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Constitución Artículo 14 Estado de Sinaloa


Vigente, con las modificaciones. Última actualización 06/04/2021

Constitución Sinaloa
Artículo 14.

Las elecciones de Gobernador, Diputados al Congreso del Estado, Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores de los Ayuntamientos, se realizarán mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. Se resolverán a mayoría de sufragios y conforme al principio de representación proporcional, con sujeción a las disposiciones de la Ley Reglamentaria correspondiente.

Las elecciones ordinarias locales se verificarán el primer domingo de junio del año que corresponda. La fecha en que éstas se celebren será concurrente con la que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señale para las elecciones ordinarias federales.

Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

Sólo los ciudadanos sinaloenses podrán formar partidos políticos estatales y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos, así como cualquier forma de afiliación corporativa. La ley fijará los requisitos que deban satisfacerse para la obtención del registro como partido político estatal.

La selección de dirigentes y candidatos de los partidos políticos estatales se realizará conforme a los principios que rigen el estado democrático de derecho. Los estatutos y reglamentos internos de los partidos políticos estatales y nacionales que participen en los procesos electorales locales garantizarán la paridad entre los géneros en las candidaturas a Diputados al Congreso del Estado, Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores de los Ayuntamientos por ambos principios. La ley establecerá los términos y requisitos para el cumplimiento de esta disposición.

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes generales, la presente Constitución y la legislación local.

Los partidos políticos nacionales que hayan obtenido su registro definitivo ante el Instituto Nacional Electoral, podrán participar en las elecciones estatales y municipales. La ley determinará los requisitos y formalidades que deberán satisfacer los partidos políticos nacionales y estatales para intervenir en dichos procesos electorales. Los partidos políticos podrán asociarse para participar en las elecciones mediante la postulación de candidatos comunes, de conformidad con los requisitos que las leyes establezcan para esta forma de participación. 

Además de las causales que establezca la ley, se cancelará el registro de aquél partido político estatal que no obtenga al menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo local, y sólo podrán solicitar un nuevo registro cuando haya concluido el proceso electoral posterior a la cancelación. La ley establecerá el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados a la Hacienda Pública Estatal.

La ley garantizará que los partidos políticos estatales y nacionales cuenten de manera equitativa con recursos económicos suficientes para llevar a cabo sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico; establecerá las reglas a que se sujetará dicho financiamiento y garantizará que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. El financiamiento privado tendrá las restricciones y modalidades que establezca la ley, las cuales no podrán ser menores que las fijadas por la legislación federal para los partidos políticos nacionales. También serán regulados en la ley los montos máximos que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus militantes y simpatizantes, los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten, las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones, y los criterios para determinar para cada elección los límites máximos a las erogaciones que los partidos políticos puedan realizar para cada una de las precampañas y campañas electorales.

Para que un partido político nacional tenga derecho a recibir financiamiento público ordinario proveniente de recursos estatales, se requiere que haya participado en el proceso electoral local inmediato anterior, y que haya obtenido al menos el tres por ciento de los votos válidos en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales en dicho proceso. De no obtener dicho porcentaje mínimo de votación, perderá el derecho a recibir financiamiento público ordinario estatal hasta la fecha en que satisfaga los requisitos y formalidades necesarias para su participación en un nuevo proceso electoral local. Esta disposición no será aplicable a aquellos partidos que participen por primera vez en un proceso local.

Los ciudadanos sinaloenses que participen como candidatos sin la intermediación de un partido político, tendrán derecho a recibir financiamiento público para el desarrollo de sus campañas políticas, en los términos y condiciones que establezca la ley. Asimismo tendrán derecho a ser representados ante los órganos correspondientes del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.

Los partidos políticos deberán presentar al Instituto Nacional Electoral, en los tiempos y bajo las modalidades que disponga la legislación aplicable, informes anuales en los que se reflejarán el total de ingresos recabados por cualquier modalidad de financiamiento, así como la totalidad de los gastos realizados a lo largo del año que corresponda, con motivo de la realización de sus actividades ordinarias permanentes, las de precampaña y las de campaña, así como los informes especiales y detallados que les sean solicitados por dicho Instituto.

Los ciudadanos que participen como candidatos independientes quedarán obligados a presentar los informes sobre ingresos y aplicación de recursos a sus campañas políticas, en los mismos plazos, términos y condiciones que los partidos políticos, en todo aquello que resulten aplicables.

El Instituto Nacional Electoral ejercerá en la forma que disponga la ley, las funciones fiscalizadoras suficientes para tener el conocimiento pleno y cierto del origen y destino de la totalidad de los recursos de los partidos políticos y de los candidatos independientes, tanto de aquellos que provengan del financiamiento público como de los que se alleguen mediante financiamiento privado, y procederá de conformidad con lo que establezca la legislación aplicable. En el cumplimiento de sus atribuciones de fiscalización, el Instituto Nacional Electoral podrá requerir a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a las personas físicas y morales que hayan tenido algún vínculo financiero o comercial con los partidos políticos y candidatos independientes, la información y documentación que sea necesaria para la adecuada revisión de los informes. Las autoridades estatales y municipales están obligadas a proporcionar los informes y documentos que les sean requeridos en términos del presente artículo.

