Constitución Artículo 169 Estado de Guerrero
Constitución Guerrero
Artículo 169.
El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Guerrero será competente para:
I. Prestar servicios de defensoría pública, orientación, asesoría y representación jurídica en asuntos del orden penal, familiar, justicia para adolescentes, civil, mercantil, laboral, contencioso administrativo y de amparo, en los términos dispuestos en la ley;
II. Velar por la observancia del principio de igualdad ante la ley, por los derechos del debido proceso y por el respeto a la dignidad humana de sus representados;
III. Establecer los lineamientos y estándares básicos que en el ejercicio de su función deben cumplir los defensores y asesores;
IV. Vigilar y evaluar periódicamente el desempeño de los servidores públicos del Instituto, cualquiera que sea su asignación o adscripción;
V. Implementar programas para la capacitación, actualización, desarrollo y profesionalización permanentes de los servidores públicos del Instituto;
VI. Ordenar visitas e inspecciones para evaluar el desempeño de los defensores públicos y asesores jurídicos;
VII. Implementar políticas, lineamientos, instrucciones y recomendaciones a favor de la transparencia, el acceso a la información y la protección de los datos personales; y,
VIII. Las demás que determine la ley y su reglamento.
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Soy proveedor como prestador de servicios de un órgano autónomo público y para pagarme por mis servicios ya prestados me solicitaron la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales aun cuando no existe ningún contrato firmado y el pago esta amparado en el comprobante fiscal emitido por mi...Una vez cancelado el cdfi me retuvieron el pago y no me hicieron la transferencia monetaria. Para obtener el pago me remitieron con una tercera empresa "facturera" y fue mi contratante quien hizo el tramite con tal "empresa" y no tuve contacto con esta; mi contratante me depositó el pago en efectivo en mi monedero electrónico. No omito informar que del monto a pagar por mis servicios se me descontó del total que amparaba mi factura original el 32 por ciento, correspondiente a 16 por ciento del iva y el16 por ciento por "honorarios" de la "facturera", según se me indicó. ¿Qué debo hacer en este caso?. Tratándose de un poder público ¿corro el riesgo de que se me suspenda como proveedor, incluso, pueda tener otra consecuencia cualquier acción que emprenda para recuperar lo que me corresponde por los servicios prestados?.. Gracias. Atte FG
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