por ejemplo, sobre contratos de empresa, adquisiciones y fusiones de empresas, liquidaciones, protección de la propiedad industrial, derecho laboral, asuntos sindicales y de seguridad social

En ambos casos, el trabajo del abogado requiere un conocimiento profundo de la situación de su cliente para poder intervenir eficazmente. Por esta razón, el abogado tiende a establecer una relación confidencial y de confianza con el cliente, manteniendo el secreto profesional sobre toda la información de la que tenga conocimiento durante su actividad profesional.

Una vez que el abogado conoce los detalles del caso para los que se requiere su intervención, realiza una investigación a fondo para garantizar la exactitud de la opinión jurídica emitida, reúne información, testimonios y pruebas, redacta documentos con valor jurídico, emprende acciones legales y se enfrenta a los abogados de la parte contraria.

Dado que se trata de un tema muy complejo y difícil de entender para los no expertos, también es importante poder explicar los tecnicismos jurídicos de manera sencilla y comprensible.


hay dos personas que abusan de la confianza de las personas se ponen en plazas como por ejemplo buenavista y te piden ayuda dicen sacar dinero de un banco para un chavo según de el estado de puebla se hacen pasar como Felipe Martínez y Andrea, el señor o chavo dice que se le perdió su hermano la señora hace que se separen para ir por dinero y para que busquen al niño después te dan un cheque para que vallas al banco te dice la señora que van a buscar al niño el chavo es muy insistente que le dejes tu teléfono desbloqueado y se van y jamás vuelven eso es un abuso de confianza y esta penado por 5 años de prisión


Si la demandada ha pedido la espera pero no da una fecha para el cumplimiento de la sentencia definitiva, ya a pasado mas de un año y se acaba de poner una medida de apremio que se redacta en el articulo 1067bis

Que otra forma de hacerlo cumplir al demandado se puede utilizar?

Ya no queda mas que empezar a realizar las tramites necesarios para que el juez determine un embargo?

Gracias.


Cuánto tiempo tiene el proveedor para reembolsar el dinero?


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