La ley fijará los topes, montos, tiempos y las modalidades que tendrán las precampañas y las campañas electorales, las cuales deberán ser respetuosas y propositivas; de igual manera determinará las reglas que deberán observar los partidos, sus militantes y simpatizantes, así como los candidatos independientes durante las mismas, y las sanciones a las que se harán acreedores en caso de su inobservancia.

En los procesos electorales en que se verifique la elección de Gobernador del Estado, la duración de las campañas será de sesenta días. En aquellos procesos en que únicamente se elijan Diputados al Congreso del Estado y Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores de los Ayuntamientos, las campañas durarán cuarenta y cinco días. En cualquier caso, las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales.

Los partidos políticos y candidatos tendrán acceso equitativo a los medios masivos de comunicación social, conforme a las normas establecidas en el apartado B de la base III del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las que fije la ley. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. Los partidos políticos y los candidatos no podrán contratar o adquirir en ningún momento, por sí o mediante terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor ni en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos siguientes:

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado;

b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley;

c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.



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Buenas noches, disculpe tengo una duda.... hice la publicación para disolución de una SAS, pero me contesta la SE que no procede por lo siguiente:

tengo duda, ¿es necesario tener actualizado el régimen fiscal por honorarios? ya que solo me encuentro registrada como asalariada en el SAT? Podrá ser esa una causa, ya que mi SAS está en cero, no ha facturado, ni tengo adeudos con el sat, además que la declaración mensual no procede, porque se acaba de constituir el 29 de marzo del presente....

Agredezco su asesoría...Buenas noches


EN EL ARTICULO 112 DICE:

II. En las de responsabilidad limitada, la aportación inicial será la necesaria para formar un capital mínimo que deberá ser equivalente a setecientas veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal.

QUIERO SABER SI LA APORTACION INICIAL QUE INDICA ES OBLIGATORIA PARA LAS SPR RL. TENGO DUDAS POR EL HECHO QUE HACE MENCION DEL D.F.

ESCRIBO DESDE CHIAPAS, MEXICO.

GRACIAS!


Si una dependencia vulnera los derechos de una menor debidamente recocida


Somos un grupo de ciudadanos que resultamos afectados en nuestro patrimonio por una inundación que se pudo evitar pues con tiempo se dio aviso del desperfecto que existe en el drenaje, desde ese entonces hemos realizado innumerables escritos así como modificaciones que no tienen razón de ser a nuestros inmuebles pues cada año tememos se repita el evento, todo lo que hemos hecho por solucionar ha sido con recursos de cada dueño de inmueble, desde cambio de pisos, aplanados de paredes, hasta el cambio de muebles a mas de la insalubridad con la que se vive cada evento pluvial, el caso es que se solicito entrevista directa con el presidente municipal el cual desde su inicio de administración comprometió la solución al problema que vivimos sin resolver nada ni tener la voluntad de recibirnos y ya cansados de lidiar con la gente del ODAPAS y cansados de esperar la respuesta, enviamos hace casi un año un documento al presidente solicitando ya no su ayuda ni intervención para solucionar el problema, ya el escrito fue con la consigna de solicitar al Sr. presidente el Registro Federal de Causantes del Ayuntamiento y el del ODAPAS para realizar las reparaciones y la adquisición de los enseres que se pudieran dañar por un evento pluvial que se presente en esta temporada de lluvias, por lo antes expuesto no consideramos sea un daño a la hacienda publica y pedimos su asesoría para saber si una petición de esta índole y por el tiempo de generada y sin recibir respuesta NEGATIVA O FAVORABLE procede la AFIRMATIVA FICTA, esto para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente para hacerla valer en su momento, agradeceré su asesoría y respuesta.


Tengo 70 años de edad y no estoy pensionado por el imss a pesar de contar con más del mínimo de cotizaciones requeridas para poder acceder a dicha prestación. El problema es que no cuento con la llamada "vigencia de derechos" que me obliga a trabajar cuando menos un año (inscrito al imss) antes de reclamar ese derecho (dejé de cotizar en el imss hace más de 15 años). El caso es que conseguir un trabajo a esta edad se vuelve en extremo difícil, por las estúpidas normas (que no leyes) que suponen que un adulto mayor está discapacitado para muchas funciones; por lo tanto no he podido conseguir un trabajo que ayude a restaurar la "vigencia de derechos". Leyendo lo indicado en el artículo en comento, me pregunto de qué manera podría yo, demostrar la relación laboral si es que me contratara como chofer de un taxi. Es decir, ¿Quién pagaría el seguro social? Tanto la parte patronal como del trabajador. Por su atención a esta pregunta le estoy muy agradecido de manera anticipada. Mi nombre es javier cordero y tengo el correo electrónico transforma10000@gmail.Com


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