Constitución Ciudad de México
Artículo 5. Ciudad garantista

A. Progresividad de los  derechos

1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y las que sean necesarias hasta  el máximo de recursos públicos de que dispongan, a fin de lograr progresivamente  la plena efectividad de los derechos  reconocidos  en  esta  Constitución.  El  logro  progresivo  requiere  de una utilización eficaz de los recursos de que dispongan y tomando en cuenta el grado de desarrollo de la ciudad.

2. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México establecerá un sistema de indicadores de estos derechos que permitan fijar metas en el presupuesto anual y evaluar la garantía de su cumplimiento progresivo, tomando como base los niveles esenciales y alcanzados de satisfacción conforme a lo previsto por la ley.

3. El ejercicio de la hacienda pública se orientará al cumplimiento efectivo de los derechos.

4. Aún en contextos de limitaciones graves de recursos, se optará por programas específicos y económicos  que permitan salvaguardar los niveles esenciales de los derechos.

5. Las medidas que adopte la autoridad incorporarán los ajustes razonables y el diseño universal.

6. La Ciudad de México contará con un Sistema Integral de Derechos Humanos, articulado al sistema de planeación de la  Ciudad, para garantizar la efectividad de los derechos de todas las personas, con base en el Programa de Derechos  Humanos y diagnósticos cuya información  estadística  e  indicadores  sirvan  de base  para  asegurar  la progresividad  y  no regresividad de estas prerrogativas, a fin de que  se  superen  las  causas  estructurales  y  se eliminen  las  barreras que vulneran la dignidad de las personas. Este sistema diseñará las medidas de nivelación, inclusión y acción  afirmativa que sean necesarias. Asimismo, tendrá a su cargo la determinación de principios y bases para la efectiva  coordinación  entre los Poderes de la Ciudad de México, los organismos constitucionales autónomos  y  las  alcaldías, a fin de lograr la transversalización de programas,  políticas  públicas  y  acciones gubernamentales, así como su evaluación y reorientación.

7. Este sistema elaborará el Programa de Derechos Humanos, cuyo objeto será establecer criterios   de    orientación para   la elaboración de  disposiciones legales, políticas públicas, estrategias, líneas de acción y asignación del gasto público,  con enfoque  de derechos  humanos,  asegurando  en su elaboración  y seguimiento la participación de la sociedad civil y la convergencia de todas las autoridades del ámbito local.

8. Este sistema será dirigido por un comité coordinador conformado por las personas titulares o representantes de la Jefatura de Gobierno, el Poder Judicial local y el Congreso de la Ciudad; del Cabildo de la Ciudad; por cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil y tres representantes de instituciones de educación superior ubicadas en la Ciudad de México, electos por convocatoria de conformidad con la ley; y por la persona titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de conformidad con la ley.

9. El  Sistema Integral  de  Derechos  Humanos  contará  con  una  instancia ejecutora, en los términos que determine la ley.

B. Exigibilidad y justiciabilidad de los  derechos

Toda persona, grupo o comunidad podrá denunciar la violación a los derechos individuales y colectivos reconocidos por esta Constitución, mediante las vías judiciales y administrativas para su exigibilidad y justiciabilidad. Para tales efectos, contarán con la acción de protección efectiva de derechos, el juicio de restitución obligatoria de derechos humanos y las demás que prevea esta Constitución.

C. Derecho a la reparación integral

1. La reparación integral por la violación de los derechos humanos incluirá las  medidas  de  restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, conforme a lo previsto por la ley.

2. Toda persona tiene derecho a la memoria, a conocer y preservar su historia, a la verdad y a la justicia por hechos del pasado.

3. La ley establecerá los supuestos de indemnización por error judicial, detención arbitraria, retraso injustificado o inadecuada administración de justicia en los procesos penales

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